CONTRA LAS MENTIRAS DE RAJOY (II)

septiembre 13, 2012 § 5 comentarios

“QUINTO.- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA APLICABLE.

 

1.- En primer lugar, según establece la sentencia STC 6/1988 en su fundamento 5º, cabe dilucidar si las declaraciones emitidas en los medios de comunicación por el PP, durante la campaña electoral y en fechas previas a la misma, deben considerarse como opiniones o juicios de valor, y por tanto enmarcados en el artículo 20.1.a de la CE, (siendo en tal caso que no existiría vulneración de sus derechos), o por el contrario corresponden a informaciones, encontrándose encuadradas en el artículo 20.1.d de la CE, y en tal caso si que son susceptibles de haber vulnerado sus derechos.

 

Como bien remarca el TC, normalmente es difícil encontrar información en estado “químicamente puro”, encontrándose mezclada a menudo con elementos subjetivos y de opinión. En este caso, tanto en las declaraciones y entrevistas emitidas en los medios de comunicación, como en el programa electoral del Partido Popular, se puede discernir perfectamente entre lo que son elementos de opinión y lo que son elementos de información. Así, cuando los líderes afirman que “España necesita un cambio”, se trata evidentemente de una opinión, o cuando afirman que “si Gobierna el PP, España recuperará la confianza de los mercados”, están emitiendo un juicio de valor, siendo tales declaraciones enmarcables dentro de la libertad de expresión establecida en 20.1.a, y por tanto sobre ellas, no es lícito que reclame. Pero ¿y cuándo afirman que no subirán los impuestos? ¿o cuándo afirman que bajarán la edad de jubilación a los 65 años? Según establece dicho fundamento 5º, “El derecho a comunicar y recibir libremente información versa, en cambio, sobre hechos o, tal vez más restringidamente, sobre aquellos hechos que pueden considerarse noticiables.” y continúa, “…y sobre hechos, específicamente, «que pueden encerrar trascendencia pública» a efectos de que «sea real la participación de los ciudadanos en la vida colectiva», de tal forma que de la libertad de información -y del correlativo derecho a recibirla- «es sujeto primario la colectividad y cada uno de sus miembros, cuyo interés es el soporte final de este derecho» (STC 105/1983, de 23 de noviembre, fundamento jurídico 11)”. Como bien remarca el TC, con estos elementos, ya se puede establecer el carácter de las declaraciones vertidas en los medios de comunicación, ya que la evidente trascendencia pública de una subida o bajada de impuestos (u otras medidas de gobierno), le confiere un carácter eminentemente noticiable. Es irrelevante que la noticia transmitida se refiera a hechos futuros, ya que el objeto de la información comunicada es precisamente conformar una opinión pública favorable al emisor de dicha información, consiguiendo de esta manera la confianza de los electores para, una vez elegidos representantes, poder transformar en hechos reales lo que anteriormente sólo tenía un carácter futurible, Y ESO SE CONVIERTE, una vez conseguido el voto favorable del elector, EN UN COMPROMISO Y UNA OBLIGACIÓN.

 

El TC pone de relieve en dicho fundamento, la importancia que tiene la información veraz para lograr que “sea real la participación de los ciudadanos en la vida colectiva”. Es decir, que de la interpretación que el TC realiza en este sentido, se infiere un ligamen indisoluble entre el derecho expresado en el artículo 20.1.d y el expresado en 23.1 de la CE, el derecho fundamental de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, y es de este ligamen indisoluble de donde devendrá la vulneración del derecho fundamental establecido en 23.1 CE de mi principal, cuando anteriormente se vulnera su derecho establecido en 20.1.d, ya que la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos mediante sus representantes es sólo una parte, y no precisamente la menos importante, de la participación de los ciudadanos individuales en la vida colectiva.

 

2.- No cabe alegar que, las declaraciones realizadas en el contexto de una campaña electoral, deban considerarse como opiniones o valoraciones lícitas fruto de un debate enmarcado en el ámbito de la pluralidad política, ya que como reafirmó la sentencia STC 47/2002 en su fundamento 3º, el hecho de que unas declaraciones sean expresadas en el contexto de un debate político, no les confiere el estatus automáticamente de opiniones y valoraciones, enmarcadas por tanto en el artículo 20.1.a de la CE, sino que será la naturaleza de su contenido el que delimite si se tratan de opiniones o hechos, y por tanto si deben enmarcarse en el ámbito del precepto de la libertad de expresión o en el de la libertad de información.

 

3.- Así, una vez establecido el carácter informativo de las declaraciones expuestas en los HECHOS y en el Anejo de Prensa, y que por tanto se hayan sujetas al precepto constitucional expresado en 20.1.d, se debe proceder a analizar la veracidad de la información emitida. A este respecto, el TC explicita en el fundamento 5º de su sentencia STC 6/1988 (reiterada en otras sentencias posteriores), que ” La comunicación que la Constitución protege es, de otra parte, la que transmita información «veraz», pero de ello no se sigue -como bien observa el Letrado del Estado- que quede extramuros del ámbito garantizado, en supuestos como el presente, la información cuya plena adecuación a los hechos no se ha evidenciado en el proceso”, es decir, que la información emitida por el PP en el decurso de la campaña electoral y en su programa electoral, aún siendo errónea, podría quedar encuadrada dentro del marco constitucional, y como tal, protegida por el precepto enunciado en 20.1.d, siempre que, según establece el TC, se cumplan algunos requisitos.

 

Continúa el TC en dicho fundamento 5º estableciendo los criterios según los cuales, una información puede no ajustarse a los hechos reales, y sin embargo ser encuadrada dentro del concepto de “veraz”: “Cuando la Constitución requiere que la información sea «veraz» no está tanto privando de protección a las informaciones que puedan resultar erróneas -o sencillamente no probadas en juicio- cuanto estableciendo un específico deber de diligencia sobre el informador, a quien se le puede y debe exigir que lo que transmita como «hechos» haya sido objeto de previo contraste con datos objetivos, privándose, así, de la garantía constitucional a quien, defraudando el derecho de todos a la información, actúe con menosprecio de la veracidad o falsedad de lo comunicado. El ordenamiento no presta su tutela a tal conducta negligente, ni menos a la de quien comunique como hechos simples rumores o, peor aún, meras invenciones o insinuaciones insidiosas, pero si ampara, en su conjunto, la información rectamente obtenida y difundida, aun cuando su total exactitud sea controvertible. En definitiva, las afirmaciones erróneas son inevitables en un debate libre, de tal forma que, de imponerse «la verdad» como condición para el reconocimiento del derecho, la única garantía de la seguridad jurídica sería el silencio”. Es pues en este sentido que debe analizarse si las informaciones emitidas por el PP a la ciudadanía, con el objeto de formar su opinión y ganar su confianza para obtener la representación de dicha ciudadanía, y por tanto formar el Gobierno de la Nación, se ajustan a dichos criterios de veracidad.

 

4.- Pero aún antes de entrar a valorar la veracidad de las noticias, según el criterio expuesto en el párrafo anterior, debemos examinar otros matices que, en cuanto a la veracidad, establece el TC, esta vez en su sentencia STC 240/1992, en su fundamento 7º: “Aunque en todo caso le es exigible al profesional de la información una actuación razonable en la comprobación de la veracidad de los hechos que expone para no defraudar el derecho de todos a recibir una información veraz, tal obligación, sin embargo, debe ser proporcionada a la trascendencia de la información que se comunica, dependiendo, necesariamente, de las circunstancias que concurran en cada supuesto en concreto[…] Así, cuando la noticia que se divulga puede suponer por su propio contenido un descrédito en la consideración de la persona a la que la información se refiere, esa obligación de comprobar la veracidad del contenido de la información adquiere, en principio, su máxima intensidad, aunque pueden existir circunstancias que modulen dicha obligación, como, entre otras, el carácter del hecho noticioso, la fuente que proporciona la noticia, las posibilidades efectivas de contrastarla, etc.”. Por tanto, considera el TC, que la diligencia empleada en realizar el contraste de los datos obtenidos, debiendo ser mayor cuanto mayor sea la trascendencia del hecho que se comunica, especialmente cuando de la veracidad de los hechos informados, puede vulnerar por su contenido algún otro derecho constitucional.

 

5.- Así pues, teniendo en cuenta todos los criterios expuestos anteriormente, según es la consideración del TC en lo referente a la determinación de la veracidad de una información determinada, cabe analizar ya si la información transmitida por el PP en el curso de la campaña electoral, se ajusta plenamente a dichos criterios de veracidad, y por tanto si vulneraron o no el derecho de mi principal a recibir información veraz según establece el artículo 20.1.d de la CE y como consecuencia, si hubo una alteración ilícita de la opinión pública que ha repercutido negativamente en ese derecho a la representación establecido en el artículo 23.1 de la CE.

 

a)      Las informaciones emitidas por el Partido Popular con anterioridad y durante la campaña electoral, así como las contenidas en el Programa Electoral de dicho partido, referidas en los HECHOS y en el Anejo de Prensa expuestos en esta demanda, en el decurso de los acontecimientos posteriores a la formación del nuevo Gobierno, con cuyo objetivo fueron emitidas dichas noticias, han revelado no ajustarse en absoluto a la realidad, por lo que, de entrada pueden considerarse erróneas. Si además no cumplen los requisitos establecidos, deberán ser también consideradas como no veraces.

b)      En cuanto a la trascendencia de las informaciones emitidas, cabe resaltar que éstas tienen el carácter de máxima trascendencia, por cuanto versan sobre los aspectos que inciden sobre el conjunto de la ciudadanía, al referirse a compromisos que adquieren los futuros representantes ante sus posibles representados. Es más, el objeto de dichas informaciones es el de formar una opinión favorable hacia una determinada opción política, con lo que su falta de veracidad supone una adulteración del principio democrático, tal y como lo entiende la Constitución, suponiendo una laminación de los principios máximos de la Libertad y de la Pluralidad Política establecidos en el artículo 1.1 de la CE.

c)      En tanto en cuanto el carácter de estas informaciones es de la máxima trascendencia, según el criterio del TC, deberían también tener el máximo grado de contraste por parte de quién las emite, el Partido Popular, accediendo a todas las fuentes que hubieran disponibles para valorar la posibilidad efectiva de transformarlas en realidad, antes de emitirlas como ciertas, y que han podido obtener por su participación en la anterior legislatura por los cauces establecidos en el funcionamiento de las instituciones.

d)     Además se debe tener en cuenta, que del carácter veraz de las informaciones, depende que se lesione o no otro derecho fundamental constitucional, no sólo no menos predominante en la escala de valores establecida por el TC en cuanto a derechos individuales y colectivos, sino posiblemente incluso más, como es el derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes. Este hecho refuerza aún más, si cabe, la necesidad de diligencia a la hora de contrastar los hechos, antes de emitirlos como ciertos, pues de ello depende la formación de la opinión del colectivo de la ciudadanía, y en consecuencia, su participación en los asuntos públicos.

e)      Si bien es cierto que un hecho futuro es de difícil contraste, por cuanto que es imposible conocer la totalidad de factores que inciden en su realización posterior, si que se puede valorar la diligencia llevada a cabo en cuanto a obtener el máximo de datos conocidos que inciden de manera cierta en su realización, y obtenerlos de todas las fuentes disponibles, así como contrastarlos entre si a fin de obtener el grado de fiabilidad de una información antes de emitirla como cierta. En el caso de que hayan aspectos que pueden suponer una dificultad o una barrera insalvable para su realización, estos hechos deberían ser informados, siendo condicionada la realización de los hechos a la presencia o no de tales aspectos negativos.

 

Visto pues los requisitos necesarios para que sean considerados veraces los hechos concretos expuestos en esta denuncia, cabe resaltar que dicha diligencia no se cumplió, o por lo menos no se cumplió en el grado máximo que sería exigible a unas informaciones de tal trascendencia y que, además tienen una grave incidencia sobre otro derecho fundamental que constituye la esencia de la democracia según la entiende la Constitución. Para realizar tal afirmación, me fundo en que, una vez ganadas las elecciones por el Partido Popular (cuya victoria no sabemos en que medida fue debida a las declaraciones no veraces, pero las cuales seguro influyeron en dicha victoria), y una vez formado el nuevo Gobierno de la Nación, los dirigentes de dicho partido informan de que la realización de los hechos no veraces anunciados antes de la campaña, depende de un factor que es peor de lo esperado por ellos, que es la evolución negativa de la economía, y concretamente el incremento del déficit esperado del 6%, hasta más del 8%, factor éste que según explican es imprevisible.

 

Pero esta imprevisibilidad no es tal, sino falta de diligencia, por cuanto la evolución económica, según los principales organismos que se dedican al análisis de tales cuestiones, ya era claramente negativa mucho antes del inicio de la campaña electoral, y no sólo eso, sino que el principal factor aducido, esto es, el incremento del déficit por encima del 8%, ya era una posibilidad de probabilidad muy elevada conocida por los dirigentes del PP, tal y como demuestran muchas de sus declaraciones. Es más, la causa principal de la dicha desviación del objetivo de déficit, es el incremento del déficit de las CCAA, la práctica totalidad de las cuales se hallaban en esas fechas en manos del PP, quien tenía por tanto acceso directo a los datos en cuestión o a su posibilidad de ocurrencia, lo cual redunda en descartar la imprevisibilidad de tal factor.

 

En fecha tan temprana como el 15 de Octubre, hallamos la primera referencia de un organismo que prevé la posibilidad de que se alcance un déficit cercano al 8%. Así en el diario EL IMPARCIAL, en un artículo firmado por D. Vilagrasa, aparece el titular “El previsible incumplimiento de los objetivos macroeconómicos deja una herencia envenenada al próximo Gobierno”, y en el interior de la noticia aparece la siguiente información: “Los expertos, sin embargo, no opinan lo mismo. En el panel de analistas que elabora Funcas, en el que participan dieciocho casas de análisis —entre ellas Analistas Financieros Internacionales, BBVA, Bankia, CEOE, Esade, La Caixa, o Repsol-, ninguno de los participantes considera que sea posible llegar al objetivo fijado. Todos marcan que el desequilibrio de las cuentas públicas alcanzará entre el 6,1% -precisamente la previsión que comparte el FMI- y el 7,1%.[… ] Precisamente, un informe del banco suizo UBS sobre España, al que ha tenido acceso este diario, trata este asunto. Los analistas de esta entidad aseguran que al país le queda por delante “un esfuerzo hercúleo” para lograr reactivar la economía tras el 20-N, con un escenario en el que las finanzas públicas que encuentren los populares serán “peores de lo esperado”. Así, prevén que el déficit será superior al 6%: “Creemos en un rango más realista para 2012, del 7 al 8%, con lo que el nuevo Gobierno enfrentará una tarea mucho más dura”, aseguran.

En fecha ligeramente posterior, el 19/10/11, encontramos en El Mundo la siguiente noticia, firmada por Javier Gallego/María Ramírez: “Moody’s rebaja la nota a España por su debilidad ante los mercados“: “…Otro de los factores que sustentan esta rebaja es que este bajo crecimiento “dificulta la consecución de los objetivos fiscales para este año y el siguiente“. En concreto, la agencia expresa su preocupación por la capacidad de los gobiernos autonómicos para financiarse y reducir sus déficit presupuestarios….. La agencia no cree que con tan poca expansión del PIB, el Gobierno sea capaz de reducir el déficit público como esperaba ni este año ni el siguiente. E insiste en que las comunidades autónomas necesitan más mano dura. “En particular, Moody’s sigue estando muy preocupada por la financiación de los gobiernos regionales y su capacidad de reducir los déficit presupuestarios de acuerdo con los objetivos”, asegura la agencia, que, como la Comisión Europea, ve poco progreso y cree que las Comunidades se desviarán este año un punto respecto a la reducción de déficit prevista del 1,3% del PIB.” Una noticia de las mismas características encontramos en EL PAIS de la misma fecha.

 

En fecha 31 de Octubre encontramos en el diario digital Hispanidad, aunque sin citar fuentes de donde sacan la noticia, por lo que no hemos podido contrastarla, informan que:“PP. Rajoy teme que ZP le deje un déficit del 8% “Eso supondría otra reducción del gasto público de 35.000 millones de euros. De las cifras reales dependerá si Rodrigo Rato entra como super-vicepresidente y hasta la misma estructura del Ejecutivo Popular. Baudilio Tomé y los chicos de FAES elaboran un programa económico para salir del paso: saben que no se va a cumplir. Cristóbal Montoro está convencido de que no será vicepresidente. El programa de Tomé ha sido hecho en colaboración con Jaime García-Legaz y con FAES”

 

Y posteriormente, en fecha 7/11/11, a las 12:02 h. se emite una noticia en el diario ABC en su edición digital, redactada por José Antonio Navas, donde se explicita en los subtitulares que: “Rajoy se teme que el déficit público pueda alcanzar el 8% en 2011, lo que obligará a pedir a la Unión Europea una moratoria para retrasar un año al menos los planes de ajuste y consolidación fiscal”. Y en el interior de la noticia se remarca: “Entre el cuento del PSOE y las cuentas del PP existen enormes diferencias y aún en el supuesto de que ninguno de ellos se salga enteramente con la suya parece claro que España no va a cumplir los deberes de austeridad impuestos por las autoridades comunitarias. La gran asignatura de la consolidación fiscal quedará pendiente para el curso que viene con un desfase aumentado y corregido de recursos públicos, que se estima en una horquilla de 30.000 a 40.000 millones de euros en función al mayor o menor patrioterismo contable.”.

 

Es en fechas inmediatas cuando ya aparece la mención específica en un dicurso de un líder del PP. Así, en fecha 8/11/11, aparece publicada en 20 MINUTOS la noticia “Soria califica de “propuesta a la griega” el planteamiento de Rubalcaba de retrasar el déficit“ cuyo contenido dice “El presidente del PP de Canarias y candidato al Congreso por la provincia de Las Palmas, José Manuel Soria, ha calificado de “propuesta a la griega”, el hecho de que el candidato socialista a la Presidencia del Gobierno central, Alfredo Pérez Rubalcaba, planteara el retraso del déficit público. … En relación con ello, recordó que el déficit de España está marcado, por la Unión Europea, en un 6 por ciento; sin embargo, hay expertos que hablan, aseguró, de que se puede alcanzar un 8 por ciento de déficit, lo que implicaría un recorte de 45 millones de euros en los próximos presupuestos. …”

 

Al día siguiente, el 9/11/11, aparece un matiz en el mensaje de D. Mariano Rajoy, pero insuficiente para invalidar el mensaje que se continúa dando, ni tan siquiera supone un condicional estricto. Y ello teniendo en cuenta que ya afirma esperar sorpresas. La noticia se publica en DIARIOCRÍTICO y lleva por titular “Rajoy no subirá impuestos “en principio” ni aclara si Gallardón será ministro“ y dice la noticia “…Preguntado por si teme enfrentarse a la situación que dejan los políticos socialistas, Rajoy admite que la herencia será “muy difícil”, aunque asegura que se presenta a las elecciones sabiendo “muy bien” cómo están las cosas…“. Parece ser que sabía muy bien como estaban las cosas hasta que se dio cuenta que no sabía muy bien como estaban las cosas. Una noticia similar, pero de distinto contenido aparece el 10/11/11 en el diario NOTICIAS DE NAVARRA.

 

Hay otras noticias que se refieren al previsible incumplimiento de los objetivos del déficit. Así, en fecha 11/11/11, encontramos publicado en VOZBCN, la noticia “Bruselas advierte de que España incumplirá los objetivos de déficit y responsabiliza de ello a las CCAA“ donde dice “…También ha pronosticado que nuestro país inclumplirá los objetivos de déficit fijados para los próximos años, situándolo en el 6,6% del PIB este 2011, el 5,9% en 2012 (unos 16.000 millones de euros), y el 5,3% en 2013 (alrededor de 25.000 millones), lejos del 6%, 4,4% y 3% que se había fijado en el plan de estabilidad como meta para este trienio…Además, apunta a las CCAA como las administraciones que, junto a la Seguridad Social, presentarán los mayores niveles de déficit en los próximos años, a diferencia de la Administración General del Estado, que cumplirá con los objetivos establecidos…“

 

Las noticias de evolución negativa continúan: ABC, 11/11/11 “Bruselas prevé un frenazo del crecimiento y paro alto hasta 2013”, con subtitular “La Comisión Europea advierte del riesgo de “una nueva fase de recesión” en la eurozona y que España no cumpla sus objetivos de déficit

 

Y en artículos de opinión se reitera el conocimiento de los líderes del partido popular de la desviación al 8%:

– Libertad Digital, Desde la cofa 2011-11-13, José Carlos Rodríguez “El ajuste de Rajoy”: “Según los cálculos, tendrá que hacer un ajuste fiscal de entre 30.000 y 40.000 millones de euros, tres o cuatro puntos porcentuales del producto nacional. Eso deprimirá el PIB, pero mejorará la economía.

– Público.es ERNESTO EKAIZER 17/11/2011 06:02: “Histeria del déficit”: “…Pondremos el mismo empeño que la señora [Elena] Salgado en cumplir los compromisos del 6% este año, el 4,4% en 2012 y el 3% en 2013. Aquí nos jugamos nuestra credibilidad. Si no lo hacemos, nos costará más financiarnos, la prima de riesgo se irá por los aires…para ahorrar los 20.000/30.000 millones que plantea Bruselas en su reciente informe (partiendo de un déficit del 6,6% en 2011, cifra que se quedará corta),…”.

– Ignacio Escolar | Público | 17-11-2011 a las 9:06: “Las cuentas que oculta Rajoy”: “El Gobierno espera que el déficit de este año sea del 6%. Con la recaída de los últimos meses, es casi imposible que se vaya a cumplir: probablemente estará entre el 6,6% que espera la Comisión Europea y el 8,4% que pronostican algunos en el PP

– EL PAÍS, LUCÍA ABELLÁN 20 NOV 2011: “El ajuste más duro está por llegar”: “…Tanto el PP como el PSOE prometen en sus programas acatar fielmente la senda de reducción del déficit. Pero las cifras son aterradoras. Si el objetivo global de este año (6% del PIB) se cumpliera -una ficción a la que ya ni el Gobierno se agarra-, el ajuste adicional para 2012 se acercaría a los 18.000 millones de euros. Una cantidad que deja pequeño el mayor recorte de la democracia, anunciado por José Luis Rodríguez Zapatero aquel aciago 12 de mayo de 2010. Entonces el sacrificio exigido fue de 15.000 millones en dos años y supuso la congelación de las pensiones,…La situación se agrava con la evidencia, cada vez mayor, de que las cifras de este año no se cumplirán. Eso engrosa el paquete de tareas pendientes para el ejercicio siguiente y aproxima los recortes a los 30.000 millones si el déficit se desvía, por ejemplo, al 7%. Lo más probable es que los incumplimientos recaigan en su mayor parte en las comunidades autónomas y, por tanto, sean estas Administraciones las que afronten esa herencia. En todo caso, los 18.000 millones de 2012 (equivalentes a la distancia que hay entre el déficit del 6% del PIB pretendido este año y el 4,4% comprometido para el año próximo) serían competencia exclusiva de la Administración Central.”.

 

Es decir, que la probabilidad de ocurrencia de las causas del impedimento en transformar en realidad los hechos emitidos como futuribles en las noticias durante el período electoral, según aducen con posterioridad los propios líderes del Partido Popular que emitieron las noticias, eran conocidas durante el mismo período en que se emitían dichas noticias, y no sólo no llegaron a rectificar los hechos dados como ciertos, ni tan siquiera a condicionarlos, si no que se continuaron emitiendo noticias reforzando las anteriores.

 

Con ello no hacían más que demostrar que, o bien no se prestó la debida diligencia en hechos de tanta trascendencia y con una profunda influencia en la formación de la opinión pública, máxime cuando son emitidos por personas de tanta relevancia en la vida pública, o bien eran simples invenciones emitidas como noticias, lo que las transforma en fabulaciones, Y TODO ELLO EN EL MARCO DE UNAS ELECCIONES GENERALES.

 

Así, cuando el líder del Partido Popular introduce matices en sus declaraciones diciendo que “en principio” no subirá los impuestos, y siendo introducido dicho matiz cuando el futuro Ministro Soria anunciaba que el déficit real podía rondar el 8%, implica que ya conocían el dato del posible escenario y que habían analizado las posibilidades de cumplimiento de los hechos anunciados, es decir, el cumplimiento del objetivo de déficit desde un 8% hasta un 4,4% sin subir los impuestos al menos en el primer período de la legislatura. También en ese momento era conocida ya la previsión de entrada en recesión de la economía española, hecho que dificulta, como reconocen a posteriori el cumplimiento de los objetivos de déficit. Los hechos demuestran sin embargo que no habían tomado la diligencia necesaria en contrastar tales datos, ya que precisamente las primeras medidas tomadas al tomar posesión del Gobierno, y confirmarse el escenario del déficit superior al 8%, son las que se dijo que no se tomarían en un primer momento, es decir subir los impuestos. Pero aún si cabe la demostración de no diligencia es mayor, por cuanto, aún subiendo los impuestos, no son capaces de cumplir el otro hecho anunciado como cierto, el cumplimiento del compromiso adquirido del 4,4%. Y aún más todavía, aun subiendo los impuestos e incumpliendo el compromiso adquirido con los socios europeos, es necesario incumplir el resto de hechos anunciados como verídicos para poder alcanzar el nuevo objetivo de déficit acordado con la UE.

 

Si cuando en fecha 30/12/11, ya con el nuevo Gobierno formado, la Vicepresidenta Dña. Soraya Sáez de Santamaría dice “Nos encontramos con una cifra más elevada que la comunicada por el Gobierno anterior y tenemos que adoptar medidas excepcionales para tapar el agujero”, quiere decir entonces que no se habían tenido en cuenta las previsiones del resto de organismos e instituciones, tanto públicos como privados, ni tampoco que ya con anterioridad se habían tenido que modificar revisiones de todos los parámetros macroeconómicos, ni todo el resto de indicadores que habían, fiando la veracidad de los hechos comunicados, que recordemos son de la máxima trascendencia por cuanto a su naturaleza, contenido y consecuencias, a UN ÚNICO DATO SIN CONTRASTAR, por mucho que se trate de un dato oficial, ya que por su propia naturaleza evolutiva, no tiene carácter consolidado. Por tanto, en un contexto en que se requería la máxima diligencia, se trató con la máxima negligencia. En cualquier caso, no se trata de uno de los supuestos protegidos por el constitucional derecho a la libertad de comunicar hechos veraces.

 

Bien, no es el objeto de este recurso el establecer si se trata simple negligencia o por el contrario, se trata de una mentira (y si hubiera una regulación específica, el correspondiente dolo), sino simplemente restituir los derechos vulnerados a mi mandante.

 

Hay que resaltar que en declaraciones vertidas en fechas 26/04/12 en un mitin en el Congreso del PP de Madrid y 7/05/12 en una entrevista a la cadena radiofónica Onda Cero, el Presidente del Gobierno, D. Mariano Rajoy, reconoce que no se está cumpliendo su programa electoral, asumiendo su culpabilidad en los hechos denunciados y reiterando que continuará materializando hechos contrarios a los que comunicó como veraces. En una nueva entrevista en fecha 02/09/2012 al diario ABC, vuelve a reconocer el incumplimiento de la totalidad de su programa electoral.

 

SEXTO.- SOBRE LAS DOCTRINAS CONSTITUCIONALES, VULNERACIÓN DEL DERECHO DE REPRESENTACIÓN Y LAS POSIBLES VÍAS DE RESTITUCIÓN

 

1.- En primer lugar, y dado que en ninguna ley (excepto la propia CE), queda establecido el ligamen entre el proceso de elección y el mandato vinculante del programa electoral por el cual fueron elegidos los representantes, y ante las dudas que pudieran suscitar el contenido del Artículo 67.2 de la CE donde se establece que

 

Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo.”,

 

hemos creído conveniente buscar entre la doctrina del TC si el cumplimiento del programa electoral es considerado como un “mandato imperativo” y, por tanto, están los miembros electos exentos de su cumplimiento, como parece que creen sus Señorías o así parece indicar sus actos.

 

En la sentencia STC 119/1990, encontramos en el FJ 7, la siguiente explicación:

 

Los Diputados son representantes del pueblo español considerado como unidad, pero el mandato que cada uno de ellos ha obtenido es producto de la voluntad de quienes los eligieron determinada por la exposición de un programa político jurídicamente lícito (y por tal ha de ser tenido mientras no haya una decisión judicial en contrario)[…]La fidelidad a este compromiso político, que ninguna relación guarda con la obligación derivada de un supuesto mandato imperativo, ni excluye, obviamente, el deber de sujeción a la Constitución que esta misma impone en su art. 9.1, no puede ser desconocida ni obstaculizada

 

Bien, en este punto la interpretación que da el TC sobre este tema, pone en evidencia que el cumplimiento del programa electoral NO PUEDE SER CONSIDERADO UN MANDATO IMPERATIVO, antes al contrario, el TC considera que EL MANDATO es otorgado a los representantes por la voluntad de los electores, ESTÁ DETERMINADO POR LA EXPOSICIÓN DE DICHO PROGRAMA ELECTORAL. Por tanto, no supone ninguna vulneración de la Constitución, el EXIGIR a los representantes electos el cumplimiento de dicho programa electoral.

 

2.- En otras sentencias, el TC amplia el sentido de la relación existente entre representantes y representados. Así, tenemos que en la sentencia STC 10/1983, encontramos en el FJ 2 que dice:

 

El sentido democrático que en nuestra Constitución (art. 1.2) reviste el principio del origen popular del poder obliga a entender que la titularidad de los cargos y oficios públicos sólo es legítima cuando puede ser referida, de manera mediata o inmediata, a un acto concreto de expresión de la voluntad popular. Es obvio, sin embargo, que pese a esta identidad de legitimación de todos los titulares de cargos y funciones públicas, sólo se denominan representantes aquellos cuya designación resulta directamente de la elección popular, esto es, aquellos cuya legitimación resulta inmediatamente de la elección de los ciudadanos.

 

La función del representante puede revestir, ciertamente, muy distintas formas y aunque en el entendimiento común y en la opción política de nuestra Constitución (art. 1.3) la idea de representación va unida a la de mandato libre, no es teóricamente inimaginable un sistema de democracia mediata o indirecta en la que los representantes estén vinculados al mandato imperativo de los representados…

 

Continúa el TC en dicho FJ2:

 

El extremo que debe ser analizado es el de si, dada la conexión necesaria e inmediata que, como acabamos de afirmar, existe entre representación y elección popular, cabe considerar constitucionalmente legítima una organización de la representación en la que los representantes pueden ser privados de su función por una decisión que no emana de los propios electores. No requiere este análisis de muy largo desarrollo para llegar a una respuesta inequívocamente negativa. Si todos los poderes del Estado emanan del pueblo, podrá discutirse la conveniencia o, dentro de un sistema representativo concreto, la licitud de la facultad de revocación concedida a los electorales, o la oportunidad o la justicia de aquellas normas jurídicas que, de modo general, establezcan, como consecuencia necesaria de ciertos supuestos de hecho, el cese del representante en las funciones que el pueblo le ha conferido...

 

El derecho que la Constitución (art. 23.1 ) garantiza a todos los ciudadanos de participar en los asuntos públicos mediante representantes libremente elegidos, es un derecho que corresponde a cada ciudadano y que puede ser vulnerado por actos que sólo afecten a cada uno de éstos en particular. La vulneración que resulta del hecho de privar al representante de su función les afecta sin embargo a todos simultáneamente y es también una vulneración del derecho del representante a ejercer la función que le es propia, derecho sin el que, como es obvio, se vería vaciado de contenido el de los representados. Lo propio de la representación, de cualquier modo que ésta se construya, tanto basada en el mandato libre como en el mandato imperativo, es el establecimiento de la presunción de que la voluntad del representante es la voluntad de los representados, en razón de la cual son imputados a éstos en su conjunto y no sólo a quienes votaron en su favor o formaron la mayoría, los actos de aquél. El desconocimiento o la ruptura de esa relación de imputación destruye la naturaleza misma de la institución representativa y vulnera, en consecuencia, un derecho fundamental de todos y cada uno de los sujetos que son parte de ella.

Es por ello que la vulneración del programa electoral mediante además la emisión de información no veraz (o directamente falsa), resulta un incumplimiento que no sólo me afecta a mi, haya votado o no tal opción, sino a la totalidad del cuerpo de electores españoles. Por tanto, y dado que como establece el punto 1 de esta alegación, el mandato es otorgado por los representados en virtud de la aceptación del programa electoral expuesto, que genera el vínculo con los representantes, el incumplimiento del programa supone la ruptura de dicho mandato y, a su vez, la rotura del vínculo de representación que supone dicho incumplimiento, sería la rotura del vínculo con TODOS LOS ESPAÑOLES, y no sólo con aquellos que les votaron. Por consiguiente, no sólo han vulnerado mi derecho a representación al modificar u obstaculizar las opciones de representación por mi elegidas antes y durante el proceso de elección, sino que además han vulnerado el de la totalidad del cuerpo electoral una vez en posesión de la representación, como consecuencia inmediata de la elección.

 

Además, aunque el TC no afirma categóricamente (ya que no está juzgando el caso) que los representantes puedan ser destituidos por la voluntad de los representados, establece que es un supuesto que, al diferencia del resto de supuestos que el TC ha estudiado, en este caso no es descartable en absoluto, estableciendo que tal posibilidad podría ser legítima dentro del marco Constitucional.

 

Como última reflexión, podemos deducir sin demasiado esfuerzo, que si el hecho de privar de su función de representación al representante, afecta a todos los representados simultáneamente, el incumplimiento de su vínculo de representación con los representados, también AFECTA A TODOS SIMULTÁNEAMENTE, incluido por tanto yo mismo. La importancia de este hecho tendrá una gran trascendencia en el punto siguiente de la presente alegación.

 

Por su parte, en la sentencia STC 5/1983, encontramos en su FJ 3 la siguiente interpretación:

 

“…que el derecho a acceder a los cargos públicos comprende también el derecho a permanecer en los mismos, porque de otro modo el derecho fundamental quedaría vacío de contenido; derecho a permanecer en condiciones de igualdad, «con los requisitos que señalen las leyes», que será susceptible de amparo en la medida en que las leyes establezcan una causa de remoción que viole un derecho fundamental diferente, dentro de los comprendidos en el ámbito del recurso, o que no se ajuste a las condiciones de igualdad que preceptúa el propio art. 23.2.

 

Este punto también es importante, ya que reconoce la prolongación en el tiempo del derecho establecido en el artículo 23 de la CE, y por tanto que el vínculo de representación que se establece en el momento de la elección no se limita a ese instante de tiempo en que se produce el acto electoral, sino que dicha representación “permanece” el tiempo que media hasta la nueva elección. Ello significa, por tanto que si el vínculo de representación perdura en el tiempo, el compromiso por el que el representante solicita la representación al representado, debe perdurar igualmente en el tiempo, esto es que si el representado otorga su confianza a determinado representante en función del programa que éste expone (según hemos visto en el punto 1 de la presente alegación), dicha confianza sólo existirá mientras exista el cumplimiento del programa por el que fue otorgada.

 

Por tanto en el momento en que se produce el incumplimiento del programa, no puntual sino generalizado, lo mínimo que debe suceder es que el representante someta a veredicto de su(s) representado(s) si aún dispone de dicha confianza, caso contrario, debería considerarse el vínculo que se generó, se ha extinguido.

 

3.- Otra doctrina que cabe tener en cuenta, es la de la conservación de los actos válidamente celebrados. En este caso tenemos la sentencia STC 26/1990 que en su FJ 6 dice:

 

Pero más relevantes que estas consideraciones referidas a la literalidad del texto son las que resultan de la finalidad de la ley y la necesidad de interpretarla de acuerdo con los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Entre ellas, el de participar en los asuntos públicos, como elector (23.1) o como elegido (23.2) aparece, en virtud del carácter democrático del Estado, como un elemento básico de todo el sistema constitucional. La anulación o no cómputo de votos válidamente emitidos en unas elecciones supone, sin duda, la negación del ejercicio y efectividad de ese derecho, no sólo a los votantes cuya voluntad queda suprimida e invalidada, sino también a los destinatarios o receptores de esos votos y, por ende, de la voluntad y preferencia de los electores. El mantenimiento, por tanto, de esa voluntad expresada en votos válidos debe constituir criterio preferente a la hora de interpretar y aplicar las normas electorales. Y desde esta perspectiva, resulta claro que, si bien ha de protegerse al resultado de las votaciones de manipulaciones y falsificaciones que alterarían la voluntad popular, no cabe hacer depender la eficacia de los votos válidamente emitidos de irregularidades o inexactitudes menores,…

 

En este caso, queda claro que la emisión de una información no veraz por parte de la candidatura que finalmente obtuvo la confianza de los representados, en virtud precisamente esa información falsa emitida, REPRESENTA UNA CLARA MANIPULACIÓN que altera la voluntad popular y desvirtúa la totalidad el proceso democrático, tal y como lo entiende la Constitución. Es por ello que, atendiendo al punto anterior (2) de la presente alegación, para que el proceso se considere válidamente celebrado, teniendo en cuenta que afecta a LA TOTALIDAD DE LOS ELECTORES (y votantes, si atendemos a la distinción), debería restituirse el cumplimiento del Programa electoral en su totalidad en virtud del cual los representantes obtuvieron la confianza de los representados, siendo que de lo contrario se consumaría la manipulación y sería necesaria la repetición de la totalidad del acto, con una nueva convocatoria.

 

4.- Por otro lado, para dilucidar hasta que punto la anulación del proceso realizado, en caso de imposibilidad de la totalidad del proceso, vulnera el derecho al acceso a los cargos públicos establecido en 23.2 de los representantes, cabría tener en cuenta, además de los puntos precedentes de la presente alegación, otros principios doctrinales constitucionales, como son:

 

  1. Interpretación más favorable a la efectividad de los derechos fundamentales. Encontramos por ejemplo en la STC 169/1987 en su FJ 4 o en la STC 157/1991 en su FJ 3 y 4.
  2. Conocimiento de la verdad material manifestada por las urnas, cuyo base encontramos en la STC 157/1991 FJ4 o en la STC 153/2003 FJ 9.

 

Los Representantes del PP sometidos a escrutinio en este proceso, no pueden aducir que su mandato deriva de la confianza otorgada por los electores que les votaron, puesto que en este caso debería tenerse en cuenta el derecho de los votantes que recibieron la información no veraz. Es decir que la interpretación más favorable al derecho vulnerado, el de recibir la información veraz, debe tener en cuenta que afectó al derecho a participar en los asuntos del Estado a través de representantes, establecido en el artículo 23.1 de la CE, mientras que por el contrario los Representantes afectados del PP, no pueden aducir su derecho a permanecer en los cargos públicos puesto que accedieron a ellos a través de la vulneración previa de dicho derecho y a que ES IMPOSIBLE CONOCER LA VERDAD MATERIAL MANIFESTADA POR LAS URNAS SI NO HUBIERA EXISTIDO DICHA MANIPULACIÓN (teniendo en cuenta que se trata de una manipulación si se lleva a término el incumplimiento del programa electoral, mientras que no lo sería si se cumpliera dicho programa). Por tanto, una segunda opción jerárquica, en caso de que no fuera posible la restitución del contenido del programa, sería la convocatoria de un referéndum para confirmar la confianza de los representados en los representantes, existiendo de esta manera la opción de mantener el derecho de acceso a acceso a cargo público a la vez que se le da la opción a los representados a verificar si mantienen el vínculo con sus representantes ante la nueva información no manipulada.

 

En virtud de lo antedicho,

 

AL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SUPLICO: Que teniendo por presentado este escrito, lo admita y de conformidad con su contenido se otorgue del Juzgado el AMPARO JUDICIAL de mis derechos constitucionales vulnerados, esto es, mi derecho a recibir información veraz expresado en el artículo 20.1.d CE y su consecuencia en mi derecho de representación expresado en el artículo 23.1 de la CE, así como otros derivados de la vulneración de este último (pero con sustancia propia, como la vulneración de su derecho a la igualdad y no discriminación derivada de la amnistía fiscal decretada, u otros referidos a materia laboral) y que en base a ello dicho juzgado de lo contencioso-administrativo:

 

1.- Declare la vulneración en el cumplimiento íntegro de los compromisos asumidos por parte de los representantes postulados en las elecciones del Partido Popular y condene a dicho partido a cumplir con el programa establecido en la campaña, siendo que de cumplirse este requisito, se produciría la conservación de los actos válidamente celebrados.

 

2.- En caso de imposibilidad o negación al cumplimiento de dicho programa por parte de del Gobierno del Partido Popular, que emitan declaración de rectificación y elaboren un nuevo programa ajustado a la información real, a los efectos de su conocimiento por este ciudadano para el futuro y el del resto de los ciudadanos bajo compromiso de someterlo a referéndum para su confirmación. En este caso, se realizaría la interpretación más favorable a la efectividad de los derechos fundamentales vulnerados y además, existiría la opción de conservar los actos válidamente celebrados mediante la renovación del mandato de los representados.

 

3.- Si no se produjese ninguno de los hechos anteriores, se tomen las medidas pertinentes para la restitución de los derechos íntegros a recibir información veraz y a participar en los asuntos del Estado a través de representantes los cuales dispongan de un mandato válido a través de la exposición de un programa veraz.

 

En Barcelona, a cinco de septiembre de dos mil doce.”

La respuesta será evidente, pero y lo que nos divertiremos!!!!

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§ 5 respuestas a CONTRA LAS MENTIRAS DE RAJOY (II)

  • MarBarcelona dice:

    Excelente trabajo!

    No hay derecho que esto este sucediendo y que lo estemos sufriendo todos los ciudadanos!
    Recibe mi apoyo incondicional!

    Saludos y un fuerte abrazo y que nunca te falte el ánimo! Gracias

    Mar

    • indefenso dice:

      Muchas gracias Mar, se agradece enormemente los ánimos pues es un trabajo “árido”. Es realmente vergonzoso lo que están haciendo, pero esto cambiará, no hay m´s narices.

      Un fuerte abrazo igualmente!!!

      • MarBarcelona dice:

        Es vergonzoso y totalmente injusto!!
        La esperanza nunca se debe perder y más con tanta injusticia y tanta corrupción que hemos estado sufriendo durante tantos años y años. Por suerte cada vez hay más información y gracias a personas como tu, que sabéis de leyes y dedicáis tiempo y un gran esfuerzo (eres un VALIENTE Y PACIENTE 🙂 ) tengo la ilusión, que aunque todo llevará un tiempo al final lo lograrás!
        Sé que tienes fuerza y muchos ánimos, pero por si acaso te envío más!!
        Y gracias por todo lo que estás haciendo! Ojalá hubieran más personas como tu! Que con tu sabiduría y buen hacer nos llenas de ilusión y esperanza a muchas personas que nos sentimos realmente estafadas!
        Un fuerte abrazo!! Y no pares!! Jejejej……… ^-^

      • indefenso dice:

        Gracias nuevamente Mar, si es importante que no nos desanimemos, es precisamente lo que pretenden, que nos rindamos y aceptemos su agresión como inevitable. No lo es, no es inevitable, es inaceptable.

        Je, lo de valiente, si, porque meterme en este embolao, SIN TENER NI IDEA DE LEYES!!!, ha sido con el tiempo, hablando, consultando y leyendo, pero cuando comencé, no tenía ni la más remota idea, y se nota en los primeros intentos de demanda. Ahora ya colaboro un poco con dos abogados, que me van dando ideas y me ayudan cuando pueden.

        Pero aquí lo que importa es que no nos rindamos y que comencemos a actuar JUNTXS!!!

        No se si conoces el Frente Cívico de Julio Anguita, fuera de partidos políticos. Es interesante y no cuesta nada informarse!!!

        Un fuerte abrazo y a seguir p’alante!!!! 😉 (no tengo por aquí emoticonos!!!)

      • MarBarcelona dice:

        Si que sigo a Julio Anguita!! La lástima que no lo sigan más personas! No tengo duda de que si nos uniéramos todos venceríamos! Pero como poner a las personas más ó menos de acuerdo?? Es que me da la sensación de que sino hacemos más nos van a jorobar muchísimo más. Y no es justo de que paguemos lo que no hemos gastado!
        Te admiro, porque, evidentemente de esta sales con la titulación de derecho con creces!! O.O
        Un fuerte abrazo………… y no decaigas!!!! Te envío mucha energía positiva!! Que se que la tienes, pero por si acaso en algún momento te sientes desfallecer.
        JUNTOS VENCEREMOS! Pero como nos ponemos “juntos”?? He ahí la cuestión querido amigo!!
        Realmente todo el curro que realizas es increíble y admirable!! Sin duda alguna!
        Y graciasssssssssssssss!!!!!
        😉

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