TEXTO ÍNTEGRO DEL RECURSO ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

diciembre 6, 2014 § Deja un comentario

 

 

AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

 

DÑA XXXXXXXXXXXXXXXX, Procuradora de los Tribunales, actuando en nombre y representación de D. XXXXXXXXXXXXX, con DNI XXXXXXXX, nacido en XXXXX y con domicilio en calle XXXXXXXX, XXXXXXXXXX, Telf XXXXXXXXXX, que se designa a efecto de notificaciones, ante el Tribunal Constitucional comparezco y, como mejor proceda en Derecho, SOLICITO:

 

Que según el procedimiento establecido en el art. 44 de la LOTC, otorgue el amparo constitucional de los derechos fundamentales que han sido vulnerados por la resolución del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 12 de Barcelona de fecha 5 de noviembre de 2012 sobre nuestro recurso de amparo judicial nº 349/2012-1A y de la resolución de la Sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, de fecha 8 de Mayo de 2013 sobre nuestro recurso de apelación con nº 75/2013, siendo estos derechos:

 

1.- Derecho a la tutela Judicial efectiva (24.1 de la CE)

2.- Derecho a juez predeterminado por la ley (24.2 de la CE)

Siendo que, además, estos derechos se han vulnerado en relación con los artículos 9.1, 9.2, 9.3 y 10.2 de la CE

 

y como consecuencia de la vulneración directa de estos derechos, aquéllos que se denunciaban en primera instancia y que no han sido tutelados:

 

3.- Derecho a recibir información veraz (20.1.d, 20.4 de la CE)

4.- Derecho a participar en los asuntos del Estado mediante representantes (23.1 de la CE)

 

Vulneraciones que nacen directamente del incumplimiento de los artículos 5.1, 7.1 y 7.2 LOPJ y 4.2 LOTC, ya que las sentencias del Tribunal Constitucional referidas a los derechos anteriormente citados, han sido inaplicadas en unos casos e interpretadas (y por tanto juzgadas) en otros, incurriendo por tanto en la arbitrariedad en sus resoluciones.

 

Por lo cual se solicita al TRIBUNAL CONSTITUCIONAL el amparo constitucional de esos derechos de conformidad con las siguientes

 

ALEGACIONES

 

PRIMERO.- SOBRE LA ESPECIAL RELEVANCIA CONSTITUCIONAL DEL RECURSO INTERPUESTO

 

UNO.- En cumplimiento del art. 49 de la LOTC, pasamos a exponer la especial trascendencia constitucional del recurso que presentamos, siendo que se encuentran diversos aspectos que fundamentan la misma, al abordar asuntos que se refieren a las propias bases del sistema democrático definido en la Constitución y sobre los cuales el Tribunal Constitucional nunca se ha pronunciado.

 

Algunos de estos aspectos son objeto de un intenso debate en el seno de la sociedad en la actualidad, y que esta parte piensa que realza la necesidad de que ese Alto Tribunal los clarifique, pronunciándose al respecto en el presente recurso. La Constitución es (o debería ser) la base sobre la cual se sostiene la paz social, tal y como define la propia norma, y corresponde a los poderes del Estado, y en este caso al Tribunal Constitucional, garantizar el cumplimiento de la Carta Magna para que se mantenga esa paz social está hoy en riesgo real de quiebra. La violación sistemática de los derechos fundamentales de la ciudadanía con argumentos y excusas, (en el mejor de los casos falaces), no ayuda al mantenimiento de esa paz social; antes al contrario, empujan de manera firme y sostenida hacia su ruptura, que se producirá inevitablemente si los poderes competentes no corrigen esta tan anómala situación.

 

DOS.- En un PRIMER bloque, esta parte presenta los aspectos trascendentes referidos al derecho fundamental contenido en el artículo 23.1 de la Constitución, EL DERECHO A PARTICIPAR EN LOS ASUNTOS DEL ESTADO DIRECTAMENTE, O A TRAVÉS DE REPRESENTANTES.

 

  1. A) El primer aspecto trascendente en lo referente a este derecho, lo constituye el hecho de que el propio planteamiento del presente recurso se refiera específicamente a este derecho establecido en el artículo 23.1, y no como aspecto subsidiario del 23.2, ambos de la CE. Ciertamente, aunque ambos derechos estén íntimamente ligados, todos los pronunciamientos realizados por este Alto Tribunal al que nos dirigimos sobre el derecho a participar en los asuntos del Estado, se han realizado en recursos interpuestos por la vulneración del derecho establecido en el artículo 23.2. Es decir, que el derecho de los representados siempre se ha observado desde la perspectiva de los representantes, y nunca al revés. Y lo que es evidente es que ambos derechos, a pesar de su estrecha relación, presentan especificidades propias que, si en el caso del derecho establecido en 23.2 han sido tratadas en gran número de procesos, en el caso del derecho establecido en 23.1 no lo ha sido nunca, por lo cual es necesario que el derecho a participar en los asuntos del Estado mediante representantes, sea observado desde su propia perspectiva y, aún más, que el derecho establecido en 23.2 sea también observado desde la perspectiva del derecho a participar en los asuntos del Estado a través de representantes CON LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LAS LEYES, y que esta parte considera que, entre otros, debe incluir UNA INFORMACIÓN VERAZ.

 

  1. B) Esta necesidad surge ante la ausencia de pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el vínculo “contractual” que existe entre los representantes y los representados (y decimos “contractual” porque media un consentimiento del ciudadano) mientras que por otro lado, ese TC tampoco ha tenido nunca en consideración que los representados no tienen durante los 4 años que dura el mandato de representación ningún mecanismo legal (excepto éste al cual recurrimos, por ahora infructuosamente) para obligar al cumplimiento de las obligaciones del contrato de representación entre ambas partes. Si existiera una “moción de censura ciudadana”, podría corregirse esta situación, pero ante la ausencia de mecanismos de ese tipo, únicamente queda recurrir a la tutela de este TC.

Ciertamente, ese Alto Tribunal sí que ha establecido la importancia que reviste el programa electoral en el vínculo de representación, así como también se ha pronunciado en cuanto a que dicho programa electoral NO CONSTITUYE un mandato imperativo, pero se ha detenido aquí. No ha resuelto en cambio sobre los derechos y obligaciones de las partes, que derivan del establecimiento de dicho vínculo (basado en el consentimiento ganado en base a unas expectativas electorales reflejadas en un programa que se supone elaborado en base a una información veraz) siendo quizás el único caso de una relación contractual pública y esencial en una sociedad democrática actual y del marco legal vigente, que carece de esa reglamentación.

 

  1. C) Existe, pues, un claro desequilibrio entre las partes firmantes del contrato, o lo que es lo mismo, entre los derechos establecidos en los puntos primero y segundo del artículo 23 de la constitución, desigualdad que nace de esa indefinición y de la ausencia de marco interpretativo definitorio, puesto que mientras los representantes tienen la “libertad de hacer o no hacer” (o así lo entienden los juzgadores), o lo que es lo mismo, una libertad absoluta durante 4 años en lo referente a cumplir o no cumplir con lo establecido por los vínculos con sus “electores”, representados por el voto que les otorgan, éstos últimos se encuentran inermes por el contrario durante esos 4 años hasta que pueden “penalizar” a sus “representantes” mediante la extinción del vínculo de representación, no otorgándoles la confianza en un nuevo contrato de representación en la siguiente legislatura.

 

Si el vínculo entre representantes y representados se entiende como el mecanismo de emanación de la soberanía popular, mediante las elecciones donde se suscribe el “contrato de representación” (por ponerle un nombre ilustrativo), debe quedar claro que la voluntad (y la libertad) de hacer o no hacer del representante se corresponde con la voluntad de hacer o no hacer del representado (como ha tenido ocasión de pronunciarse ese TC en alguna ocasión) por la cual otorgó su confianza al representante y no a los intereses particulares del representante o a intereses de terceros ajenos a la voluntad de a quien otorgó su representación.

 

Es evidente que, de no existir esas garantías de que ambas voluntades se correspondan, no podemos hablar en ningún caso de democracia ni, por descontado, de que la soberanía resida en el pueblo español, puesto que si el representante no representa los intereses de la otra parte, ni éstos pueden ser considerados representados, ni aquéllos pueden llamarse representantes. Es más: si el representante no cumple con lo informado en su programa, no sólo no representa a quién no le ha votado, sino tampoco a quien le ha votado, de manera que en ese caso, el electo CARECERÍA DE TODA LEGITIMIDAD PARA LA LEGISLATURA QUE AFECTA A LOS ELECTORES.

 

TRES.- En un SEGUNDO bloque, expondremos la especial trascendencia constitucional de este recurso de amparo, en relación con el derecho establecido en el artículo 20.1.d, el derecho a emitir y recibir información VERAZ.

 

  1. A) Como primer aspecto singular y que reviste trascendencia constitucional, el artículo 20.4 CE establece dos límites a dicho derecho a emitir y recibir información:

 

1.- la consabida veracidad sobre la cual se ha pronunciado en numerosas ocasiones ese Alto Tribunal,

 

2.- Que el ejercicio de ese derecho no suponga una lesión en ningún otro derecho fundamental, haciendo especial hincapié en el derecho al honor establecido en el artículo 18.

 

Y nos encontramos que a pesar de esa interdicción genérica sobre las posibles vulneraciones de otros derechos en ese ejercicio de la libertad de información, al Tribunal Constitucional únicamente han llegado recursos referidos a la lesión del derecho al honor, siendo que en este caso la falta de veracidad que denunciamos en las informaciones, lesionan otro derecho diferente, con consecuencias muy diferentes y sin vías de restitución establecidas debido a otro de los inoportunos descuidos del legislador. De ahí la importancia del pronunciamiento del Tribunal Constitucional en referencia a este caso tan diferente de los hasta ahora estudiados por ese Alto Tribunal, PORQUE NUNCA HA TENIDO OCASIÓN DE PRONUNCIARSE.

 

  1. B) En primer lugar debemos considerar la distinción en la repercusión en la lesión de los derechos por incumplimiento del requisito de la veracidad, ya que la vulneración del derecho establecido en 18.1 afecta únicamente a un individuo o a un colectivo limitado, mientras que la lesión sobre el 23.1 afectaría al conjunto de la sociedad.

 

Si bien es cierto que el derecho establecido en el artículo 23.1 es un derecho de titularidad individual, no es menos cierto que la relación del establecimiento del vínculo entre los derechos definidos en los dos apartados del artículo 23, resulta de una vinculación colectiva de todos los derechos individuales ejercidos, puesto que el representante lo es en función del conjunto de la voluntad expresada por todos aquellos que ejercen su derecho a participar en los asuntos del Estado de manera individual. Es decir, que los electos no lo son en función del derecho individual de uno sólo de los electores, sino del conjunto de los mismos expresado en unas elecciones generales en una fecha concreta, puesto que es el número de votos obtenido por cada una de las candidaturas lo que decide quienes resultan elegidos representantes.

 

En este contexto, y debido a las doctrinas constitucionales consolidadas tras numerosas resoluciones de ese Tribunal (como puede ser la del conocimiento de la verdad material manifestada por las urnas, la de la veracidad en el derecho a la información, la de conservación de actos válidamente celebrados, etc.) encontramos que la vulneración del derecho a la información veraz lesiona la totalidad de los derechos individuales del cuerpo electoral, a cuyo conjunto se dirige la información revelada como no veraz.

 

  1. C) En segundo lugar, encontramos una gran diferencia entre las vías de restitución de las lesiones producidas por la vulneración del derecho a la libertad de información sobre los derechos establecidos en 18.1 y 23.1, puesto que mientras que las lesiones producidas sobre el derecho al honor tienen los mecanismos claramente definidos en su correspondiente Ley Orgánica, en las lesiones producidas sobre el derecho de participar en los asuntos del Estado no existe legislación que regule las vías de restitución, excepto ésta del recurso de amparo al cual recurrimos de manera infructuosa hasta la fecha, y las propias elecciones que se producen cada 4 años (pero con el daño en el derecho fundamental ya hecho).

 

Ello conlleva a que mientras que las lesiones producidas sobre el derecho al honor se restituyen de una manera casi inmediata, la lesión sobre el derecho a participar en los asuntos del Estado persiste durante un período de 4 años sin que exista una posible reparación a tal derecho, siendo violentada durante ese período la voluntad del elector sin que el poder judicial actúe para la tutela judicial efectiva del mismo, lo cual es contrario absolutamente a la esencia del Estado de Derecho y a la propia Constitución. De ser esta interpretación así, como pretenden los Tribunales y Juzgados a que se ha sometido nuestro recurso, nos encontraríamos con un concepto de democracia realmente extraño, en el cual sería lícito engañar al electorado para obtener su mandato, y una vez obtenido no existirían vías de restitución del derecho de los electores a participar en los asuntos del Estado. Desde luego no existiría la “soberanía popular” y mucho menos la “voluntad de los electores expresada a través de las urnas”, con lo que únicamente tendríamos una farsa de apariencia democrática. Esta interpretación no es nuestra, sino del propio Tribunal Constitucional en su sentencia 6/1981, FJ 3. La soberanía popular es continua en el tiempo, no cada vez que se celebran elecciones y el incumplimiento de vinculo en cualquier momento de la legislatura, supone un ataque a esa soberanía popular.

 

  1. D) El tercer aspecto trascendente referido al derecho establecido en el artículo 20.1.d, lo constituye la interpretación “sui generis” que realizan los juzgadores de lo que es la información, frente al concepto claramente definido por este Tribunal Constitucional ante el cual exponemos nuestro recurso: si se trata de declaraciones referidas a HECHOS OBJETIVOS o a OPINIONES, así como la trascendencia pública de las mismas, esto es, si son NOTICIABLES En la interpretación que realizan los juzgadores estos factores no intervienen para nada, siendo que en su diferente opinión respecto de lo resuelto por el Tribunal Constitucional lo que importa para que las declaraciones tengan naturaleza de informaciones es su formato, el ámbito de relaciones sociales donde se realizan las declaraciones, o si en ellas encontramos una voluntad de hacer o no hacer.

 

Es decir: si se trata de declaraciones sueltas o forman parte de un programa, como establece el fallo de la apelación que se aporta, si las declaraciones son realizadas en el ámbito político o si se trata de “promesas”, aspectos éstos que no se hallan contenidos en la doctrina del Tribunal Constitucional y que en cambio fundamentan el Auto de inadmisión del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 12 de Barcelona y en el de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC.

 

Este hecho, de ser aceptado, conllevaría la aparición de una nueva categoría en el apartado 1º del artículo 20 CE fuera de las 4 establecidas en el mismo, LIBERTAD DE EXPOSICIÓN DE PROGRAMAS ELECTORALES INDEPENDIENTEMENTE DE SU VERACIDAD y que tomaría cuerpo fuera de la doctrina constitucional, a partir de las interpretaciones realizadas por unos órganos que no son los competentes para ello. De facto, se trataría de una modificación de la Constitución fuera de los cauces establecidos para ese proceso, perfectamente delimitado en la propia Constitución.

 

  1. E) Pero no se limita la trascendencia de lo que aquí se expone a la propia definición de la información, sino que además en esos fallos también encontramos que se establecen unos límites a la veracidad que nada tienen que ver con los definidos por la doctrina del Tribunal Constitucional. En efecto, obvian esas interpretaciones el concepto de diligencia debida en el contraste de la información con los datos objetivos disponibles, y la substituyen por la voluntad del cumplimiento de los hechos informados, por un lado, y por la libertad de hacer o no hacer de los gobernantes por otro. Así pues se revela una nueva faceta trascendente del caso, ya que no sólo encontraríamos una nueva categoría de interpretación de derechos fundamentales en lo referido a las declaraciones realizadas en la actividad política, sino que además establecería unos límites para la veracidad exclusivos para la actividad política que se encuentran mucho más allá de lo que dice la Constitución y todas las interpretaciones de ese Tribunal al respecto.

 

Si la percepción del cuerpo electoral es la de que “los políticos siempre mienten”, que está creando un enorme descrédito hacia la clase política, como revelan las encuestas del CIS entre otros hechos poco o nada éticos y lícitos, esta percepción vendría avalada por la concesión de esta especie de “patente de corso” en que los políticos podrían usar la mentira para formar la opinión de la ciudadanía y obtener su confianza para el ejercicio del derecho de representación y luego hacer lo que quisieran. Nuevamente nos encontraríamos con ese extravagante concepto que de la “democracia” se derivaría, siendo la política el único campo de las relaciones sociales donde la mentira no sería un hecho reprobable y jurídicamente punible.

 

  1. F) En definitiva, según las interpretaciones contenidas en ambos fallos sobre los hechos para los cuales solicitamos el amparo constitucional, la información no estaría definida por su contenido, sino por el campo de actividad en que se realiza (político, económico, mercantil…) o por el formato en que se recogen las declaraciones (proyectos, programas electorales, noticias,…). Este último aspecto es también remarcable en cuanto a la trascendencia, ya que esta interpretación que encontramos en los fallos ignora la diferencia entre las declaraciones contenidas en un proyecto colectivo (el programa electoral) y las realizadas por las personas individuales en sus declaraciones a la prensa o mítines, aunque esas declaraciones se enmarquen en el curso de una campaña electoral y tengan relación con ese proyecto colectivo, considerando la totalidad de las declaraciones como el “programa electoral”. Esto que parece intrascendente, deja de serlo si, como pretenden esas interpretaciones, el formato de la información es relevante para su definición constitucional.

 

Además, de toda esta especie de caos interpretativo realizado por los juzgadores, cuyo resultado ha permitido avalar la licitud de la falsedad de las declaraciones de los políticos, se deriva otro aspecto de relevancia constitucional, cual sería establecer con claridad cuáles son los límites de protección de los derechos fundamentales.

 

  1. G) Ciertamente, según la Constitución esos Derechos Fundamentales gozan de una especial protección y no se pueden vulnerar bajo ningún concepto, excepto en las situaciones de emergencia previstas en la Constitución y de manera fuertemente reglada. Pero esto trasladado a la realidad, parece no ser así. En nuestro caso concreto, se le otorga la primacía a unos “derechos y libertades” que no tienen la categoría de Derecho Fundamental, pues no están englobados en el Capítulo II del Título Primero, cual sería la “libertad de hacer o no hacer” del Gobierno o la libertad de emitir todo tipo de declaraciones sin contrastar por los políticos, y cuyo ejercicio puede conllevar la vulneración de otros derechos que sí tienen ese carácter de Fundamental.

 

En efecto, la libertad de emitir declaraciones sin contrastar, unida a la libertad de “hacer o no hacer”, se situarían en este contexto por encima de los derechos a recibir información veraz y el derecho a participar en los asuntos del Estado mediante representantes. El derecho a recibir información VERAZ además está reconocido por ese Tribunal Constitucional en su STC 6/1988, FJ 5º, como básico para que la participación de los individuos sea REAL y EFECTIVA, esto es, que en el caso del derecho establecido en el artículo 23.1, para que la participación de los ciudadanos en los asuntos del Estado sea REAL y EFECTIVA, la información que tienen que haber recibido de los candidatos a representarlos necesariamente debe ser VERAZ, si no, insistimos, NO TIENE SENTIDO HABLAR DE DEMOCRACIA.

 

Nuevamente hacemos mención, por su trascendencia, a la STC 6/1981, FJ 3, donde literalmente se dice: “El art. 20 de la Constitución, en sus distintos apartados, garantiza el mantenimiento de una comunicación pública libre, sin la cual quedarían vaciados de contenido real otros derechos que la Constitución consagra, reducidas a formas hueras las instituciones representativas y absolutamente falseado el principio de legitimidad democrática que enuncia el art. 1.2 de la Constitución, y que es la base de toda nuestra ordenación jurídico-política.”.

 

  1. H) Otro aspecto no menos trascendente es el que hace referencia a la regulación de los derechos fundamentales cuando no existe legislación referida a los casos concretos. Ciertamente, en el caso que aquí se pide amparo no existe ninguna normativa aplicable (excepto la propia Constitución) ni jurisprudencia directamente referida a los hechos que denunciamos, y este hecho parece llevar a la conclusión a quienes juzgaron, de que si no existe ningún tipo de regulación, los derechos dejan de existir. Sin embargo, en el preámbulo de la LOPJ, se establece que la Constitución es una ley DIRECTAMENTE aplicable, lo cual nos indica que el derecho debe existir. Cosa bien diferente es que el legislador haya “olvidado” regular la concreción efectiva de tal derecho o algunas facetas del mismo o que previamente nadie antes haya denunciado la vulneración de tal derecho: esto no puede significar que el derecho no existe, ni tan siquiera dar una interpretación, como ha sucedido en nuestro caso en ese sentido.

 

CUATRO.-A) Finalmente, por lo que se refiere a los derechos establecidos en el artículo 24.1 y 24.2 CE, si bien está claro que las sentencias del Tribunal Constitucional son de obligado cumplimiento y que nadie puede enjuiciarlas, lo que no queda tan claro, al menos para los juzgadores de nuestro caso, es el margen que queda para interpretar dichas sentencias (o simplemente soslayarlas, que constituye una clara vulneración). Este hecho ha sucedido de manera clara e incuestionable en las resolución que nos traído aquí, cuando los juzgadores interpretan o simplemente ignoran las sentencias del Tribunal Constitucional presentadas como base argumentativa por esta parte para la restitución de sus derechos fundamentales: Doctrinas referidas a la información, a diversos aspectos sobre los derechos establecidos en 23.1 y 23.2, a cuestiones generales sobre los derechos fundamentales, como puede ser la doctrina de la interpretación más favorable a la efectividad del derecho fundamental reclamado.

 

De ser admisible esta interpretación, nos llevaría a una situación en que las sentencias del Tribunal Constitucional pueden ser interpretadas en una cadena sin fin, lo cual claramente cuestionaría el papel de ese Tribunal Constitucional como intérprete último y máximo de la Constitución, relegándolo a un papel de simple juzgado ordinario con jurisdicción sobre aspectos constitucionales. Ello supondría una clara invasión de competencias, lo que dejaría a las partes (y en nuestro caso, a ésta parte que recurre), en una clara indefensión, ya que nunca se podrían realizar alegaciones basadas en resoluciones de ese Tribunal cuya interpretación final dependería del Juez o Tribunal encargado del caso, en una clara infracción los artículos 5.1 y 7.2 LOPJ y 4.2 LOTC. Ello supondría en sí mismo una inconstitucionalidad, ya que cuestionaría el papel otorgado a ese Tribunal por la propia Constitución, siendo de facto el reconocimiento de la incompetencia y falibilidad de ese Tribunal.

 

SEGUNDO.- ANTECEDENTES DE HECHO

 

UNO.- En fecha 26 de Septiembre de 2012 y en referencia a la entrada en vigor de la subida del IVA, esta parte interpuso recurso de amparo judicial ante el Juzgado de lo contencioso administrativo nº 12 de Barcelona, recurso con el número 349/2012 Sección 1A, por vulneración de los derechos de mi representado establecidos en los artículos 20.1.d y 23.1 de la Constitución Española, vulneración motivada por haber emitido los dirigentes del PP información falsa en sus declaraciones a la prensa, mítines y el programa electoral, conociendo además en las fechas en que emitían esa falsa información, los factores económicos que, según ellos mismos impedían la materialización de la veracidad de tales informaciones. Esa falsa información, consistente entre muchos otros contenidos, en anunciar que no subirían el IVA caso de obtener la confianza de los electores y formar gobierno, evidentemente incumple el artículo 20.1.d, a pesar de los torticeros argumentos de los fallos posteriores, y tiene como consecuencia una lesión irreversible (a no ser que el Estado intervenga, según su mandato constitucional para repararla) de su derecho a participar en los asuntos del Estado mediante representantes, al haber modificado su opinión (y la de todo el cuerpo electoral) mediante la falsa información, influyendo en consecuencia en su elección de manera ilegítima. Cabe remarcar nuevamente que lo que impugnaba esta parte no era el hecho en sí de la subida del IVA, sino el hecho de que con esa subida quedaba patente que la información anteriormente facilitada por los dirigentes del PP, y especialmente el señor Mariano Rajoy, información referida a las acciones que llevarían a cabo en caso de obtener la confianza de los electores para poder acceder al Gobierno de la nación, era falsa. Y precisamente el objetivo de la falsa información emitida, era obtener la confianza de los electores, modificando la voluntad de éstos a su favor a su favor.

 

El recurso se sustentaba en la definición del concepto de “información” da el Tribunal Constitucional en su STC 6/1988, esto es, la información se refiere a la comunicación de HECHOS, NOTICIABLES y de TRASCENDENCIA PÚBLICA, definición que corresponde exactamente a los hechos demandados: Los dirigentes del PP comunicaron que en caso de gobernar, no subirían el IVA, tratándose pues de la comunicación de un hecho, noticiable y de trascendencia pública, correspondiéndose con la definición anterior de la STC 6/1988.

 

En cuanto a la VERACIDAD, requisito constitucionalmente indispensable en la información, ésta se define en cuanto que el profesional (en este caso el político) ha cumplido con la diligencia constitucionalmente requerible en la verificación de los hechos. En este caso, la diligencia no se cumplió, puesto que los candidatos eran conocedores de los datos que invalidaban la veracidad de la información que estaban emitiendo, esto es, conocían que el déficit sería muy superior al anunciado por el anterior Gobierno, y que la economía del país estaba en recesión, como demostrábamos mediante las correspondientes pruebas. Y a esa comunicación tenían acceso porque habían participado de la anterior legislatura y tenían acceso a informes de organismos privados y públicos de reconocida solvencia. Por tanto, simple y llanamente, nos dijeron algo basado en información que era distinta a la que tenían, aunque cabe suponerles un grado de “ingenuidad” (dicho con todos los respetos y en estrictos términos de defensa) que creyeran la información que comunicaban (el “SÍ SE PUEDE” aunque todo indique lo contrario), a pesar de poseer los datos objetivos que la desmentían. Pero esta “ingenuidad”, no les exime, en modo alguno, del cumplimiento de los preceptos constitucionales.

 

Tales alegaciones constan en el DOCUMENTO NÚMERO UNO consistente en el recurso de amparo ordinario presentado ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 12 de los de Barcelona.

 

DOS.- En fecha 11/10/2012 se recibe por esta parte cédula de notificación del Juzgado contencioso administrativo nº 12 de Barcelona de fecha 5/10/2012, informando de una posible inadmisibilidad del recurso de amparo por falta de competencia en el conocimiento del caso. Junto con la cédula de notificación, se reciben las alegaciones de la Abogacía del Estado y del Ministerio Fiscal. Las alegaciones correspondientes al PP, se recibieron en fecha del 22/10/2012

 

Se acompaña como DOCUMENTO NÚMERO DOS dichos escritos.

 

Cabe destacar que la única alegación del Ministerio Fiscal es acorde con la posible causa de inadmisión informada en la cédula de notificación, alegando falta de competencia de ese juzgado de lo contencioso-administrativo, siendo que hubiera correspondido a la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo. Existe una alegación igual de la Abogada del Estado.

 

Abogacía del Estado y Partido Popular alegan además extemporaneidad del recurso y falta de jurisdicción del juzgado (y de cualquier otro juzgado), debido a que las promesas electorales no son materia justiciable y que de someterse a jurisdicción, se vulneraría la libertad de hacer o no hacer del Gobierno, acusando además a esta parte, falsamente e injustamente de fraude procesal, siendo que incurren en la vulneración del artículo 18.1 de la Constitución.. Alega además el representante del PP, que ése partido no puede formar parte del proceso, por ser un sujeto jurídico privado no sujeto a la jurisdicción contencioso administrativa.

 

Esta parte no discutía la libertad de hacer o no hacer del Gobierno, sino que sobre esa libertad está la obligación que en base a la información que emitieron obtuvieron la legitimación a través del derecho de los ciudadanos a la participar en los asuntos públicos y que es UN DERECHO FUNDAMENTAL, mientras que la libertad del Gobierno de hacer o no hacer, NO LO ES.

 

TRES.- En fecha 29/10/2012 presentó esta parte las alegaciones pertinentes respecto a la posible causa de inadmisión y contra las alegaciones presentadas por la parte contraria, siendo que se reproducen en el DOCUMENTO NÚMERO TRES.

 

No obstante, para mayor comprensión o facilidad de ese TC, se resumen en lo siguiente:

 

  • Primera: Reiteración de todas las alegaciones expuestas en el recurso de amparo
  • Segunda: Generalidades sobre las alegaciones de la parte contraria (Gobierno y Partido Popular): en esta alegación se expone que se recibieron las alegaciones del Partido Popular con posterioridad a la notificación, lo que obligó a rehacer todo el escrito de alegaciones. Se pone de manifiesto algunas notables coincidencias entre las alegaciones de las partes, coincidencias que no deberían haber existido, especialmente entre Abogacía del Estado y defensa del Partido Popular. En esta alegación también se resalta que la totalidad de las alegaciones de la parte contraria se basan en OMITIR de manera deliberada, el carácter de INFORMACIONES de los hechos recurridos, siendo este el punto fundamental del recurso. Se evidencia que las alegaciones se realizan sobre otro objeto, que no es el recurrido, esto es, las promesas electorales. En el punto tercero de la alegación se rebate la alegación de la parte contraria referida a que no se cumplen las exigencias formales que requiere el Tribunal Supremo en su doctrina referida a recursos de amparo. Se demuestra con total claridad que si que se cumplen dichos requisitos formales. De especial importancia es la clarificación de cuáles son los hechos recurridos y de qué manera lesionan los derechos de mi representado, aspecto totalmente ignorado en los fallos posteriores.
  • Tercera: Referente a las alegaciones por falta de jurisdicción de ese tribunal contencioso-administrativo: En el punto primero de esta alegación se rebate la argumentación presentada por la Abogada del Estado referida a que los hechos denunciados no se ajustan a la casuística establecida en el artículo 1 LJCA, referida a recursos contencioso-administrativos, demostrando que el recurso de amparo presentado si que se ajusta a la misma en el punto a) del artículo 2. Se refuerza la argumentación con los siguientes párrafos de la exposición de motivos de la LJCA : “Sobre este último aspecto conviene hacer alguna precisión. La Ley parte del principio de sometimiento pleno de los poderes públicos al ordenamiento jurídico, verdadera cláusula regia del Estado de Derecho. Semejante principio es incompatible con el reconocimiento de cualquier categoría genérica de actos de autoridad -llámense actos políticos, de Gobierno, o de dirección política excluida per se del control jurisdiccional. Sería ciertamente un contrasentido que una Ley que pretende adecuar el régimen legal de la Jurisdicción Contencioso-administrativa a la letra y al espíritu de la Constitución, llevase a cabo la introducción de toda una esfera de actuación gubernamental inmune al derecho. En realidad, el propio concepto de acto político se halla hoy en franca retirada en el Derecho público europeo. Los intentos encaminados a mantenerlo, ya sea delimitando genéricamente un ámbito en la actuación del poder ejecutivo regido sólo por el Derecho Constitucional, y exento del control de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, ya sea estableciendo una lista de supuestos excluidos del control judicial, resultan inadmisibles en un Estado de Derecho. Por el contrario, y por si alguna duda pudiera caber al respecto, la Ley señala –en términos positivos- una serie de aspectos sobre los que en todo caso SIEMPRE será posible el control judicial, por amplia que sea la discrecionalidad de la resolución gubernamental: los derechos fundamentales, los elementos reglados del acto y la determinación de las indemnizaciones procedentes.”. Estos párrafos explicativos de la intencionalidad de la ley, también son ignorados por los fallos posteriores, reforzando la arbitrariedad de los mismos.
  • En el punto segundo de esta alegación, se exponía además que los hechos impugnados en nuestro recurso quedarían enmarcados en el artículo 26 de la Ley 29/98, sustentando dicha interpretación nuevamente con la exposición de Motivos de dicha Ley, en su Título V “OBJETO DEL RECURSO”, párrafos 1º a 3º y 9º. Poníamos en este punto de relieve la confusión de la Abogada del Estado entre las cuestiones de ilegalidad y de inconstitucionalidad.
  • En el punto tercero de esta alegación tercera, se enfatiza el hecho de que la Abogada del Estado confunde el objeto del recurso, al decir que esta parte impugnaba el incumplimiento del programa electoral del PP, cuando se dejó claro desde el inicio que lo impugnado era la información no veraz emitida por ese partido, y su repercusión sobre el derecho a participar en los asuntos del Estado mediante representantes. ESTE PUNTO ES CRUCIAL, ya que ambos fallos que ahora recurrimos como vulneradores, lo hicieron teniendo en cuenta la alegación de la Abogada del Estado que denunciábamos como errónea en este punto ¿Quién ponía el recurso, ésta parte o la Abogada del Estado? Desde el inicio se dejó claro que se trataba de la información (y se aportaron las sentencias del Tribunal Constitucional referidas a ese derecho) y la no veracidad de la misma (y nuevamente se aportaron las sentencias del TC referidas al tema), aportándose además los hechos que probaban la vulneración del derecho a recibir información veraz. La Abogacía del Estado estaba contraviniendo nuevamente las doctrinas del Tribunal Constitucional, al pretender que el derecho a participar en los asuntos del Estado se limita al acto de la votación, liberando luego a los representantes para que hagan lo que les plazca, sin que exista vínculo aparente con sus representados. Esta argumentación venía motivada por el interés de la Abogacía del Estado en desligar los actos del partido político en el momento de emitir las informaciones antes de realizarse las elecciones, con los actos del Gobierno formado precisamente a raíz de esas elecciones y con la voluntad de la ciudadanía obtenida precisamente por esas informaciones no veraces. De hecho se demuestra incluso que tanto da si el programa electoral contiene o no informaciones, puesto que los hechos recurridos son las declaraciones de los líderes de ese Partido Popular, como por ejemplo la referida a la subida del IVA, que no figuraba en el programa electoral y si en cambio fue noticiada en prensa a raiz de las declaraciones de esos líderes políticos. También se pone de manifiesto que el programa electoral del partido Popular se corresponde con el del candidato al Gobierno, señor Mariano Rajoy, según las propias palabras del mismo señor Rajoy ya como Presidente del Gobierno.
  • En el punto cuarto de la alegación tercera, recordábamos que el programa electoral es el hilo conductor de todas las informaciones no veraces emitidas por el PP y reiterábamos la importancia de esas informaciones no veraces en la obtención de la confianza del electorado, remitiendo a la alegación Sexta del recurso de amparo donde se aporta la Doctrina Constitucional relativa a la relación entre programa electoral, voluntad del elector y voluntad del representante, Alegación Sexta y doctrinas todas ellas IGNORADAS en ambos fallos.
  • En el punto quinto de la tercera alegación se da respuesta a las alegaciones del representante del Partido Popular, reiterando las nuestras de los puntos anteriores, ya que las correspondientes al PP y a la Abogada del Estado, son extraña y curiosamente coincidentes en su mayoría, que se confunden los intereses. Sobre las alegaciones que son diferentes, hacemos hincapié en que no se está impugnando la acción de Gobierno, sino la emisión de información no veraz por parte de los dirigentes de ese Partido Popular. Exponemos que los objetos sobre los que basan su alegación, las “promesas electorales”, no tienen definición jurídica constitucional ni mucho menos, categoría de Derechos Fundamentales, y que dichas “promesas electorales”, no son el objeto por nosotros impugnado.
  • Cuarta: Sobre las alegaciones por falta de fundamento por tratarse de actividad no susceptible de impugnación. En el punto primero de esta alegación, expusimos que en la doctrina del Tribunal Supremo en que se fundaban para solicitar la inadmisión por falta de actividad susceptible de impugnación, se exigía que se demostrara de manera clara y razonable que los hechos recurridos no constituían una vulneración de los derechos fundamentales, y que tales claridad y razonabilidad, simplemente no existían en tal alegación de la Abogacía del Estado, puesto que como hemos expuesto, hablaban de otro objeto y no demostraban en ningún momento que los hechos impugnados no se trataban de informaciones no veraces. En el punto segundo de la alegación, exponemos que en ningún lugar de nuestro recurso alegamos la vulneración del Derecho de rectificación de informaciones no veraces. De hecho desconocemos que exista tal derecho en relación con el derecho establecido en el artículo 23.1 CE.
  • En el punto tercero de esta alegación cuarta, rebatimos que la vulneración del derecho establecido 23.1 CE, pueda consistir únicamente en el impedimento del derecho al ejercicio del sufragio activo, como pretende la Abogada del Estado cuando dice “…difícil resulta acreditar la vulneración del derecho de sufragio activo, cuando éste se materializa simplemente con el ejercicio del derecho a voto…”. Obvia, pues la relación entre los derechos establecidos en los artículos 23.1 y 23.2, según expusimos en la alegación Sexta del recurso de amparo judicial, basado en todas las doctrinas de ese Tribunal Constitucional.
  • En el punto cuarto de la alegación cuarta, exponíamos que nunca hemos impugnado una lesión en nuestro derecho a la libertad de expresión, establecido en 20.1.a, según dice la Abogacía del Estado que hacemos.
  • En el punto quinto de la alegación cuarta, expusimos que en todo el escrito sólo hacía mención una vez al objeto real de nuestro recurso de amparo, diciendo que no había lesión, pero sin argumentarlo ni presentar las pruebas pertinentes.
  • En el punto sexto de la cuarta alegación, hacíamos hincapié en que no existe una línea jurisprudencial consolidada referida a los hechos expuestos en nuestro recurso y nuevamente en la exigencia de claridad y razonabilidad en la demostración de que los hechos recurridos, no lesionan ningún derecho fundamental.
  • En el punto séptimo de la alegación cuarta, se exponía que la libertad de hacer o no hacer del Gobierno, tiene como límites la legalidad y el cumplimiento de la constitución, y en este caso concreto, el cumplimiento de los derechos fundamentales 20.1.d y 23.1. También se rebatía la pretensión del representante del Partido Popular de que no pueden ser parte en este proceso, pues no forman parte de la administración.
  • Quinta: Sobre la alegación del Ministerio Fiscal y la tercera alegación de la Abogada del Estado y alegación cuarta del Partido Popular. En esta alegación, no se presenta oposición a la alegación del Ministerio Fiscal referida a que nuestro recurso es competencia del Tribunal Supremo, solicitando que si así se consideraba procedente en Derecho, se eleve nuestro recurso a dicho Tribunal. La inadmisión de esta alegación provocaba la vulneración de nuestro derecho establecido en el artículo 24.2, al privarse a esta parte del Tribunal predeterminado por ley.
  • Sexta: Sobre las alegaciones por extemporaneidad del recurso. En el punto primero de esta alegación, se rebatía la pretensión de extemporaneidad de la Abogacía del Estado, por error de ese estamento en cuanto a la fecha de interposición de nuestro recurso. En el punto segundo de esta alegación, se rebatía la petición de extemporaneidad del Partido Popular, donde esa parte consideraba el inicio de contabilización del plazo la publicación en el BOE, y no la de entrada efectiva en vigor, siendo que de no haber entrado en vigor, no se hubiera materializado la falsedad de las informaciones referidas a que no subirían el IVA.
  • Séptima: Sobre la alegación quinta del Partido Popular por falta de legitimación pasiva de esa parte. Se rebate argumentalmente la pretensión del PP de que no puede formar parte del proceso.
  • Octava: Sobre la acusación hecha a esta parte de fraude procesal por parte de la Abogada del Estado. En esta alegación se aportaron las pruebas y argumentos rebatiendo la acusación que se nos imputaba de haber cometido fraude procesal, así como la solicitud de imposición de penas a esta parte. Se solicitaba que se diese tanto de culpa al Ministerio Fiscal sobre si esta parte cometió fraude procesal, o por el contrario la Abogada del Estado cometió coacciones y calumnias (vulneración del artículo 18.1 CE).
  • Finalizaban nuestras alegaciones solicitando la desestimación de las alegaciones de inadmisión de la parte contraria y se elevara nuestro recurso a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

 

CUATRO.- En fecha 19/11/12 recibió está parte el Auto del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 12 de Barcelona, de fecha 5/11/12, de inadmisión de nuestro recurso de amparo, fundándose en que “Así, sin entrar a prejuzgar en este momento procesal el fondo del asunto, pues ello escapa al ámbito del presente incidente, lo cierto es que no se constata “prima facie” la pretendida vulneración, siquiera sea de forma indiciaria, del derecho a recibir información veraz, PUES LAS PROMESAS ELECTORALES y su cumplimiento forman parte esencial de la acción política enmarcada en los principios de libertad de hacer o no hacer, (…)”. Dicho Auto se acompaña como DOCUMENTO NÚMERO CUATRO.

 

CINCO.- A) En fecha 10/12/2012, presentamos recurso de apelación ante el Juzgado de lo contencioso administrativo nº 12 de Barcelona, (que se acompaña como DOCUMENTO NÚMERO CINCO por no estar de acuerdo con el fallo recaído, remitiéndonos a su contenido.

 

Como resumen de ese escrito, alegábamos la existencia de las vulneraciones de los puntos 1º y 2º del artículo 24 CE, por no haber sido conocido nuestro caso por el Tribunal con competencias para ello (el TS) y por la existencia de una incongruencia extra petita y algunos defectos de motivación en el Auto.

 

  1. B) El hecho principal alegado, consistía en que en modo alguno se había demostrado que los hechos por esta parte presentados no contenían información, acorde con los criterios establecidos por ese Tribunal Constitucional y que por el contrario el fallo había recaído sobre un objeto, las promesas electorales, que no era el por nosotros impugnado y del cual desconocíamos (y a fecha de hoy seguimos desconociendo) cual es su definición jurídica y cuales son sus límites, pues sobre la definición de tal objeto no existe (al contrario que sobre la información) ni legislación que establezca tales límites, ni jurisprudencia que clarifique su naturaleza, dejándonos en una clara indefensión. Se exponían al respecto las sentencias de ese TC referentes a la prohibición de la indefensión y las causas que se consideraban en la indefensión.

 

Sustentábamos estas alegaciones recordando exactamente cual era el objeto que impugnábamos, cuales eran las pruebas de la no veracidad de la información y como producía la lesión de nuestros derechos, contrastando esos hechos con la definición de “promesas” que da la RAE, y comprobando que no se ajusta para nada a los hechos presentados por esta parte y anteriormente explicados.

 

  1. C) Se ponía de relieve además, que esta parte no había nunca había alegado la vulneración de su derecho a la libertad de expresión, establecido en el artículo 20.1.a), según figuraba en el Auto de inadmisión del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 12 de Barcelona, ni que se había denunciado el que se hubiera impedido u obstaculizado su participación en las elecciones generales de Noviembre de 2011, sino que se había coartado su libertad de elección, modificando ilegalmente su opinión mediante la información no veraz emitida por los dirigentes del PP, con el Sr. Mariano Rajoy a la cabeza, modificando en consecuencia el sentido de su voto, dado que no se puede opinar (y en consecuencia, elegir) exactamente lo mismo antes dos informaciones totalmente opuestas.

 

  1. D) Se exponía que se había vulnerado de manera clara la doctrina de ese TC referida a la “interpretación más favorable a la efectividad de los derechos fundamentales”, cuando la interpretación realizada en el Auto de inadmisión era precisamente la más desfavorable a la efectividad, tanto del derecho establecido en 20.1.d), como del establecido en 23.1. Se resaltaba que no es posible, sin entrar en el fondo del asunto, y en consecuencia invadir las competencias del TS, determinar prima facie que no había existido lesión de los derechos fundamentales por esta parte denunciada, dado que era la propia naturaleza del objeto del recurso la que estaba en controversia y esa naturaleza no se podía determinar con claridad y sin ningún género de dudas sin entrar en el fondo del asunto, habida cuenta de que la naturaleza del objeto pretendida por la parte contraria carecía de delimitación legal y jurídica.

 

SEIS.- A) En fecha 30/01/2013 se recibió por esta parte la Notificación de emplazamiento ante el TSJC, de fecha 22/01/2013, donde se anexaban los escritos de oposición del Ministerio Fiscal, del Partido Popular y de la Abogacía del Estado a la admisión del recurso de apelación presentado por esta parte, relación de documentos que se anexan en el presente recurso como DOCUMENTO NÚMERO SEIS. Entre las alegaciones presentadas por esas partes, destacan el cambio de criterio del Ministerio Fiscal, ya que si bien por un lado reitera la incompetencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 12 de Barcelona para conocer del caso, en las siguientes y contradiciéndose, dice que el Auto de inadmisión es ajustadísimo a Derecho. Alega que si lo que se recurre es la actividad de la Administración, a lo sumo se podría impugnar en este caso la actividad del Gobierno y no la del Partido que lo sustenta. Reitera el Auto ATS del 3 de Octubre de 2005 (RJ 2005/7067), donde se establece, en clara contradicción con lo que dice el Tribunal Constitucional, que los programas electorales no son materia justiciable. En esta alegación se equipara “programa electoral” con “promesas electorales”, ignorando que pudieran o no contener información y se pretende además que la libertad de “hacer o no hacer” por parte del Gobierno, que estaría por encima de los derechos fundamentales de la ciudadanía.

 

  1. B) Por su parte, la Abogada del Estado simplemente reiteró la totalidad de sus alegaciones presentadas contra nuestro recurso de amparo ordinario.

 

  1. C) En cuanto a las alegaciones presentadas por el representante del PP, destaca como la más significativa el reconocimiento explícito por primera vez de que en los hechos referidos por esta parte, los dirigentes del PP hicieron uso de sus libertades de expresión Y DE INFORMACIÓN, defendiendo la veracidad de las informaciones emitidas por esos dirigentes. A parte de este hecho significativo, el resto de alegaciones consisten en un cúmulo de falacias, especialmente “ad hominem”, en un intento de desacreditar a esta parte, así como alegaciones que contradicen claramente las doctrinas emanadas de las sentencias de ese Tribunal Constitucional, y o tras carentes absolutamente de razonamiento lógico alguno y de una confusión tal, que hacen difícil su comprensión.

 

SIETE.- A) En fecha 12-3-2013, nos personamos ante el TSJC, con número de recurso de apelación 75/2013, que adjuntamos al presente recurso como DOCUMENTO NÚMERO 7

 

Sin ánimos de ser reiterativos, en las alegaciones presentadas se desarrollaba todo lo expuesto en el escrito de presentación del recurso de apelación, revisado y debidamente argumentado, así como se respondían a las alegaciones que oponía la parte contraria y el Ministerio Fiscal.

 

  1. B) Como primer aspecto relevante, se volvían a relatar los hechos y se contrastaba su naturaleza con la doctrina constitucional (nuevamente), confrontándola con la naturaleza pretendida por la parte contraria, esto es, promesas electorales, llegando a la conclusión de que se podrían tratar de características diferentes del mismo objeto, aunque como ya se expuso, sin tener la seguridad de tal contraste ya que no existe la delimitación jurídica de esas promesas electorales. Remarcábamos que en ese sentido, el recurso de amparo ordinario presentado por esta parte, no se había citado ni una sola vez las promesas electorales y en cambio habíamos citado 52 veces las informaciones, quedando claro que en ningún momento se habían impugnado esas promesas electorales y si en cambio el haber recibido información no veraz.

 

Se ponía énfasis en que en el fallo no se había determinado si la subida del IVA era un hecho objetivo, noticiable y de trascendencia pública (y por tanto su comunicación o la contraria, correspondía a información) y si se había informado lo contrario a lo anunciado, esto es, que no se subiría el IVA, era falta de diligencia, y por tanto no veracidad, cuando eran conocidas las causas que alegaban como origen de la necesidad de subir el IVA.

 

  1. C) El segundo aspecto, causa de la impugnación, es que en el fallo habían concurrido una incongruencia extra-petita (se había fallado sobre las promesas electorales, objeto no reclamado) y una incongruencia por omisión, puesto que no se había establecido que no se trataba de informaciones ni como se cumplía la veracidad, así como tampoco se había demostrado en que artículos de que leyes o en que sentencias se basaban para decir que lo que nosotros denunciábamos eran promesas electorales. A fecha de hoy seguimos sin conocer estos argumentos. La concurrencia de ambas incongruencias, tenía como consecuencia la aparición de una incongruencia por error.

 

En ese sentido, se planteaban una serie de cuestiones referidos a los límites (indefinidos a nivel legal) de las promesas electorales, y cuya indefinición afectaba a la defensa de los derechos de mi representado, derivando en una vulneración de la tutela judicial efectiva sin indefensión.

 

  1. D) Se recordaban, de un lado el incumplimiento del artículo 1.a) LJCA, por invasión de competencias y de otro la vulneración de los artículos 5.1, 7.1 y 7.2 de la LOPJ, por incumplimiento de la constitución según las interpretaciones realizadas por ese TC en todo tipo de sentencias, así como el menoscabo, restricción e inaplicación de los derechos fundamentales establecidos en 20.1.d) y 23.1, consecuencia de inaplicar la doctrina de ese TC referida a la interpretación más favorable a la efectividad de los derechos fundamentales.

 

  1. E) En lo referente a las alegaciones del Ministerio Fiscal, resaltábamos ese sorprendente cambio de criterio referente al Auto, ya que inicialmente consideraban que no era competencia del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 12 de Barcelona, sin otras consideraciones, y en cambio en las presentes alegaciones consideraban que el hecho de que resolviera finalmente ese Juzgado, si era ajustado a Derecho, en clara contradicción. Se rebatían los argumentos que fundaban esa alegación, esto es, que su interpretación de que no se podía impugnar los actos del PP, infringía el artículo 9.4 de la LOPJ, y por otro lado que en materia de derechos fundamentales, la jurisdicción correspondía siempre al Contencioso-Administrativo.

 

En referencia a la justiciabilidad o no de las promesas electorales, en contra del criterio expuesto en el ATS 3 de octubre de 2005 aportado por ese Ministerio Fiscal, se citan SSTC 107/1991 (FJ 3) y 60/2011 (FJ 4), se cita además la STC 107/1991 FJ 3, sobre los elementos diferenciadores de las candidaturas y el papel fundamental del programa electoral en ese papel, además de la interdicción de provocar confusión en el electorado, así como la STC 60/2011 dice en su Fundamento Jurídico 4, sobre la necesidad de certeza y veracidad de la campaña electoral.

 

  1. F) Sobre las alegaciones del representante del PP a nuestro recurso de apelación, se ponían de relieve las falacias de la argumentación de esa parte, especialmente la reiterada de comisión por esta parte de fraude procesal (reincidiendo en la vulneración de nuestro derecho fundamental al honor), otras como que había sido esta parte quien había creado un totum revolutum de conceptos, cuando fue la parte contraria la que introdujo esos conceptos, cual son las promesas electorales, el hecho de que suponen que la información es veraz per se, y no en cuanto a si se ha cumplido o no la diligencia debida según la doctrina del Tribunal Constitucional, etc

 

Se destacaba además el reconocimiento explícito de la naturaleza informativa de los hechos por parte del representante del PP, aspecto fundamental en todo el caso y obviado por todas las partes y por los juzgadores hasta este momento.

 

  1. G) Finalmente, se matizaba un aspecto que tanto las partes opuestas, como el Fallo del Juzgado parecen confundir y que en nuestra alegación Sexta del recurso de amparo ordinario quedaba expuesto con claridad meridiana, y es el hecho de que solicitar el cumplimiento del programa electoral no se sustenta en que estemos impugnando el incumplimiento de dicho programa, sino en que era la única vía de restitución del derecho de mi representado que cumplía todas las doctrinas de ese TC referidas a la conservación de los derechos de la parte opuesta. Es decir, el intentar esta parte ajustarse a la legalidad, es utilizado por la parte contraria para confundir los hechos por nosotros impugnados.

 

OCHO.- En fecha 9/05/13 recibió esta parte la sentencia del TSJC de fecha 8/05/13, confirmando la inadmisión declarada en el Auto del Juzgado contencioso administrativo 12 de Barcelona, basándose en que:

 

Sin embargo ahora, al recurrir en apelación el Auto del Juzgado de lo contencioso administrativo número 12 de Barcelona, de fecha 5 de noviembre de 2012, que acordó inadmitir el recurso interpuesto por inadecuación del procedimiento, pretende el recurrente fundar su desacuerdo con el mismo en haber resuelto sobre un hecho diferente del impugnado. Alegación ésta que, por la argumentación sofística que encierra no puede ser aceptada. El órgano jurisdiccional de instancia con su pronunciamiento de inadmisibilidad del recurso por inadecuación del procedimiento, no hizo sino tener en cuenta aquellas alegaciones en que el actor fundaba la lesión de su derecho fundamental a una información veraz, concretada en “la emisión de de medidas mediante Real Decretos Ley, casi todos ellos contradictorios con la información emitida durante el periodo electoral”. Y esto fue lo que exhaustivamente fue considerado en el Auto ahora recurrido.

 

El programa electoral del Partido Popular para las últimas elecciones generales, difundido por dicho partido político, no pueden nunca ser entendido como una fuente de información de la cual se ha de predicar la exigencia de veracidad, tal como el tribunal constitucional la define en su sentencia 6/1998, de 21 de enero. Un programa electoral, por propia definición, no es sino un proyecto, una programación de intenciones, una propuesta de futuro, formulada al cuerpo electoral por una candidatura electoral con el propósito de movilizar a su favor al electorado.

 

El hecho de no estar de acuerdo con esta sentencia, por los argumentos que se exponen en la siguiente alegación, motiva el presente recurso de amparo constitucional.

 

Se acompaña como DOCUMENTO NUMERO SIETE la referida resolución.

 

TERCERO.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE AMPARO

 

UNO.- A) La resolución del TSJC de Cataluña dice que el Juzgado de lo contencioso administrativo nº 12 de Barcelona “no hizo sino tener en cuenta aquellas alegaciones en que el actor fundaba la lesión de su derecho fundamental a una información veraz”, hecho que evidentemente no es cierto, por cuanto se incumplen las sentencias del Tribunal Constitucional citadas en nuestro recurso, lo cual es indicador de que tales alegaciones no fueron tenidas en cuenta, infringiendo claramente los artículos 5.1, 7.1 y 7.2 LOPJ y 4.2 LOTC. Las sentencias del Tribunal Constitucional INAPLICADAS en el caso del Juzgado contencioso administrativo nº 12 de Barcelona son:

 

  • STC 6/1988, FJ 5: relativa a la definición de LIBERTAD DE INFORMACIÓN y la diferencia con la LIBERTAD DE EXPRESIÓN.
  • STC 240/1992, FJ 7: Relativa a que la diligencia en el contraste de los datos (requisito de la veracidad), debe ser mayor cuando puedan afectar a otro derecho fundamental y cuanto más trascendente sea la información.
  • STC 47/2002, FJ 3: Relativa a que las declaraciones, no por realizarse en un contexto de debate político. Deben ser automáticamente consideradas opiniones, sino que será su contenido el que delimitará si son informaciones u opiniones.
  • STC 119/1990, FJ 7: Relativa a que el programa electoral no puede considerarse mandato imperativo. Relativa a que los programas electorales si que son materia justiciable. Relativa a que el mandato es otorgado a los representantes por la voluntad de los electores, está determinado por la exposición de dicho programa electoral.
  • STC 10/1983, FJ 2: Relativa a que los representantes son designados por una elección popular. Relativa a que los representantes no pueden ser privados de su mandato por una decisión que no emane de los propios electores. Relativa a la posibilidad de la licitud de la facultad de revocación concedida a los electorales. Relativa a la presunción de que la voluntad del representante es la voluntad de los representados, en razón de la cual son imputados a éstos en su conjunto y no sólo a quienes votaron en su favor o formaron la mayoría, los actos de aquél.
  • STC 5/1983, FJ 3. Relativo al derecho de los representantes a permanecer en el cargo con los requisitos que señalen las leyes y que será susceptible de amparo en la medida en que las leyes establezcan una causa de remoción que viole un derecho fundamental diferente.
  • STC 26/1990, FJ 6: Relativa a que el derecho establecido en 23.1 CE es un elemento básico de todo el sistema constitucional. Relativa a que deben preservarse las votaciones de manipulaciones y falsificaciones que alterarían la voluntad popular.
  • Interpretación más favorable a la efectividad de los derechos fundamentales. Encontramos por ejemplo en la STC 169/1987 en su FJ 4 o en la STC 157/1991 en su FJ 3 y 4.
  • Conocimiento de la verdad material manifestada por las urnas, cuyo base encontramos en la STC 157/1991 FJ4 o en la STC 153/2003 FJ 9.

 

  1. B) Por lo que respecta a las sentencias del Tribunal Constitucional citadas por esta parte en el recurso de apelación y que han sido INCUMPLIDAS, IGNORADAS O REINTERPRETADAS, a parte de las anteriormente mencionadas encontramos:

 

  • STC 140/2006, FJ 2, relativa a los defectos de motivación en las resoluciones judiciales. Razona que las sentencias no pueden ser arbitrarias       y tienen que ser debidamente razonadas y argumentadas.
  • STC 199/2006, FJ4: Relativa a la prohibición de la indefensión
  • STC 278/2006 ,FJ 2: Relativa a la definición de las incongruencias en los fallos judiciales.
  • STC 82/1987 ,FJ 2: Relativa a que no es posible esgrimir el reconocimiento de una garantía constitucional propia, para oponerse al reconocimiento de un derecho fundamental ajeno.
  • STS 600/2012, FJ 3: Sentencia del Tribunal Supremo exponiendo la doctrina del Tribunal Constitucional relativa a INFORMACIÓN VERAZ.
  • STC 59/1987, FJ 4: Relativa a que la legalidad aplicable se ha de entender en los términos más favorables a la plena efectividad del derecho fundamental. Relativa a la interdicción de creación de expectativas favorables no cumplidas.
  • STC 59/1987, FJ 1: Relativa a que no se debe ser rigorista con los aspectos formales cuando se puede socavar el contenido del derecho fundamental.
  • STC 107/1991, FJ 3: Relativa a los elementos que pueden inducir confusión en el electorado con los elementos distintivos de los partidos, entre los que ocupan un lugar preeminente los programas electorales y las candidaturas.
  • STC 60/2011, FJ 4: Relativa a que en el inherente derecho fundamental de los ciudadanos a la participación en los asuntos públicos mediante sus representantes; y a su vez, de la proclamación de candidaturas se derivan consecuencias para los electores y elegibles inmediatas, como la certeza y veracidad de la campaña electoral.
  • STC 139/2007, FJ 9: Sobre la diligencia debida en la búsqueda de la verdad de la noticia y la diligencia en la comprobación de la información difundida. Sobre las fuentes de información. Sobre la especial diligencia en la comprobación de la información cuando afecte a otro derecho fundamental.

 

  1. C) Finalmente, aun cuando no fue citada ni en el recurso de amparo judicial, ni en el recurso de apelación, y como es deber de ese TC completar los argumentos jurídicos, exponemos el incumplimiento de la STC 6/1981, FJ 3 y 4 , quizás en la sentencia donde queda más clara la relación entre los derechos establecidos en los artículos 20.1.d y 23.1.

 

Establece también dicha Sentencia TC la clara relación entre emisor de la noticia (en nuestro caso los dirigentes del PP) y el receptor de la noticia (en este caso todo el electorado y muy concretamente mi representado).

 

La manera en que se han reinterpretado todas esas sentencias en el presente caso, deja reducido el contenido de la sentencia de ese TC 6/1981 a un mero cúmulo de intenciones sin la menor relación con la realidad social existente, dejando el derecho a participar en los asuntos del Estado mediante representantes como un simple derecho a votar lo que te pongan delante y a aguantar lo que después decidan tus presuntos representantes, ninguna participación real puede haber en ese concepto. Nada que ver con los elementales y supremos principios de soberanía popular y de democracia enunciados en la Constitución.

 

Está absolutamente claro por esta parte que se han menoscabado y restringido los derechos fundamentales establecidos en los arts. 20.1.d y 23.1 de la constitución, contrariamente a lo establecido en el artículo 7.2 LOPJ. De igual manera, se ha inaplicado la doctrina de este Alto Tribunal ante el cual recurrimos, referida a la interpretación más favorable a la efectividad del derecho fundamental. Antes al contrario, se nos priva de la libre elección de nuestros representantes al permitir la falsedad en la información como instrumento lícito en la alteración de nuestra voluntad como electores, desvirtuando el principio de la soberanía popular y en consecuencia todo el Estado de Derecho y el sistema constitucional. Y todo ello mediante el mecanismo de, simplemente, ignorar lo resuelto por el Tribunal Constitucional.

 

Si ese Alto Tribunal permite que se reinterpreten sus sentencias al gusto de cada cual, simplemente abrirá la caja de Pandora, con unas consecuencias que esta parte no alcanza a imaginar.

 

DOS.- A) La interposición del presente recurso de amparo es debida a la consideración por esta parte, de la vulneración de sus derechos fundamentales establecidos en los artículos 24.1, 24.2, 20.1.d, 20.4 y 23.1 de la Constitución Española.

 

  1. B) La vulneración de los derechos establecidos en los artículos 24.1 y 24.2 radica respecto al segundo artículo en que no juzgó el Tribunal predeterminado por la Ley, ya que le hubiera correspondido al Tribunal Supremo el conocimiento del recurso promovido por esta parte, y sin embargo se negó tal posibilidad en base a un fundamento jurídico mal aplicado en ambos casos, como expondremos más ampliamente. Respecto del primer artículo, la vulneración nace de la arbitrariedad en los fallos, en primera instancia por la existencia de incongruencias, como se expone en el recurso de apelación, y en el caso de la apelación por un defecto de motivación, como también ampliaremos más adelante. En ambas resoluciones, se produce un incumplimiento de los artículos 5.1, 7.1 y 7.2 LOPJ y 4.2 LOTC, lo que motiva la indefensión. Según establece la doctrina del propio TC (STC 140/2006) los juicios realizados deben basarse en razonamientos lógicos y estar debidamente argumentados.

 

Sobre las causas de la indefensión en que se deja a esta parte en el recurso de amparo judicial, éstas están ampliamente expuestas en el recurso de apelación, por lo cual no insistiremos en ellas; simplemente se apunta que la incongruencia nace de que el objeto sobre el que se resuelve, las promesas electorales, no es el mismo sobre el cual esta parte recurre, la información, siendo que además no se demuestra que los hechos aportados por esta parte, no constituyen información.

 

  1. C) No obstante, debido a la evolución no sustentada en argumentos legales, del objeto sobre el cual recae el fallo (que no es el por nosotros impugnado, según nuestra opinión), debemos hacer notar que sólo existen dos posibilidades respecto al objeto juzgado: 1.- O bien las promesas electorales no son lo mismo que la información (o no contienen información), y en consecuencia efectivamente se ha producido una incongruencia por error en ambos fallos, con la consiguiente vulneración de nuestro derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión; o 2.- si que son información (o la contienen) con lo cual se ha producido la vulneración de nuestro derecho establecido en 24.1 CE, por arbitrariedad al incumplir los artículos 5.1 y 7.2 LOPJ y 4.2 LOTC, al no aplicar las sentencias del Tribunal Constitucional referidas al derecho establecido en 20.1.d y 23.1. Y con todos los respetos, esto no es ningún sofisma, sino una verdad evidente, o son, o no son.

 

TRES.- A) En lo referente a la sentencia del recurso de apelación, encontramos en el Primer fundamento jurídico el siguiente razonamiento:

 

Sin embargo ahora, al recurrir en apelación el Auto del Juzgado de lo contencioso administrativo número 12 de Barcelona, de fecha 5 de noviembre de 2012, que acordó inadmitir el recurso interpuesto por inadecuación del procedimiento, pretende el recurrente fundar su desacuerdo con el mismo en haber resuelto sobre un hecho diferente del impugnado. Alegación ésta que, por la argumentación sofística que encierra no puede ser aceptada. El órgano jurisdiccional de instancia con su pronunciamiento de inadmisibilidad del recurso por inadecuación del procedimiento, no hizo sino tener en cuenta aquellas alegaciones en que el actor fundaba la lesión de su derecho fundamental a una información veraz, concretada en “la emisión de de medidas mediante Real Decretos Ley, casi todos ellos contradictorios con la información emitida durante el periodo electoral”. Y esto fue lo que exhaustivamente fue considerado en el Auto ahora recurrido.

 

En este párrafo se encuentra el primer defecto de motivación, puesto que se dice que la argumentación que usa esta parte es sofística, pero ¿de qué manera es falsa? No lo explica ese Tribunal.

 

Continúa la sentencia en dicho Fundamento Primero:

 

El programa electoral del Partido Popular para las últimas elecciones generales, difundido por dicho partido político, no pueden nunca ser entendido como una fuente de información de la cual se ha de predicar la exigencia de veracidad, tal como el tribunal constitucional la define en su sentencia 6/1998, de 21 de enero. Un programa electoral, por propia definición, no es sino un proyecto, una programación de intenciones, una propuesta de futuro, formulada al cuerpo electoral por una candidatura electoral con el propósito de movilizar a su favor al electorado.

 

Y finaliza el Fundamento Primero con el siguiente párrafo, el más importante de todos:

 

Lo contrario, presumir una posible lesión de los derechos fundamentales que consagran los artículos 20.1 D) y 23.1. de la Constitución española por lo que el actor considera una mendaz formulación de propuestas electorales, en cuanto posteriormente incumplidas al alcanzar aquella formación política el poder, equivaldría a una confusión entre los ámbitos de la jurisdicción y la política, del ordenamiento jurídico y de la ética política, OLVIDANDO QUE ÉSTA NO ES EXIGIBLE JURISDICCIONALMENTE Y QUE SU CONTROL NO PUEDE SER OTRO QUE EL CIUDADANO, a través de los mecanismos de control político que nuestro sistema constitucional previene. Lo contrario supondría cuestionar los fundamentos mismos de nuestra democracia constitucional.

 

  1. B) Bien, presumimos que en todos los párrafos del Fallo del TSJC, hablan del mismo objeto, el “programa electoral”, aunque en éste último párrafo hablen de “propuestas electorales”. También debemos presumir que cuando se habla de “programa electoral”, también se están refiriendo a las “promesas electorales” sobre las cuales recayó el fallo del Juzgado CA nº 12 de Barcelona, puesto que si no se trata del mismo objeto, nuevamente nos encontraríamos con una incongruencia extra petita, como denunciamos sucede en ese fallo en nuestro recurso de apelación. Por tanto, la conclusión a que llegan el TSJC y el Juzgado CA nº 12 de Barcelona es que no es materia justiciable, según doctrina del TS. Pero ¿y qué sucede con las doctrinas del Tribunal Constitucional expuestas en nuestro recurso? Porque es más que evidente que esta doctrina del TS, así entendida, contradice total y absolutamente al Alto Tribunal en su sentencia STC 119/1990, FJ 7, tal y como expusimos en la alegación 6ª de nuestro recurso de amparo judicial de 26 de Septiembre:

 

Los Diputados son representantes del pueblo español considerado como unidad, pero el mandato que cada uno de ellos ha obtenido es producto de la voluntad de quienes los eligieron determinada por la exposición de un programa político jurídicamente lícito (Y POR TAL HA DE SER TENIDO MIENTRAS NO HAYA UNA DECISIÓN JUDICIAL EN CONTRARIO)[…] La fidelidad a este compromiso político, que ninguna relación guarda con la obligación derivada de un supuesto mandato imperativo, ni excluye, obviamente, el deber de sujeción a la Constitución que esta misma impone en su art. 9.1, no puede ser desconocida ni obstaculizada

 

Entonces ¿QUIÉN TIENE RAZÓN, EL TRIBUNAL SUPREMO, y el “programa electoral” (o sus equivalentes “promesas electorales” y “propuestas electorales” según interpreta el TSJC) no es justiciable, O EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL y el “programa electoral” SI ES JUSTICIABLE? A nosotros, francamente, no nos interesa quien tiene razón, lo que nos interesa es que la sentencia se ajuste a Derecho; lo contrario sería causa de clara indefensión por la arbitrariedad del fallo, y en este caso está claro que, independientemente de quien tenga razón, se tienen que cumplir de los artículos 5.1 y 7.2 LOPJ y 4.2 LOTC, siendo que la sentencia del Tribunal Constitucional ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO, y por tanto el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya realmente ha incurrido en arbitrariedad, contradiciendo al Tribunal Constitucional. Explíquesenos, por favor, donde se encuentra la argumentación sofística a que alude el TSJC.

 

  1. C) Además, cabe recordar lo que dice el Tribunal Constitucional en su STC 6/1981, FJ 3 y 4:

 

3. El art. 20 de la Constitución, en sus distintos apartados, garantiza el mantenimiento de una comunicación pública libre, sin la cual quedarían vaciados de contenido real otros derechos que la Constitución consagra, reducidas a formas hueras las instituciones representativas y absolutamente falseado el principio de legitimidad democrática que enuncia el art. 1.2 de la Constitución, y que es la base de toda nuestra ordenación jurídico-política.

La preservación de esta comunicación pública libre sin la cual no hay sociedad libre ni, por tanto, soberanía popular, exige la garantía de ciertos derechos fundamentales comunes a todos los ciudadanos, y la interdicción con carácter general de determinadas actuaciones del poder (verbi gratia las prohibidas en los apartados 2 y 5 del mismo art. 20), pero también una especial consideración a los medios que aseguran la comunicación social y, en razón de ello, a quienes profesionalmente los sirven. A la luz de estas consideraciones deben examinarse las alegaciones de los recurrentes, quienes comienzan por invocar su condición de periodistas en activo para aducir, a partir de este supuesto y muy concretamente que la suspensión de los periódicos en donde prestaban sus servicios ha violado la libertad de expresión que proclama el párrafo a) del apartado 1 del art. 20, el derecho a comunicar y recibir libremente información veraz (párrafo d) del mismo apartado) y, en último término, la reserva de Ley que establece el mismo artículo constitucional en su apartado 3.

  1. La libertad de expresión que proclama el art. 20.1 a) es un derecho fundamental del que gozan por igual todos los ciudadanos y que les protege frente a cualquier injerencia de los poderes públicos que no esté apoyada en la Ley, e incluso frente a la propia Ley en cuanto ésta intente fijar otros límites que los que la propia Constitución (arts. 20.4 y 53.1) admite. Otro tanto cabe afirmar respecto del derecho a comunicar y recibir información veraz (art. 20.1 d), fórmula que, como es obvio, incluye dos derechos distintos, pero íntimamente conectados. El derecho a comunicar que, en cierto sentido, puede considerarse como una simple aplicación concreta de la libertad de expresión y cuya explicitación diferenciada sólo se encuentra en textos constitucionales recientes, es derecho del que gozan también; sin duda, todos los ciudadanos, aunque en la práctica sirva, sobre todo, de salvaguardia a quienes hacen de la búsqueda y difusión de la información su profesión específica; el derecho a recibir es en rigor una redundancia (no hay comunicación cuando el mensaje no tiene receptor posible), cuya inclusión en el texto constitucional se justifica, sin embargo, por el propósito de ampliar al máximo el conjunto de los legitimados para impugnar cualquier perturbación de la libre comunicación social.

 

En su interpretación, el Tribunal Constitucional establece que el objeto de incluir el derecho a recibir información veraz es el de “de ampliar al máximo el conjunto de los legitimados para impugnar cualquier perturbación de la libre comunicación social.”. Esa interpretación está claramente vulnerada por la interpretación anteriormente expuesta del TSJC, Tribunal que pretende que los hechos informados (emitidos por dirigentes del PP y recibidos por esta parte y el resto de la ciudadanía, según la propia sentencia antes citada), y revelados como no veraces, sólo pueden ser sometidos al control ciudadano (presumimos que de las urnas, aunque no lo dicen). Queda claro en esa STC 6/1981 que, como receptores de la información no veraz, estamos legitimados para impugnarla. Esta meridianamente claro que la emisión de un programa electoral falso, o de las falsas declaraciones de los dirigentes del PP, son una perturbación muy grave de la libre comunicación social, por tanto deben estar enmarcar en el mencionado artículo 20 CE. Entonces, si los hechos emitidos por el PP en su programa electoral, no son informaciones, ¿qué son: opiniones, libertad de cátedra, libertad de creación? En el artículo 20.1, sólo existen esas cuatro categorías. No existe una categoría “Libertad de comunicar proyectos políticos independientemente de su veracidad”.

 

  1. D) No sólo eso, sino que, recordemos que en su sentencia de 29 de Abril, el TSJC dice:

 

El programa electoral del Partido Popular para las últimas elecciones generales, difundido por dicho partido político, no pueden nunca ser entendido como una fuente de información de la cual se ha de predicar la exigencia de veracidad, tal como el tribunal constitucional la define en su sentencia 6/1998, de 21 de enero.” (Nota: la errata en el número de sentencia se encuentra en el Fallo del TSJC).

 

Bien, dicen que no puede ser entendido nunca como fuente de información ¿POR QUÉ? Contrariamente a lo establecido en la STC 140/2006 los juicios realizados deben basarse en razonamientos lógicos y estar debidamente argumentados y aquí la argumentación simplemente no existe, puesto que no aclaran por qué no puede ser considerada información, pese a haber sido emitida y recibida, y estar por tanto englobada en el artículo 20. Será el contenido del programa lo que determine SI CONTIENE INFORMACIÓN O NO, según la citada STC 6/1988, y no el que se trate de “un proyecto, una programación de intenciones, una propuesta de futuro”, tal y como expone el TSJC en su fallo. En su STC 6/1998 ese Tribunal Constitucional no establece como condición para que sea considerado información o no, el que forme parte de “una propuesta de futuro”, sino si se refiere a hechos objetivos, noticiables y de trascendencia pública. Si en esa propuesta de futuro” se habla de las acciones concretas a realizar en el Gobierno, como puede ser la subida o bajada del IVA, EL PROGRAMA ELECTORAL CONTIENE INFORMACIÓN, puesto que se refiere a un HECHO, NOTICIABLE Y DE TRASCENDENCIA PÚBLICA.

 

  1. E) Por otro lado, la naturaleza de información viene determinada, según el Tribunal Constitucional en su STC 6/1988, FJ 5, “a efectos de que «sea real la participación de los ciudadanos en la vida colectiva»”. Si además consideramos que en su STC 10/1983 expone que ““El derecho que la Constitución ( 23.1 ) garantiza a todos los ciudadanos de participar en los asuntos públicos mediante representantes libremente elegidos, es un derecho que corresponde a cada ciudadano y que puede ser vulnerado por actos que sólo afecten a cada uno de éstos en particular”, cabe preguntarse ¿es la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos mediante representantes, una forma de participación de los ciudadanos en la vida colectiva? Para esta parte es obvio que si, pero quizás exista otra interpretación en que los asuntos públicos no formen parte de la vida colectiva, tantas cosas raras estamos leyendo en este proceso. Y si los asuntos públicos forman parte de la vida colectiva, ¿no será la información veraz necesaria para la participación en los asuntos públicos? Seguramente, alguien encontraría este razonamiento “sofístico”, aunque a esta parte le parece de una lógica incuestionable. Seguramente alguien encontrará alguna explicación sorprendente que justifique que la participación en los asuntos públicos no forma parte de la vida colectiva. Recordemos que el Tribunal Constitucional, en su STC 6/1981, FJ 3, ya citado, establece que el obstaculizar la libre información, y la mendacidad es un claro obstáculo a tal libertad, supone que quedarían vacíos otros derechos constitucionales y hace referencia específica a las instituciones representativas, diciendo que quedaría falseado el principio de legitimidad democrática. Cansa reiterar lo que es evidente, pero es necesario, puesto que existe una falsa percepción, según hemos podido comprobar, de lo que es la legitimidad democrática, la libertad de información y su relación con el derecho establecido en 23.1

 

  1. F) Lo que es incuestionable es que la exposición de un programa no veraz (y de la información contenida en él), es una vulneración que afecta a cada uno de de los ciudadanos en particular que participan en el proceso electoral y que muchos, en base a esa información que consideraban correcta cuando no lo era, dieron su voto a quien se la proporcionó. Aunque ni al Juzgado contencioso administrativo nº 12 de Barcelona ni al TSJC les parezca que eso sea así. Porque el TSJC dice:

 

“(…) presumir una posible lesión de los derechos fundamentales que consagran los artículos 20.1 D) y 23.1. de la Constitución española por lo que el actor considera una mendaz formulación de propuestas electorales, en cuanto posteriormente incumplidas al alcanzar aquella formación política el poder, equivaldría a una confusión entre los ámbitos de la jurisdicción y la política, del ordenamiento jurídico y de la ética política (…)

 

No, más bien la confusión consiste en no aplicar lo que dicen las sentencias del Tribunal Constitucional, pretendiendo que la vulneración de unos derechos fundamentales no es impugnable, PUESTO QUE EN NINGÚN MOMENTO RAZONAN EL PORQUE NO PUEDEN SER CONSIDERADOS DERECHOS FUNDAMENTALES y no están englobados en el artículo 20 CE. Si han sido comunicados y recibidos, se encuentran en algún apartado del artículo 20 y por tanto, en vez de decir que no pueden ser considerados información, deberían demostrar en que apartado del artículo 20 se encuentran y porqué. Pero no lo hacen porque simplemente no pueden demostrar de ninguna manera que los hechos por esta parte denunciados no correspondan al derecho establecido en 20.1.d.

 

  1. G) O sea que el TSJC considera que la exposición de un programa mendaz, es una simple cuestión de “ética política”, y no tiene nada que ver con los derechos fundamentales… bien, veamos que interpretación dará ese Tribunal Constitucional. En esa misma STC 6/1981 FJ 4º, dice que “Quienes hacen profesión de la expresión de ideas u opiniones o de la comunicación de información los ejercen con mayor frecuencia que el resto de sus conciudadanos, pero no derivan de ello ningún privilegio y desde luego no el de transformar en su favor, lo que para el común de los ciudadanos es derecho de libertad”. De esta interpretación queda claro que el que los políticos tengan el derecho a informar, no les otorga ningún privilegio, es decir, no pueden vulnerar impunemente el constitucional límite de la veracidad en sus informaciones cuando de ellas se sirven para afectar el ejercicio de derechos fundamentales de los ciudadanos que deben gozar de la máxima protección. Por otro lado, el Tribunal Constitucional nos proporciona interpretaciones sobre la naturaleza del programa electoral en algunas de sus sentencias, sentencias que fueron expuestas en la alegación 6ª de nuestro recurso de amparo judicial de fecha 26 de Septiembre de 2012. En la STC 10/1983, FJ 2, establece que:

 

El sentido democrático que en nuestra Constitución (art. 1.2) reviste el principio del origen popular del poder obliga a entender que la titularidad de los cargos y oficios públicos sólo es legítima cuando puede ser referida, de manera mediata o inmediata, a un acto concreto de expresión de la voluntad popular

 

Esto es: que la designación de los cargos sólo es legítima si obedece a un acto concreto de la voluntad popular. Y ¿Cuál es el “democrático” acto de expresión de la voluntad popular? Continúa esa sentencia 10/1983 FJ 2:

 

(…) sólo se denominan representantes aquellos cuya designación resulta directamente de la elección popular, esto es, aquellos cuya legitimación resulta inmediatamente de la elección de los ciudadanos.(…)

 

Bien ahora ya sabemos que el acto que designa la voluntad de los ciudadanos, son las elecciones. Vamos avanzando en la definición de democracia según la establece la Constitución. ¿Y como se efectúa la función de la representación? En la misma STC 10/1983, FJ 2, encontramos que:

 

Lo propio de la representación, de cualquier modo que ésta se construya, tanto basada en el mandato libre como en el mandato imperativo, es el establecimiento de la presunción de que la voluntad del representante es la voluntad de los representados, en razón de la cual son imputados a éstos en su conjunto y no sólo a quienes votaron en su favor o formaron la mayoría, los actos de aquél.

 

Conocido cómo se equipara la voluntad de los representantes a la voluntad de los representados. Y sabido, por lo anteriormente dicho, que los representados expresan su voluntad en las urnas, sabemos además, que los actos de los representantes se nos imputan a los representados. Con esto sería suficiente para desmontar la interpretación del TSJC.

 

  1. H) Pero continuemos, ya que podemos obtener más pistas: ¿Y cómo podemos estar seguros de que la voluntad de los representantes es la de los representados, y no el interés propio de los representantes? Debemos acudir nuevamente a la sentencia STC 119/1990, FJ 7, para saber el cómo:

 

Los Diputados son representantes del pueblo español considerado como unidad, pero el mandato que cada uno de ellos ha obtenido es producto de la voluntad de quienes los eligieron DETERMINADA POR LA EXPOSICIÓN DE UN PROGRAMA POLÍTICO jurídicamente lícito

 

Parece ser que la exposición del programa electoral (jurídicamente lícito, y aquél que contenga información falsa, si se demuestra que es falsa, no es jurídicamente lícito) es lo que determina cual es la voluntad de los electores al elegir a unos determinados candidatos, y no a otros. Entonces parece que el programa electoral, no tiene nada que ver con la “ética política” y sí en cambio con un derecho fundamental, el 23.1

 

  1. I) Después de haber leído esas interpretaciones del Tribunal Constitucional, lo que le queda claro a esta parte es que, según la interpretación que da el TSJC de lo que es la “democracia”, consiste en que la voluntad de los electores que eligen un programa mendaz, es la voluntad de ser engañados. Que cuando los electores eligen a un candidato porque les informa de que bajarán los impuestos, ¿en realidad lo que quieren ES QUE LES SUBAN LOS IMPUESTOS? Simplemente absurdo. Y quien lea las encuestas electorales, incluidas las del CIS, donde el PP ha perdido el 60% de los electores, comprenderá que la voluntad de quienes votaron al PP no era la de ser engañados, ni la de que les subieran los impuestos, ni la de que les aplicaran unos recortes en sueldos, pensiones y servicios públicos que decía el PP que no harían una vez en el Gobierno.

 

Desde luego no cree esta parte que esa interpretación, por irracional (y no es ningún sofisma, es lo que dice el Tribunal Constitucional, como hemos visto), debe ser rotundamente descartada. Y como consecuencia debe rectificarse la Sentencia que motiva este recurso de amparo.

 

Dice el TSJC en su sentencia que caso de no aceptar que el hecho de mentir al elector sea poco ético, pero lícito, “.supondría cuestionar los fundamentos mismos de nuestra democracia constitucional.” Pues sintiéndolo mucho esta parte, no sólo cuestionamos tal interpretación, sino que nos es imposible aceptarla. Y si realmente esa manera de participar en los asuntos públicos es lo que predica el artículo 23.1, es el “elemento básico de todo sistema constitucional” (STC 26/1990, FJ 6), no es de extrañar que la desafección hacia las instituciones del Estado por parte de la ciudadanía, incluyendo la judicatura, sea cada vez mayor y que se esté cuestionando, debido a esas interpretaciones en que es lícito engañar al elector, y después éste debe acatar la voluntad del elegido (que no puede ser considerado su representante, pues las voluntades no coinciden, por mucho que se diga, la realidad es la que es), y durante un periodo de 4 años acatar las decisiones de los elegidos, se cuestione como decimos la propia Constitución, PUESTO QUE SI LO QUE DICE REALMENTE ES ESO, NI PODEMOS HABLAR DE SOBERANÍA POPULAR, NI POR DESCONTADO DE DEMOCRACIA.

 

CUATRO.- A) No sólo se produce la vulneración directa del derecho establecido en el artículo 23.1 por la infracción del derecho establecido en el artículo 20.1.d, sino que además se produce de manera indirecta por vulneración del artículo 14 de la CE, y se produce de dos maneras diferentes:

 

  1. B) En primer lugar por una vulneración del artículo 23.2 de la Constitución, en que se establece que quienes pretenden acceder a cargos públicos tienen igual derecho, en las condiciones que marca la Ley. Quienes han presentado un programa lícito, por decir en él la verdad (y así debe considerarse, según STC 119/1990, FJ 7, mientras un Tribunal no determine lo contrario), no tienen las mismas oportunidades de salir elegidos que quienes presentaron el programa mendaz. Y ello, según STC 5/1983, FJ 3, no vulnera sólo el derecho de los candidatos, sino a la vez el derecho de todos aquellos que les votaron. No puede en un Estado de Derecho, protegerse a quién mintió para obtener la representación parlamentaria con vulneración de derechos fundamentales de los ciudadanos, frente a quienes dijeron la verdad y por ello no resultaron elegidos porque eso afecta al derecho al representante que realmente quiere el ciudadano. Porque elegir a ese representante forma parte de ese derecho a participar en los asuntos públicos, y ese representante no puede ganarse esa representación con informaciones no veraces.

 

  1. C) En segundo lugar, por los mecanismos de restitución de los derechos, dependiendo de si eres elector o elegible. Efectivamente, la LOREG en su artículo 68 establece el mecanismo para corregir informaciones falsas que puedan afectar el derecho a ser elegidos, aunque se refiera al derecho establecido en 18.1 CE, el artículo 20.4 CE lo hace extensible al resto de derechos. ¿Y por que no existen los mecanismos de restitución de informaciones falsas que puedan afectar a la facultad de elegir?¿Es que acaso tienen más derecho a participar en los asuntos del Estado los elegibles directamente, que los electores por medio de representantes? Queda claro que todo el cuerpo de leyes está orientado para proteger los derechos de los elegibles, pero eso no significa que con esta protección automáticamente quedaran garantizados los derechos de los electores, puesto que en casos como el que exponemos, la vulneración la producen los elegibles, con lo cual los electores quedan indefensos.

 

CINCO.- A) En su STC 26/1990 FJ 6, dice el Tribunal Constitucional que “,ha de protegerse al resultado de las votaciones de manipulaciones y falsificaciones que alterarían la voluntad popular”, pues bien protéjannos de la manipulación que supone un programa electoral con información falsa (y se ha demostrado ya suficientemente la negligencia o la mendacidad del PP, por cuanto conocían los datos macroeconómicos que impedían el cumplimiento de los hechos informados)

 

Dice el Tribunal Constitucional que “El derecho que la Constitución (art. 23.1 ) garantiza a todos los ciudadanos de participar en los asuntos públicos mediante representantes libremente elegidos”, pues bien, protejan nuestra libertad de elección de las manipulaciones de nuestra voluntad realizadas mediante informaciones falsas emitidas en declaraciones, mítines, programas electorales, noticias y demás soportes y medios de comunicación.

 

  1. B) En su sentencia STC 10/1983, FJ 2 que “Si todos los poderes del Estado emanan del pueblo, podrá discutirse la conveniencia o, dentro de un sistema representativo concreto, la licitud de la facultad de revocación concedida a los electorales, o la oportunidad o la justicia de aquellas normas jurídicas que, de modo general, establezcan, como consecuencia necesaria de ciertos supuestos de hecho, el cese del representante en las funciones que el pueblo le ha conferido...”, pues bien, discutan si los electorales podemos o no podemos revocar el mandato otorgado a quienes alteraron nuestra libertad de elección y nuestra voluntad, apropiándose de nuestra soberanía. Discutan si podemos hacerlo y por qué vías, o si por el contrario tendremos que aceptar los dictados de unas personas que no nos representan, puesto que vulneraron nuestros derechos fundamentales. Discutan todo ello y tengan en cuenta que de lo que decidan, dependerá que la paz social, garantizada por la Constitución, se mantenga o sean los responsables últimos de la destrucción del Estado de Derecho y del sistema constitucional.

 

  1. C) Resumiendo:

 

  1. el Juzgado contencioso administrativo 12 de Barcelona considera que las promesas electorales (de las cuales no existe definición ni límites jurídicos) no son materia justiciable, siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo. Por su parte, la Sala de lo Contencioso Administraivo del TSJC falla en la apelación sobre los “programas electorales”, por lo que debemos suponer que equipara los “programas electorales” con “las promesas electorales”, a no ser que esté incurriendo en incongruencia extra petita.
  2. Por el contrario, el Tribunal Constitucional en su STC 119/1990, FJ 7, considera que los programas electorales sí que son materia justiciable.
  3. El TSJC establece que los programas electorales, no contienen información, aunque sean declaraciones públicas realizadas en medios de comunicación, sobre hechos objetivos, como pueda ser la subida del IVA
  4. Por el contrario el Tribunal Constitucional considera que la información viene definida cuando se refiere a hechos objetivos, noticiables y de trascendencia pública (STC 6/1998, FJ 2), cual puede se el anuncio de la subida o bajada del IVA.
  5. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, considera que el programa electoral mendaz, es lícito y que entraría en el ámbito de la ética política, no de los derechos fundamental a la información veraz ni al de participar en los asuntos del Estado mediante representantes.
  6. Por el contrario el Tribunal Constitucional considera que la exposición de los programas electorales determina la voluntad popular en el acto de elegir a los representantes (STC 119/1990, FJ 7). Por tanto si son mendaces sí que afectan a los derechos fundamentales
  7. Las resoluciones aquí recurridas consideran que prima la libertad de hacer o no hacer de los representantes (su voluntad) por encima de la voluntad de los representados, voluntad determinada según el punto anterior por la exposición de un programa político jurídicamente válido
  8. El TC establece en su STC 10/1983, FJ 2, que se debe considerar la voluntad de los representantes como la voluntad de los representados.
  9. Ambas resoluciones (la del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo y la del TSJC) consideran que de imponer el cumplimiento de la veracidad de la información expuesta en el programa electoral (y en las declaraciones de los líderes), supondría una vulneración de la libertad de hacer o no hacer del Gobierno, sujetándolo a mandato imperativo.
  10. Por el contrario, el Tribunal Constitucional establece en su STC 119/1990, FJ 7, que el programa electoral no puede ser considerado como un mandato imperativo, lo cual es lógico si es lo que determina la voluntad del representado en el momento de la elección.
  11. Además, en su STC 107/1991, FJ 3, el Tribunal Constitucional establece como elementos básicos en la elección, las candidaturas y los programas En esa sentencia además establece que no deben existir elementos en la campaña electoral que puedan llevar a confusión que coarte la libertad del elector y ¿Qué puede llevar más a confusión que un programa político lleno de información falsa?

 

En virtud de lo antedicho,

 

SOLICITUD INTERESADA

 

1º.- Solicitamos de ese Tribunal que determine si es lícito que los candidatos a representar la voluntad de los electores mientan para obtener esa representación, tal y como establecen los fallos que recurrimos como vulneradores de nuestros derechos. Solicitamos que ese Alto Tribunal determine con claridad y sin ningún género de dudas si las declaraciones de los candidatos durante la campaña electoral, forman parte del programa electoral, aún cuando se refieran a hechos no contenidos en el programa electoral. Solicitamos que determine con claridad si los programas electorales o las declaraciones de los candidatos contienen información o no, cuando cumplen los requisitos que da para la información el mismo Tribunal. Y en concreto la parte interesada sobre la subida del IVA.

 

2º.- Solicitamos la restitución del derecho de mi representado a recibir información veraz y a participar en los asuntos del Estado mediante representantes, por las vías propuestas por esta parte en el recurso de amparo original o por otras que el Tribunal Constitucional considere se ajustan a lo establecido en la Constitución.

 

3º.- Dada el largo tiempo transcurrido entre la interposición de nuestro recurso de amparo judicial y el actual recurso de amparo constitucional, durante el cual se están agravando las lesiones producidas en los derechos e intereses de mi representado, solicitamos que sea directamente el Tribunal Constitucional quien determine si se han lesionado los derechos de mi representado, en vez de retornar el caso al Tribunal que hubiera correspondido originalmente conocer del caso (el Tribunal Supremo), para evitar dilaciones innecesarias que tengan consecuencias irreversibles en dichos derechos e intereses. Caso contrario, solicitamos que adopten las medidas necesarias para que el Tribunal competente resuelva de manera inmediata, dado que ya se han realizado todas las alegaciones pertinentes por las partes.

 

OTROSÍ DIGO: Que siendo que el presente recurso de amparo son parte interesada el actual gobierno y el Partido Popular, y habiéndose nombrado diversos Magistrados de ese Tribunal Constitucional a propuesta de dicho partido, se tengan por recusados dichos Magistrados así como cualquier otro que pudiera tener relación directa o indirecta con el Partido Popular o miembros del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la LOTC y 107 y ss. de la LEC a la que aquél se remite,

 

AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SUPLICO: En virtud de lo antedicho, se tengan por recusados todos aquellos Jueces del Tribunal Constitucional que hayan sido designados directa o indirectamente por la parte contraria, o tengan vínculos familiares, de amistad o cualquier otro vínculo laboral, comercial, social, etc. que pueda derivar en una falta de imparcialidad objetiva o subjetiva en la valoración de los hechos.

 

 

En Madrid, a 24 de Junio de 2013.

 

 

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