Recurso contra el PP: El Imperio contraataca!!!!! (II)

octubre 30, 2012 § Deja un comentario

Esta segunda parte es la más importante, porque es donde la Abogada del Estado NOS ACUSA injustificdamente de FRAUDE PROCESAL. Aquí, si alguien ha cometido un fraude, es indudablemente el PP mintiendo, pero eso a ella le da igual, hay que escarmentar a lxs capullxs que se atrevan a denunciar al sistema. Y lo más triste es que seguramente ganará. Hay que decir que la Abogada del Estado está vinculada (da clases) en la Universidad CEU Abad Oliba, que pertenece a la asociación de Propagandistas Católicos Españoles. Y esta Universidad es cantera de insignes politicxs peperxs, además de otras personas vinculadas directamente o indirectamente al PP, como locutorxs de radio y televisión de las cadenas del régimen, periodistas, etc, etc. Pero ¿Quién dijo miedo?

SEGUNDO: MANIFIESTA FALTA DE FUNDAMENTO DEL RECURSO POR INEXISTENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES

Tal como recuerda el Auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 31 de octubre de 2001 (recurso de apelación nº 157/2001, Sección 2ª), recogiendo la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, cabe la inadmisión in limine del recurso contencioso por el procedimiento de derechos fundamentales, cuando resulta manifiesta la inexistencia de vulneración de los derechos fundamentales alegados:

“Recordemos que en el ATC 393-88 de 10 de octubre recuerda el máximo interprete constitucional que desde sus iniciales sentencia 37/82, de 16 de junio y 24/83, de 6 de abril, ratificó la doctrina del Tribunal Supremo admitiendo la constitucionalidad de la inadmisión del recurso contencioso-administrativo tramitado por la vía del procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales cuando se demuestra de manera clara y razonable la inexistencia de lesión alguna de derechos fundamentales. Doctrina coherente en el principio de la indisponibilidad de las partes sobre el proceso, ATC 185/88, de 20 de noviembre y SSTC 212/93, de 28 de junio y 363/93, de 13 de diciembre, por lo que no resulta admisible, sin soporte, el alegato de la apelante respecto de la opción de la vía ordinaria y la vía especial de protección de los derechos fundamentales.”

No basta con invocar derechos fundamentales en un escrito para tratar de acogerse a la vía preferente de tutela de los derechos fundamentales prevista en el título V de la LJCA, pues se requiere cuando menos que exista una somera consistencia de los argumentos ofrecidos para su empleo, que se concreta, de una parte en el simple análisis de cual sea el objeto de impugnación y, de otra, en cual sea el posible efecto negativo en la esfera de derechos fundamentales de los ciudadanos. Así lo ha reiterado una vez más la STC143/2003, de 14 de julio.
En el presente caso, ni el dereho de rectificación de informaciones no veraces, ni el derecho de sufragio activo, pueden ser, ni han sido, vulnerados por lo que el recurrente califica como incumplimientopor el Partido político codemandado de su programa electoral (sin necesidad de recurrir este juicio de valor el recurrente).

Nada ha impedido al recurrente, como reconoce en su escritoparticipar en las elecciones, ejerciendo su derecho constitucionalmente reconocido en el artículo 23 CE. Por otra parte, difícil resulta acreditar la vulneración del derecho de sufragio activo, cuando este se materializa simplemente con el ejercicio del derecho de voto, que no se dice que no se haya podido ejercitar; por otro lado, tampoco se acredita -ni puede acreditarse- que su voto haya ido a uno y otro partido. Elemento que sería esencial para aplicar la particular construcción jurídica del recurrente para sustentar su pretensión.

Tampoco ha tenido ningún obstáculo para participar en otros foros públicos poniendo de manifiesto su opinión sobre la acción política del Gobierno y el programa electoral del partido que lo sustenta (lo que en su escrito vincula con el derecho de rectificación, aunque técnicamente no quepa calificarlo como tal). Por otro lado, el derecho a la información veraz tampoco se ve indiciariamente incumplido, pues no es posible probar, ni tampoco se prueba con los elementos aportados en la demanda, que la información proporcionada en el Programa del Partido Político no fuese veraz.

El fraude procesal en que incurre es palmario, pues tal y como señala la Sentencia de 1 de diciembre de 2011 de la Audiencia Provincial de Madrid:

“Si a ello se suma ya que tal posible disconformidad en la actuación política y cumplimiento del programa electoral invocado, ha podido ser expresada mediante sufragio electoral de las pasadas elecciones del 20 de Noviembre del presente año, como cauce ordinario y constitucional de participación política de los ciudadanos, que es el ámbito en el que debe residenciarse la actuación de los demandantes, en relación con los hechos invocados, sólo resta poner de manifiesto, de acuerdo con la doctrina citada del Alto Tribunal, que dicha pretensión de la parte se constituye objetivamente en un abuso manifiesto de derecho, y, especialmente del derecho a la jurisdicción, ya que no puede apoyarse mínimamente su objeto.”

TERCERO: INCOMPETENCIA DEL ORGANO JURISDICCIONAL (artículo 51.1.a), segundo inciso de la LJCA)

Siendo palmaria la falta de jurisdicción en el asunto, y de modo subsidiario a aquél extremo, se aprecia por la Abogacía del Estado en todo caso una evidente incompetencia del órgano jurisdiccional a quien se dirige el recurso, toda vez que, interpuesto éste contra una presunta actuación por inactividad del Gobierno (presunto incumplimiento de un programa electoral -aparte de confundir el Gobierno como órgano máximo de la Administración General del Estado con lo que es un puro Partido Político en cuanto que redactor del un determinado programa electoral-), de forma inevitable dada la naturaleza y rango del órgano a que se dirige el recurso, determina como consecuencia la vis atractiva procesal del órgano jurisdiccional competente para el conocimiento de los recursos que en sede contencioso-administrativa contra actos o inactividad del Gobierno de la Nación, que no es otro que la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.

1. La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo conocerá en única instancia de los recursos que se deducan en relación con:

Los actos y disposiciones del Consejo de Ministros y de las Comisiones Delegadas del Gobierno.

En el presente supuesto es evidente y palmario sin necesidad de mayor contraste ni análisis ulterior que un Jugado contencioso-administrativo carece de competencia para enjuiciar recursos dirigidos contra el Gobierno de la Nación, siendo el Tribunal Supremo a través de su sala de lo Contencioso-administrativo el único órgano con competencia para ello.

CUARTO.- EXTEMPORANEIDAD DEL RECURSO (artículo 51.1.d), primer inciso de la LJCA)

El recurso se interpone el 23 de septiembre, siendo así que se elige por el recurrente para fijar el Real un dies a quo para la interposición de su recurso, en la entrada en vigor del Real Decreto Ley 20/2012, el cual se publicó en el BOE el 1 de septiembre de 2012.

El artículo 115 LJCA dispone que

Artículo 115.

1. El plazo para interponer este recurso será de die días, que se computarán, según los casos, desde el día siguiente al de notificación del acto, publicación de la disposición impugnada, requerimiento para el cese de la vía de hecho, o transcurso del plazo fijado para la resolución, sin más trámites.

Cuando la lesión del derecho fundamental tuviera su origen en la inactividad administrativa, o se hubiera interpuesto potestativamente un recurso administrativo, o, tratándose de una actuación en vía de hecho, no se hubiera formulado requerimiento, el plazo de diez días se iniciará transcurridos veinte días desde la reclamación, la presentación del recurso o el inicio de la actuación administrativa en vía de hecho, respectivamente.

 

El recurso debería en todo caso inadmitirse por presentarse fuera de plazo, dado que la publicación del precipitado Real Decreto Ley en el BOE se produjo el 1 de septiembre de 2012, y el recurso se interpueso transcurrido el plazo señalado por la ley para acudir al mecanismo especial de la tutela de los derechos fundamentales.

Por todo lo expuesto,

AL JUZGADO SUPLICA que, haiendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo y, tenga por comparecido al Abogado del Estado, en los Autos 333/2012 y por formuladas las alegaciones contenidas en el mismo declarando la inadmisión del recurso contencioso administrativo  presentado de contrario con expresa imposición de costas.

OTROSI DIGO PRIMERO.- Que se deduzca testimonio y sea comunicado el modo de proceder de la representación y defensa del recurrente al Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona a los efectos oportunos.

Es justicia que, respetuosamente pide en Barcelona a 5 de octubre de 2012

LA ABOGADA DEL ESTADO

Fdo. Ruth Álvarez Vinagre

O SEA, SUPLICA QUE NOS JODAN, ESO SI, RESPETUOSAMENTE. Tienen copados todos los estamentos del Estado, por si alguien dudaba sobre el título del blog, El Estado Sin Derecho.

Bien, solo queda una tercera parte, con los escritos del Ministerio Fiscal (esta vez se ha portado estupendamente) y el Minsiterio de Presidencia.

Anuncios

Etiquetado:, ,

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

¿Qué es esto?

Actualmente estás leyendo Recurso contra el PP: El Imperio contraataca!!!!! (II) en El Estado sin Derecho.

Meta

A %d blogueros les gusta esto: