RECURSO CONTRA EL PP: Nuestras alegaciones a sus alegaciones (que lío) (II)

noviembre 8, 2012 § Deja un comentario

Y la segunda parte de nuestras alegaciones:

 

CUARTO.- SOBRE LAS ALEGACIÓNES POR FALTA DE FUNDAMENTO POR TRATARSE DE POR TRATARSE DE ACTIVIDAD NO SUSCEPTIBLE DE IMPUGNACIÓN

UNO.- En su segunda Alegación, la Abogada del Estado pretende la indamisión de nuestro recurso por falta de fundamento por inexistencia de vulneración de los derechos fundamentales aducidos. Respecto al Auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que cita para avalar su tesis sobre la falta de fundamento de nuestro recurso, dicho Auto expresa:

  • “[…] admitiendo la constitucionalidad de la inadmisión del recurso contencioso-administrativo tramitado por la vía del procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales cuando se demuestra de manera CLARA Y RAZONABLE la inexistencia de lesión alguna de derechos fundamentales. […]”

Como hemos podido ver en la alegación precedente y veremos en los puntos siguientes de la presente alegación, las exigibles claridad y razonabilidad en la demostración de la inexistencia de lesiones en los derechos fundamentales que reclamamos, NO HAN EXISTIDO, siendo por tanto que esta alegación carece de todo fundamento.

Apunta la Abogada del Estado que se requiere que exista consistencia en los argumentos ofrecidos, consistencia que ya presentaba el recurso presentado, pero que no dudamos en reforzar con las presentes alegaciones, eliminando la confusión que sufre la Abogada del Estado respecto al objeto impugnado. Por otra parte, también remarca que se debe establecer cual es el posible efecto negativo en la esfera de los derechos de los ciudadanos, hecho este que está más que suficientemente argumentado en la alegación Sexta de nuestro recurso, todo ello sustentado con la doctrina del TC, esto es la lesión de otro derecho fundamental, el expuesto en 23.1, en su máximo grado, sufrido no sólo por mi representado sino por la globalidad de la ciudadanía.

DOS.- Además, decir que a pesar de lo dicho por la Abogada del Estado, en ningún lugar de nuestro recurso alegamos la vulneración del Derecho de Rectificación de informaciones no veraces, por cuanto exponemos que dicha vía no constituye la restitución del Derecho Fundamental violentado por la INFORMACIÓN NO VERAZ.

TRES.- Aquí encontramos una sorprendente afirmación de la Abogada del Estado, por cuanto, CONTRARIAMENTE A TODA LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, limita el derecho a participar en los asuntos del Estado a través de representantes, al derecho al sufragio activo, cual si en el momento de ejercer el derecho a voto desapareciera todo vínculo entre representantes y representados. Existen muchas sentencias del TC sobre manipulación del proceso electoral en diversas maneras, muchas de ellas referidas en nuestro recurso, todas ellas sobre situaciones vulneradoras de los derechos establecidos en los artículos 23.1 y 23.2 Y EN NINGUNO DE LOS CASOS LAS LESIONES REALIZADAS SOBRE EL DERECHO A REPRESENTACIÓN CONSISTEN EN LA LIMITACIÓN O IMPEDIMENTO DEL EJERCICIO DEL SUFRAGIO ACTIVO.

Es pues innecesario profundizar en este tema ya que con las alegaciones expuestas en nuestra alegación SEXTA del Recurso de Amparo Ordinario de la referencia, queda más que explicitada la manera en que la precedente vulneración del derecho a recibir información veraz establecido en 20.1.d, lesiona en consecuencia el derecho a representación establecido en el art. 23.1, argumentos de nuestra alegación contra los que la Abogada no ha presentado ningún argumento para rebatirlos. Sólo decir que si, como dice la Abogada del Estado “…difícil resulta acreditar la vulneración del derecho de sufragio activo, cuando este se materializa simplemente con el ejercicio del derecho a voto…”, no tendría sentido que el TC hubiera dedicado tantos procesos a resolver sobre dicho derecho sin que en ningún caso figure dicha vulneración al ejercicio del derecho al voto.

Si el derecho a participar en los asuntos públicos mediante representantes no se realiza a través del voto, ¿COMO VAMOS A HACERLO? Y si los que se postulan como representantes para obtener el voto emiten informaciones no contrastadas o no veraces para conseguirlo, NOS ESTÁN HACIENDO PARTICIPAR DE LOS ASUNTOS PUBLICOS DE FORMA MANIPULADA Y ESTO SI ES UN FRAUDE.

Defender un Derecho Fundamental, aunque sea a través de un mal abogado o un erróneo procedimiento NO ES UN FRAUDE PROCESAL como dice la Abogada del Estado, en todo caso, es UN ERROR DE PLANTEAMIENTO, cosa que en este caso no sucede porque no puede hacerse de otra manera, salvo que ese órgano judicial nos ilustre el camino para hacerlo y sirva de guía para futuros casos.

CUATRO.-  Nuevamente la Abogada del Estado expone hechos que no han sido impugnados, lo cual demuestra su confusión sobre el objeto de nuestro recurso, como es el caso del derecho a la Libertad de Expresión contenido en el art. 20.1.a CE, al decir que mi representado ha podido ejercer tal derecho en los foros de opinión públicos, y decir además que se vincula este derecho con el derecho de rectificación, vinculación que no se realiza en ningún lugar del recurso. Cabe decir no obstante, que aunque mi representado si ha podido expresar su opinión, dicha opinión siempre a ido referida a los hechos que se presentaron como veraces y que resultaron no serlo por la acción del Gobierno, mientras que en caso de haberse presentado la información de los hechos reales, su opinión hubiera sido, necesariamente, otra (no puede opinarse sobre dos hechos opuestos de la misma manera) y consecuentemente, la elección de su voto podría haber sido totalmente diferente del ejercido en su momento. Este es sólo un ejemplo de como dicha información NO VERAZ ha modificado la opinión pública, SUPONIENDO POR TANTO LESIÓN EN SU DERECHO A LA PARTICIPACIÓN EN LOS ASUNTOS PÚBLICOS A TRAVÉS DE REPRESENTANTES PORQUE NO QUERÍA QUE ÉSTOS HICIERAN LO QUE HAN HECHO, SINO LO QUE HAN INFORMADO EN SUS PROGRAMAS ELECTORALES (como nexo, o punto de unión de la información no veraz), QUE PARA ESO ESTÁN.

CINCO.- En cuanto al objeto principal de nuestro recurso, esto es la vulneración del derecho de mi principal a recibir información veraz establecido en el art. 20.1.d CE, es en la alegación segunda de su escrito, el único lugar de la totalidad del mismo donde la Abogada hace mención expresa a tal derecho, diciendo simplemente que no queda probada con los elementos aportados, pero sin presentar argumentación alguna del porqué no se produce tal vulneración, ni demostrar como los hechos presentados son falsos o insuficientes. Esta parte esperaba un mejor desarrollo de esta cuestión y no un tratamiento tan marginal, PORQUE ES FUNDAMENTAL.

Como ya se dijo en nuestro recurso, se realizó una selección de las INFORMACIONES vertidas por la parte demandada, selección limitada debido al gran volumen de información existente al respecto y a los medios disponibles por un simple ciudadano, como es el caso de mi representado, selección que se presentó en un anejo del recurso.

No obstante la limitación de tal selección, por cuestiones de trabajo, tiempo y dinero, es más que suficiente para sustentar los hechos presentados y las argumentaciones realizadas por esta parte. Sin embargo, a la Abogada no le parece suficiente, sin explicitar el porque ni presentar argumento alguno.

SEIS.- Cuando (referido al procedimiento especial de tutela de los Derechos Fundamentales) el representante del PP dice que la solicitud de tutela por dicho procedimiento debe ser examinada por los tribunales con especial rigor, es evidente que ese “especial rigor” no ha sido seguido por ellos mismos, puesto que NO HACEN ALUSIÓN NI UNA SÓLA VEZ a los hechos impugnados. Queda claramente expuesto en nuestro recurso que se trata de DERECHOS FUNDAMENTALES, se los identifica plenamente, se aportan las pruebas de los hechos para determinar si su vulneración, tal como es nuestra opinión, ha sido real, PRUEBAS QUE NO HAN SIDO MENCIONADAS NI UNA SOLA VEZ.

NO APORTAN PRUEBAS NI ARGUMENTOS QUE DESCIRTÚEN O REBATAN QUE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE ESTA PARTE NO HAYAN SIDO VULNERADOS, por cuanto ni siquiera hacen referencia a ellos.

Reiteramos todo lo expuesto en el Punto 3 de nuestra Alegación 2ª del presente escrito, referido a las exigencias del TS en cuanto a la admisión del recurso.

El representante del Partido Popular para apoyar sus pretensiones de inadmisión, hace mención en su escrito a las sentencias del TS del 15 de Febrero de 2010 y del 15 de octubre de 2010, donde se explicita además de lo ya alegado en el mencionado Punto 3 de nuestra Alegación 2ª, que:

  • “habrá de limitarse a constatar si la fundamentación de la pretensión incluye esos elementos […] salvo cuando la interpretación jurídica avanzada en el escrito de interposición sea abiertamente contraria a lo que sea ya una línea jurisprudencial consolidada o, también, cuando los hechos aducidos sean absurdos o claramente inverosímiles.

Como ya hemos dicho, no existe una línea jurisprudencial consolidada referida a los hechos expuestos en nuestro recurso. Por otro lado, en este caso lo que es claramente inverosímil, es que la parte opuesta pretenda la inadmisión del recurso, aduciendo falta de fundamento, alegando sobre unos hechos que no son los impugnados en el recurso cuando, por el contrario, no aluden a los hechos impugnados y, por tanto, no demuestran la falta de fundamento.

En tal caso, si insisten en solicitar la inadmisión, tal y como explicita la doctrina del TS, solicitamos que esa parte demuestre de manera CLARA Y RAZONABLE, que los hechos sobre los que se funda el recurso, no son impugnables, y en caso contrario, que no se tengan en cuenta dichas alegaciones de inadmisibilidad.

SIETE.- Como ya hemos dicho con anterioridad, NO SE IMPUGNA LA POTESTAD LEGISLATIVA DEL GOBIERNO, O QUE LAS DISPOSICIONES GENERALES TENGAN EL CARÁCTER DE REAL DECRETO-LEY, NI QUE LA SITUACIÓN SEA DE ESPECIAL URGENCIA O NO. TAMPOCO SE IMPUGNA LA OPORTUNIDAD, LA EFECTIVIDAD O LA NECESIDAD DE LAS DISPOSICIONES GENERALES Y LOS ACTOS QUE DE SU APLICACIÓN SE DERIVAN, NI SIQUIERA SE IMPUGNA LA LEGALIDAD O CONSTITUCIONALIDAD INTRÍNSECA DEL CONTENIDO DE DICHAS DISPOSICIONES.

En nuestro recurso lo que se está impugnando SON LAS CONSECUENCIAS QUE SE DERIVAN DE LA APLICACIÓN DE TALES DISPOSICIONES SOBRE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE MI REPRESENTADO POR EXISTIR UN CONDICIONANTE PREVIO A TALES DISPOSICIONES, que es cosa bien distinta.

En efecto, el Gobierno tiene potestad legislativa y capacidad para decidir sobre la necesidad u oportunidad de la toma de unas medidas u otras, pero SIEMPRE DENTRO DEL RESPETO A LA CONSTITUCIÓN, A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y A LA LEGISLACIÓN, y en este caso, a la hora de ejercer su potestad legislativa, deberían haber tenido en cuenta la existencia de ese factor previo, esto es, LA EXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN ANTERIORMENTE EMITIDA POR LAS MISMAS PERSONAS QUE CONFORMARÁN POSTERIORMENTE EL GOBIERNO, EN LA FASE DE CAMPAÑA ELECTORAL Y AÚN ANTES, Y QUE SUS ACTOS LEGISLATIVOS DEBERÍAN AJUSTARSE AL CONTENIDO DE DICHA INFORMACIÓN, ya que en caso contrario la estarían transformando en FALSA (NO VERAZ), y por tanto podrían estar vulnerando los Derechos Fundamentales de los ciudadanos, como así ha sido en nuestra opinión.

Así pues, la información emitida, como explicamos en el recurso, se centra en hechos concretos y en hechos de una gran trascendencia pública, lo cual, según el criterio del Tribunal Constitucional, OBLIGA al emisor a GARANTIZAR su veracidad mediante un CONTRASTE de los datos, contraste que debería presentar, también a criterio del TC, la MÁXIMA DILIGENCIA por cuanto que AFECTAN A OTRO DERECHO FUNDAMENTAL (en este caso el Derecho a participar en los asuntos públicos mediante representantes) y ESO ES LO QUE NO SE HIZO.

Entonces encontramos que se pone de relieve que dicha diligencia máxima no existió, aún cuando existían los datos NECESARIOS para contrastar las informaciones emitidas, disponibles al alcance de cualquiera y más aún a partidos políticos con representación parlamentaria, con medios más que suficientes para obtenerlos. Y siendo como son las mismas personas físicas las que cometen la vulneración, en especial el máximo representante del PP y del Gobierno actual, aun estando en cada caso asociadas a personalidades jurídicas diferentes (el Partido Popular y el Gobierno de España), dichas personas físicas no podrían vulnerar los derechos fundamentales de mi representado de no disponer de las ventajas que les otorgan estar asociados a esos organizaciones y organismos de diferente personalidad jurídica.

Para mayor entendimiento, cosa distinta ocurriría si habláramos de un nuevo partido con nuevas personas que no han participado de los asuntos públicos en una legislatura anterior, que no hubieran podido acceder con igual facilidad a la información que luego les sirviera para confeccionar su programa electoral y comunicarlo a los electores para que estos participaran en los asuntos públicos de la nueva legislatura a través de representantes.

Es cierto por otro lado, que nuestro ordenamiento jurídico no prevé otro procedimiento de tutela jurisdiccional de los Derechos Fundamentales que no sea el presente Contencioso-Administrativo.

También es cierto que el Partido Popular no forma parte de la Administración, pero por otro lado, también es cierto que los partidos políticos, por cuanto sus características esenciales delimitadas por la Constitución, no están desligados de la acción de la Administración, en especial en el casos de la existencia de cargos establecidos por elección o por designación y no por oposición. Es imposible pues desligar la acción del Gobierno y del Presidente, de los actos del partido cuya acción sustenta dicho Gobierno, sin cuyo apoyo sería imposible que el Presidente y el Gobierno se eligieran y se mantuvieran en el poder o incluso que se aprobaran los actos que denunciamos como vulneradores de los Derechos Fundamentales.

Es decir: que el PP, como explicaremos en la alegación correspondiente, es parte directamente implicada en la vulneración de los Derechos Fundamentales de mi representado, y no es culpa de esta parte el hecho de que exista una laguna legislativa (olvido muy conveniente de todos los Gobiernos anteriores y de los partidos que han sustentado su acción de Gobierno) en lo referente a que, en determinados casos específicos como el presente, se precisa el concurso de la Administración y otra organización de consideración jurídica diferente, que puedan realizar tal vulneración de los Derechos Fundamentales.

No es aceptable por tanto, que se vulnere otro Derecho Fundamental, como es el de la Tutela judicial efectiva, dejando a mi representado en indefensión frente a la vulneración de sus derechos por ese simple motivo de inexistencia de legislación clara aplicable a este supuesto, cuando sus derechos fundamentales están garantizados por la Constitución y si atendemos a todas las circunstancias anteriormente expuestas.

Este hecho de no coincidencia de personalidades jurídicas no es circunstancial, ya que cuando se concurre a las elecciones, el Gobierno no está formado, pues es precisamente el objetivo de dichas elecciones. No puede ser pues en ese momento el Gobierno el que vele por la veracidad  de las informaciones emitidas por las personas que, si así lo decide la voluntad de las personas a quienes precisamente va dirigida la información (voluntad que por tanto será manipulada si la información no es veraz), aún han de formar ese futuro Gobierno. Pero las personas son las mismas.

QUINTO.- SOBRE LA ALEGACIÓN DEL MINISTERIO FISCAL Y LA TERCERA ALEGACIÓN DE LA ABOGADA DEL ESTADO Y ALEGACIÓN CUARTA DEL PARTIDO POPULAR

En el caso de la alegación del Ministerio Fiscal, que es compartida por la Abogada del Estado en su alegación Tercera y por el representante del Partido Popular en su alegación Cuarta. Ésta parte no tiene ningún objeción que oponer, siendo que se solicita de este Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 12 de Barcelona, que si así lo considera procedente en Derecho, eleve el presente recurso a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva de esta parte.

SEXTO.- SOBRE LAS ALEGACIONES POR EXTEMPORANEIDAD DEL RECURSO

UNO.- En su cuarta alegación, la Abogada del Estado solicita la inadmisión por extemporaneidad del recurso presentado por esta parte. Dicha solicitud carece de fundamento, por cuanto es evidente que la Abogada del Estado desconoce que el presente recurso fue presentado ante el Juzgado Decano de lo Contencioso Administrativo de Barcelona en fecha 5 de Septiembre, esto es, dentro de los plazos establecidos en el artículo 115 LJCA, siendo la fecha del 23 de Septiembre citada por la Abogada la de presentación del recurso con la corrección de los defectos de forma, dentro del plazo otorgado a tal efecto por este Juzgado del Contencioso Administrativo nº 12 de Barcelona. Ha confundido la fecha de presentación ante el Decanato de los Juzgados Contencioso-Administrativos con la de rectificación de errores.

DOS.- En el escrito del representante del PP, nuevamente encontramos que se alega extemporaneidad de nuestro recurso como motivo de inadmisión, (si bien, a diferencia de la Abogada del Estado, quien interpretó correctamente la fecha de entrada en vigor del RD Ley 20/2012 en lo referente al impuesto del IVA de 1 de Septiembre de 2012, como la fecha del acto que da lugar a la impugnación, equivocándose en la fecha de presentación del recurso), el representante del Partido Popular interpreta erróneamente la fecha de publicación del RD Ley 20/2012, como fecha de inicio de contabilización del plazo. Es obvio que dicha confusión es debida nuevamente a que esa parte elude el artículo 26, donde se establece que:

“Artículo 26

“1.-Además de la impugnación directa de las disposiciones de carácter general, también es admisible la de los actos que se produzcan en aplicación de las mismas, fundada en que tales disposiciones no son conformes a Derecho.

2.- La falta de impugnación directa de una disposición general o la desestimación del recurso que frente a ella se hubiera interpuesto no impiden la impugnación de los actos de aplicación con fundamento en lo dispuesto en el apartado anterior.”

Debido a la naturaleza del hecho impugnado, información no veraz, la veracidad de las cuales dependía de futuras actuaciones del Gobierno como expusimos en el recurso presentado, esta parte consideró que era el acto de aplicación de la disposición general (26.2 LJCA) cuando se materializaba la no veracidad de las informaciones vertidas anteriormente. Además, y ha sucedido con otros RD Ley, podían haber modificaciones posteriores a su publicación (rectificaciones publicadas en el BOE), o incluso darse el caso de no aplicación del mismo, si el Gobierno en su acción política y su libertad de hacer o no hacer, así lo hubiera decidido, con lo cual no se hubiera materializado la no veracidad de la información vertida, y por tanto en este caso si que no hubieran existido hechos impugnables. Atendiendo a lo que establece el artículo 26.2, el no haber impugnado la disposición ( RDL 20/2012, que hasta que no se aplica, no materializa la vulneración), no supone un criterio de inadmisibilidad y por tanto el plazo referido en este caso es el correspondiente al de la aplicación del acto vulnerador Recordemos por otra parte, que el art. 2.a) de la LJCA establece que en lo referente a la tutela de los D.F., es indiferente la naturaleza del acto que produce la vulneración de dichos Derechos Fundamentales.

SÉPTIMO.- SOBRE LA ALEGACIÓN QUINTA DEL PARTIDO POPULAR POR FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA DE ESA PARTE

Tal y como alegan, efectivamente el PP no es parte de la Administración, pero en este proceso si que son parte interesada, por cuanto:

  1. El artículo 21.1.b de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa les otorga dicha legitimación pasiva, eliminando la figura del coadyuvante.
  2. El máximo responsable del Partido Popular y el máximo responsable del Gobierno, son la misma persona, el señor D. Mariano Rajoy. Existe además coincidencia en muchas otras personas del Partido y del Gobierno.
  3. El máximo responsable de la emisión de las noticias no veraces por parte del PP y el máximo responsable por parte del Gobierno de los actos que transforman esas informaciones en no veraces, son la misma persona, D. Mariano Rajoy. Existe también coincidencia en numerosas otras personas, ya expuestas.
  4. La emisión de informaciones por miembros del Partido Popular, tenía como objetivo crear una opinión pública favorable, con el fin de obtener la confianza de la ciudadanía para elevar a su candidato y máximo responsable, a la Presidencia del Gobierno, como así ha sido.
  5. La acción de Gobierno que permite la realización de actos vulneradores de los derechos fundamentales de mi representado, se sustenta en la acción de militantes del Partido Popular.
  6. Los militantes del Partido Popular se hayan sujetos no sólo a la Constitución, sino también a sus Estatutos, aprobados por unanimidad en Diciembre de 2011, una vez obtenida la Presidencia del Gobierno por su candidato, donde figura en su art. 1 punto primero: “1.- El Partido Popular es un partido político de ámbito nacional que, constituido al amparo del artículo 6 de la Constitución Española, se rige por lo establecido en la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, por las demás disposiciones legales vigentes, por los presentes Estatutos y por los Reglamentos que los desarrollen.” Y en su art. 2 punto primero: “Defiende la dignidad del ser humano y los derechos y libertades que le son inherentes. Propugna la democracia, el Estado de Derecho y la separación de poderes como base de una convivencia pluralista, en libertad e igualdad de todos los españoles amparada por la Constitución.”
  7. La LO 6/2002 de Partidos, explicita en su Art. 4: “Los afiliados a un partido político cumplirán las obligaciones que resulten de las disposiciones estatutarias y, en todo caso, las siguientes:[…] b. Respetar lo dispuesto en los estatutos y en las leyes.”
  8. Es deber del Partido Popular que sus militantes, máxime cuando son cargos de responsabilidad del mismo, velen por el cumplimiento de la Constitución y de sus Estatutos, así como de la Ley de Partidos, en nuestro caso, los derechos fundamentales de mi representado.
  9. En lo referente a los Derechos Fundamentales, no existe otro procedimiento jurisdiccional que no sea el contencioso-administrativo presente. No es culpa de esta parte que exista ese vacío legal, ni debe permitirse que tal vacío lesione los intereses de mi representado. El Partido Popular es coautor de la vulneración, por cuanto todo lo anteriormente expuesto.

OCTAVO.- SOBRE LA ACUSACIÓN HECHA A ESTA PARTE DE FRAUDE PROCESAL POR PARTE DE LA ABOGADA DEL ESTADO

La acusación de fraude procesal realizada por parte de la Abogada del Estado, nos ha sorprendido enormemente tanto por la gravedad de la misma, como por la desproporción de las demandas al juzgado en referencia a tal acusación, esto es, la imposición de las costas a mi representado y la fiscalización por el ICAB de la actuación de este Letrado.

Lo más sorprendente es que realiza tan grave acusación SIN PRUEBA ALGUNA, NI RAZONAMIENTO QUE LA SOSTENGA , y encima se atreve a calificar el asunto de FRAUDE PROCESAL pidiendo que se remita testimonio de la actuación profesional del que suscribe al Colegio de Abogados, EN UNA CLARA INTENCIÓN INTIMIDATORIA Y EJEMPLARIZANTE para que los abogados y procuradores nos lo pensemos antes de defender derechos fundamentales de nuestros clientes, máxime cuando el Ministerio Fiscal no hace mención alguna a tal SUPUESTO FRAUDE PROCESAL.

Revisemos los motivos aducidos y hechos aportados por esta parte para ver donde, supuestamente, puede haber la Abogada del Estado el presunto fraude procesal que nos imputa:

  • ¿Son falsas o manipuladas las noticias aportadas por esta parte? No, hecho fácilmente contrastable, más aún cuando en las hemerotecas existen otros centenares de noticias que las avalan. No existe pues fraude aquí.
  • ¿Se refieren dichas informaciones (las que no están referidas a datos económicos) a las declaraciones vertidas por personas del PP a hechos de su futura acción de Gobierno, caso de ser elegidos? SI, por cuanto aquí tampoco existe el pretendido fraude.
  • Se han revelado las informaciones contenidas en dichas noticias sobre la futura acción de Gobierno como no veraces, debido a la propia acción del Gobierno? SI, tampoco existe pues ningún tipo de fraude aquí.
  • ¿Son las mismas personas aparecidas en dichas noticias, las que emitieron la información no veraz y las que han cometido los actos que han transformado dichas informaciones en no veraces? SI, por lo menos en cuanto a la mayoría de ellas y en especial al máximo responsable de la emisión de las informaciones y de los actos que han transformado en no veraces dichas informaciones, el Sr. D. Mariano Rajoy. No existe pues tampoco ningún tipo de manipulación ni posible fraude en este aspecto.
  • ¿Existe el derecho fundamental a recibir información veraz, establecido en la Constitución? SI, dicho derecho está establecido en el art. 20.1.d CE, con lo cual aquí tampoco tiene sentido aducir fraude.
  • ¿Existen sentencias del TC referidas a la naturaleza de las informaciones para ser consideradas veraces? SI, dichas sentencias están públicamente expuestas, siendo imposible su manipulación. No existe ningún tipo de fraude.
  • ¿Se ajustan los hechos imputados a las casuísticas establecidas en dichas doctrinas constitucionales? SI, como hemos demostrado en nuestras alegaciones. No existe pues fraude procesal.
  • ¿Es posible pues aducir la vulneración de los derechos de mi representado? SI, y es simplemente lo que esta parte ha hecho, sin que exista en ello ningún tipo de fraude.
  • ¿Tiene la información no veraz emitida por esas personas, incidencia directa en el proceso electoral? SI, por tanto es también lícito reclamar la vulneración del otro derecho establecido en 23.1 CE. No existe pues fraude aquí tampoco
  • En virtud de todo lo anteriormente expuesto, ¿nos asiste el derecho a la tutela judicial efectiva de sus derechos vulnerados, establecida en la Constitución, o caso de pretender defender dichos derechos se está incurriendo en fraude procesal como pretende la Abogada del Estado?. Eso tiene que decidirlo el juzgador.

Bien, si en la manipulación de los hechos no se halla el pretendido fraude procesal, pasemos a ver los intereses que mueven a esta parte:

  • ¿Busca esta parte perjudicar a la contraria? NO, por cuanto en las vías de restitución de los derechos vulnerados, se han buscado aquellas que fueran respetuosas con los derechos de la parte contraria, mostrando la buena fe de esta parte. NO EXISTE PUES FRAUDE PROCESAL.
  • ¿Busca esta parte algún beneficio ilegítimo con su recurso? NO, los únicos beneficios que busca esta parte son la restitución de los derechos de mi mandante, y así lo hemos dicho en nuestro recurso, HABIENDO INCLUSO RENUNCIADO A RECLAMAR CUALQUIER OTRA COMPENSACIÓN QUE EN LEY LE PUDIERA CORRESPONDER, dejando este hecho explícito también en nuestro recurso. ¿DONDE SE ENCUENTRA ENTONCES EL FRAUDE PROCESAL?.
  • ¿Utiliza esta parte los cauces legales para la defensa de su derecho?. Sí, aunque si son erróneos será ese Tribunal quién cual pastor nos ponga en el buen camino.

Es por tanto inadmisible la tesis que sustenta la Abogada, por cuanto según su interpretación, cualquier litigante que, habiendo visto lesionados sus derechos o intereses por otra parte, acudiera en busca de la tutela judicial para intentar acceder a la restitución de dichos intereses o derechos, estaría cometiendo fraude procesal, por cuanto estaría buscando su beneficio en dicha restitución, y un perjuicio a la otra parte al cancelar los hechos que llevaron a lesionar dichos derechos o intereses. Esto es, la antítesis del Estado de Derecho.

Por tanto, si no hay pruebas, ni argumentos ni mala fe, ¿qué mueve a la Abogada del Estado a realizar tan graves acusaciones y a realizar tan desorbitadas peticiones? Ignoramos, las motivaciones o intereses de la Abogada del Estado para realizar esas acusaciones y esas peticiones, máxime cuando no se sustentan en nada, parecerían más medidas disuasorias destinadas a desanimar a quien quisiera, legítimamente, acceder a la protección de sus derechos frente a actos del Gobierno, considerando pues que se ha excedido en sobremanera en sus consideraciones. No prevé esta parte en este momento procesal, el realizar más acciones que la solicitud de desestimación de tales acusaciones, así como su rectificación.

Así tenemos que la Abogado del Estado confunde el objeto del recurso, presenta como impugnados hechos que no lo son, presenta alegaciones contrarias a la doctrina del Tribunal Constitucional y finalmente, sobre el objeto principal del recurso, no presenta ninguna prueba o argumento que justifique su pretensión de que dicho objeto no ha quedado justificado. Y EN BASE A TODO ELLO REALIZA TAN GRAVE ACUSACIÓN. El que suscribe se siente COACCIONADO CON LA PETICIÓN DE TESTIMONIO y mi representado COACCIONADO CON LA IMPOSICIÓN DE COSTAS, por lo que interviniendo el Ministerio Fiscal, se dé tanto de culpa al mismo para que se aclare si existe un fraude procesal por esta parte o una coacción y calumnia por la Abogada del Estado.

Por todo lo anteriormente expuesto,

Al JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 12 DE BARCELONA SUPLICO: Que teniendo por presentado este escrito, tenga a bien contemplar las presentes ALEGACIONES a los escritos presentados por las partes y por el Ministerio Fiscal y tras su trámite se resuelva conforme a la pretensión indicada por el recurrente, esto es:

-Que caso de que así lo considere, se eleve el presente recurso a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, a los efectos de poder acceder a la tutela judicial efectiva de los derechos vulnerados.

-Que se desestime el resto de alegaciones del legal representante del Partido Popular y  de la Abogada del Estado, en especial respecto de esta última, la acusación de fraude procesal y las medidas por ella solicitadas en consecuencia y se adopten las medidas procesales aclaratorias a si se ha cometido cualquier tipo de acto que merezca consideración penal.

En Barcelona, a veintinueve de Octubre de dos mil doce”

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