RECURSO CONTRA EL PP: El Imperio contraataca!!! (I)

octubre 22, 2012 § 2 comentarios

Cuando comencé con esta movida de intentar demostrar que el famoso Estado de Derecho no existe, sabía que tendría problemas, no sólo por los propios follones que genera el enrevesamiento de la justicia “accesible para todxs”, sino porque me estoy metiendo directamente con el PODER. También sabía que soy insignificante, no tengo conexiones ni influencias, acceso a medios de comunicación ni nada similar, no les doy miedo y, difícilmente problemas. Podían, simplemente, ignorarme. Por eso me ha sorprendido tanto en la respuesta que recibí el 11 de Octubre, encontrarme con los primeros problemas gordos de verdad: Una acusación de fraude procesal por parte de la Abogada del Estado. Esto es grave, no tanto para mi a quien “solo” piden las costas procesales, una “multa” por así decirlo para disuadirme de meterme en más berenjenales y de paso, si se difunde, que sirva de escarmiento a otrxs posibles tocacojones. Lo grave es para mi amigo D. para quien piden que el Colegio de Abogados fiscalice su actuación en este caso, pudiendo incluso inhabilitarle el ejercicio de la profesión. Esto es mucho más grave, puesto que D. se gana la vida con esto, no es una simple “aventura”.  Realmente mezquino. Cuando recibí esa respuesta, hablé con D. sobre si lo dejábamos, no quería meterle en problemas. D. me dijo que no tenía miedo a lo que pudiera pasar, que nada tenía y le daba igual. Además, primero tenía que aceptarlo el juez. Y además LA ACUSACIÓN ya estaba hecha, sólo nos quedaba continuar para podernos defender. No sólo es inteligente D., es un tío con valores y con un gran valor. Desde aquí le dedico mi reconocimiento y le envío un fuerte abrazo. Bueno, ya os he explicado lo que hay, ahora sólo me queda colgaros el escrito de alegaciones de la Abogada del Estado. En el siguiente artículo colgaré el del Ministerio Fiscal y el del Juzgado, más en la línea de lo que, teóricamente, deería ser la Justicia:
ABOGACÍA GENERAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN DEL SERVICIO JURÍDICO DEL ESTADO

ABOGACÍA DEL ESTADO EN BARCELONA

PROCEDIMIENTO DERECHOS FUNDAMENTALES

Nº RECURSO: 349/2012 1A

RECURRENTE: XXXXXXXXXXXX

DEMANDADO: GOBIERNO DE ESPAÑA Y PARTIDO POPULAR

AL JUGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 12 DE BARCELONA

El Abogado del Estado (¿el? si es una mujer!!!), en la representación y defensa que legalmente ostenta en las precedentes actuaciones, ante el Juzgado respetuosamente comparece y como mejor proceda en Derecho, DICE

Que por medio del presente escrito,  ante el Juzgado respetuosamente comparece (¿no se repite?) en el caso de los autos y con ocasión de la contestación a la remisión del expediente administartivo efectuada por el Ministerio de la Presidencia (documento 1)  al amparo del art. 116.3 de la LJCA se solicita la INADMISIÓN DEL RECURSO en base a las siguientes:

ALEGACIONES

PRELIMINAR.- En relación con el examen de los motivos de inadmisión que concurren en el recurso contencioso-administrativo, tramitado conforme al procedimiento especial de protección de derechos fundamentales, el Tribunal Supremo, en su auto de fecha 13 de marzo de 2000 (RJ 2000/3178), ha señalado lo siguiente:

“Se impone pues, en esta fase procesal, el examen de las causas o motivos de la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo interpuesto, siguindo el orden que viene a resultar del art. 51 de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción, porque, si bien el art. 117.2 de a misma parece referirse en exclusiva a la procedencia de dar al recurso la tramitación prevista en el Capítulo I del Título V de aquélla, tal incidente, aunque distinto, es compatible con el previsto en el art. 51 de la misma Ley que exige al órgano jurisdiccional la fiscalización de determinados requisitos del proceso, ordinario o especial, en cuanto que sólo en el cauce de un procedimiento admisible y admitido son posibles, en su momento, pronunciamientos sobre el fondo de la cuestión planteada”

Siguiendo, por tanto, el orden previsto en el artículo 51 de la LJCA, a juicio de esta representación concurren las siguientes causas de inadmisión del recurso:

PRIMERO- MANIFIESTA FALTA DE JURISDICCIÓN (artículo 51.1.a), primer inciso, de la LJCA)

En el marco del Procedimiento especial para la protección de los Derechos Fundamentales, dispone el artículo 114.1 de la LJCA que “El procedimiento de amparo judicial de las libertades y derechos, previsto en el artículo 53.2 de la Constitución española, se regirá, en el orden contencioso-administrativo, por lo dispuesto en este capítulo y, en lo no previsto en él, por las normas generales de la presente Ley”.

El artículo 1 de la citada ley, como premisa básica a tener en cuenta para delimitar el ámbito de la jurisdicción contencioso administrativa, establece que: “Los Juzgados y Tribunales del orden contencioso-administrativo conocerán de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones públicas sujeta al Derecho Administrativo, con las disposiciones generales de rango inferior a la Ley y con los Decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación”, incluyendo la actuación de lass Administraciones Públicas los actos, expresos o presuntos, la inactividad y la vía de hecho.

El recurso se ha planteado ante la jurisdicción contencioso-administrativa, siendo así que dicha jurisdicción conoce en exclusiva de lo que la propia Ley 29/1998, de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa se encarga de establecer en su artículo 2, como actividad susceptible de revisión por esta jurisdicción:

“El orden jurisdiccional contencioso-administrativo conocerá de las cuestiones que se susciten en relación con:

a. La protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, los elementos reglados y la determinación de las indemnizaciones que fueran procedentes, todo ello en relación con los actos del Gobierno o de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, cualquiera que fuese la naturaleza de dichos actos.

b. Los contratos administrativos y actos de preparación y adjudicación de los demás contratos sujetos a la legislación de contratación de las Administraciones públicas.

c. Los actos y disposiciones de las Corporaciones de Derecho Público, adoptados en el ejercicio de funciones públicas.

d. Los actos administrativos de control o fiscalización dictados por la Administración concedente, respecto de los dictados por los concesionarios de los servicios públicos que impliquen el ejercicio de potestades administrativas conferidas a los mismos, así como los actos de los propios concesionarios cuando puedan ser recurridos directamente ante este orden jurisdiccional de conformidad con la legislación sectorial correspondiente.

e. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que derive, no pudiendo ser demandadas aquellas por este motivo ante los órdenes jurisdiccionales civil o social, aún cuando en la producción del daño concurran con particulares o cuenten con un seguro de responsabilidad.

f. Las restantes materias que le atribuya expresamente una Ley.”

En el supuesto objeto de análisis, el recurrente dirige su recurso contra un presunto “incumplimiento de programa electoral” del partido codemandado, que concreta (a efectos de determinar un dies a quo para la interposición de su recurso, en el Real Decreto Ley 20/2012, regulador de la subida del IVA, entre otros extremos).

No existe acto administrativo

Es evidente que no estamos en este caso en presencia de un acto administrativo susceptible de ser impugnado en sede jurisdiccional, en el sentido que lo define la ley 30/92.

No existe inactividad administrativa

Tampoco estamos ante una inactividad administrativa, puesto que para que dicha inactividad exista y pueda ser objeto de impugnación, el artículo 29 de la LJCA exige los siguientes requisitos, ninguno de los cuales se cumple en el presente caso:

1.- que exista una obligación de actuar que traiga causa de una disposición general que no precise actos de aplicación, o en virtud de un acto, contrato o convenio administrativo,

2.- que en virtud de tal obligación legal, convencional o contractual, la Administración esté obligada a realizar una prestación concreta en favor de una o varias personas determinadas
3.- que interpongan el recurso quienes tengan derecho a dicha prestación y en su virtud pueda reclamar de la Administración el cumplimiento de dicha obligación.

En efecto, no existe en el supuesto objeto de análisis oligación alguna impuesta por ley, convenio o contrato de la que dimane la necesidad de actuación de la Administración General del Estado (y en su caso el Gobierno como impulsor máximo de su actividad, ex art.97 de la Constitución española).

No estamos ante un acto político del Gobierno susceptible de revisión jurisdiccional en lo que atañe al respeto de los derechos fundamentales

Como razona el recurrente, su recurso se funda en que la aprobación del Real Decreto Ley 20/2012 vulneraría sus derechos fundamentales. Ahora bien, dicha norma no es un acto político del Gobierno, sino el ejercicio de su potestad normativa con fuera de ley, cuya revisión únicamente compete al Tribunal Constitucional, por las vías previstas en la LOTC y no a través del recurso contencioso-administrativo contra actos políticos del Gobierno.

Siendo consciente de ello el recurrente, plantea el recurso desde otra perspectiva, la de conformidad de dicha norma, no con el ordenamiento jurídico, sino con el contenido del programa electoral del partido que sustenta parlamentariamente al Gobierno. Parte el recurrente de una premisa incorrecta, pues parce olvidar que desde el punto de vista constitucional no es el partido político quien ejercer la dirección de la acción política, de conformidad con el artículo 97 CE, sino el Gobierno, previa obtención del voto en el Congreso de los Diputados no como consecuencia de lo que resulte del programa electoral de ningún partido, sino del programa político del candidato a Presidente del Gobierno (artículo 99 CE).

En cualquier caso, el control o fiscalización que pretende resulta ajeno a la jurisdicción, por más que se invoquen de forma forzada derechos fundamentales.

Así lo ha reconocido el Tribunal Supremo, Sala 1ª, en su Auto de 3 de octubre de 2005 (RJ 2005/7067) en un caso similar al aquí enjuiciado, en el que se rechaza “in límine” la demanda planteada contra el Secretario General de un partido por motivos análogos a los aducidos por el recurrente, esto es el supuesto incumplimiento electoral en relación con determinado compromiso político. En dicho Auto se señala lo siguiente:

“SEGUNDO

Solo en su referida condición de Presidente de Gobierno y como responsable del mismo, podría responder de la ejecución o inejecución de las señaladas “promesas electorales”, a cuya exigibilidad se refiere la demanda, por lo que, en puridad, se relaciona con “hechos derivados del ejercicio de su cargo”.

TERCERO

Empero, en ningún caso, puede considerarse que existe materia justiciable, sobre la que pueda pronunciarse este Tribunal, por cuanto que las “promesas electorales” y su cumplimieto forman parte esencial de la acción política, enmarcada en principios de hacer o no hacer (y también de responsabilidad aunque de naturaleza igualmente política) que escapan al control jurisdiccional, de manera que, del acierto o desacierto en la llevanza y ejecución de las mismas, no cabe derivar responsabilidad civil concreta en términos jurídicos.

CUARTO

El Estado de Derecho ha procurado extender al máximo las cotas de la justicialidad, que abarcan toda la actividad de la Administración, pero que se detiene en el ámbito estricto de las funciones de Gobierno, al que pertenece la elección de los medios técnicos y económicos para desarrollar programas e infraestructuras, con sujección, desde luego, a la legalidad establecida, y la posibilidad de posponer unos compromisos por otros o sustituirlo en la forma más conveniente, dentro siempre del respeto a la Constitución y las Leyes.

QUINTO

La conformidad o disconformidad con estas actuaciones y omisiones es la que determina en los ciudadanos, a la hora de ejercer su participación, mediante el ejercicio del derecho al sufragio, su voto favorale a una determinada formación política y su libertad de no votarlo si defrauda sus espectativas, entre otras por no cumplir sus promesas electorales.

SEXTO

La posibilidad de control jurisdiccional de estos márgenes de libertad que exige la acción política, supondría una grave politización de la justicia y, especialmente, una invasión de un poder por otro que vulneraría el principio de separación de poderes.” (Tribunal Supremo, Sala 1ª en Auto de 3-10-2005)

SÉPTIMO

No estando, en consecuencia, sujetos ni al Derecho civil , ni al Derecho administrativo, los actos consistentes en “promesas electorales”, (sin otra sanción que la responsabilidad política derivada del ejercicio del derecho a voto) no cabe sustanciar una pretensión destinada, desde el principio, al fracaso.

 

Doctrina ratificada por la misma Sala en su Auto de 19 de marzo de 2007 (RJ 2007/1853).

La misma conclusión -inadmisión del recurso por falta de jurisdicción- es la que alcanza la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el recurso de apelación nº 1364/2008:

“El artículo 1.1 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción establece que los Juzgados y Tribunales del orden contencioso-administrativo conocerán de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones públicas sujeta al Derecho administrativo, con las disposiciones generales de rango inferior a Ley y con los Decretos Legislativos cuando excedan los límites de la delegación.

Resulta evidente que las declaraciones formuladas en campaña electoral por los candidatos que concurren a las elecciones con el fin de acceder a un determinado cargo público no constituyen en modo alguno actos emanados de la correspondiente Administración pública, ni se hallan sujetos al Derecho administrativo. Como lógica consecuencia, tampoco cabe instar ante esta Jurisdicción el cumplimiento de tales compromisos electorales, puesto que no existe actuación administrativa alguna, susceptible de ser mpugnada mediante un recurso contencioso-administrativo.”

En consecuencia, procede inadmitir el recurso interpuesto en primer lugar por falta de competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa para conocer de la pretensión ejercitada en la medida n que no se dirige contra acto inactividad o vía de hecho de la Administración.”

CONTINUARÁ EN EL SIGUIENTE ARTÍCULO

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§ 2 respuestas a RECURSO CONTRA EL PP: El Imperio contraataca!!! (I)

  • Mar dice:

    Mi apoyo y mis felicitaciones a tu amigo!! Jolín………… existen, por desgracia, pocas personas con valores!! Ojalá existieran más personas como vosotros!
    Un fuerte abrazo y cualquier cosa que se os ofrezca……………… contad conmigo!
    Acciones como las que realizáis me alimenta la poca esperanza que yo veía en que realmente exista la transparencia, justicia e igualdad! Sólo puedo daros las GRACIAS nuevamente!
    😉

    • indefenso dice:

      Si, realmente lo es, y más teniendo en cuenta que el se gana la vida con esto. Muchas gracias a ti Mar, por tu apoyo, es lo que necesitamos para seguir adelante.

      Y gracias también por tu ofrecimiento, aunque en este momento no necesitamos ayuda, , no dudo que en algún momento podemos necesitarla igual necesitamos buscar más información o si nos aprietan mucho (que creo que lo harán) ayuda para difundir el caso.

      De momento seguimos para adelante aunque la cosa está complicada de verdad.

      Un fuerte abrazo y gracias de nuevo!!!!

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