Derecho de Petición: Demanda contra el Tribunal Constitucional

junio 16, 2012 § Deja un comentario

Buf, suerte que soy un cabezota acabado, porque esto cansa y desanima que no veas, a veces pienso en abandonar. Aunque en el caso del TC, le tengo un cariño especial, así que cuando dieron su respuesta negativa, vulnerando nuevamente la Ley, no me costó demasiado ponerme manos a la obra. El resultado es que el día 15 de Junio entré dos recursos contencioso administrativos, el rectificado del PP y este:

AL JUZGADO DECANO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE BARCELONA

D. XXXXXXXXXX, con DNI XXXXXXX, nacido en XXXXXXy con domicilio en XXXXXX, Telf: XXXXXXXX, según establecen el artículo 12 de la LO 4/2001 de 12 de Noviembre y el artículo 114.1 de la Ley Orgánica 29/1998 de 13 de Julio de 1998, reguladora del procedimiento Contencioso-Administrativo, ANTE EL JUZGADO DECANO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE BARCELONA COMPAREZCO y, como mejor proceda en Derecho, PIDO el AMPARO JUDICIAL de mis derechos fundamentales, tal y como prevé el artículo 53.2 de la Constitución Española, SOLICITANDO la restitución de los mismos.

Con tal motivo, DENUNCIO AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (TC) por:

  1. la vulneración reiterada de mi Derecho de Petición establecido en el Artículo 29.1 de la Constitución Española (CE) y regulado por la LO 4/2001 del 12 de Noviembre de 2001.
  2. la vulneración al derecho a una tutela efectiva establecido en el artículo 24.1 de la CE
  3. la vulneración de mi derecho a participar en los asuntos del Estado mediante representantes, establecido en el artículo 23.1 de la CE

Adjunto copia de los escritos de petición remitidos al TC y de las respuestas recibidas del mismo. Adjunto asimismo copias de los escritos que remití con anterioridad al Defensor del Pueblo (DP), así como las respuestas del Defensor del Pueblo a dichos escritos como prueba de lo sostenido en algunas alegaciones. La relación de documentos presentados, es la siguiente:

  • Escrito al DP, de fecha 29/09/11
  • Respuesta del DP, de fecha 28/10/11
  • 2º escrito al DP, de fecha 14/11/11
  • Respuesta del DP al 2º escrito, de fecha 1/12/11
  • Escrito de petición al TC, de fecha 26/01/12
  • Respuesta del TC al escrito de petición, de fecha 6/02/12
  • 2º escrito de petición al TC, de fecha 7/03/12
  • Respuesta del TC al 2º escrito de petición, de fecha 23/05/12.

HECHOS

1.- Que en fecha 26 de Enero de 2012, remití al TC mi Petición mediante escrito enviado por correo certificado, cuyo contenido se ajustaba plenamente a lo regulado por la LO 4/2001. El objetivo de dicha petición era solicitar aclaraciones sobre la sentencia STC 75/1985, con el objetivo de poder acceder a mi derecho a una defensa efectiva, en este caso de otro derecho fundamental, el de participar en los asuntos del Estado a través de representantes y en condiciones de igualdad y no discriminación.

2.- Que en fecha 10 de Febrero de 2012, recibí la respuesta del TC a mi Petición, no admitiéndola a trámite. Dicha inadmisión no se ajusta a lo previsto en la LO 4/2001 por diversos motivos, expuestos en las alegaciones.

3.- En fecha 7 de Marzo de 2012, reiteré mi petición al TC, haciéndole notar que su negativa no se ajustaba a la legalidad, que mi petición se ajusta a la Ley y que tratándose de un derecho fundamental, deben atender al mismo.

4.- En fecha 1 de Junio de 2012 recibí la respuesta a la segunda petición denegando de nuevo la admisión de la misma, y confirmando que no se trataba de un error sino de una negativa por parte del TC al cumplimiento de la Ley y una vulneración de mis derechos fundamentales.

ALEGACIONES RESPECTO A LA PRIMERA PETICIÓN

PRIMERO.- Que la respuesta dada por el TC a mi primera petición realizada, expresa que “Debo poner en su conocimiento que el objeto de su petición resulta ajeno a la competencia del Tribunal Constitucional…”, a la vez que el redactado del artículo 8º, INADMISIÓN DE PETICIONES, de la LO 4/2001 dice “No se admitirán las peticiones cuyo objeto sea ajeno a las atribuciones de los poderes públicos, instituciones u organismos a que se dirijan…”, pudiéndose establecer por tanto que se trata de una INADMISIÓN de la petición.

SEGUNDO.- Que la Constitución Española (CE) reconoce en su artículo 29.1 mi derecho de petición, siendo éste un Derecho Fundamental y que como ciudadano cumplo los requisitos de peticionario establecidos en el art. 1 de la LO 4/2001.

TERCERO.- Que según establece el art. 2 de la LO 4/2001, el TC es un posible destinatario de las peticiones y que no se encuentra entre los organismos relacionados en la Disposición Adicional Primera de la LO 4/2001, sometidos a procedimiento de petición específico.

CUARTO.- Que el objeto de mi petición se ajusta totalmente al art. 3º de la LO 4/2001, siendo que se trata en primera instancia aclaraciones sobre aspectos poco claros de una sentencia del TC, los cuales son competencia ÚNICA Y EXCLUSIVA del TC. Además se trata de un asunto que me afecta directamente, ya que afecta a la defensa de otros derechos fundamentales, pero es también del interés general, ya que las aclaraciones solicitadas son del interés de la totalidad de la ciudadanía.

QUINTO.- Que es lícito y legal solicitar aclaraciones sobre una sentencia, cuyo contenido afecta a la totalidad de la ciudadanía y que presenta aspectos poco claros y de gran trascendencia para la globalidad del Estado, máxime cuando además estas aclaraciones inciden de manera en otros derechos fundamentales que alego están afectados. Que la realización de dichas aclaraciones por la vía de petición, no está vetada ni por la LOTC, ni por la LO 4/2001 ni por ninguna otra ley vigente.

SEXTO.- Que existen procedimientos específicos para solicitar aclaraciones sobre sentencias del TC (lo cual demuestra que es posible solicitar tales aclaraciones), establecidos en el art. 93.1 de la LOTC y en el art. 214 del código civil en relación con el art. 80 de la LOTC. Que sin embargo no cumplo los requisitos establecidos en dichos procedimientos, al no ser parte en los procesos objeto de las resoluciones, por lo cual me quedan vedadas tales vías, siendo pues la única vía posible para solicitar dichas aclaraciones, la de la Petición.

SÉPTIMO.- Que no existe ninguna otra vía alternativa establecida legalmente para satisfacer o siquiera plantear el objeto de mi petición.

OCTAVO.- Que el objeto de la petición en si mismo (aclaraciones sobre una resolución del TC) aunque correspondan a un derecho y no necesite de una motivación trascendental que lo justifique, no ha sido realizado por capricho ni por curiosidad, si no por necesidad, y que no supone por si mismo ningún inconveniente al TC, aunque no haya ningún procedimiento específico para su satisfacción. Que, además, dicho objeto se encuentra dentro de las funciones del TC. Que además las aclaraciones objeto de mi Petición, son necesarias para accder a otros dos derechos fundamentales (23.1 y 24.1 de la CE) vulnerados o seriamente dañados, tal como especifico en la Petición.

NOVENO.- Que la negativa ilegal e irrazonada a atender mi Petición puede estar encubriendo un delito gravísimo como podría ser la sedición, ya que la lectura de dicha sentencia revela que su contenido no sólo podría ajustarse en absoluto a la CE, sino que además podría estarla alterando en lo esencial de su contenido, modificación que no se ajustaría en bsoluto al procedimiento constitucionalmente establecido y que subvertiría la totalidad del Estado de Derecho. Es decir, que la inadmisión de mi petición puede estar suponiendo algo mucho más grave que la simple vulneración de un derecho fundamental.

DÉCIMO.- Que el único motivo aducido por el TC en su escrito de respuesta, para la inadmisión de mi Petición, es el AUTO del TC 81/1980, de 5 de noviembre, en relación con el artículo 3 de la LO 4/2001, “Objeto de las peticiones”. Que, tal y como explico en mi segundo escrito de petición, dicho Auto es ANTERIOR Y CONTRADICTORIO con la LO 4/2001 y que por tanto dicho motivo carece de fundamento. Reitero que el objeto de la petición, no sólo es competencia del TC, sino que es de su competencia ÚNICA Y EXCLUSIVA, ya que nadie más puede enjuiciar o aclarar dichas resoluciones del TC, excepto el propio TC.

UNDÉCIMO.- Que no se ha argumentado ni dado motivación alguna (excepto las ilegítimas antes expuestas) para rechazar la admisión de los diferentes puntos de mi Petición. Que cada uno de los puntos es diferente y requiere una justificación propia.

DUODÉCIMO.- Reitero todas las alegaciones expuestas en mi segundo escrito de petición, que se resumen en: Dado que el Tribunal Constitucional es un organismo al que cabe dirigir mi petición. Dado que las cuestiones planteadas en mi petición son competencia única y exclusiva del Tribunal Constitucional. Dado que no existen vías alternativas para la resolución del objeto de mi petición. Dado que no existen causas objetivas de inadmisibilidad de mi petición. Dado que es MI DERECHO.

DÉCIMO TERCERO.- Que en su exposición de motivos, la LO 4/2001 reguladora del derecho de Petición explicita que se ha ajustado a las sentencias del TC para establecer los requisitos mínimos que se deben cumplir en la atención de los organismos del Estado a dicho derecho, requisitos mínimos que SON LOS QUE INCUMPLE EL PROPIO ORGANISMO QUE LOS ESTABLECE.

ALEGACIONES RESPECTO A LA SEGUNDA PETICIÓN

PRIMERO.- Reitero todas las alegaciones de la SEGUNDA a la NOVENA, del capítulo referido al primer escrito de Petición.

SEGUNDO.- Que en su respuesta de 23 de Mayo de 2012, y recibida por mi en fecha 1 de Junio de 2012, el TC acusa recibo de mi escrito recibido por ellos en fecha 12 de Marzo de 2012, es decir 48 días hábiles más tarde sin contar el período entre emisión y recepción de la respuesta, cuando el Artículo 6.2 de la LO 4/2001, establece que el plazo para acusar recibo por parte del receptor, es de 10 días, mientras que el artículo 9.1 establece que el plazo de inadmisión y comunicación de la misma es de 45 días. Este hecho demuestra el desprecio del TC por la legalidad vigente.

TERCERO.- Que en el mismo escrito en que acusa recibo fuera del plazo legal establecido, reitera la INADMISIÓN de mi Petición por las mismas causas que la anterior, diciendo “Debo ceñirme a lo transmitido en mi anterior respuesta y reiterarle que a través del derecho de petición no cabe solicitar de este Tribunal, ni de ningún otro órgano público…”, mostrando nuevamente un desprecio absoluto por la legalidad.

CUARTO.- Cuando el TC en su respuesta dice: “…aclaraciones o exégesis de sus propias resoluciones jurisdiccionales, cuyo sentido está expuesto para todos en la fundamentación jurídica de la resolución de que se trate.”, presenta como motivo de inadmisión justamente lo que es el objeto de la petición, siendo un contrasentido. Esto es, que precisamente de la lectura de las fundamentaciones expuestas ante todos, es de donde se extrae directamente el sentido que pido se clarifique, ya que es totalmente contrario a la Constitución. Es evidente que la excusa dada por el TC, no constituye ningún tipo de motivación razonada.

QUINTO.- Cuando el TC dice en su respuesta “…no cabe solicitar de este Tribunal, ni de ningún otro órgano público…” da por sentado que el objeto de mi petición es irresoluble dentro del Estado de Derecho. Si ello fuera así, no se trataría de un Estado de Derecho, ya que mis derechos fundamentales, tanto el ejercido de Petición, como los afectados por las aclaraciones denegadas, claramente expuestos en la CE, no estarían garantizados de ninguna manera.

SEXTO.- Reitero las alegaciones expuestas en mi segundo escrito de petición, que se resumen en: Dado que el Tribunal Constitucional es un organismo al que cabe dirigir mi petición. Dado que las cuestiones planteadas en mi petición son competencia única y exclusiva del Tribunal Constitucional. Dado que no existen vías alternativas para la resolución del objeto de mi petición. Dado que no existen causas objetivas de inadmisibilidad de mi petición. Dado que es MI DERECHO.

SÉPTIMO, Reitero las alegaciones expuestas en el punto DÉCIMO TERCERO de las alegaciones a la primera petición.

ALEGACIONES RESPECTO A LA INDEFENSIÓN (ART. 24.1 CE)

PRIMERO.- El TC, en su negativa a admitir a trámite mi Petición, provoca mi indefensión de 3 maneras diferentes: En primer lugar, privándome de la correcta interpretación de la Ley, en segundo lugar, estableciendo por omisión, una sentencia referida a otro derecho (23.2 de la CE), sin realizar un juicio y sin establecer las motivaciones, como referida también al derecho establecido en el artículo 23.1 de la CE. y por último, privándome del acceso a la defensa de mis derechos y privándome por tanto de la tutela efectiva de Jueces y Tribunales.

SEGUNDO.- En primer lugar, cuando dicen “…a través del derecho de petición no cabe solicitar de este Tribunal, ni de ningún otro órgano público, aclaraciones o exégesis de sus propias resoluciones jurisdiccionales…”, ¿qué significa exactamente?:

a)      Que existe otra vía para solicitar aclaraciones que no es el Derecho de Petición

b)      Que los ciudadanos podemos y debemos interpretar la Ley según nuestro mejor o peor entender.

c)      Que se niegan a facilitar, por motivos sólo por ellos conocidos, las aclaraciones solicitadas

En el caso de que deba interpretar la respuesta del TC según a), el TC debería, según establece el art. 9.1 de la LO 4/2001, haberme comunicado la existencia de tal vía alternativa y como ejercerla, además del órgano pertinente. En su propia respuesta, el TC deja claro que, además de no poder solicitar las aclaraciones al TC, tampoco las puedo solicitar A NINGÚN OTRO ÓRGANO. Y referente a la vía alternativa, si sólo me puedo dirigir al TC, como expuse en mi segundo escrito de Petición, sólo puedo dirigirme como simple ciudadano a través de la Petición o del Recurso de Amparo, y está claro que las aclaraciones solicitadas no son objeto de un recurso de amparo y si de una petición. Es por tanto más que evidente que no se trata de la existencia de otra vía.

En el caso de que se trate de b), no tendrían sentido ya la existencia de Tribunales, jueces, ni siquiera del resto de órganos del Estado, ¿qué sentido tendría elaborar o interpretar las leyes, si después cada cual opta por la interpretación que mejor le conviene? No creo que el TC pretenda con tal afirmación desmontar la totalidad del Estado de Derecho.

En tal caso, sólo puede ser c) la interpretación que se le deba dar a la respuesta del TC, con lo cual, se produce la primera situación de indefensión que denuncio, esto es, que al negarme las aclaraciones sobre la el sentido que se debe dar a su sentencia, que recordemos vincula a todo el mundo y es de obligado cumplimiento, siendo que el Código Civil establece en su artículo 1.6 que la jurisprudencia «complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo(en este caso el TC) al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho», me privan del conocimiento de la misma a pesar de que puedo estar dándole una lectura errónea (en principio debería serlo, ya que es absolutamente contraria a la letra y espíritu de la Constitución Española, y sin embargo por muchas relecturas que hago, sólo puedo darle esa interpretación). Entonces, si la interpretación que realizo de la Ley es errónea, y si según el Artículo 6.1 del Código Civil, “El desconocimiento de la Ley, no exime de su cumplimiento“, dicha interpretación errónea podría llevarme a delinquir por error (desconocimiento) y si el TC me niega las aclaraciones que me permitirían cumplir estrictamente con la legalidad, como es mi voluntad, y evitar dicho delito, me está dejando en situación de indefensión. ¿O es que quizás la indefensión sólo se produce una vez estás siendo juzgado por, presuntamente haber cometido ya el delito que se podría haber evitado con unas simples aclaraciones? En tal caso, se estaría además vulnerando el artículo 25.1, ya que se me declararía culpable de un delito que en el momento de cometerlo, debido a no disponer de la interpretación correcta, no supondría delito (ya que se podría aplicar el principio de silencio administrativo), pero que una vez cometido podría suponer la imposición de pena si se otorga una interpretación distinta de la que yo he realizado y sobre la que he pedido aclaraciones que se me han denegado.

TERCERO.- El hecho de no admitir mi petición y no darle curso, me coloca también en situación de indefensión, puesto que siendo las sentencias del TC de obligado cumplimiento, y siendo que todos los organismos interpretan que de la doctrina emanada de la sentencia STC 75/1985 se desprende que el derecho establecido en el artículo 23.1 está sujeto a los mismos condicionantes y limitaciones que el expuesto en 23.2, cuando es más que evidente que eso no es así, ya que el derecho establecido en 23.2 se ejerce de manera continuada durante cada día del período establecido de 4 años entre elecciones, pudiendo modificar incluso los requisitos (programa electoral) por los que se obtuvo el mandato de representación, mientras que el derecho establecido en 23.1 no permite ninguna modificación sobre lo ejercido de manera puntual una vez cada cuatro años. Dicha diferencia principal, tiene además otras notables diferenciaciones en aspectos particulares que expongo en los escritos al DP, que no han sido analizadas nunca por el TC bajo la perspectiva del derecho establecido en 23.1, siendo que en dicha sentencia 75/1985 únicamente se establece la íntima relación entre el cumplimiento de dichos derechos, pero no que sean directamente iguales en su interpretación. Es por ello que no existe una suficiente justificación sobre los aspectos de la LOREG en la igualdad de voto, puesto que dicha resolución se refiere ÚNICAMENTE al derecho establecido en el artículo 23.2. Por lo tanto, negándose a admitir mi petición, dejan sin clarificar un aspecto tan crucial para la defensa de mi derecho a participar en el Gobierno de la Nación, como el que he expuesto.

CUARTO.- Finalmente, la no admisión de mis Peticiones, supone también ponerme en una situación de indefensión manifiesta en cuanto a que el TC, causante con su resolución sin motivación alguna en lo referido a mi derecho establecido en 23.1, de mi indefensión, al no establecer de que manera puedo acceder a la defensa efectiva de tal derecho (tal y como establece la CE), sin que dicha resolución no referida a mi caso y con visos de presentar graves incoherencias con la Constitución, suponga un obstáculo. Los promotores del problema, deben ser quienes restituyan la situación de constitucionalidad, permitiendo mi derecho a la defensa efectiva, más aún cuando nadie más puede hacerlo puesto que es competencia ÚNICA Y EXCLUSIVA del TC. Adjunto escritos de petición de amparo al Defensor del Pueblo y las respuestas de éste, donde queda patente que dicha sentencia 75/1985 (además de otros aspectos que ya no me molesté en contestar siendo que su respuesta es inútil, de no resolver previamente  los aspectos sobre los que solicito aclaración en mis Peticiones), es el escollo que impide mi acceso a ser defender mis derechos constitucionales, interpretando el DP mi petición de amparo según el artículo 1.7 del Código Civil, “Los Jueces y Tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan, ateniéndose al sistema de fuentes establecido.”, esto es, al no existir doctrina referida al derecho establecido en el artículo 23.1, cuyo amparo solicito al DP defienda en mi nombre, el DP utiliza la fuente más cercana, la doctrina emanada de la sentencia 75/1985, referida al derecho establecido en el art. 23.2 de la CE. Al negarse el TC a realizar las aclaraciones sobre tal aspecto, vía petición, aspecto que no contraviene en absoluto la legislación vigente, siendo por el contrario totalmente acorde con la misma, el TC no me permite convertirme en parte al no poder iniciar el proceso, y no siendo parte, no puedo solicitar tales aclaraciones como explicita el art. 93.1 de la LOTC y el art. Art. 214. “Invariabilidad de las resoluciones. Aclaración y corrección.–1. Los tribunales no podrán variar las resoluciones que pronuncien después de firmadas, pero sí aclarar algún concepto oscuro y rectificar cualquier error material de que adolezcan.

2. Las aclaraciones a que se refiere el apartado anterior podrán hacerse de oficio, por el Tribunal o Secretario judicial, según corresponda, dentro de los dos días hábiles siguientes al de la publicación de la resolución, o a petición de parte o del Ministerio Fiscal formulada dentro del mismo plazo, siendo en este caso resuelta por quien hubiera dictado la resolución de que se trate dentro de los tres días siguientes al de la presentación del escrito en que se solicite la aclaración.”

Quedo por tanto en indefensión total. Sólo puedo acceder a la vía contencioso-administrativa a raíz de la vulneración de mi derecho de petición, que agota la única vía para acceder al derecho de defensa de mi derecho de representación, siendo que si no se accediera a mis pretensiones, nuevamente quedaría en indefensión total.

ALEGACIONES RESPECTO A LA VULNERACIÓN DEL DERECHO DE PARTICIPAR EN LOS ASUNTOS DEL ESTADO (ART. 23.1 CE)

PRIMERO.- En las Peticiones que realizo y que, ilegalmente el TC no admite a trámite, conlleva en un segundo término la petición de subsanación de los errores que se deriva de la lectura de la sentencia 75/1985 y que consagra la vulneración de mi igualdad ante la Ley en el momento de ejercitar mi derecho a participar en el Gobierno de la Nación. Que por tanto, la ilegal inadmisión de dichas peticiones, conlleva a su vez la vulneración (nuevamente, ya que se origina anteriormente) de mi derecho a participar en los asuntos del Estado a través de representantes, Derecho expuesto en el Artículo 23.1, tanto por la no corrección de los errores, como por no permitirme acceder a la defensa de tal Derecho.

ALEGACIONES RESPECTO A LA LEGALIDAD DEL ORGANISMO QUE ME DENEGÓ LA ADMISIÓN DE LA PETICIÓN

PRIMERO.- Si bien los hechos expuestos en este capítulo no están sometidos al amparo constitucional establecido en el artículo 53.2, si que tienen repercusión en cuanto a las vías que solicito para la restitución de mis derechos.

SEGUNDO.- Según establece la CE en su artículo 159.1: “El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey...”, reflejado también en el art. 5º LOTC. Según establece por su parte el artículo 159.3 de la CE: “Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres.”, reflejado en el art. 16.1 de la LOTC.

TERCERO.- El organismo que me ha contestado a través de su presunto Presidente, desconozco que organismo es, pero desde luego no se trata del TC que describe la Constitución en su art. 159.1, ya que desde Mayo de 2008 ese organismo se compone de 11 miembros, que actúan como si fueran el TC. Tal es su dejadez por el cumplimiento de la legalidad, ya que tras un período prudencial (que desde luego no son 4 años) dicho TC debería haber dejado de ejercer sus funciones si no se restituía la legalidad vigente.

CUARTO.- “Los Magistrados del Tribunal Constitucional continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta que hayan tomado posesión quienes hubieren de sucederles.” Bien, el argumento en este caso, es idéntico al expuesto en la segunda alegación de este punto, ya que de los 11 miembros que componen al presunto Tribunal Constitucional, 3 tienen el mandato caducado desde hace 2 años. ¿Esta compuesto el TC de 8 miembros? ¿Para que se especifica que el período de ejercicio de la Magistratura será de 9 años, si después se pueden estar los años que convenga? ¿Es este el Estado de Derecho, donde los ciudadanos estamos obligados a cumplir la ley, mientras el Estado, incluido el TC, pueden incumplirla con impunidad? Nuevamente supondría una vulneración de mi igualdad ante la ley y una discriminación por el hecho de no pertenecer a los órganos del Estado. Y aún, un órgano que se encuentra en una ilegalidad absoluta, se atreve a vulnerar mi derecho de petición con total desprecio a la Constitución Española.

Así encontramos tal catálogo de vulneraciones de la Constitución por parte del TC desde el punto de vista de mis derechos, que es difícil enumerarlas todas y sólo explicito las referidas a mi caso:

Art. 1.1, vulneración derivada de la sentencia 75/1985, que trastoca y modifica totalmente el artículo capital de la CE.

Art. 1.2, si la soberanía reside en el Pueblo español, quien es el TC para determinar que partes de soberanía son adecuadas (gobernabilidad) y que partes no lo son (excesiva fragmentación parlamentaria). Es el Pueblo soberano el que determina como se reparte la representación, no un incumplimiento de los artículos de la CE.

Art. 9.1, aparentemente el TC no está sometido a la Ley ni a la CE, ya que como hemos visto vulnera la legalidad, desde su formación y renovación, a la defensa de los derechos de la ciudadanía e incluso vulnerándolos.

Art. 9.2, Desde luego el TC no está promoviendo, en mi caso, las condiciones para el pleno disfrute de mi libertad e igualdad y disfrute de mis derechos, y mucho menos removiendo las barreras que lo impiden, al contrario ponen obstáculos al disfrute de mis derechos, como es la inadmisión ilegal de mis peticiones y las demás vulneraciones que ello comporta.

Art. 9.3, quienes deberían realizar la interdicción de la arbitrariedad, el TC, son quienes cometen la arbitrariedad, no admitiendo mi petición  ni permitiendo que nadie más lo haga.

Art. 10.2, desde luego ninguno de los derechos que alego ha vulnerado el TC, han sido interpretados conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos, ni los tratados firmados por España al respecto.

Art. 14, este artículo ya hemos explicado (parcialmente, otras explicaciones se hallan en los escritos al DP que adjunto) como es vulnerado.

Art. 23.1, ya explicado en escrito al DP.

Art. 24.1, ya explicado en alegaciones.

Art. 25.1, ya explicado en alegaciones.

Art. 29.1, ya explicado en alegaciones.

Art. 53.1, Parece que los derechos y libertades vulnerados, no vinculan al TC, quien tiene la potestad de ignorarlos.

Art. 68.1, vulneración derivada de la sentencia 75/1985 y que se vuelve a vulnerar con la denegación de admisión de la petición. Aparentemente al TC no le importa si el voto es igual o no.

Art. 139.1, nuevamente vulneración derivada de la sentencia 75/1985 (explicada en escrito al DP) y en segundo término de la inadmisión de mis peticiones.

Art. 159.1, el TC se compone en la actualidad de 11 miembros, no se puede considerar un finado como una persona física ni jurídica.

Art. 159.3, los miembros del TC se vienen renovando una media de 11-12 años y no los 9 previstos por la CE.

Art. 168.1, .2 y .3, la sentencia 75/1985 modifica el Capítulo 2º de la CE sin haber seguido el procedimiento previsto. Se niegan incluso a tomar en consideración el estudio de que haya podido suceder una cuestión tan grave.

 

Por tanto, y desde mi punto de vista, el órgano autodenominado como TC no es realmente el Tribunal Constitucional puesto que no se ajusta en absoluto a lo que establece la Constitución, además de que queda más que claramente en entredicho la imparcialidad de dicho órgano por lo menos respecto a lo que a mis derechos se refiere. Es por ello que no lo reconozco como el organismo legítimo para atender mis peticiones y lo recuso.

 

No obstante, entiendo que ello pueda suponer un problema al Tribunal Contencioso Administrativo al cual someto en consideración mi caso, ya que el TC es un órgano único en su genero y el lugar de tal institución no puede quedar desierto. Pero si que puedo solicitar LA TUTELA DE ESTE TRIBUNAL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO para garantizar el correcto cumplimiento de la restitución de mis derechos, es decir solicitar que sea el Tribunal el que eleve mi petición al órgano en cuestión, o plantee una cuestión de constitucionalidad sobre los temas planteados, velando de esta manera que el presunto TC cumpla la legalidad vigente en todos sus aspectos. Quiero recordar que nadie puede enjuiciar las resoluciones del TC en lo referente a su ámbito jurisdiccional, PERO SI LAS QUE NO SON DE SU JURISDICCIÓN, COMO ES EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD VIGENTE.

 

En cualquier caso, solicito que se me restituya mis derechos obligando al TC a cumplir la legalidad, admitiéndose mi petición a trámite tal como establece la ley, y se estime o desestime respetando en todo momento las explicaciones mínimas establecidas por la LO 4/2001 y que respondan motivadamente y coherentemente, y no torticeramente, a todos los puntos expuestos en ambas peticiones.

 

Por todo lo anteriormente expuesto,

 

Al JUZGADO DECANO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE BARCELONA SUPLICO: Que teniendo por presentado este escrito y la documentación que le acompaña, tenga a bien contemplar las presentes y tras su trámite se resuelva conforme a la pretensión indicada por el recurrente.

 

 

En XXXXX, a catorce de Junio de dos mil doce”

Bueno la respuesta de estos individuos me ha ido muy bien, puesto que ahora he podido dar entrada en juzgado, aunque de manera secundaria, a la cuestión que realmente interesa: La de la igualdad de voto. En los siguientes recursos (que no dudo que llegarán puesto que desestimarán este, aunque dudo que demasiados puesto que este de no inadmitirse, teóricamente irá a parar a Tribunal Supremo), intentaré entrar ya la demanda archivada y todo el proceso llevado hasta ahora.

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