DEMANDA CONTRA EL TC: El proceso en marcha (veremos que dura)

septiembre 12, 2012 § Deja un comentario

Así que una vez realizados los trámites que me pedía el juzgado, el mismo día 5 de Julio entré la demanda (rectificada), esta vez definitiva. Cabe decir que en esta demanda, además aprovecho para NO RECONOCER EL TC, dado que dicho organismo se encontraba en la ilegalidad más flagrante, aunque en el momento en que entré la demanda ya habían procedido a su renovación:

 

Jdo. Del Contencioso-Administrativo núm.5

Barcelona

Rso. Ord. 252/2012

Sección B

 

AL JUZGADO DEL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO  NÚM. 5 DE BARCELONA

 

 

D. XXXXXXXXXXXX, Letrado, actuando en nombre y representación de XXXXXXX, con DNI XXXXXXX, nacido en xxxx y con domicilio en calle XXXXXXXXXX, Telf XXXXXXXX, QUE SE DESIGNA A EFECTO DE NOTIFICACIONES, según tengo acreditado en el recurso arriba referido, ante el juzgado contencioso-administrativo comparezco y, como mejor proceda en Derecho, DIGO:

 

Que ha sido notificada esta parte la Diligencia de Ordenación de fecha dieciocho de Junio de 2012, recibida en fecha 25 de Junio de 2012, donde con carácter previo a la admisión del presente recurso contencioso-administrativo, se conmina a mi representado a rectificar los defectos de forma expuestos.

 

Que mediante la presentación del presente escrito y la documentación que le acompaña, mi representado se RATIFICA en su solicitud para el amparo de sus derechos fundamentales, tal y como establece su Diligencia de Ordenación, rectificando asimismo los defectos de forma restantes, y debiendo tener por presentado en plazo y forma y admitido el presente recurso.

 

Que según lo dispuesto en el artículo 53.2 CE intereso el AMPARO JUDICIAL de los derechos fundamentales de mi principal, así como la restitución de los mismos frente al TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (TC), al considerar vulnerado su derecho de Petición, según queda establecido en el artículo 29.1 de la CE, que ha tenido como consecuencia, un perjuicio mucho más grave en lo que se refiere a su derecho fundamental de representación en los asuntos públicos, según está establecido en el artículo 23.1 de la CE, como consecuencia de la situación de INDEFENSIÓN en que le ha dejado el TC, contrariamente a lo establecido en el  artículo 24.1 de la CE, los cuales también solicito le sean restituidos.

 

Dicha vulneración se produce como consecuencia de la INADMISIÓN de la petición según consta en las CARTAS DE RESPUESTA emitidas oficialmente por el Jefe de Gabinete del Presidente del TC (documentos 6º y 8º que acompañan este recurso), inadmisión contraria a lo establecido en el Art. 8 de la LO 4/2001 reguladora del derecho de petición.

 

Adjunto copia de los escritos de petición remitidos al TC y de las respuestas recibidas del mismo. Adjunto asimismo copias de los escritos que remití con anterioridad al Defensor del Pueblo (DP), así como las respuestas del Defensor del Pueblo a dichos escritos como prueba de lo sostenido en algunas alegaciones. La relación de documentos presentados, es la siguiente:

 

  1. Escrito de mi representado al DP, de fecha 29/09/11
  2. Respuesta del DP, de fecha 28/10/11
  3. 2º escrito de mi representado al DP, de fecha 14/11/11
  4. Respuesta del DP al 2º escrito, de fecha 1/12/11
  5. Escrito de petición al TC, de fecha 26/01/12
  6. Respuesta del TC al escrito de petición, de fecha 6/02/12
  7. 2º escrito de petición al TC, de fecha 7/03/12
  8. Respuesta del TC al 2º escrito de petición, de fecha 23/05/12.

 

 

Dicha demanda se formula de conformidad con las siguientes:

 

ALEGACIONES

 

 

PRIMERA.- SOBRE LOS HECHOS EN QUE SE SUSTENTA ESTA RECLAMACIÓN.

 

1.- Que en fecha 26 de Enero de 2012, remitió al TC su Petición mediante escrito enviado por correo certificado, cuyo contenido se ajustaba plenamente a lo regulado por la LO 4/2001. El objetivo de dicha petición era solicitar aclaraciones sobre la sentencia STC 75/1985, con el objetivo de poder acceder a su derecho a una defensa efectiva, en este caso de otro derecho fundamental, el de participar en los asuntos del Estado a través de representantes y en condiciones de igualdad y no discriminación.

 

2.- Que en fecha 10 de Febrero de 2012, recibió la respuesta del TC a mi Petición, no admitiéndola a trámite. Dicha inadmisión no se ajusta a lo previsto en la LO 4/2001 por diversos motivos, expuestos en las alegaciones.

 

3.- En fecha 7 de Marzo de 2012, reiteró su petición al TC, haciéndole notar que su negativa no se ajustaba a la legalidad, que su petición se ajusta a la Ley y que tratándose de un derecho fundamental, debían atender al mismo.

 

4.- En fecha 1 de Junio de 2012 recibió la respuesta a la segunda petición denegando de nuevo la admisión de la misma, y confirmando que no se trataba de un error sino de una negativa por parte del TC al cumplimiento de la Ley y una vulneración de sus derechos fundamentales.

 

SEGUNDA.- RESPECTO A LA PRIMERA PETICIÓN REALIZADA EN 26/01/12

 

1.- Que la respuesta dada por el TC a la primera petición realizada, expresa que “Debo poner en su conocimiento que el objeto de su petición resulta ajeno a la competencia del Tribunal Constitucional…”, a la vez que el redactado del artículo 8º, INADMISIÓN DE PETICIONES, de la LO 4/2001 dice “No se admitirán las peticiones cuyo objeto sea ajeno a las atribuciones de los poderes públicos, instituciones u organismos a que se dirijan…”, pudiéndose establecer por tanto que se trata de una INADMISIÓN de la petición.

 

2.- Que la Constitución Española (CE) reconoce en su artículo 29.1 el derecho de petición, siendo éste un Derecho Fundamental y que como ciudadano, mi representado cumple todos los requisitos de peticionario establecidos en el art. 1 de la LO 4/2001.

 

3.- Que según establece el art. 2 de la LO 4/2001, el TC es un posible destinatario de las peticiones y que no se encuentra entre los organismos relacionados en la Disposición Adicional Primera de la LO 4/2001, sometidos a procedimiento de petición específico.

 

4.- Que el objeto de la petición se ajusta totalmente al art. 3º de la LO 4/2001, siendo que se trata en primera instancia aclaraciones sobre aspectos poco claros de una sentencia del TC, los cuales son competencia ÚNICA Y EXCLUSIVA del TC. Además se trata de un asunto que afecta directamente a mi representado, ya que afecta a la defensa de otros derechos fundamentales, pero es también del interés general, ya que las aclaraciones solicitadas son del interés de la totalidad de la ciudadanía.

 

5.- Que es lícito y legal solicitar aclaraciones sobre una sentencia, cuyo contenido afecta a la totalidad de la ciudadanía y que presenta aspectos poco claros y de gran trascendencia para la globalidad del Estado, máxime cuando además estas aclaraciones inciden de manera en otros derechos fundamentales que alego están afectados. Que la realización de dichas aclaraciones por la vía de petición, no está vetada ni por la LOTC, ni por la LO 4/2001 ni por ninguna otra ley vigente.

 

6.- Que existen procedimientos específicos para solicitar aclaraciones sobre sentencias del TC (lo cual demuestra que es posible solicitar tales aclaraciones), establecidos en el art. 93.1 de la LOTC y en el art. 214 del código civil en relación con el art. 80 de la LOTC. Que sin embargo al no cumplir mi mandante los requisitos establecidos en dichos procedimientos, al no ser parte en los procesos objeto de las resoluciones, por lo cual le quedan vedadas tales vías, siendo pues la única vía posible para solicitar dichas aclaraciones, la de la Petición.

 

7.- Que no existe ninguna otra vía alternativa establecida legalmente para satisfacer o siquiera plantear el objeto de la petición de mi principal.

 

8.- Que el objeto de la petición en si mismo (aclaraciones sobre una resolución del TC) aunque correspondan a un derecho y no necesite de una motivación trascendental que lo justifique, no ha sido realizado por capricho ni por curiosidad, si no por necesidad, y que no supone por si mismo ningún inconveniente al TC, aunque no haya ningún procedimiento específico para su satisfacción.

 

Que, además, dicho objeto se encuentra dentro de las funciones del TC.

 

Que además las aclaraciones objeto de la Petición, son necesarias para acceder a otros dos derechos fundamentales (23.1 y 24.1 de la CE) vulnerados o seriamente dañados, tal como especifico en la Petición.

 

9.- Que la negativa ilegal e irrazonada a atender la Petición de mi principal podría dar lugar a incurrir en un delito gravísimo como podría ser la sedición, ya que la lectura de dicha sentencia revela que su contenido no sólo podría ajustarse en absoluto a la CE, sino que además podría estarla alterando en lo esencial de su contenido, modificación que no se ajustaría en absoluto al procedimiento constitucionalmente establecido y que subvertiría la totalidad del Estado de Derecho. Es decir, que la inadmisión de su petición puede estar suponiendo algo mucho más grave que la simple vulneración de un derecho fundamental, máxime cuando el TC es el intérprete supremo de la Constitución y sus Sentencias se equiparan a la propia ley.

 

10.- Que el único motivo aducido por el TC en su escrito de respuesta, para la inadmisión de su Petición, es el AUTO del TC 81/1980, de 5 de noviembre, en relación con el artículo 3 de la LO 4/2001, “Objeto de las peticiones”. Que, tal y como explico en mi segundo escrito de petición, dicho Auto es ANTERIOR Y CONTRADICTORIO con la LO 4/2001 y que por tanto dicho motivo carece de fundamento. Reitero que el objeto de la petición, no sólo es competencia del TC, sino que es de su competencia ÚNICA Y EXCLUSIVA, ya que nadie más puede enjuiciar o aclarar dichas resoluciones del TC, excepto el propio TC.

 

11.- Que no se ha argumentado ni dado motivación alguna (excepto las ilegítimas antes expuestas) para rechazar la admisión de los diferentes puntos de su Petición. Cada uno de los puntos es diferente y requiere una justificación propia.

 

12.- Reitero todas las alegaciones expuestas en mi segundo escrito de petición, que se resumen en: Dado que el Tribunal Constitucional es un organismo al que cabe dirigir su petición; dado que las cuestiones planteadas en su petición son competencia única y exclusiva del Tribunal Constitucional; dado que no existen vías alternativas para la resolución del objeto de su petición; y dado que no existen causas objetivas de inadmisibilidad de su petición, porque dicha petición es SU DERECHO.

 

13.- Que en su exposición de motivos, la LO 4/2001 reguladora del derecho de Petición explicita que se ha ajustado a las sentencias del TC para establecer los requisitos mínimos que se deben cumplir en la atención de los organismos del Estado a dicho derecho, requisitos mínimos que SON LOS QUE INCUMPLE EL PROPIO ORGANISMO QUE LOS ESTABLECE.

 

TERCERO.- RESPECTO A LA SEGUNDA PETICIÓN REALIZADA EN 07/03/12

 

1.- Reitero todas las alegaciones de la SEGUNDA a la NOVENA, del capítulo referido al primer escrito de Petición.

 

2.- Que en su respuesta de 23 de Mayo de 2012, y recibida por mi en fecha 1 de Junio de 2012, el TC acusa recibo del escrito de mi representado recibido por dicho organismo en fecha 12 de Marzo de 2012, es decir 48 días hábiles más tarde sin contar el período entre emisión y recepción de la respuesta, cuando el Artículo 6.2 de la LO 4/2001, establece que el plazo para acusar recibo por parte del receptor, es de 10 días, mientras que el artículo 9.1 establece que el plazo de inadmisión y comunicación de la misma es de 45 días. Este hecho demuestra el desprecio del TC por la legalidad vigente en relación al derecho ejercitado por mi principal.

 

3.- Que en el mismo escrito en que acusa recibo fuera del plazo legal establecido, reitera la INADMISIÓN de su Petición por las mismas causas que la anterior, diciendo “Debo ceñirme a lo transmitido en mi anterior respuesta y reiterarle que a través del derecho de petición no cabe solicitar de este Tribunal, ni de ningún otro órgano público…”, mostrando nuevamente un desprecio absoluto por la legalidad.

 

4.- Cuando el TC en su respuesta manifiesta que: “…aclaraciones o exégesis de sus propias resoluciones jurisdiccionales, cuyo sentido está expuesto para todos en la fundamentación jurídica de la resolución de que se trate.”, presenta como motivo de inadmisión justamente lo que es el objeto de la petición, siendo un contrasentido. Esto es, que precisamente de la lectura de las fundamentaciones expuestas ante todos, es de donde se extrae directamente el sentido que pido se clarifique, ya que es totalmente contrario a la Constitución. Es evidente que la excusa dada por el TC, no constituye ningún tipo de motivación razonada.

 

5.- Cuando el TC dice en su respuesta “…no cabe solicitar de este Tribunal, ni de ningún otro órgano público…” da por sentado que el objeto de la petición de mi representado es irresoluble dentro del Estado de Derecho. Si ello fuera así, no se trataría de un Estado de Derecho, ya que mis derechos fundamentales, tanto el ejercido de Petición, como los afectados por las aclaraciones denegadas, claramente expuestos en la CE, no estarían garantizados de ninguna manera.

 

6.- Reitero las alegaciones expuestas en el segundo escrito de petición de mi mandante, que se resumen en: Dado que el Tribunal Constitucional es un organismo al que cabe dirigir su petición; dado que las cuestiones planteadas en su petición son competencia única y exclusiva del Tribunal Constitucional; dado que no existen vías alternativas para la resolución del objeto de su petición; y dado que no existen causas objetivas de inadmisibilidad de su petición, porque dicha petición es SU DERECHO.

 

 

7.- Se reiteran las alegaciones expuestas en el punto DÉCIMO TERCERO de las alegaciones a la primera petición.

 

CUARTA.- RESPECTO A LA INDEFENSIÓN (ART. 24.1 CE) PROVOCADA POR LA INADMISIÓN DE LA PETICIÓN

 

1.- El TC, en su negativa a admitir a trámite su Petición, provoca indefensión a mi mandante de 3 maneras diferentes: En primer lugar, privándole de la correcta interpretación de la Ley; en segundo lugar, estableciendo por omisión, una sentencia referida a otro derecho (23.2 de la CE), sin realizar un juicio y sin establecer las motivaciones, como referida también al derecho establecido en el artículo 23.1 de la CE; y por último, privándole del acceso a la defensa de sis derechos y privándole por tanto de la tutela efectiva de Jueces y Tribunales.

 

2.- En primer lugar, cuando dicen “…a través del derecho de petición no cabe solicitar de este Tribunal, ni de ningún otro órgano público, aclaraciones o exégesis de sus propias resoluciones jurisdiccionales…”, ¿qué significa exactamente?:

a)      Que existe otra vía para solicitar aclaraciones que no es el Derecho de Petición

b)      Que los ciudadanos podemos y debemos interpretar la Ley según nuestro mejor o peor entender.

c)      Que se niegan a facilitar, por motivos sólo por ellos conocidos, las aclaraciones solicitadas

En el caso de que deba interpretar la respuesta del TC según a), el TC debería, según establece el art. 9.1 de la LO 4/2001, haber comunicado a mi representado la existencia de tal vía alternativa y cómo ejercerla, además del órgano pertinente. En su propia respuesta, el TC deja claro que, además de no poder solicitar las aclaraciones al TC, tampoco las puede solicitar A NINGÚN OTRO ÓRGANO. Y referente a la vía alternativa, si sólo me puedo dirigir al TC, como expuse en mi segundo escrito de Petición, sólo puedo dirigirme como simple ciudadano a través de la Petición o del Recurso de Amparo, y está claro que las aclaraciones solicitadas no son objeto de un recurso de amparo y sí de una petición. Es por tanto más que evidente que no se trata de la existencia de otra vía.

 

En el caso de que se trate de b), no tendrían sentido ya la existencia de Tribunales, jueces, ni siquiera del resto de órganos del Estado, ¿qué sentido tendría elaborar o interpretar las leyes, si después cada cual opta por la interpretación que mejor le conviene? No creo que el TC pretenda con tal afirmación desmontar la totalidad del Estado de Derecho.

 

En tal caso, sólo puede ser la interpretación que se le deba dar a la respuesta del TC, con lo cual, se produce la primera situación de indefensión que se denuncia, esto es, que al negar a mi principal las aclaraciones sobre la el sentido que se debe dar a su sentencia (que recordemos vincula a todo el mundo y es de obligado cumplimiento), siendo que el Código Civil establece en su artículo 1.6 que la jurisprudencia «complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo(en este caso el TC) al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho», le privan del conocimiento de la misma a pesar de que puede estar dándole una lectura errónea (en principio debería serlo, ya que es absolutamente contraria a la letra y espíritu de la Constitución Española, y sin embargo por muchas relecturas que se hacen, sólo puede darle esa interpretación). Entonces, si la interpretación que realiza de la Ley es errónea, y si según el Artículo 6.1 del Código Civil, “El desconocimiento de la Ley, no exime de su cumplimiento”, dicha interpretación errónea podría llevarle a delinquir por error (desconocimiento) y si el TC le niega las aclaraciones que le permitirían cumplir estrictamente con la legalidad, como es su voluntad, y evitar dicho delito, le está dejando en situación de indefensión. ¿O es que quizás la indefensión sólo se produce una vez estás siendo juzgado por, presuntamente haber cometido ya el delito que se podría haber evitado con unas simples aclaraciones? En tal caso, se estaría además vulnerando el artículo 25.1, ya que se le declararía culpable de un delito que en el momento de cometerlo, debido a no disponer de la interpretación correcta, no supondría delito (ya que se podría aplicar el principio de silencio administrativo), pero que una vez cometido podría suponer la imposición de pena si se otorga una interpretación distinta de la que mi principal como ciudadano ha realizado y sobre la que ha pedido aclaraciones que se le han denegado.

 

3.- El hecho de no admitir su petición y no darle curso, le coloca también en situación de indefensión, puesto que siendo las sentencias del TC de obligado cumplimiento, y siendo que todos los organismos interpretan que de la doctrina emanada de la sentencia STC 75/1985 se desprende que el derecho establecido en el artículo 23.1 está sujeto a los mismos condicionantes y limitaciones que el expuesto en 23.2, cuando es más que evidente que eso no es así, ya que el derecho establecido en 23.2 se ejerce de manera continuada durante cada día del período establecido de 4 años entre elecciones, pudiendo modificar incluso los requisitos (programa electoral) por los que se obtuvo el mandato de representación, mientras que el derecho establecido en 23.1 no permite ninguna modificación sobre lo ejercido de manera puntual una vez cada cuatro años. Dicha diferencia principal, tiene además otras notables diferenciaciones en aspectos particulares que mi representado expone en los escritos al DP, que no han sido analizadas nunca por el TC bajo la perspectiva del derecho establecido en 23.1, siendo que en dicha sentencia 75/1985 únicamente se establece la íntima relación entre el cumplimiento de dichos derechos, pero no que sean directamente iguales en su interpretación. Es por ello que no existe una suficiente justificación sobre los aspectos de la LOREG en la igualdad de voto, puesto que dicha resolución se refiere ÚNICAMENTE al derecho establecido en el artículo 23.2. Por lo tanto, negándose a admitir su petición, dejan sin clarificar un aspecto tan crucial para la defensa de su derecho a participar en el Gobierno de la Nación, como el que se ha expuesto más arriba.

 

4.- Finalmente, la no admisión de las Peticiones instadas por mi principal, supone también ponerle en una situación de indefensión manifiesta en cuanto a que el TC, causante con su resolución sin motivación alguna en lo referido a su derecho establecido en 23.1, de su indefensión, al no establecer de que manera pueda acceder a la defensa efectiva de tal derecho (tal y como establece la CE), sin que dicha resolución no referida a su caso y con visos de presentar graves incoherencias con la Constitución, suponga un obstáculo. Los promotores del problema deben ser quienes restituyan la situación de constitucionalidad, permitiendo su derecho a la defensa efectiva, más aún cuando nadie más puede hacerlo puesto que es competencia ÚNICA Y EXCLUSIVA del TC.

 

Adjunto escritos de petición de amparo al Defensor del Pueblo y las respuestas de éste, donde queda patente que dicha sentencia 75/1985 (además de otros aspectos que mi principal desistió de contestar siendo que su respuesta es inútil, de no resolver previamente  los aspectos sobre los que solicitó aclaración en sus Peticiones).

 

Ese escollo impide su acceso a defender sus derechos constitucionales, interpretando el DP su petición de amparo según el artículo 1.7 del Código Civil, “Los Jueces y Tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan, ateniéndose al sistema de fuentes establecido.”, esto es, al no existir doctrina referida al derecho establecido en el artículo 23.1, cuyo amparo solicito al DP defienda en su nombre, el DP utiliza la fuente más cercana, la doctrina emanada de la sentencia 75/1985, referida al derecho establecido en el art. 23.2 de la CE. Al negarse el TC a realizar las aclaraciones sobre tal aspecto, vía petición, aspecto que no contraviene en absoluto la legislación vigente, siendo por el contrario totalmente acorde con la misma, el TC no le permite convertirle en parte al no poder iniciar el proceso, y no siendo parte, no puedo solicitar tales aclaraciones como explicita el art. 93.1 de la LOTC y el art. Art. 214. “Invariabilidad de las resoluciones. Aclaración y corrección.–1. Los tribunales no podrán variar las resoluciones que pronuncien después de firmadas, pero sí aclarar algún concepto oscuro y rectificar cualquier error material de que adolezcan.

2. Las aclaraciones a que se refiere el apartado anterior podrán hacerse de oficio, por el Tribunal o Secretario judicial, según corresponda, dentro de los dos días hábiles siguientes al de la publicación de la resolución, o a petición de parte o del Ministerio Fiscal formulada dentro del mismo plazo, siendo en este caso resuelta por quien hubiera dictado la resolución de que se trate dentro de los tres días siguientes al de la presentación del escrito en que se solicite la aclaración.”

 

Mi principal queda, por tanto, en indefensión total. Sólo puede acceder a la vía contencioso-administrativa a raíz de la vulneración de su derecho de petición, que agota la única vía para acceder al derecho de defensa de su derecho de representación, siendo que si no se accediera a sus pretensiones, nuevamente quedaría en indefensión total.

 

 

 

QUINTO.- RESPECTO A LA VULNERACIÓN DEL DERECHO DE PARTICIPAR EN LOS ASUNTOS DEL ESTADO (ART. 23.1 CE)

 

1.-.- En las Peticiones que realizó mi mandante y quenel TC no admite a trámite, conlleva en un segundo término la petición de subsanación de los errores que se deriva de la lectura de la sentencia 75/1985 y que consagra la vulneración del derecho de mi principal a la igualdad ante la Ley en el momento de ejercitar su derecho a participar en el Gobierno de la Nación. Que por tanto, la injustificad inadmisión de dichas peticiones, conlleva a su vez la vulneración (nuevamente, ya que se origina anteriormente) de su derecho a participar en los asuntos del Estado a través de representantes, Derecho expuesto en el Artículo 23.1, tanto por la no corrección de los errores, como por no permitirle acceder a la defensa de tal Derecho.

 

SEXTO.- CONSIDERACIONES RESPECTO A LA IMPARCIALIDAD DEL ORGANISMO QUE DENEGÓ LA ADMISIÓN DE LA PETICIÓN

 

PRIMERO.- Si bien los hechos expuestos en este capítulo no están sometidos al amparo constitucional establecido en el artículo 53.2, si que tienen repercusión en cuanto a las vías que solicito para la restitución de mis derechos.

 

SEGUNDO.- Según establece la CE en su artículo 159.1: “El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey…”, reflejado también en el art. 5º LOTC. Según establece por su parte el artículo 159.3 de la CE: “Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres.”, reflejado en el art. 16.1 de la LOTC.

 

TERCERO.- El organismo que me ha contestado a través de su Presidente, no está válidamente constituido, y puestos a cumplir con la legalidad no se trata del TC que describe la Constitución en su art. 159.1, ya que desde Mayo de 2008 ese organismo se componía de 11 miembros, que actúan como si fueran el TC y que sólo hasta el día 29 de junio de 2012 y por acuerdo político ha sido renovado y completado como marca la Ley. Tal es su dejadez por el cumplimiento de la legalidad, ya que tras un período prudencial (que desde luego no son 4 años) dicho TC debería haber dejado de ejercer sus funciones si no se restituía la legalidad vigente, y así había venido siendo advertido por diversos miembros del mismo.

 

CUARTO.- “Los Magistrados del Tribunal Constitucional continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta que hayan tomado posesión quienes hubieren de sucederles.” Bien, el argumento en este caso, es idéntico al expuesto en la segunda alegación de este punto, ya que de los 11 miembros que componen al presunto Tribunal Constitucional, 3 tenían al momento de resolver sobre mi petición el mandato caducado desde hace 2 años. ¿Estaba compuesto el TC de 8 miembros? ¿Para qué se especifica que el período de ejercicio de la Magistratura será de 9 años, si después se pueden estar los años que convenga? ¿Es este el Estado de Derecho, donde los ciudadanos estamos obligados a cumplir la ley, mientras el Estado, incluido el TC, pueden incumplirla con impunidad? Nuevamente supondría una vulneración del derecho a la igualdad ante la ley y una discriminación por el hecho de no pertenecer a los órganos del Estado. Y aún más: ¿cómo un órgano que se encuentra en una ilegalidad absoluta  se atreve a vulnerar el derecho de petición de mi principal con total desprecio a la Constitución Española?

 

Así encontramos tal catálogo de vulneraciones de la Constitución por parte del TC desde el punto de vista de los derechos de mi principal que es difícil enumerarlas todas y sólo explicito las referidas a su caso:

 

Art. 1.1, vulneración derivada de la sentencia 75/1985, que trastoca y modifica totalmente el artículo capital de la CE.

Art. 1.2, si la soberanía reside en el Pueblo español, ¿quién es el TC para determinar que partes de soberanía son adecuadas (gobernabilidad) y que partes no lo son (excesiva fragmentación parlamentaria)?. Es el Pueblo soberano el que determina como se reparte la representación, no un incumplimiento de los artículos de la CE.

Art. 9.1, Aparentemente el TC no está sometido a la Ley ni a la CE, ya que como hemos visto vulnera la legalidad, desde su formación y renovación, a la defensa de los derechos de la ciudadanía e incluso.

Art. 9.2, Desde luego el TC no está promoviendo, en este caso, las condiciones para el pleno disfrute de los derechos a la libertad e igualdad y disfrute de los derechos de mi principal, y mucho menos removiendo las barreras que lo impiden. Al contrario ponen obstáculos al disfrute de sus derechos, como es la inadmisión ilegal de sus peticiones y las demás vulneraciones que ello comporta.

Art. 9.3, quienes deberían impedir la arbitrariedad, el TC, son quienes la cometen, no admitiendo su petición  ni permitiendo que nadie más lo haga.

Art. 10.2, desde luego ninguno de los derechos que alega esta parte ha vulnerado el TC, han sido interpretados conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos, ni los tratados firmados por España al respecto.

Art. 14, este artículo ya hemos explicado (parcialmente, otras explicaciones se hallan en los escritos al DP que adjunto) como es vulnerado.

Art. 23.1, ya explicado en escrito al DP.

Art. 24.1, ya explicado en alegaciones.

Art. 25.1, ya explicado en alegaciones.

Art. 29.1, ya explicado en alegaciones.

Art. 53.1, Parece que los derechos y libertades vulnerados, no vinculan al TC, quien tiene la potestad de ignorarlos.

Art. 68.1, vulneración derivada de la sentencia 75/1985 y que se reitera con la denegación de admisión de la petición. Aparentemente al TC no le importa si el voto es igual o no.

Art. 139.1, nuevamente vulneración derivada de la sentencia 75/1985 (explicada en escrito al DP) y en segundo término de la inadmisión de las peticiones de mi principal.

Art. 159.1, el TC se componía al momento de resolver sobre la petición de mi representado de 11 miembros y con algunos con el cargo caducado, no se puede considerar un finado como una persona física ni jurídica.

Art. 159.3, los miembros del TC se vienen renovando de hecho una media de 11-12 años y no los 9 previstos por la CE.

Art. 168.1, .2 y .3, la sentencia 75/1985 modifica el Capítulo 2º de la CE sin haber seguido el procedimiento previsto. Se niegan incluso a tomar en consideración el estudio de que haya podido suceder una cuestión tan grave.

 

Por tanto, si el Tribunal Constitucional no se ajusta en absoluto a lo que establece la Constitución, ¿ puede reconocerse como el organismo legítimo para atender las peticiones de mi principal y recusarlas?.

 

No obstante, entendiendo que ello pueda suponer un problema al Tribunal Contencioso Administrativo al cual someto en consideración este caso, ya que el TC es un órgano único en su género y el lugar de tal institución no puede quedar desierto, sí puedo solicitar LA TUTELA DE ESTE TRIBUNAL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO para garantizar el correcto cumplimiento de la restitución de los derechos de mi principal, es decir solicitar que sea este Juzgado el que eleve su petición al órgano en cuestión, o plantee una cuestión de constitucionalidad sobre los temas planteados, velando de esta manera que el presunto TC cumpla la legalidad vigente en todos sus aspectos.

 

No hace falta recordar que nadie puede enjuiciar las resoluciones del TC en lo referente a su ámbito jurisdiccional, PERO SI LAS QUE NO SON DE SU JURISDICCIÓN, COMO ES EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD VIGENTE.

 

En cualquier caso, el objeto de esta demanda es que se restituya a mi mandante en sus derechos obligando al TC a cumplir la legalidad, admitiéndose su petición a trámite tal como establece la ley, y se estime o desestime respetando en todo momento las explicaciones mínimas establecidas por la LO 4/2001 y que respondan motivadamente y coherentemente, y no torticeramente, a todos los puntos expuestos en ambas peticiones.

 

 

En virtud de lo antedicho,

 

 

AL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SUPLICO: Que teniendo por presentado este escrito, lo admita y de conformidad con su contenido se otorgue del Juzgado el AMPARO JUDICIAL de los derechos constitucionales vulnerados a mi representado, esto es, su derecho de Petición expresado en el artículo 29.1 CE y en la Ley Orgánica que lo desarrolla y su consecuencia en sus derechos a una defensa efectiva establecido en 24.1 CE y de representación expresado en el artículo 23.1 de la CE, y que en base a ello dicho juzgado de lo contencioso-administrativo tutele el correcto ejercicio de respuesta del TC en el procedimiento de Petición establecido en la LO 4/2001, velando porque en las motivaciones dadas a los puntos de la petición no se incurra en la vulneración de los otros derechos fundamentales afectados (defensa efectiva y participación en los asuntos públicos a través de representantes).

 

En Barcelona, a dos de Julio de dos mil doce.

 

Y con esto se ponía el procedimiento definitivamente en marcha. A ver cuanto dura.

 

 

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