FINAL DE LA PRIMERA ETAPA: Recurso de apelación ante el CA Nº 5

septiembre 13, 2012 § Deja un comentario

Bueno, y con esto estamos llegando al final de una etapa. El día 5 de Septiembre (recordemos que Agosto no es hábil a efectos  judiciales), presenté el recurso de apelación al AUTO anterior:

 

“Jdo. Del Contencioso-Administrativo núm.5

Barcelona

Rso. Ord DF. 252/2012

Sección B

 

 

AL JUZGADO DEL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO  NÚM. 5 DE BARCELONA

 

 

D. XXXXXXXXXXXXXX, Letrado, actuando en nombre y representación de D. XXXXXXXXXXXXX, con DNI XXXXXXXXXXXX, nacido en xxxx y con domicilio en calle XXXXXXX, Telf XXXXXX, que se designa a efecto de notificaciones, según tengo acreditado en el recurso arriba referido, ante el juzgado contencioso-administrativo comparezco y, como mejor proceda en Derecho, DIGO:

 

Que ha sido notificada a esta parte el AUTO nº 153/2012 de fecha doce de Julio de 2012, recibida en fecha 20 de Julio de 2012, donde se comunica la inadmisión del proceso contencioso administrativo nº 252/2012 B.

 

Disconforme con dicha resolución y dentro del plazo concedido al efecto, mediante el presente escrito formulo RECURSO DE APELACIÓN con arreglo a las siguientes

 

ALEGACIONES

 

PRIMERO.- EXISTENCIA DE GRAVES ERRORES EN EL AUTO

 

Según se puede observar, el AUTO contiene importantes ERRORES sobre los hechos denunciados, errores consistentes en, por un lado la CONFUSIÓN RESPECTO AL OBJETO de la Petición que realizó mi representado al TC y por otro a LOS HECHOS en si mismos que son el objeto del recurso de amparo judicial de los derechos Fundamentales interpuesto por mi representado. Esta circunstancia puede dar lugar a un perjuicio a mi representado, lesionando su derecho a la tutela judicial efectiva y debe ser aclarada, ya que en otro caso se podría llegar a considerar inadecuado el objeto del recurso.

 

UNO.- EXISTENCIA DE GRAVES ERRORES EN LOS HECHOS ESTABLECIDOS EN EL AUTO

 

Las Peticiones presentadas ante el TC (recordemos que son dos, y que más abajo se detallan), contrariamente a lo que establece el Auto, NO CONTIENEN NINGUNA DEMANDA DE AMPARO de los derechos fundamentales. Eso se especifica claramente en el texto de las peticiones, si bien por lo que parece de la reacción de ese juzgado, no quedó establecido de manera tan clara en la demanda de amparo judicial presentada ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 5. A efectos de no confundir a nadie, conviene clarificar este punto por ser esencial, ya que la inclusión de un objeto inexistente que realmente no es susceptible de impugnación, desvirtúa la totalidad del recurso presentado, y constituye una incongruencia extra petita. A continuación, se resumen por un lado los Hechos que anteceden al objeto del recurso interpuesto y por otro lado los que son objeto del propio Recurso interpuesto ante este Juzgado, especificándose cuáles son los de cada clase, para su mejor comprensión.

 

1.- En fecha 29/09/2011 mi representado solicitó al DEFENSOR DEL PUEBLO (y no vía Petición al Tribunal Constitucional como ERRÓNEAMENTE se dice en el Auto) la interposición de un recurso de amparo  ante el TC, al considerar que se estaba vulnerando su Derecho Fundamental a participar en los asuntos públicos a través de representantes (art. 23.1 CE). Se trata del Documento 1 en el recurso contencioso administrativo presentado

 

2.- En fecha 28-10-2011, el DEFENSOR DEL PUEBLO (y no el TC, como ERRÓNEAMENTE expone el AUTO) responde a mi representado que no corresponde la interposición del recurso de amparo constitucional, ya que existe una doctrina del Tribunal Constitucional que establece que existen valores como la GOBERNABILIDAD que se encuentran por encima de la IGUALDAD o el PLURALISMO POLÍTICO que establece la CE como base del Estado de derecho en su artículo 1.1. Dicha doctrina se encuentra expuesta en la sentencia STC 75/1985. Este hecho se presentó en la Demanda de amparo Judicial como Documento 2.

 

3.- En fecha 14/11/2011 mi representado vuelve a solicitar al DEFENSOR DEL PUEBLO (y no vía Petición al Tribunal Constitucional, como ERRÓNEAMENTE dice el Auto) la interposición de un recurso de amparo constitucional, por vulneración de su Derecho Fundamental a participar en los asuntos públicos a través de representantes (art. 23.1 CE), haciéndole notar al Defensor del Pueblo, que: A) La sentencia 75/1985 así como la doctrina que de ella emanan, se refieren al derecho establecido en el artículo 23.2 CE, mientras que el amparo que mi representado solicita se refería al derecho 23.1, aun estando relacionados, no son ni mucho menos el mismo derecho ni tienen las mismas características B) Que con la interpretación realizada  se estaba modificando el Título Preliminar mediante un procedimiento que no es Constitucional y por un órgano (el Tribunal Constitucional) que no está facultado para realizar tal modificación. Estos hechos se corresponden con el Documento 3 presentado en la Demanda de Amparo Judicial.

 

4.- En fecha 01/12/2011 mi representado recibe la respuesta del DEFENSOR DEL PUEBLO (y no del Tribunal Constitucional, como ERRÓNEAMENTE se establece en el Auto), donde se vuelve a denegar la petición de interposición del Recurso de amparo constitucional en favor de mi representado, pero esta vez por un tema meramente formal, sin dar respuesta a las cuestiones planteadas en el documento 3 por mi representado. Esta respuesta corresponde al Documento 4 presentado.

 

5.- En fecha 26/01/2012, y en vista de que el Defensor del Pueblo no pensaba interponer el Recurso de Amparo ni resolver las cuestiones planteadas, mi representado decidió ESTA VEZ SI, VÍA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, como órgano al que se solicita la propia petición, solicitar las ACLARACIONES referidas en el Documento 3 al Defensor del Pueblo , esto es, si el Tribunal Constitucional está facultado para legislar, los motivos y justificaciones de la reforma constitucional realizada con la sentencia 75/1985, la solicitud de restitución del error, si es lícito que se aplique una sentencia referida a un caso y un derecho, al caso totalmente diferente de mi representado y finalmente, ya que era el único órgano facultado para realizar tales aclaraciones, por qué vía podía acceder mi representado a la TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. Es decir, que contrariamente a lo que dice en el Auto, en ningún lugar solicitó mi representado por la vía de Petición el recurso de amparo Constitucional, ya que entendió que no era la vía adecuada, únicamente ACLARACIONES referidas en un caso a la Doctrina del TC sobre el derecho establecido en el artículo 23.2 de la CE, referidos en otro caso a un tema genérico sobre si es de aplicación la doctrina referida a un derecho a otro derecho con características diferentes y otras aclaraciones referidas a la vía para acceder al derecho a la tutela efectiva limitado por un acto del propio TC Y EN ÚLTIMA INSTANCIA, LA RECTIFICCIÓN DE UN ERROR SI LO HUBIERE. Éste, corresponde al DOCUMENTO  5 de los presentados.

 

6.- En fecha 6/02/2012, respondió el Tribunal Constitucional INADMITIENDO LA PETICIÓN, aduciendo como motivo un Auto del TC, concretamente el Auto 81/1980, donde se establece CONTRARIAMENTE A LO QUE DICE LA LO 4/2001, QUE EL TC NO ATIENDE PETICIONES. Es en este momento que se produce la vulneración del Derecho Fundamental 29.1 en primera instancia, y subsidiariamente de los derechos 24.1 y 23.1, al privar a mi representado de su DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, al no responder el único órgano con la facultad de hacerlo, cual es la vía para acceder a dicha tutela Y DE SU DERECHO A PARTICIPAR EN LOS ASUNTOS DEL ESTADO MEDIANTE REPRESENTANTES, al aplicar una doctrina que no responde al derecho reclamado siendo que se le ha prejuzgado sin las debidas garantías, ya que dicha pretensión NUNCA HA SIDO JUZGADA. Este Documento corresponde al DOCUMENTO 6 Y ES EL PRIMERO DE LOS ACTOS QUE SE IMPUGNAN, siguiendo lo establecido en la Ley LO 4/2001.

 

7.- En fecha 07/03/12, visto el error en que incurría el TC, lo que suponía una vulneración del DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN (no del Objeto de la misma), realizó una SEGUNDA PETICIÓN, donde se le daba la oportunidad al TC a RECTIFICAR SU ERROR y atenderla según establece la nueva Ley que regula el Derecho de Petición que se les enviaba. Para simplificarlo, se eliminó del objeto de la Petición el punto referido a la clarificación sobre la vía que debía tomar mi representado para defender sus Derechos fundamentales, entendiendo mi representado que sólo con las clarificaciones solicitadas (objeto de la Petición) podría acceder a su derecho a una tutela judicial efectiva. Se trata del DOCUMENTO 7 en el Recurso presentado.

 

8.- En Fecha 07/03/12, el Tribunal Constitucional, respondió a la SEGUNDA Petición de mi representado, nuevamente INADMITIENDO contrariamente a Derecho dicha Petición (no su Objeto , sino el Derecho), al introducir motivaciones que NO CORRESPONDEN EN ABSOLUTO con las establecidas para la INADMISIÓN según está regulado en el artículo 8 de la LO 4/2001 y vulnerando por tanto dicho DERECHO establecido en el artículo 29.1 de la Constitución y subsidiariamente, al no permitir el acceso a la tutela efectiva de mi patrocinado de sus Derechos Fundamentales por jueces y tribunales, de los Derechos Fundamentales establecidos en los artículos 24.1 y 23.1 de la CE. Tal y como establece el artículo 12 de la LO 4/2001, en este caso, además de demandar la declaración de inadmisibilidad (12.a) y la ausencia de requisitos mínimos (12.c), también se incumplen los plazos previstos en la ley (12.b). Este Documento corresponde al DOCUMENTO 8 Y ES EL SEGUNDO DE LOS ACTOS QUE SE IMPUGNAN, de plena conformidad a lo establecido en la LO 4/2001, contrariamente a lo que “alega” el Ministerio Fiscal (MF)

 

Como se puede comprobar, los hechos denunciados no son los mismos que establece el auto de inadmisión del recurso interpuesto. Esta conclusión genera indefensión, al incorporar hechos que NO HAN SIDO RECURRIDOS (la solicitud de interposición de un recurso de amparo en las Peticiones), circunstancia que reiteradamente se explica que no está englobado en las peticiones. Este error desvirtúa la totalidad del recurso interpuesto por mi representado, ya que establece un Objeto de la Petición cuyo rechazo por parte del TC podría no suponer realmente un incumplimiento de la Ley, a diferencia del objeto que realmente se contiene en la Petición, cuyo rechazo inmotivado (las motivaciones falsas deben ser rechazadas como tales motivaciones), si que supone un incumplimiento de la Legalidad vigente.

 

De todas formas, para llegar a establecer que el objeto de la petición cumple o incumple la Ley, y por tanto es lícito su rechazo por parte del TC como causa de inadmisión, primero se tenía que haber admitido a trámite la petición y haber cumplimentado los requisitos mínimos establecidos por la Ley, COSA QUE NO SE HIZO, como se verá en las siguientes alegaciones

 

DOS.- EXISTENCIA EN EL AUTO DE UNA GRAVE CONFUSIÓN ENTRE EL OBJETO DE LA PETICIÓN Y EL OBJETO DEL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PETICIÓN DE AMPARO JUDICIAL

 

Al grave error sobre la fijación de los hechos que motivan el recurso, hechos que el Auto establece como no susceptibles de ser impugnados por mi representado, hay que añadir otra circunstancia que tiene consecuencias aún más GRAVES SI CABE, ya que supone la aparición de una inaudita socavación de los derechos constitucionales de mi representado y es la introducción de una CONFUSIÓN, aparentemente deliberada, entre el DERECHO DE PETICIÓN y EL OBJETO DE LA PETICIÓN, siendo como son figuras legales absolutamente diferentes.

 

Es decir, que tanto el TC como el Ministerio Fiscal (MF) han intentado que exista dicha confusión de manera que parezca se le está denegando a mi representado el OBJETO de la petición, lo cual podría encontrarse, siempre y cuando se cumplan los requisitos mínimos establecidos por ley, dentro de la legalidad, cuando en realidad lo que se le está denegando es su DERECHO  DE PETICIÓN, al no cumplir el TC con los requisitos mínimos establecidos por ley y presentar motivaciones falsas, hecho este que es total y absolutamente INCONSTITUCIONAL. Es decir, que el TC podría denegar el objeto de la petición siempre y cuando cumplimentara la PETICIÓN con los requisitos que establece la Ley. No se ha hecho, que es el MOTIVO DE LA IMPUGNACIÓN.

 

Además, como se dirá más adelante, igualmente la “motivación” dada en última instancia, NO CUBRE NI LA MITAD DEL OBJETO DE LA PETICIÓN, ni da una motivación válida a su rechazo.

 

SEGUNDO.- SOBRE LA VACUIDAD DE LA ALEGACIÓN VERTIDA POR EL MINISTERIO FISCAL

 

UNO.- SOBRE LA IMPROCEDENCIA DE LAS ALEGACIONES VERTIDAS POR EL MINISTERIO FISCAL

 

Efectivamente, es EVIDENTE que las alegaciones vertidas por el Ministerio Fiscal, carecen de fundamento.

 

La afirmación que realizamos en el párrafo anterior, al igual que hizo en su momento el Ministerio Fiscal, no se ha argumentado. Entonces, cuando decimos que es evidente que dichas alegaciones carecen de fundamento, quiere decir que es evidente para mi representado y para mi, y que estamos diciendo la verdad según la entendemos, pero no presentamos ninguna evidencia de tal afirmación. Exactamente igual que hizo el Ministerio Fiscal. Porque decir que una cosa es evidente, no la transforma en cierta si no se aportan las evidencias que fundamentan la afirmación. Quien lea dicha afirmación, sin tener dichas evidencias, no podrá afirmar ni refutar la alegación. Por tanto decir que es evidente sin presentar las evidencias ES UNA FALACIA, y es exactamente lo que hace el Ministerio Fiscal.

 

El Ministerio Fiscal puede afirmar que es EVIDENTE que el objeto del recurso no es  susceptible de ser impugnado, pero DEBE PRESENTAR LAS EVIDENCIAS, y la Juez Magistrado no debería aceptar la solicitud de inadmisión del Fiscal sin existir dichas evidencias, de lo contrario es EVIDENTE que se estará vulnerando el DERECHO A LA TUTELA EFECTIVA POR JUECES Y TRIBUNALES. (Defecto de Motivación o incongruencia extrapetita)

 

Como se alega más adelante, según establece la doctrina del propio TC (STC 140/2006) los juicios realizados deben basarse en razonamientos lógicos y estar debidamente argumentados. Pues eso es exactamente lo que NO hace el MF, puesto que no presentan argumentos ni razonamientos, diciendo que es evidente SIN PRESENTAR LAS EVIDENCIAS de que la actividad que recurre mi representado no es susceptible de impugnación y pasando a determinar el proceder en base al artículo 51.1.c . Entonces, una afirmación que se presenta como evidente, sin presentar las evidencias o argumentos por lo que se afirma tal cosa, es una ALEGACIÓN VACÍA DE CONTENIDO. Lo que si es evidente en este caso, es que el MF no se ha basado en la Ley Reguladora del Derecho Fundamental de Petición, ya que como ya hemos dicho, ésta ley es clara en cuanto a cuales son las causas de impugnación y a quien dirigirse en tal caso, siendo que en el recurso de amparo judicial presentado se cumplían tal y como alegamos, las condiciones establecidas en LO 4/2001.

 

 

DOS.- SOBRE LO QUE ESTABLECE LA LEY EN CONTRAPOSICIÓN CON LO ALEGADO POR EL MINISTERIO FISCAL

 

Si atendemos a lo que establece la Ley reguladora del derecho de Petición, la LO 4/2001 en su artículo 12 dice:

 

El derecho de petición es susceptible de tutela judicial mediante las vías establecidas en el art. 53.2 de la Constitución, sin perjuicio de cualesquiera otras acciones que el peticionario estime procedentes. Podrán ser objeto de recurso contencioso-administrativo, por el procedimiento de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona, establecido en los arts. 114 y siguientes de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa:

a) La declaración de inadmisibilidad de la petición.

b) La omisión de la obligación de contestar en el plazo establecido.

c) La ausencia en la contestación de los requisitos mínimos establecidos en el artículo anterior.

 

Por lo que se refiere a la Primera Petición realizada por mi representado, de fecha 26/01/2012, se solicita tanto la aplicación del apartado a) (motivación de la inadmisibilidad) del artículo 12, como el apartado c) (ausencia de requisitos mínimos), mientras que en el caso de la Segunda Petición concurren los 3 supuestos por los cuales mi representado impugna el acto de inadmisión emitido con vulneración de Derecho (dicho siempre en términos de defensa) por el Tribunal Constitucional.

 

Es decir que la propia Ley reguladora del Derecho remite a mi representado a este tribunal de lo Contencioso administrativo, por lo cual las motivaciones de inadmisibilidad del Recurso, expuestas en el Auto, CONTRADICEN LA LEY.

 

Además, el artículo 25 de la LJCA mencionada en el Auto, establece que: “1. El recurso contencioso-administrativo es admisible en relación con las disposiciones de carácter general y con los actos expresos y presuntos de la Administración pública que pongan fin a la vía administrativa, ya sean definitivos o de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos.” Es decir que dicho artículo refuerza el mandato del artículo del anterior artículo 12 de la LO 4/2001, ya que, agotada la vía administrativa, se ha producido un daño irreparable en los Derechos Fundamentales de mi representado, ya que incluso, obrando de buena fe, dio la oportunidad al TC de rectificar su error que había, en primera instancia, dañado su derecho de Petición y consecuentemente los derechos a una tutela Judicial Efectiva y a Participar en los asuntos del estado mediante representantes, emitiendo una segunda petición donde se le hacía notar al TC dichos errores y rectificando la petición en aquello que consideró podría causar un grave inconveniente al TC al no estar legislado, a pesar de que el inconveniente que le producía a mi representado era mucho mayor, ya que debería encontrar la manera de acceder a la tutela judicial efectiva por sus propios medios, en un ámbito donde existe un vacío legal. El TC no sólo no rectificó, sino que incluso incrementó el perjuicio, vulnerando nuevamente el derecho de Petición (y subsecuentemente los derechos 24.1 y 23.1 CE), aduciendo unas nuevas motivaciones diferentes de las primeras, pero igualmente ilegítimas.

Por tanto, es EVIDENTE que cuando el MF dice que el objeto de la reclamación de mi representado no es susceptible de ser impugnado, NO SE AJUSTA A LA LEGALIDAD VIGENTE.

 

TERCERO.- SOBRE LA FALTA DE COHERENCIA Y PROCEDENCIA DE LAS ALEGACIONES VERTIDAS POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

La única alegación que ha vertido el TC a la presente solicitud de amparo judicial, y que ha sido tomada en consideración por ese Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 a la hora de DECLARARSE INCOMPETENTE en la presente causa, es la referida a “…que corresponde sólo al Tribunal Constitucional delimitar el ámbito de su jurisdicción (artículo 4 de la Ley Orgánica 2/1979), delimitación que no puede, en consecuencia, realizarse por ningún otro órgano del Estado y sin que quepa, por lo mismo, controvertir en juicio el carácter exclusivo y excluyente del procedimiento establecido en el artículo 93.1 de la citada Ley Orgánica para la aclaración de sentencias, procedimiento que no puede ser substituido por ningún otro ni, en particular, por el que sirve de cauce para ejercer el derecho constitucional de petición.”. Dicha alegación es totalmente carente de fundamentación por lo que se refiere a la demanda de amparo de los derechos presentada por mi representado, y que no debe ser tomada en consideración, por los siguientes motivos:

  • Aquí no se está juzgando la facultad de establecer su propia jurisdicción por el Tribunal Constitucional, sino la vulneración de un derecho fundamental. ¿Puede el Tribunal Constitucional vulnerar un derecho fundamental? ¿Quién controla a quien controla?.
  • El Tribunal Constitucional presentó como causa para la inadmisión de las Peticiones 3 motivos FALSOS, que difieren totalmente del presente motivo aducido. ¿Está legitimado el TC para mentir?
  • La alegación realizada por el TC, se refiere únicamente a UNA PEQUEÑA PARTE DE LAS PETICIONES REALIZADAS. Cabe concluir sin demasiado esfuerzo, QUE EL RESTO DEL CONTENIDO DE LAS PETICIONES, NO HA SIDO ATENDIDO EN ABSOLUTO. ¿Está el TC por encima de la Ley? ¿Puede el TC omitir el pronunciamiento sobre los derechos fundamentales que se piden por los ciudadanos en la forma en que se sienten vulnerados?.
  • Respecto a la pequeña parte de las Peticiones que sí cubre la fundamentación del TC, decir que  no tiene NADA QUE VER CON LO QUE SE PIDE, ya que las aclaraciones que se solicitan no son referidas a una sentencia en concreto, SINO A LA DOCTRINA DEL TC SOBRE UN TEMA EN CONCRETO. Y NO EXISTE UN PROCEDIMIENTO EN NINGUNA LEY, NI EXCLUSIVO, NI EXCLUYENTE NI INCLUSIVO NI DE NINGÚN TIPO, PARA SOLICITAR ACLARACIONES SOBRE LA DOCTRINA DEL TC. ¿Se está el TC inventando leyes nuevas?
  • Aún, si se solicitaran las aclaraciones sobre la sentencia en concreto, y no sobre la Doctrina emanada de esa y OTRAS sentencias, tampoco sería coherente lo que pide el TC referente a que mi representado debería utilizar el procedimiento establecido en el artículo 93.1 LOTC, ya que si dicho procedimiento es exclusivo y excluyente como pretende el TC, obligaría a mi representado a impugnar un pronunciamiento del TC de 1985, en la que no era parte, lo que resulta a todas luces imposible.

 

UNO.- SOBRE EL CONFLICTO ENTRE LA PRETENSIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

 

En esta alegación queremos poner de relieve que la intención de mi representado no es el alcance de la jurisdicción del TC, ni pretende que se enjuicie la capacidad del TC para hacer con sus actos lo que considere justo según la Ley. Lo que si le importa a mi representado es que se vulneren sus derechos fundamentales y lo que pide que se enjuicie no es si el TC puede o no establecer su jurisdicción, si no si el TC puede vulnerar los derechos fundamentales de mi representado mediante  un acto, sea este acto el de establecer la jurisdicción o cualquier otro.

 

No haría falta recordar que la Constitución Española establece en su artículo 9.3 que “La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.”, por lo que, en aplicación del articulo 24.1 se solicita la tutela efectiva de este Juzgado del Contencioso Administrativo, para evitar que, ARBITRARIAMENTE el TC establezca una disposición RESTRICTIVA DE SUS DERECHOS FUNDAMENTALES y se la aplique RETROACTIVAMENTE.

 

El Tribunal Constitucional puede delimitar su jurisdicción, siempre que en tal acto NO VULNERE UN DERECHO FUNDAMETAL NI INFRINJA UNA LEY.

 

Como ya hemos dicho en anteriores alegaciones, no dudamos en absoluto de la facultad que tiene conferida el TC para establecer su jurisdicción. Entendemos que tal facultad está sujeta a un criterio lógico, el de garantizar la total y absoluta independencia del órgano que es el máximo intérprete de la Constitución y con ello la garantía precisamente de la conservación del Estado de Derecho, evitando que cualquier otro organismo pudiera realizar otras interpretaciones que creasen conflictos y tensiones en el Estado, de manera que dicha facultad se establece como una salvaguarda del Estado de Derecho. Siempre y cuando, claro está, que no se utilice dicha facultad para precisamente violentar al Estado de Derecho, infringiendo la Ley o escudándose en ella para infringirla.

 

Porque, según establecen la CE y la LOTC, el TC es el organismo máximo intérprete de la CE, correspondiéndole, entre otros, la determinación de la constitucionalidad de las leyes y la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos. No corresponde al TC, según establece la CE:

 

– El poder de legislar

– El poder de suspender los derechos fundamentales de los ciudadanos.

– El poder de modificar la Constitución.

 

Para modificar la Constitución, existe un procedimiento reglado en la propia Constitución, en el cual NO INTERVIENE PARA NADA EL TC. Para suspender determinados derechos y en determinadas circunstancias, también existe un procedimiento perfectamente delimitado en la Constitución. En dicho procedimiento, NO INTERVIENE PARA NADA EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Para legislar, existen unos órganos establecidos claramente en la Constitución, ENTRE LOS CUALES NO SE ENCUENTRA EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

 

Entonces, no es lícita en modo alguna la pretensión del TC de vulnerar los derechos de mi representado, realizando interpretaciones de la Ley que vulneren sus derechos fundamentales, y así debería tenerlo en cuenta la Juez Magistrado.

 

Llegados a este punto, cabe preguntarse si la facultad que le confieren la CE y la LOTC para establecer su propia jurisdicción, se sitúa por encima de los derechos fundamentales y de la propia CE. Es evidente que no, por cuanto la CE en su artículo 9.1 como la LOTC en su artículo 1.1, establecen que el TC está sujeto a la Constitución. Por tanto todos los actos del TC, incluidos aquellos destinados a preservar su independencia, NO LE FACULTAN PARA INCUMPLIR LA LEY NI PARA VULNERAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS CIUDADANOS y debe por tanto observar las limitaciones establecidas por la propia Constitución. Y en este caso, todos los actos realizados por el TC, no sólo han vulnerado la Ley, sino que han lesionado gravemente los derechos fundamentales de mi representado. Cabe preguntarse, caso de permitirle al TC tal actuación, SI EXISTE EL ESTADO DE DERECHO.

 

Es evidente que la facultad del TC no le sitúa por encima de los derechos fundamentales , y esto queda claro cuando en la STC 119/1990, en su FJ 7, establece que “no resulta congruente una interpretación de la obligación de prestar acatamiento a la Constitución que antepone un formalismo rígido a toda otra consideración, porque de ese modo se violenta la misma Constitución de cuyo acatamiento se trata, se olvida el mayor valor de los derechos fundamentales (en concreto, los del art. 23) y se hace prevalecer una interpretación de la Constitución excluyente frente a otra integradora.

 

Y en este caso, corresponde a este Juzgado de lo Contencioso administrativo, no ya valorar si el Tribunal Constitucional tiene la facultad de delimitar su propia jurisdicción, SINO SI SUS ACTOS HAN VULNERADO LOS DERECHOS DE MI REPRESENTADO.

 

DOS.- SOBRE LA ILEGITIMIDAD DE LAS MOTIVACIONES DE INADMISIÓN VERTIDAS POR EL TC A LAS PETICIONES SUCESIVAS Y AL RECURSO FINALMENTE.

 

Para poner aún más de relieve si cabe, la ilicitud del rechazo a las Peticiones de mi representado, hay otro aspecto que cabe resaltar, y es que el TC ha dado SUCESIVAMENTE 3 MOTIVOS DIFERENTES DE INADMISIÓN, variando el motivo de la inadmisión a medida que mi representado ponía de relieve la ilegitimidad e ilegalidad de los motivos aducidos en las alegaciones que el TC realizaba con anterioridad

 

Así, a la primera petición realizada por mi representado, el TC alegó para inadmitir la Petición (sin entrar ya a valorar el fondo y objeto de la misma) que EL TC NO ADMITÍA PETICIONES DE NINGUNA CLASE (y cita el Auto TC 81/1980), hecho que claramente VULNERA la LO 4/2001 y por tanto el DERECHO DE PETICIÓN y como segundo motivo de inadmisión, que el objeto planteado en la Petición NO ERA COMPETENCIA DEL TC, HECHO ESTE ABSOLUTAMENTE FALSO, como además queda posteriormente demostrado por la propia alegación posterior del TC, de que es el TC el que fija su jurisdicción en lo referente al artículo 93.1 LOTC, Y QUE NADIE MÁS PUEDE HACERLO. Es decir, que el motivo ILEGÍTIMO que alega el TC para inadmitir la Primera Petición, es desmentido por el propio TC en su alegación al Recurso presentado ante este Tribunal del Contencioso Administrativo, lo cual es demostración de que el TC VULNERÓ LA LEY Y EL DERECHO DE PETICIÓN EN LA PRIMERA RESPUESTA QUE DIÓ. ESTE HECHO ES EL RECURRIDO Y ES EVIDENTE que entra dentro de los supuestos tipificados en el artículo 12 de la LO 4/2001 y que, contrariamente a lo que afirma sin pruebas el MF, ES SUSCEPTIBLE DE IMPUGNACIÓN.

 

Cuando en la segunda petición que realizó mi representado ante el TC, en fecha 07/03/12, le hizo notar a ese TC que su respuesta según está explicado en el párrafo anterior, le situaba dentro de la ilegalidad, el TC cambió las motivaciones por otras: Dijo que no se requerían aclaraciones “…, cuyo sentido está expuesto para todos en la fundamentación jurídica de la resolución de que se trate.” En dicha respuesta, no alegan que exista un procedimiento específico (el del artículo 93.1 que alegan finalmente ante el recurso interpuesto), sino que el sentido de las resoluciones debe estar claro para todo el mundo y si no lo tienes claro QUIEN DEBE ACLARARLO ES QUIEN EMITE LA RESOLUCIÓN PARA QUE TODOS LA ENTIENDAN, porque su función es INTERPRETAR LA LEY, y si la interpretación no se entiende ……que la vuelva a explicar. Es decir, que nuevamente no existen los requisitos mínimos establecidos ni la motivación alegada por el TC es una motivación válida, puesto que si se solicitan aclaraciones, como ya se dijo, es porque el sentido de la resolución no está nada claro, por lo menos para quien solicita las aclaraciones.

 

Finalmente, ya en la fase del recurso, no argumentan ni lo primero, ni lo segundo, ya que ante un tribunal no pueden poner excusas sin fundamento, y lo que hacen es VALER SUS GALONES, es decir, establecer arbitrariamente que la Petición debe ajustarse a un proceso al cual ES IMPOSIBLE QUE SE AJUSTE. Es cierto que el TC puede establecer su Jurisdicción, pero esa potestad se la concede la Constitución para salvaguardar su independencia, NO PARA VULNERAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES NI PARA SALTARSE LA LEGALIDAD VIGENTE.

 

Como se puede ver, las alegaciones vertidas por el TC en los escritos de petición, no tenían nada que ver con la tercera alegación, la vertida ya al recurso de amparo interpuesto con mi representado. Y como hemos dicho en nuestra alegación principal de este punto, dichas motivaciones están tratando de inducir a la confusión entre el Objeto y el Derecho de Petición. Pues bien, la tercera alegación, la referida a que es el propio TC la encontramos reflejada en el Fundamento Jurídico segundo del Auto 153/2012 de este Juzgado CA nº 5, en el párrafo segundo, donde se establece que:

 

“…De acuerdo con el Artículo 4 de la Ley Orgánica 2/1979 corresponde al Tribunal Constitucional delimitar el ámbito de su jurisdicción sin que sea posible por parte de este Juzgado modificar los criterios en este sentido adoptados por el Tribunal Constitucional ni controvertir en juicio el carácter exclusivo y excluyente del procedimiento de aclaración de sentencias establecido por el artículo 93.1 de la referida ley…”.

 

Bien: cabe recordar, que lo que se está solicitando en este recurso, es si el Tribunal Constitucional VULNERÓ en su momento el Derecho de Petición de mi representado en DOS OCASIONES, en las cuales dicho tribunal nunca alegó el carácter exclusivo y excluyente de dicho procedimiento. Eso lo ha hecho ahora, y además como se ha demostrado, tal arbitrariedad lesiona los DERECHOS FUNDAMENTALES de mi representado.

 

De hecho, al menos para la admisión del recurso de mi representado, este Juzgado de lo Contencioso Administrativo no debe (ya que además no puede) “modificar los criterios en ese sentido adoptados”, ni tampoco “controvertir en juicio el carácter exclusivo y excluyente…”, ya que ambos supuestos pertenecen a una alegación que se hace sobre el OBJETO de la Petición y lo que se está solicitando en este momento de el Juzgado no es que tutele el Objeto de la Petición, sino el DERECHO DE PETICIÓN, es decir, que valore (y eso no sólo lo puede hacer, sino que en cumplimiento de su mandato constitucional, lo debe hacer) si las respuestas dadas por el Tribunal Constitucional se ajustan a la Ley reguladora del Derecho fundamental de Petición, LO 4/2001. Dicho de otro modo, el TC primero tenía que admitir a trámite la Petición y posteriormente, RAZONADAMENTE como exige la Ley, admitir o no el Objeto. Esto es lo que NO SE HIZO, ya que como, por los motivos que fuere, al TC no le interesaba entrar a valorar el fondo de la petición, se limitó a RECHAZAR la Petición aduciendo MOTIVOS FALSOS. Estos motivos para su mayor claridad se vuelven a relacionar:

  • 1º, para la Primera Petición, que según establecía el Auto del TC 81/1980, de 5 de noviembre, el Tribunal Constitucional NO ATENDÍA PETICIONES DE NINGÚN TIPO, contrariamente a lo que establece el artículo 2 de la LO 4/2001 que dice “…El derecho de petición podrá ejercerse ante CUALQUIER institución pública, administración, o autoridad…”, es decir, que también se puede ejercer ante el TC.
  • 2º para la Primera Petición también, que el Objeto de la petición (aclaraciones sobre la sentencia STC 75/1985) no era de la competencia del TC, HECHO ABSOLUTAMENTE FALSO, ya que es competencia ÚNICA Y EXCLUSIVA de ese tribunal, como además queda demostrado por la alegación del propio TC a nuestro recurso.
  • 3º, para la Segunda Petición, que el sentido de la resolución está expuesto ante todos y no requiere aclaraciones, hecho este que también es ABSOLUTAMENTE FALSO, puesto que es mi representado el que establece si requiere esas aclaraciones o no, el TC NO ES NADIE PARA DECIDIR SI MI REPRESENTADO ENTIENDE O NO EL SENTIDO DE UNA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, en todo caso el TC sólo puede facilitar las aclaraciones, diciendo si el sentido que le atribuye mi representado a su resolución es el correcto o no y el porqué.

 

TRES.- SOBRE LA FALTA DE ADECUACIÓN DE LA ALEGACIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL A LA TOTALIDAD DEL OBJETO DE LA PETICIÓN.

 

No se ha tenido en cuenta además, que con la alegación vertida por el TC, aunque tuviera razón, que no la tiene, NO SE DA RESPUESTA A LA TOTALIDAD DE LOS OBJETOS DE LAS PETICIONES realizadas por mi representado, y por tanto, nuevamente, no se ha realizado la interpretación más favorable a restaurar o instaurar la efectividad de los derechos fundamentales vulnerados.

 

Efectivamente, hay que recordar que entre los objetos de la petición figuran algunos que NO SON ACLARACIONES sobre la doctrina emanada de la sentencia 75/1985 y que por tanto, no estarían sujetos al procedimiento descrito en el artículo 93.1 de LOTC, aun en el caso de que tal procedimiento fuera de posible aplicación a las Doctrinas (que recordemos que tal alegación igualmente vulneraría los derechos de mi representado). Entre ellos figurarían la corrección del “error” que supone la modificación de la Constitución sin atenerse al procedimiento previsto en los artículos 166 a 169 CE (no se trata de una aclaración y no ha sido igualmente atendida) y para el cual el TC NO TIENE LA FACULTAD DE ESTABLECER SU JURISDICCIÓN NI INTERVERNIR. En segundo lugar la restitución del derecho a la Tutela efectiva de la Justicia vulnerado por el TC. Y finalmente la aclaración de un proceso que afecta a los derechos fundamentales de mi representado, seguido por el Defensor del Pueblo en relación con actos realizados con anterioridad por el TC.

 

CUATRO.- SOBRE LA FALTA DE ADECUACIÓN DE LA ALEGACIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL AL PROCEDIMIENTO DE ACLARACIONES SOLICITADO (DOCTRINA)

 

De todas maneras, la alegación del TC en lo que respecta al procedimiento para solicitar aclaraciones establecido en el artículo 93.1, tampoco tiene nada que ver con el Objeto, ya que las aclaraciones que solicita mi representado en sus Peticiones, no se refieren específicamente a algún aspecto de la sentencia 75/1985, sino a LA DOCTRINA EN ELLA CONTENIDA, Doctrina que recoge las esencias de diversas sentencias (no sólo la 75/1985) y que es de aplicación a todo el mundo, no sólo a quienes formaron parte de uno de los procesos en concreto (en este caso el 75/1985 citado, pero podría haberse citado cualquier otro anterior o posterior o incluso varios).

 

En tal caso, es EVIDENTE que el proceso descrito en el artículo 93.1 no puede ser ni exclusivo ni excluyente, por el simple hecho de que NO PUEDE SER APLICADO a las Doctrinas, ya que el procedimiento descrito en 93.1 es de imposible aplicación a MÁS DE UN PROCESO, o lo que es lo mismo, a las Doctrinas (que recordemos no son otra cosa que interpretaciones coincidentes reiteradamente, y que por tanto requieren NECESARIAMENTE MÁS DE UNA SENTENCIA). Es decir, que el procedimiento establecido en 93.1 sería exclusivo y excluyente EN EL CASO DE UNA SENTENCIA EN CONCRETO, NO EN EL DE LA DOCTRINA DE VARIAS SENTENCIAS.

 

Y cabe decir, que en ningún lugar de la TOTALIDAD DEL CUERPO DE LEYES ESPAÑOLAS, existe un sólo artículo que defina cual es el procedimiento para solicitar aclaraciones sobre doctrinas del TC. Por tanto lo que alega el TC, es simplemente FALSO.

 

Aún en el caso de que nuevamente pretendiera hacer extensiva, en uso de su facultad de establecer su jurisdicción, A PESAR DE LA IRRACIONALIDAD DE DICHA PRETENSIÓN, la aplicación del artículo 93.1 también a las doctrinas, nos encontraríamos que el TC estaría legislando al establecer un artículo que previamente no existía y estaría juzgando a mi representado sin las debidas garantías, al aplicarle retroactivamente una disposición desfavorable anteriormente inexistente, sin ser parte de ningún juicio y no tener por tanto ninguna garantía procesal.

 

Cabe recordar nuevamente, que el TC no tiene facultad legislativa y que no podría por tanto aunque quisiera, establecer dicho nuevo artículo sobre un tema que YA ESTÁ CLARAMENTE LEGISLADO EN LA LO 4/2001.

 

TERCERO. CINCO.- SOBRE LA IRRACIONALIDAD DE LA ALEGACIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

Habría que recordarle al TC que no estamos en la mili, donde se tenían que cumplir las órdenes fueran o no racionales, estuvieran o no respaldadas por la legislación. En el Estado de Derecho, todo aquello que se afirme o se diga DEBE ESTAR RESPALDADO POR LA CONSTITUCIÓN. No se pueden arrestar piscinas ni dar órdenes arbitrarias, por mucho que les gustase, sino que deben actuar SIEMPRE Y EN TODO MOMENTO dentro del marco constitucional, marco que ni siquiera el TC puede saltarse (y quizás más que ni siquiera, el TC menos que nadie).

 

Por otro lado, el establecimiento de su jurisdicción, no puede suponer la modificación de una Ley (el TC no tiene facultades legislativas, la Constitución no se las ha concedido), que es lo que supone el establecimiento de un criterio arbitrario hasta entonces inexistente y que supone una ALTERACIÓN DE LA LEY LO 4/2001.

 

Porque en el momento en que mi representado realiza la Petición, TAL IMPOSICIÓN ARBITRARIA de que ÚNICAMENTE se pueden solicitar aclaraciones mediante el procedimiento establecido en el artículo 93.1 de la LOTC, NO EXISTE.

 

Por tanto, tal y como establece la Ley LO 4/2001, la pretensión de mi representado ES LÍCITA AL SER UN ASUNTO DE LA COMPETENCIA DEL TC Y NO EXISTIR OTRA VÍA PARA LA SATISFACCIÓN DEL OBJETO DE LA PETICIÓN.

 

 SEIS.- SOBRE LA RETROACTIVIDAD DE LA ALEGACIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

Aún en el caso de que, realmente fuera de aplicación el carácter exclusivo y excluyente, recordemos que la legislación IMPIDE QUE SE LE APLIQUEN RETROACTIVAMENTE disposiciones que perjudiquen derechos fundamentales de mi representado, en este caso una norma que NO EXISTÍA y que limitaría el acceso al objeto de la Petición y por tanto a sus derechos de Petición, de Tutela Judicial efectiva y de Participación en los asuntos del Estado, que es lo que resolvía la Sentencia del TC de 1985. Por tanto, el establecimiento A POSTERIORI por parte del TC, de un requisito que no existe en la Ley (en la LOTC no explicita que el procedimiento establecido en el artículo 93.1 sea único y EXCLUYENTE, como pretende el TC en su alegación al recurso), supone la MODIFICACIÓN de la LO 4/2001, donde establece en su artículo 3 “OBJETO DE LAS PETICIONES”:

 

Las peticiones podrán versar sobre CUALQUIER asunto o materia comprendido en el ámbito de competencias del destinatario, con independencia de que afecten exclusivamente al peticionario o sean de interés colectivo o general.

No son objeto de este derecho aquellas solicitudes, quejas o sugerencias para cuya satisfacción el ordenamiento jurídico establezca un procedimiento específico distinto al regulado en la presente Ley.

 

Por tanto, el Derecho de Petición dice “…CUALQUIER asunto o materia…”, mientras que el artículo 93.1 de la LOTC dice:

 

Contra las sentencias del Tribunal Constitucional no cabe recurso alguno, pero en el plazo de dos días a contar desde su notificación las partes podrán solicitar la aclaración de las mismas.

 

Como se puede comprobar, establece que LAS PARTES podrán solicitar aclaraciones en el plazo de dos días. Pero, EN NINGÚN LUGAR QUEDA ESTABLECIDO QUE PROCEDIMIENTO DEBEN SEGUIR QUIENES NO SON PARTE, de la misma manera que tampoco establece que quienes no son parte no puedan solicitar aclaraciones y finalmente tampoco establece el procedimiento para solicitar aclaraciones doctrinales cuando se trata de normas, no de resoluciones (y recordemos que los pronunciamientos del TC tienen carácter normativo). Por tanto en ningún lugar se establece el carácter EXCLUSIVO Y EXCLUYENTE que le pretende atribuir el TC A POSTERIORI de la interposición del recurso de amparo judicial por mi defendido. Y con esto quedaría demostrada la retroactividad de la disposición y el perjuicio que sobre los derechos de mi representado y especialmente en este caso sobre la TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, supone tal arbitraria disposición.

 

Como se puede comprobar, en el momento en que mi representado realizó sus peticiones, podía realizarla sobre CUALQUIER tema, incluyendo las aclaraciones sobre una sentencia, ya que en ese momento no estaba definido el carácter EXCLUYENTE que pretendidamente le atribuye el TC y que no se deduce de ningún lugar del artículo 93.1 de la LOTC.

 

Por tanto la aplicación de una Doctrina reflejada en la sentencia 75/1985 a mi representado por parte del Defensor del Pueblo, que no se refiere a su caso, ni al derecho que pretende defender (23.1), sin que este pueda solicitar aclaraciones de la misma, dejaría en una clara situación de indefensión a mi representado, al no poder presentar alegaciones como parte ni haber tenido una defensa efectiva en un proceso en el que NUNCA PUDO TOMAR PARTE.

 

Es decir, que es absolutamente RECHAZABLE la pretensión del TC de utilizar su facultad para establecer su jurisdicción, PARA MODIFICAR y VULNERAR LA LEY.

 

CUARTO.- SOBRE LOS ASPECTOS DOCTRINALES JURÍDICOS NO TENIDOS EN CUENTA EN EL AUTO.

 

Como bien establece la Juez Magistrada, en el FJ1 del Auto 153/2012, tratándose de un Estado de Derecho, mi representado debe tener SIEMPRE una posibilidad de TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. Si no se le concede dicha tutela judicial efectiva, ¿a qué queda reducido el Estado de Derecho? A NADA. Si según vemos en la anterior alegación 1.1 , el artículo 12 de la LO 4/2001 nos señala el juzgado de lo Contencioso Administrativo como el órgano que debe ejercer dicha tutela efectiva, y en cambio mediante artificios formales se cede a la pretensión de inadmisibilidad del recurso del Tribunal Constitucional y del MF, se elimina totalmente la posibilidad de dicha tutela, como expondremos más adelante. Y si los argumentos usados para establecer la incompetencia de este Juzgado de lo Contencioso fueran ciertos, que no lo son, serían también ciertos para el resto de instancias superiores del Contencioso Administrativo, quedando totalmente vedada la vía, establecida por la Ley, del Contencioso Administrativo en todas sus instancias a mi representado como garantes de la TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. ¿Que queda del Estado de Derecho?

 

Porque, una vez eliminada la vía del Contencioso Administrativo como posibilidad de tutela judicial efectiva, la única vía legal que le quedaría a mi representado para poder acceder a la tutela judicial efectiva (que recordemos se trata de otro DERECHO FUNDAMENTAL), es la de interponer un RECURSO DE AMPARO CONSTITUCIONAL ante el TC y en tal caso ¿el demandado puede ser juez y parte? Es obvio que un juicio donde los acusados se juzgan a si mismos contra los intereses de un tercero puede ser cualquier cosa menos imparcial, y por supuesto sería muy poco favorable hacia los intereses de ese tercero, en este caso mi representado.

 

Además, existen diversas doctrinas jurídicas referidas al otorgamiento de la tutela judicial efectiva que son de aplicación directa a mi representado, y que la Juez-Magistrado HA OBVIADO a la hora de dictar su resolución, SIENDO QUE DICHAS DOCTRINAS SE HAN QUEBRANTADO Y CON ELLAS LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. Así tenemos:

 

 UNO- SOBRE LA VULNERACIÓN DE LA DOCTRINA DE LA MOTIVACIÓN DEL FONDO DE LA RESOLUCIÓN

 

La sentencia STC 140/2006 establece que  “En efecto, para que exista incongruencia por falta de respuesta judicial, recordaba todavía en fechas recientes nuestra STC 34/2004, de 8 de marzo, FJ 2, “es preciso que la Sentencia o la resolución que ponga fin al procedimiento guarde silencio o no se pronuncie sobre alguna de las pretensiones de las partes, dejando imprejuzgada o sin respuesta la cuestión planteada a la consideración del órgano judicial aun estando motivada (SSTC 16/1998, de 26 de junio, FJ 4, 215/1999, de 29 de noviembre, FJ 3, 86/2000, de 27 de marzo, FJ 4, y 156/2000, de 12 de junio, FJ 4), siendo posible incluso la desestimación tácita (por todas SSTC 86/2000, de 27 de marzo, FJ 4, y 33/2002, de 11 de febrero, FJ 3)”.” En nuestro caso, se ha tomado en consideración la alegación del TC referida a una parte del OBJETO, que como ya hemos visto no corresponde a la totalidad de de la Petición, dejando imprejuzgado por tanto el fondo de la cuestión planteada, que en nuestro caso es la vulneración del DERECHO de Petición.

 

Como segundo aspecto donde se produce una vulneración de dicha doctrina, vemos que la sentencia STC 140/2006, establece además que “Y como establecieron, entre otras, las SSTC 218/1992, de 1 de diciembre, FJ 4; 48/1993, de 8 de febrero, FJ 5; 54/2000, de 28 de febrero, FJ 3; 261/2000, de 30 de octubre, FJ 5; 42/2004, de 23 de marzo, FJ 4; 29/2005, de 14 de febrero, FJ 4; 42/2005, de 28 de febrero, FJ 4, o 69/2006, de 13 de marzo, FJ 2, la quiebra de concordancia lógica entre los fundamentos de Derecho o entre éstos y el fallo de una resolución judicial, que sea entonces internamente contradictoria, ocasiona un defecto de motivación (no de congruencia).”, siendo que en nuestro caso, al haberse aplicado un fundamento basado en una alegación del MF vacía de contenido, que da lugar a una resolución basada en dicha alegación y que acaba resolviendo sobre un Objeto que NO ES AQUEL POR EL QUE SE SOLICITA EL AMPARO, OCASIONA UN DEFECTO DE MOTIVACIÓN.

 

Existe finalmente un tercer aspecto que supone un DEFECTO DE MOTIVACIÓN por el hecho de que se han establecido en el Auto 153/2012 hechos erróneos, que no son los impugnados por mi representado, como son la cuestión de interposición de recurso de amparo que nunca ha existido en las Peticiones, que desvirtúan la totalidad de la fundamentación.

 

Es por ello que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, debería valorar los hechos que se impugnan, y no otros que son los que erróneamente se establecen y los que deliberadamente el TC y el MF han introducido induciendo a confusión al Juzgado, quien saliéndose de la independencia que debería regir sus resoluciones, aplicando el principio de lógica de la “navaja de Occam” (la explicación más sencilla de un hecho se tiene por la cierta) cuando en este supuesto no tiene nada que ver con el caso denunciado, pero que precisamente por venir del Tribunal Constitucional, el Juzgado ha tomado como interpretación de Ley de obligado cumplimiento, como demuestra la frase “sin que sea posible por parte de este Juzgado modificar los criterios en este sentido adoptados por el Tribunal Constitucional”, ya que el criterio que se menciona afecta al OBJETO (y como hemos demostrado, ni siquiera al Objeto), no al DERECHO, que es el hecho denunciado.

 

No vale alegar que están indisolublemente ligados el Objeto y el derecho, ya que como se ha dicho la cumplimentación del Derecho comporta unos trámites mínimos por parte del TC, que es lo que no se dio (y los pocos que se dieron, eran FALSOS e INACEPTABLES POR TANTO). Así la sentencia STC 242/1993 establece que “. Ahora bien, hoy el contenido comprende algo más, aun cuando no mucho más, e incluye la exigencia de que el escrito al cual se incorpore la petición sea admitido, se le dé el curso debido o se reexpida al órgano competente si no lo fuera el receptor y se tome en consideración. Desde la perspectiva del destinatario, se configuran dos obligaciones, una al principio, exteriorizar el hecho de la recepción y otra al final, comunicar al interesado la resolución que se adopte (arts. 6.2 y 11.3 de la Ley reguladora), sin que ello «incluya el derecho a obtener respuesta favorable a lo solicitado» (STC 161/1988 y, en el mismo sentido, ATC 749/1985) [F.J. 2].”.

 

Por su parte la LO 4/2001 establece en su artículo 11.3 que “. La contestación recogerá, al menos, los términos en los que la petición ha sido tomada en consideración por parte de la autoridad u órgano competente e incorporará las razones y motivos por los que se acuerda acceder a la petición O NO HACERLO. En caso de que, como resultado de la petición, se haya adoptado cualquier acuerdo, medida o resolución específica, se agregará a la contestación.”. En nuestro caso, ni tan siquiera se llegó a este estadio, ya que la Petición fue inadmitida haciendo uso del Artículo 3 de la citada LO 4/2001, mediante razones y motivos falsos, como cita la respuesta a la Primera Petición (“…que el objeto de su petición resulta ajeno a la competencia del Tribunal Constitucional (Auto 81/1980, de 5 de noviembre, y art. 3 de la Ley Orgánica 4/2001)…”), así como el artículo 8 sobre inadmisiones:

 

Artículo 3.   Objeto de las peticiones

Las peticiones podrán versar sobre cualquier asunto o materia comprendido en el ámbito de competencias del destinatario, con independencia de que afecten exclusivamente al peticionario o sean de interés colectivo o general.

No son objeto de este derecho aquellas solicitudes, quejas o sugerencias para cuya satisfacción el ordenamiento jurídico establezca un procedimiento específico distinto al regulado en la presente Ley.

 

 

 

Artículo 8.   Inadmisión de peticiones

No se admitirán las peticiones cuyo objeto sea ajeno a las atribuciones de los poderes públicos, instituciones u organismos a que se dirijan, así como aquéllas cuya resolución deba ampararse en un título específico distinto al establecido en esta Ley que deba ser objeto de un procedimiento parlamentario, administrativo o de un proceso judicial.

Tampoco se admitirán aquellas peticiones sobre cuyo objeto exista un procedimiento parlamentario, administrativo o un proceso judicial ya iniciado, en tanto sobre los mismos no haya recaído acuerdo o resolución firme.

 

Resumiendo, la sentencia STC 140/2006 dice: ““Este Tribunal ha declarado que contradice el derecho a la tutela judicial efectiva aquella resolución judicial que revela una evidente contradicción interna o incoherencia notoria entre los fundamentos jurídicos, o entre éstos y el fallo, en tanto que uno de los variados contenidos de aquel derecho fundamental es el que se dicte una resolución fundada en Derecho, motivada y razonada y NO ARBITRARIA. De ahí que sólo una motivación razonada y suficiente permite el ejercicio del derecho a la tutela judicial, porque una motivación radicalmente contradictoria no satisface los requerimientos constitucionales (SSTC 218/1992, de 1 de diciembre, 16/1993, de 18 de enero, 48/1993, de 8 de febrero, 96/1993, de 22 de marzo, 5/1995, de 10 de enero, 170/1995, de 20 de noviembre, 117/1996, de 25 de junio, 68/1997, de 8 de abril, 139/1997, de 22 de julio)” (FJ 3).”.

 

Como ya reiteramos, la solicitud de aclaraciones es, contrariamente a lo que dijo el TC, ámbito competencial del TC y además no existe procedimiento alternativo para satisfacer dicha petición, como hemos dicho en este y el anterior recurso y se le dijo al TC en su día, ya que el procedimiento establecido en 93.1 no es de uso posible por mi representado (ni por nadie en lo referido a aspectos doctrinales), no estaba establecida su exclusividad para solicitar aclaraciones (la estableció a posteriori el TC) y el establecimiento de esta exclusividad supone una penalización con efecto retroactivo expresamente prohibida por el artículo 25.1 CE y finalmente, supone dejar sin tutela judicial efectiva a mi representado en otro procedimiento que ni siquiera se llegó a iniciar y que para poder iniciarlo requiere de tales aclaraciones.

 

 DOS.- SOBRE LA VULNERACIÓN DE LA DOCTRINA DE PROHIBICIÓN DE LA INDEFENSIÓN

 

En su sentencia STC 199/2006, el Tribunal Constitucional expone en su FJ4: “cabe recordar que es doctrina reiterada de este Tribunal que el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) exige la salvaguardia del derecho a la defensa contradictoria de las partes litigantes a través de la oportunidad de alegar y probar sus derechos e intereses dentro de un proceso en el que se respeten los principios de bilateralidad e igualdad de armas procesales, sin que pueda dictarse la resolución judicial inaudita parte salvo incomparecencia voluntaria o debida a negligencia atribuible a la parte que pretenda hacer valer aquel derecho fundamental (SSTC 114/2000, de 5 de mayo, FFJJ 2 y 3; 19/2002, de 28 de enero, FJ 1; 222/2002, de 25 de noviembre, FJ 3; y 248/2004, de 20 de diciembre, FJ 3)”. En este punto queda claro que existió vulneración a la tutela efectiva de los Tribunales, por cuanto no existió igualdad en las armas procesales, esto es, que al Ministerio Fiscal se le permitió comparecer no presencialmente, admitiendo su alegación (que además, recordemos, está vacía de contenido) presentada vía Fax, mientras que a mi representado se le exigió en el telegrama ENVIADO EL DÍA 11/7/12 su presencia personal a primera hora del día 12/07/12 so pena de perder sus derechos. Se ha aplicado al Ministerio Fiscal la normativa de facilidad de comunicaciones electrónicas que se ha negado a mi representado.

 

Este hecho tuvo como consecuencia que en tan corto lapso de tiempo (menos de 24 horas) no pudiera contactar con este letrado, siendo que el domicilio de recepción de las comunicaciones es el de mi representado, por lo que no hubo comparecencia por parte de la parte actora  en cuanto a representación procesal, excepto mi representado, que no se tuvo comparecido en forma.

 

Cabe recordar que el artículo 117.1 de la Ley reguladora del Contencioso Administrativo dice que “Recibido el expediente o transcurrido el plazo para su remisión y, en su caso, el del emplazamiento a los demás interesados, el órgano jurisdiccional, dentro del siguiente día dictará auto mandando seguir las actuaciones o comunicará a las partes el motivo en que pudiera fundarse la inadmisión del procedimiento”, y que el artículo 117.2 referente a la comparecencia con motivo de la inadmisión, establece que “En el supuesto de posibles motivos de inadmisión del procedimiento, se convocará a las partes y l Ministerio Fiscal a una comparecencia, que habrá de tener lugar antes de transcurrir 5 días, en la que se les oirá sobre la procedencia de dar al recurso la tramitación prevista en este capítulo.

 

Si observamos los plazos, el Juzgado dictaminó como posible motivo de inadmisión la no competencia del Juzgado el día diez, pero lo comunicó el día 12/07/12, es decir un día más tarde que la comunicación de la comparecencia y el mismo día de dicha comparecencia. Este hecho es trascendente, ya que disponiendo de 5 días para convocar la comparecencia, se convocó con menos de 24 horas, siendo que una actuación de celeridad para teóricamente salvaguardar posibles lesiones en los derechos fundamentales de mi representado, se transforma precisamente en el motivo de otra indefensión.

 

Continúa dicha sentencia STC 199/2006, “Asimismo, la prohibición de la indefensión impone a los órganos jurisdiccionales una especial diligencia con el fin de preservar el derecho de defensa de las partes, de modo que incumbe a aquéllos la obligación de procurar que en el proceso exista la exigible contradicción entre las mismas, así como que tengan iguales posibilidades de alegación y prueba en el ejercicio de su derecho de defensa a lo largo de todas sus instancias (SSTC 138/1999, de 22 de julio, FJ 4; 114/2000, de 5 de mayo, FJ 2; 178/2001, de 17 de septiembre, FJ 3; y 307/2005, de 12 de diciembre, FJ 2).” Bien, en este caso era conocido de ese juzgado que el domicilio a efectos de notificaciones era el de mi representado, y que le conllevaría un cierto tiempo convocar al Letrado. Y sin embargo, en vez de guardar la especial diligencia debida, preservando el derecho de defensa de la parte actora, se convocó la comparecencia con menos de 24 horas, imposibilitando en la práctica el comparecer en forma al no poder localizar al Letrado. Y SIN EMBARGO, ADMITIÓ LA COMPARECENCIA VÍA FAX DEL MINISTERIO FISCAL.

 

Finaliza en dicho FJ 4 de la STC 199/2006, “Finalmente, es también doctrina constitucional que no es suficiente con una mera vulneración formal para que pueda considerarse que ha existido una indefensión con relevancia constitucional, sino que es preciso que tal infracción formal origine un efecto material de indefensión, esto es, un quebranto real del derecho de defensa con el resultante perjuicio efectivo para los intereses del afectado (SSTC 88/1999, de 26 de mayo, FJ 4; 118/2001, de 21 de mayo, FJ 2; 146/2003, de 14 de julio, FJ 3; y 185/2003, de 27 de octubre, FJ 4).”. Esto es de especial importancia, ya que el quebranto ocasionado es tan real como absurdo, puesto que, caso de cerrarse a mi representado la vía contencioso administrativa, que es la vía prevista por la Ley para la defensa de su derecho de Petición, la única vía para que se llegue al FONDO del asunto planteado y que no exista vulneración de la tutela judicial efectiva sería…la interposición de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Ello, evidentemente vulneraría el derecho a la tutela judicial EFECTIVA, ya que el artículo 24.2 de la Constitución establece que “Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.”.

 

 TRES.- SOBRE LA VULNERACIÓN DE LA DOCTRINA DE LA INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE AL DERECHO.

 

Dice la STC 169/1987 en su FJ 4: “A todo lo dicho, hay que añadir que la interpretación del art. 113.2 d) de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, cuyos términos reproduce el fallo de la Sentencia, de 15 de julio de 1987, en el sentido antes expuesto, es la más favorable para el ejercicio del derecho fundamental de participación política”.

 

Por su parte la STC 153/2003 en su FJ 7 dice “Cuestión distinta es que estas adiciones determinen o no efectivamente la nulidad del voto, una vez atendidas y ponderadas las circunstancias de cada caso, interpretadas en el sentido más favorable a la efectividad de los derechos fundamentales (STC 169/1987, de 29 de octubre) y de acuerdo con el principio de búsqueda de la verdad material (STC 26/1990, de 19 de febrero, FJ 6); pero ello es algo que se puede predicar de todos los votos.”

 

Es evidente que en la interpretación que se ha dado en el Auto en que se le deniega el amparo, en modo alguno se ha dado la interpretación más favorable a la efectividad de los derechos fundamentales (23.1, 24.1, 24.2, 29.1, 25.1) de mi representado, si no que se le ha dado preeminencia a la facultad del TC de establecer su jurisdicción, en sentido negativo aunque en ese acto se estén vulnerando los derechos de mi representado. Ello entra en contradicción con una doctrina más que reiterada. No se pueden cambiar las reglas del juego a mitad del partido.

 

Por otro lado volver a insistir, en que no se atiende con las erróneas motivaciones la totalidad del objeto de la petición, ni siquiera una parte de ellas, siendo pues que se ha aceptado una motivación que, aun de ser cierta (que ya hemos visto que no lo es), no daría lugar a la resolución más favorable al ejercicio del derecho fundamental.

 

También decir que la interpretación del carácter exclusivo y excluyente del artículo 93.1, aunque fuera de aplicación que no lo es, también estaría muy alejada de ser la más favorable al ejercicio del derecho a petición y del resto de derechos subsidiarios (defensa efectiva y representación)

 

Hay que recordar también, que la CE establece en su artículo 10.2 que “Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.”, y que según el art. 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se establece que “Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.” y en su artículo 30 que “Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.

 

En caso de denegarme la Tutela este Juzgado nº 5, mi representado debería llevar su caso ante el TC, con lo que no tendría un juicio imparcial. Además es el Tribunal Constitucional el que, incumpliendo la Constitución, está llevando a cabo actos tendentes a suprimir los derechos de mi representado. Es evidente que permitir que el caso sea juzgado por el TC, y no por este juzgado que es el que en Ley corresponde, sería dejar desamparado a mi representado, y como bien cita la Juez en su FJ 1º: “La Constitución dispone que la dignidad de la persona y los derechos que le son inherentes son fundamento del orden político y de la paz social (artículo 10).

 

En consecuencia con dicho pronunciamiento, junto con la posibilidad siempre existente de obtener la tutela judicial efectiva por los Jueces y Tribunales, a través de los cauces  y procedimientos previstos en cada caso por la legislación procesal […] que determinados derechos y libertades obtuviesen un nivel más alto de protección jurisdiccional, […] y, en todo caso, a través del recurso de amparo, ante el Tribunal Constitucional.

 

Resulta paradójico que la Juez Magistrado exponga en su Fundamento Jurídico 1º “la posibilidad siempre existente de obtener la tutela judicial efectiva”, para inmediatamente después en la Resolución DENEGAR dicha tutela judicial efectiva, declarándose incompetente sin establecer de quien es la competencia y dejando la única vía para obtener al tutela de los derechos “a través del recurso de amparo, ante el Tribunal Constitucional.”, justo el organismo que ha cometido a juicio de esta parte la vulneración de los derechos y que es la parte demandada en este proceso. Más que paradójico, incongruente como repetidamente se ha expuesto.

 

Pensamos que este párrafo del FJ1 del Auto de la Juez Magistrado, resume perfectamente uno de los problemas de este caso:

 

SI NO HAY TUTELA EFECTIVA DE JUECES Y TRIBUNALES, NO HAY ESTADO DE DERECHO.

 

Ergo, SI NO HAY ESTADO DE DERECHO, como advierte la Juez Magistrado, NO PUEDE HABER PAZ SOCIAL.

 

Quiere recordar finalmente esta parte el contenido del artículo 7.2 de la LOPJ, que ha sido vulnerado por el TC: “En especial, los derechos enunciados en el artículo 53.2 de la Constitución se reconocerán, en todo caso, de conformidad con su contenido constitucionalmente declarado, sin que las resoluciones judiciales puedan restringir, menoscabar o inaplicar dicho contenido.”.

 

QUINTO.- EN CONCLUSIÓN: SOLICITUD INTERESADA.

 

Por todas las alegaciones anteriormente expuestas interesa al Derecho de esta parte:

 

  • Que se rechace la alegación del Ministerio fiscal como base de la inadmisión, por estar vacía de contenido, tratándose de una arbitrariedad contraria a la Ley
  • Que en caso contrario, se otorgue igualdad de oportunidades en el uso de las armas procesales, inadmitiendo la comparecencia vía fax del Ministerio Fiscal u otorgando una nueva posibilidad de comparecencia en un tiempo prudencial dentro de los plazos previstos por la Ley
  • Que se inadmita la alegación del Tribunal constitucional, por no constituir una alegación referida al Objeto del Recurso, el Derecho de Petición vulnerado, sino al Objeto de dicha Petición.
  • Que, en caso contrario, se inadmita el recurso por no estar referido a la totalidad del Objeto de las Peticiones, si no sólo a una pequeña fracción de las mismas
  • Que se subsanen los errores en los Hechos del Auto, que desvirtúan el Objeto del Recurso y sitúan a mi representado en una situación de indefensión.
  • Que se centre el recurso en el Objeto en que realmente se demanda amparo, y no en los que con ánimo de confundir, pretenden que se centre el Tribunal Constitucional.

 

En definitiva, dado que, como se ha demostrado, no se entra en el fondo de las alegaciones planteadas por mi representado en base a errores graves, confusiones, motivaciones inexistentes, privándosele de CUALQUIER POSIBILIDAD DE JUICIO JUSTO E IMPARCIAL.

 

Y en base a todo ello,

 

AL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SUPLICO: Que teniendo por presentado este escrito en tiempo y forma, tenga por interpuesto RECURSO DE APELACIÓN contra la resolución de ese juzgado de lo contencioso-administrativo de fecha 12 de julio de 2012, y de conformidad con su contenido, se revoque dicha resolución y se RESUELVA FAVORABLEMENTE A LOS DERECHOS DE MI REPRESENTADO EL PRESENTE RECURSO DE APELACIÓN, se retome el procedimiento en el punto en que se dejó mediante el principio del “Salto en la Instancia” y se otorgue la Tutela Judicial Efectiva, y que una vez el procedimiento en curso nuevamente, se tengan en consideración las alegaciones vertidas en el original recurso de amparo judicial, tanto como las vertidas en el presente de apelación.

 

Subsidiariamente y para el caso que se ratifique la  incompetencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo, se DETERMINE CUAL ES EL ÓRGANO COMPETENTE PARA RESOLVER ESTE ASUNTO, para no dejar a mi representado en situación de indefensión.

 

En Barcelona, a 3 de septiembre de dos mil doce.”

 

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