AUTO CA5: Se declara incompetente

septiembre 13, 2012 § Deja un comentario

O sea, que con todo lo precedente, se llegó al final esperado, liquidaron el recurso por el simple procedimiento de declararse incompetentes. Cualquier cosa antes que meterle mano al Sacrosanto Tribunal Constitucional. El día 20 de Julio recibí el Auto donde decía:

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 5 DE BARCELONA

RECURSO: DF 252/12 B

PARTE ACTORA: XXXXXXXXXXXXX

PARTE DEMANDADA: RIBUNAL CONSTITUCIONAL

AUTO Nº 153/2012

En Barcelona a 12 de Julio de 2012 (el mismo día de la comparecencia)

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha 15 de junio de 2012 el Sr XXXXXXXXXX presentó en el Decanato de los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de esta ciudad escrito de fecha 14-6-2012 interponiendo recurso contencioso-administrativo especial de Protección de los Derechos Fundamentales, contra las respuestas del Tribunal Constitucional de fehas 28-10-2011, 1-12-2011, 6-2-2012 y 23-5-2012, a las peticiones formuladas por el recurrente en fechas 29-9-2011, 14-11-2011, 26-1-2012 y 7-3-2012.

SEGUNDO.- Subsanados los defectos advertidos mediante diligencia de ordenación de fecha 18 de junio de 2012, entre ellos la designa apud acta a favor del letrado XXXXXXXXXXXXXXXX mediante decreto del secretario judicial se tuvo (diría que falta alguna coma, ¿no?) por comparecido y parte demandante al susodicho letrado en nombre y representación de D. XXXXXXXXXXXXXXX y por interpuesto el recurso especial y sumario y se acordó su tramitación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la LJCA, recabando del Tribunal Constitucional el correspondiente expediente administrativo.

TERCERO.- En fecha 9 de julio de 2012 por el Tribunal Constitucional se remite escrito en el que entre otras cuestiones manifiesta no haber lugar a remisión documental alguna por no existir expediente administrativo como tal y sólo las cartas y documentación remitidas en su día por el recurrente en vía contenciosa y las recibidas por él del Tribunal Constitucional, copia de todo lo cual ya figura en la documentación que el Juzgado había remitido.

CUARTO.- Mediante providencia de 10 de julio de 2012 a los efectos de resolver sobre la existencia de posibles causas de inadmisibilidad del recurso, se citaba a las partes y al Ministerio Fiscal a la comparecencia regulada en el artículo 117.2 de la LJCA, señalándose día y hora para la misma.

QUINTO.- Con fecha 12 de julio  de 2012 se llevó a cabo la comparecencia señalada, compareciendo únicamente el Sr XXXXXXXXX sin la asistencia de letrado por lo que no se le tuvo por comparecido en forma. Por parte del Ministerio Fiscal eacuó alegaciones por vía fax en las que manifestaba que se pretende recurrir una actividad no susceptible de impugnación de acuerdo con el art. 51.1.c) LJCA y en estos supuestos no es necesario convocar la comparecencia prevista en el artículo 117 LJCA.

Levantada la correspondiente acta quedaron las actuaciones pendientes de resolución.

SEXTO.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales aplicables al mismo.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO: La Constitución dispone que la dignidad de la persona y los derechos que les son inherentes, , son fundamento del del orden político y de la paz social (artículo 10).

En consecuencia con dicho pronunciamiento, junto con la posibilidad siempre existente de obtener la tutela judicial efectiva por los Jueces y Tribunales, a través de los cauces y procedimientos previstos en cada caso por la legislación procesal, el Legisldor Constitucional quiso que determinados derechos y libertades obtuviesen un nivel mas alto de protección jurisdiccional, y de ahí que se disponga que cualquier ciudadano pueda recabar la tutela de las libertades y derechos fundmentales ex artículos 14 a 29, ante los tribunles ordinarios por un procedimiento especial, basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en todo caso, a través del recurso de amparo, ante el Tribunal Constitucional.

En la actualidad, este procedimiento preferente y sumario se regula en el orden contencioso-administrativo en la LJCA que se refiere a él como “procedimiento de amparo judicial”, por oposición al amparo constitucional, que se caracteriza por la innecesariedad de agotar la vía administrativa, la reducción de plazos preclusivos para el ejercicio de la acción, la mayor facilidad para la adopción de medidas cutelares y un sistema de recursos más completo que el previsto para el procedimiento ordinario, siendo, en todo caso, de tramitación preferente y debiendo de entenderse su sumariedad, no en sentido propio o cualitativo, sino cuantitativamente, lo que no impide la producción de cosa juzgada material aunque esta se encuentre limitada o circunscrita al objeto específico del propio procedimiento que se resuelve esto es, el ámbito de los derechos fundamentales.

SEGUNDO.- Del escrito de demanda se deduce que se pretende recurrir unas respuestas emitidas por el Tribunal Constitucional a las peticiones formuladas por el recurrente en las que solicitaba del Tribunal Constitucional la interposición de recurso de amparo contra la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen electoral; cuestionaba la constitucionalidad de la ley electoral desde el punto de vista de los principios de igualdad y de proporcionalidad; formulaba consultas sobre el sentido y alcance de las resoluciones del tribunal Constitucional y sobre la sentencia del propio Tribunal 75/1985, de 21 de junio de 1985.

De acuerdo con el artículo 4 de la Ley Orgánica 2/1979 corresponde al Tribunal Constitucional delimitar el ámbito de su jurisdicción sin que sea posible por parte de este Juzgado modificar los criterios en ese sentido adoptados por el Tribunal Constitucional ni controvertir en juicio el carácter exclusivo y excluyente del procedimiento de aclaración de sentencias establecido por el art. 93.1 de la referida ley.

Unido a ello, como señala el Ministerio fiscal, se pretende recurrir una actividad no susceptible de impugnación según dispone el artículo 51.1.c) de la ley jurisdiccional en relación a los artículos 25 y 114 de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa y sin que en relación a esta causa de inadmisibilidad sea necesario convocar la comparecencia prevista en el art 117 LJCA.

TERCERO.- No se hace especial pronunciamiento en cuanto a las costas procesales del presente incidente.

Vistos los artículos citados y los demás de pertinente y general aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

DISPONGO: Declarar la inadmisión del proceso contencioso-administrativo nº 252/2012 B interpuesto por XXXXXXXXXXXXXX en nombre y representación de D. XXXXXXXXXXXX por de acuerdo con el artículo 51.1.c) en relación a los artículos 25 y 114 de la ley jurisdiccional, sin costas.

Notifíquese esta resolución a las partes personadas y al Ministerio Fiscal haciéndoles saber que frente a la misma cabe interponer recurso de apelación en un solo efecto ante este Juzgado, en el plazo de quince días desde la notificación de la presente resolución.

Así lo dispone, manda y firma, Dª XXXXXXXXXXXX, Magistrado Juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número cinco de Barcelona. Doy fe.

DILIGENCIA: Seguidamente se cumple lo acordado de lo que yo, el Secretario, doy fe.

En mi pueblo esto se llama acatar órdenes y pelotas fuera, y no Estado de Derecho.

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