Segunda petición al TC: Aquí si que digo lo que pienso

abril 22, 2012 § Deja un comentario

Una vez libre de las urgencias debidas a plazos infumables, me centré en el escrito de respuesta recibido del Tribunal Constitucional. Primero estuve dudando sobre si interponerles directamente la demanda correspondiente, tal y como permite la Ley, o bien escribirles por segunda vez. Al final, no se si bien o mal, elegí escribir una segunda petición. Eso si, me corté bien poco al decir lo que pensaba, estaba realmente indignado. Y aquí teneis el resultado, este escrito es el que más me gusta de los que he hecho:

“XXXXXXXXXXXXXXX, acogiéndome a mi constitucional Derecho de Petición según está expuesto en el Artículo 29.1 de la CE y desarrollado en la LO 4/2001 del 12 de Noviembre de 2001, expongo al Tribunal Constitucional (en adelante TC) mi PETICIÓN Y ESTA VEZ LES RUEGO QUE SEAN UN POCO MÁS RIGUROSOS CON SU RESPUESTA.

ANTECEDENTES 

En fecha 26/01/12, les remití a Vds. mi petición, la cual figura en su registro con el número 1637-2012, acogiéndome a mi derecho constitucional establecido en el Artículo 29.1 de la CE y regulado por la Ley Orgánica 4/2001 del 12 de Noviembre de 2001. Dicha petición se ajusta plenamente a lo estipulado por dicha LO 4/2001 y se refiere a asuntos que son competencia del Tribunal Constitucional, según está determinado por la LOTC.

En fecha 10/02/12, recibí su respuesta en un sobre muy bonito. Al abrir dicho sobre, encontré una carta, con un escudo grabado en relieve en el papel y con un membrete impreso seguramente por algún medio que difiere bastante de la impresora de chorro de tinta habitual en los hogares españoles. Es cierto que tanta magnificencia (la cual seguramente cuesta un pico), me impresionó, haciéndome pensar “atención, estás delante de la JUSTICIA”. Pero dicha impresión se desmoronó nada más leer el contenido de la misiva por ustedes remitida. Mucha fachada y muy poco contenido, y el poco contenido, inadecuado. Me refiero por supuesto, a su respuesta del 6 de Febrero de 2012, con registro de salida 21/2012 del 7/02/12.

Debo decir que pasados los primeros instantes de estupor ante lo que leía, pasé de la más absoluta incredulidad a una creciente indignación, hecho este que ha tenido como consecuencia que tenga que reescribir la presente en 3 ocasiones para no incurrir en ningún delito o falta, ya que sólo me faltaría que, a parte de verme privado de mis derechos, se me castigara por intentarlos recuperar. No obstante, debo reconocer que no he conseguido eliminar el tono amargo de mi escrito, en parte porque es inevitable y en parte porque no lo he querido evitar, tan grande es mi indignación.

Referente al resto de antecedentes, si tienen ganas e interés en saber cual es el motivo de mi petición, los pueden encontrar en mi anterior escrito, no voy a malgastar más esfuerzo, papel, dinero y tiempo preciosos en una exposición que ha sido desconsideradamente ignorada con anterioridad.

Bien, expuestos los antecedentes de mi actual PETICIÓN, paso a exponer los fundamentos de la misma

FUNDAMENTOS

1.- La CE establece en su Artículo 53.1 que el ejercicio de los derechos fundamentales se regulará mediante leyes que, en cualquier caso respetarán el contenido esencial del derecho. El Artículo 81.1 establece que las Leyes que regulan esos derechos serán de carácter Orgánico y el Artículo 81.2 los requisitos de su aprobación En estos requisitos no aparece en ningún sitio la intervención del TC, ni se le delega la facultad de realizar regulaciones específicas. Así pues la Constitución no le concede potestad al TC para regular el derecho de petición, sólo a establecer la constitucionalidad de la Ley reguladora.

2.- El derecho fundamental de petición, expuesto en el Artículo 29.1 de la CE y que ejerzo mediante la presente y la anterior peticiones referidas al TC, viene regulado por la LO 4/2001.

3.- La LOTC establece en su Artículo 1.1 que “El Tribunal Constitucional, como intérprete supremo de la Constitución, es independiente de los demás órganos constitucionales y está sometido sólo a la Constitución y a la presente Ley Orgánica.”. Ello implica que el TC será absolutamente independiente a la hora de resolver sobre las cuestiones de su competencia, para garantizar su objetividad e imparcialidad. Dichas objetividad e imparcialidad no han sido observadas en la sentencia 75/1985, hecho éste que motiva mi petición, resultando que en su respuesta a mi primera petición aparece de nuevo una falta de objetividad más que patente, además de una arbitrariedad contraria a Ley. Es decir que, en cualquier caso, la garantía de independencia no sitúa al TC por encima de la Ley, sino dentro de ella al estar subordinado a la CE. Y dado que el TC está subordinado a la CE, y teniendo en cuenta los fundamentos 1 y 2, el TC debe acatar lo establecido en la LO 4/2001 en lo referente a la regulación del derecho de petición, derecho independiente en materia competencial de lo que pueda establecer el TC al respecto.

Así pues, dado que el TC debe acatar lo que dice la CE, y por tanto la LO que regula el derecho de petición, veamos lo que dice dicha LO 4/2001 en referencia a las peticiones y así determinar si puedo o no elevar mi petición al TC.

4.- La referida LO 4/2001 establece en su Artículo 1 “Titulares del derecho de petición”: “Toda persona natural o jurídica, prescindiendo de su nacionalidad, puede ejercer el derecho de petición, individual o colectivamente, en los términos y con los efectos establecidos por la presente Ley y sin que de su ejercicio pueda derivarse perjuicio alguno para el peticionario. No obstante no resultarán exentos de responsabilidad quienes con ocasión del ejercicio del derecho de petición incurriesen en delito o falta.”. Como ciudadano español mayor de edad, cumplo plenamente los requisitos estipulados en dicho artículo y ejerzo mi petición de manera individual. He tenido que rehacer 3 veces mi petición para que se ajuste a dicho Artículo Primero y no incurrir en delito o falta.

5.- La LO 4/2001, reguladora del derecho de petición, establece en su Artículo 2 “Destinatarios”: “El derecho de petición podrá ejercerse ante cualquier institución pública, administración, o autoridad, así como ante los órganos de dirección y administración de los organismos y entidades vinculados o dependientes de las Administraciones públicas, respecto de las materias de su competencia, cualquiera que sea el ámbito territorial o funcional de ésta.”. Además dicha Ley Orgánica 4/2001 especifíca en su disposición adicional primera “Regímenes especiales” aquellos organismos en los que el derecho de petición presenta aspectos singulares. ¿Es el TC un organismo o institución pública? Según establece la LOTC en su preámbulo, se trata de una institución, y su carácter público se deduce de las partidas habilitadas en los Presupuestos Generales del Estado para su normal funcionamiento. Por tanto SI es una institución pública y SI es un posible destinatario del derecho de petición. ¿Se encuentra el TC entre los órganos de la Disposición Adicional Primera que presentan una regulación especial? NO, por tanto NO está exento de atender a peticiones debidamente formuladas según lo establecido en la LO 4/2001.

6.- Finalmente, la LO 4/2001 establece en su Artículo 3 “Objeto de las peticiones”, que ustedes tienen a bien citar en su escrito, que “Las peticiones podrán versar sobre cualquier asunto o materia comprendido en el ámbito de competencias del destinatario, con independencia de que afecten exclusivamente al peticionario o sean de interés colectivo o general. No son objeto de este derecho aquellas solicitudes, quejas o sugerencias para cuya satisfacción el ordenamiento jurídico establezca un procedimiento específico distinto al regulado en la presente Ley”. Por tanto sólo queda determinar si las cuestiones planteadas en mi petición de 26/1/12, se encuentran en el ámbito de su competencia.

Recordemos cuales son estas cuestiones y analicémoslas en función de lo que establece la CE y la LOTC. Las cuestiones planteadas en mi petición son:

A).- PREGUNTO al TC en que lugar de la legislación vigente, la CE, la LOTC o cualquier otra ley, se encuentra definida la capacidad legislativa (del TC) y su potestad para realizar reformas constitucionales. Mi pregunta deriva del hecho de que una interpretación de un derecho Constitucional no puede suponer en ningún caso en una MODIFICACIÓN de la legislación, en este caso de la propia Constitución, ya que en la doctrina expresada en su sentencia 75/1985 expresa valores que no se encuentran explícitamente en la CE (gobernabilidad y excesiva fragmentación), y los equipara a los valores superiores de la LIBERTAD, JUSTICIA, IGUALDAD y PLURALISMO POLÍTICO. El hecho, demostrado por la respuesta del DP de fecha 3 de Noviembre, donde se deduce que no se puede interpretar la Constitución sin hacer referencia a dicha doctrina, hecho que confirma dicha MODIFICACIÓN.

B).- En el caso de que el TC realmente no tenga capacidad legislativa ni potestad para realizar reformas de la constitución, PIDO que EXPLIQUE cuales son las causas de haber realizado dicha reforma constitucional de los Títulos Preliminar y Primero incumpliendo los artículos 166 y 168.1 de la CE y PIDO que en caso de no existir una justificación dentro de lo que marca la CE, sobre dicha reforma constitucional, inhabilite dicha doctrina para poder acceder a mi derecho fundamental a la defensa según artículo 24.1 de la CE, de mis derechos fundamentales establecidos en los artículos 14, 16 y 23.1 de la CE.

C).- PREGUNTO al TC si es lícito, ya independientemente de que la doctrina sea una reforma ilegal de la CE, que se aplique a mi petición de amparo constitucional (al Defensor del Pueblo), la Doctrina emanada de la sentencia del TC 75/1985 y referida a los derechos fundamentales expuestos en el Artículo 23.2 de la CE, cuando mi petición de amparo se refiere a mi derecho fundamental expuesto en el Artículo 23.1 en referencia al Artículo 14 de la Constitución, utilizando dicha Doctrina no referida a mi petición para denegarme la petición. El motivo de mi pregunta es que, si bien es cierto que ambos derechos están ligados entre si, existe una diferencia fundamental, consistente en que el derecho expuesto en 23.2 puede (y repito, puede) ser interpretado como una igualdad ante las condiciones que la Ley prevé para el desarrollo del proceso electoral, el derecho expresado en el Artículo 23.1 se refiere al derecho a participar en los asuntos públicos, en mi caso mediante representantes, y que dicho derecho interpretado, según expresa la Constitución en su Artículo 10.2, según los Artículos 21.1, 21.2 y 21.3 de la DUDH, exige que el valor de mi voto sea IGUAL al del resto de la ciudadanía, según establece el Artículo 68.1 de la CE, siendo evidente, según expone el Informe del Consejo de Estado y las propias sentencias del TC 45/1992 y 75/1985, que es absolutamente infravalorado e incluso vetado, respecto al de otros ciudadanos, privándoseme de mi derecho a participar en el GOBIERNO de la Nación.

D).- Finalmente, PIDO al TC que me informe de cual es la vía para poder ejercer mi derecho a una defensa efectiva, establecido en el Artículo 24.1 de la CE, ya que la existencia de dicha doctrina me priva de realizar la defensa de mis derechos, tanto por la vía de la Justicia ordinaria, como por las vías del Defensor del Pueblo y del propio Tribunal Constitucional.

Y ahora recordemos cual es el ámbito competencial del TC según establecen la CE y la LOTC

7.- La LOTC establece en su Artículo 4.1 que “En ningún caso se podrá promover cuestión de jurisdicción o competencia al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional delimitará el ámbito de su jurisdicción y adoptará cuantas medidas sean necesarias para preservarla, incluyendo la declaración de nulidad de aquellos actos o resoluciones que la menoscaben; asimismo podrá apreciar de oficio o a instancia de parte su competencia o incompetencia.”.

8.- La LOTC establece en su artículo 4.2 que “Las resoluciones del Tribunal Constitucional no podrán ser enjuiciadas por ningún órgano jurisdiccional del Estado.”.

9.- La LOTC establece en su artículo 2.1.b que “El Tribunal Constitucional conocerá en los casos y en la forma que esta Ley determina: Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades públicos relacionados en el artículo 53.2 de la Constitución.

Por tanto,

10.- Referente a mi pregunta A), y teniendo en cuenta el fundamento 7, donde se establece que NADIE podrá promover cuestión de competencia al TC, cuanto le pregunto al TC sobre su ámbito competencial es porque NADIE más me lo puede clarificar. Además, teniendo en cuenta el fundamento 8 en que se establece que NADIE podrá enjuiciar las resoluciones del TC, más que el propio TC, no le puedo preguntar a NADIE más que al propio TC sobre la interpretación de su resolución. Por tanto, mi petición expuesta en A), se encuentra plenamente en el ámbito competencial, según establecen CE y la LOTC, Y POR TANTO DEBEN ATENDER MI PETICIÓN.

11.- Referente a mi pregunta B), nuevamente según el fundamento 8, donde se establece que NADIE más que el propio TC puede enjuiciar sus sentencias, y dado que la pregunta B está condicionada a la respuesta de la pregunta A), los únicos que tienen competencias para explicarme las motivaciones de los hechos acaecidos en una sentencia del TC, es el PROPIO TC. Por tanto, dado que si la cuestión es de su competencia y en caso de ser la respuesta que ha existido un error extremadamente grave, PIDO nuevamente a los ÚNICOS que pueden enmendar tal error que lo hagan, que son ustedes. Y DADO QUE ES EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, DEBEN ATENDER LA PETICIÓN.

12.- En lo referente a mi petición C), dado que un organismo del Estado (el Defensor del Pueblo) me está aplicando una sentencia del TC que no se refiere a mi caso y que me impide el acceso a mi derecho a la defensa, y dado que según el fundamento 8 este organismo no tiene capacidad para enjuiciar dicha aplicación, le pregunto al ÚNICO organismo que tiene capacidad para enjuiciarla, su opinión sobre si la aplicación es correcta. Y DADO QUE ES SU ÁMBITO COMPETENCIAL, DEBEN RESPONDERME.

13.- Referente a mi petición D), y atendiendo a lo expuesto en los fundamentos 8 y 9, y teniendo en cuenta la cuestión planteada en C, dado que el organismo al que solicito la interposición del recurso de amparo (el Defensor del Pueblo) expone que no es posible dicha interposición por la existencia de dicha sentencia 75/1985, únicamente el responsable de la sentencia puede informarme de cual es la vía para acceder a mi derecho a la defensa sin que dicha sentencia, no referida a mi caso y con todos los visos de ser ilegal, suponga un obstáculo para el ejercicio de dicho derecho. Y DADO QUE SON LOS ÚNICOS QUE TIENEN COMPETENCIAS, DEBEN ATENDER MI PETICIÓN.

Bien, llegados a este punto, vemos que mi PETICIÓN, se ajusta plenamente a los supuestos expresados en la LO 4/2001, y sin embargo ustedes en su respuesta me dicen que no me responden y lo justifican diciendo lo siguiente:

Debo poner en su conocimiento que el objeto de su petición resulta ajeno a la competencia del Tribunal Constitucional (Auto 81/1980, de 5 de Noviembre, y art. 3 de la Ley Orgánica 4/2001). Este órgano jurisdiccional, en efecto, en modo alguno puede, por vía de petición, evacuar consultas, como las planteadas por usted, sobre el sentido y alcance de sus propias resoluciones o acerca de los cauces en cada caso apropiados para la defensa de los derechos fundamentales”.

(Pensaba que yo abusaba del uso de las comas en mi redacción, pero realmente ustedes me dejan en pañales).

Dado que según lo expuesto, deberían contestarme, leeremos el Auto 81/1980 para ver que aspecto trascendente se me ha escapado en mi argumentación, hecho muy probable ya que, como vengo exponiendo reiteradamente, soy lego en toda materia de derecho y en cambio Vds. son los máximos intérpretes de la Ley Máxima.

De entrada, leo que el auto en cuestión se refiere no a una petición, si no a un recurso de amparo o un recurso de inconstitucionalidad, no queda claro. Entiendo perfectamente al pobre hombre que lo interpone puesto que le sucede como a todos nosotros, que a pesar de que los derechos están claramente establecidos en la CE, las leyes que se refieren a la defensa de los mismos son tan confusas que no se sabe exactamente cual es la vía para la defensa de los mismos. En un momento dado llega a citar el artículo 29.1 en su intento por acceder a la defensa de los derechos, pero en todo caso queda claro que no es una petición sino un recurso, bien de amparo, bien de inconstitucionalidad, puesto que pide la nulidad del apartado de una Ley, y el propio auto establece que lo primero que hay que hacer para establecer su procedencia, es delimitar la naturaleza del mismo. El caso difiere totalmente del mío, ya que mi PETICIÓN queda claramente delimitado que es una petición y no cualquier otra cosa, y así lo reconocen ustedes en su respuesta. Por tanto no es esa la cuestión.

Entonces el único párrafo en dicho auto que menciona el derecho de petición, el segundo del Fundamento 2º, dice:

incluso, cita un precepto, el art. 29.1 de la Constitución, concerniente al derecho de petición, que en absoluto puede ejercitarse ante el Tribunal Constitucional, que tiene unas competencias tasadas y delimitadas por el texto constitucional y su Ley orgánica reguladora entre las que no está la de acoger y resolver sobre peticiones presentadas por los ciudadanos.

Es decir, que contrariamente a lo que establece la LO 4/2001 que regula el derecho de petición, en dicho auto se expresa que no es competencia del TC atender, no a una petición concreta de un ciudadano concreto, si no a CUALQUIER petición.

Leyendo este párrafo, y teniendo en cuenta todo lo anteriormente dicho en los fundamentos 1, 2 y 3, y dado que, efectivamente tanto la LOTC como la CE no establecen que el TC deba atender a las peticiones de los ciudadanos, pero tampoco dicen  que no deba hacerlo y en cambio la LO 4/2001 dice que SI deben hacerlo, debo decir que en mi infancia me fue muy útil el visionado del programa televisivo “Barrio Sésamo”, donde aprendí conceptos tan importantes como cerca y lejos, ANTES Y DESPUÉS o DENTRO y FUERA.

Lo que hubiera ANTES de la vigente LO 4/2001, en cuanto a la regulación del derecho de petición, ni lo se, ni me importa, y si el TC en su sentencia de 1980 dice que no es competencia de ellos, me parece fantástico, pero resulta que la Ley que regula el derecho de petición se promulgó DESPUÉS de su Auto de 1980, y en ella establece que el TC SI DEBE atender a peticiones de ciudadanos, dentro del marco que establece la Ley. Es decir, que ANTES de 2001 quizás no estuvieran obligados a contestar a las peticiones, pero DESPUÉS de 2001 si. Por tanto, el argumento que esgrimen para no responderme, carece de sentido y en consecuencia DEBEN atender a mi petición.

Tampoco entra dentro de la legalidad esgrimir el argumento de que el TC regula sus propias competencias, ya que regula sus competencias DENTRO de su propio ámbito, no FUERA de él y da la casualidad de que la CE establece que la regulación de los derechos fundamentales no está DENTRO del ámbito competencial del TC. Por tanto, dado que los derechos fundamentales se regulan mediante leyes orgánicas específicas, el TC NO PUEDE decidir una competencia que no es de su ámbito, la regulación de un derecho fundamental. Es decir que cuando dicen que el TC  no está para acoger y resolver peticiones de los ciudadanos, quizás tuviera sentido en 1980, PERO NO EN 2012.

Finalmente, y por no dejar ningún cabo suelto, dicen que por la VÍA de PETICIÓN no pueden resolver las cuestiones que planteo. Analicémoslo:

  • Todas las peticiones que realizo tienen como componente común la doctrina emanada de la sentencia 75/1985. Las cuestiones pedidas, se refieren a la interpretación que realiza el TC de la Constitución y la aplicación que otros organismos hacen de dicha sentencia del TC. Por tanto, y teniendo en cuenta que NADIE más que el propio TC puede dar cuenta de su contenido, alcance y significado, son competencia del TC.
  • Si SÓLO puede enjuiciarlas el TC, SÓLO puedo dirigir mi petición al TC
  • ¿Existe otra vía diferente de la petición para la resolución de las cuestiones que planteo? Un ciudadano de a pie como yo sólo puede dirigirse al TC por 2 vías diferentes: recurso de amparo o petición.
  • ¿Se ajustan las cuestiones que planteo a los supuestos establecidos para interponer un recurso de amparo? NO, dado que no estoy solicitando la defensa de mis derechos que establezco en los HECHOS y no se ajusta a ninguno de los supuestos establecidos en la LOTC, Artículo 41.3 y Artículos. 42 a 44.
  • Por tanto, si sólo me puedo dirigir al TC, y el objeto de mi petición no dispone de una vía alternativa, la petición se ajusta totalmente al Artículo 3 de la LO 4/2001.

Es decir, señores míos, que ustedes con su respuesta incumplen la Ley, pero no sólo ya porque estén vulnerando mi derecho de petición, es que aunque ustedes tuvieran razón, igualmente continuarían incumpliendo la Ley. ¿Por qué? Porque según ustedes la petición que realizo no es de su ámbito competencial. Entonces, si realmente no hubiera sido de su ámbito competencial (que como ya hemos visto, es falso), deberían haber procedido según establece la LO 4/2001:

“Artículo 10.   Decisiones sobre competencia

1. Siempre que la declaración de inadmisibilidad de una petición se base en la falta de competencia de su destinatario, éste la remitirá a la institución, administración u organismo que estime competente en el plazo de diez días y lo comunicará así al peticionario. En este caso, los plazos se computarán desde la recepción del escrito, aplicándose lo dispuesto en el art. 6.2.

2. Cuando un órgano u autoridad se estime incompetente para el conocimiento de una petición remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere competente, si ambos pertenecieran a la misma institución, administración u organismo.”

Bien, ustedes se declaran incompetentes, pero ¿han remitido mi petición a la institución competente? NO, o por lo menos en su respuesta NO me lo comunican tal y como establece 10.1. En cualquiera de ambos casos, estarían incumpliendo la Ley.

Continuemos,

“Artículo 9.   Declaración de inadmisibilidad. Plazo

1. La declaración de inadmisibilidad será siempre motivada y deberá acordarse y notificarse al peticionario en los cuarenta y cinco días hábiles siguientes al de presentación del escrito de petición.

Cuando la inadmisión traiga causa de la existencia en el ordenamiento jurídico de otros procedimientos específicos para la satisfacción del objeto de la petición, la declaración de inadmisión deberá indicar expresamente las disposiciones a cuyo amparo deba sustanciarse, así como el órgano competente para ella.

2. En otro caso, se entenderá que la petición ha sido admitida a trámite.”

Entonces si la inadmisión por su parte hubiera sido porque existe otra vía o procedimiento específico (que como ya hemos visto no la hay), ustedes en su escrito lo deberían haber INDICADO EXPRESAMENTE. Es evidente que no lo han especificado por que no existe tal vía.

Entonces, visto todo esto, debo expresar nuevamente mi profundo estupor por las carencias interpretativas que presenta la respuesta que a mi petición, han dado ustedes, hecho que me lleva a preguntarme: “si no son capaces de interpretar una simple Ley Orgánica, con 12 Artículos y algunas disposiciones adicionales, ¿Cómo van a interpretar la Constitución, con centenares de artículos y apartados, así como la constitucionalidad de las diferentes leyes o hechos en referencia a dichos artículos?”. La respuesta a esta pregunta es aterradora, precisamente por su propia magnitud, así como por la realidad de los hechos sobre los que se sustenta, de los cuales ya había indicios más que claros en la propia sentencia 75/1985 objeto de mi petición. Cabe aclarar, que la pregunta expuesta en este párrafo es retórica, y no forma parte del objeto de mi petición y por tanto no hace falta que la respondan, aclaración que creo necesaria en base a lo anteriormente expuesto, aunque sinceramente no creo que el problema radique en la comprensión lectora de quienes debían atender mi petición, si no más bien a una parcialidad fruto de una falta de objetividad increíble por parte de quienes deberían ser ejemplo de objetividad.

Pudiera parecer cuando hablo de falta de objetividad del Tribunal Constitucional, que se trata de un desacato hacia tal Alto Órgano, pero no lo es en absoluto, ya que me baso en:

  1. No me responden porque no les da la gana. El fundamento jurídico en que basan su negativa tiene tanta validez, como hemos visto en lo expuesto, como el hecho de que el día que me tenían que responder hiciera frío o que ese día tuvieran problemas para evacuar (respuestas, me refiero, creo que es necesario aportar las aclaraciones que sean pertinentes, dada su más bien extraña habilidad interpretativa).
  2. No se dignan ni siquiera en disimular un poco, y hacer un remedo de cumplimiento de la Ley, y así decirme que ustedes son incompetentes (me refiero a que el asunto no es de su competencia), pero que el organismo competente es tal, mediante tal otra vía.

Llegados a este punto, creo necesario reformular mi petición, dejando claro que ésta se refiere únicamente a la interpretación de la sentencia 75/1985 por parte de la institución que la emitió y que por ley es la única competente para atender dicha petición, el Tribunal Constitucional. Como entiendo que se trata de un tema engorroso para ustedes, aunque eso no es culpa mía ni debo pagar yo por ello, reformularé las preguntas de la anterior petición, eliminando la última ya que entiendo que, si bien sigue siendo competencia de ustedes, realmente no están capacitados para responderla, puesto que existe un limbo jurídico sobre ese tema. 

Entonces, en base a toda la fundamentación antes expuesta,

–          Dado que el Tribunal Constitucional es un organismo al que cabe dirigir mi petición.

–          Dado que las cuestiones planteadas en mi petición son competencia única y exclusiva del Tribunal Constitucional.

–          Dado que no existen vías alternativas para la resolución del objeto de mi petición.

–          Dado que no existen causas objetivas de inadmisibilidad de mi petición.

–          Dado que es MI DERECHO,

PIDO se me responda a las siguientes cuestiones sobre la interpretación de la sentencia del TC 75/1985:

  1. ¿Considera el TC en su sentencia 75/1985 que existen valores establecidos en la Constitución de manera no explícita, y que estos valores son la Gobernabilidad y la Función Agregativa de los Partidos Políticos tendente a evitar una Excesiva Fragmentación Parlamentaria?
  2. ¿Considera el TC que dichos valores de la Gobernabilidad y la Función Agregativa de los Partidos Políticos, son de igual rango o superior que los valores supremos expuestos en el Artículo 1.1 de la CE, que son la base de todo el Estado de derecho, y que por tanto dicho Artículo 1.1 debería tener la forma “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como VALORES SUPERIORES de su ordenamiento jurídico la LIBERTAD, la JUSTICIA, la GOBERNABILIDAD, la IGUALDAD, la AGREGATIVIDAD POLÍTICA y el PLURALISMO POLÍTICO”?
  3. ¿Considera el Tribunal Constitucional que, tal y como establecen la CE, la LOTC y la LOPJ, la sentencia 75/1985 es de obligado cumplimiento por todos los organismos e instituciones del Estado?
  4. En el caso de que la respuesta a las cuestiones 2 y 3 sea SI, al quedar la sentencia 75/1985 de manera indisoluble a la interpretación que debe realizarse de la Constitución, ¿sería dicha sentencia 75/1985 equivalente a una reforma de la Constitución?
  5. En caso de que la respuesta a la cuestión 4 sea SI, ¿está el Tribunal Constitucional facultado para realizar dicha reforma sin seguir los cauces establecidos en la Constitución Española a tal efecto?
  6. En caso que la respuesta a la cuestión 2 sea NO, ¿Cuál es entonces la justificación constitucional para hacer prevalecer unos valores inferiores (Gobernabilidad y Función Agregativa) por encima de los valores superiores constitucionales (Igualdad, Libertad, Pluralismo Político y Justicia), tal y como reconocen en la propia sentencia 75/1985 párrafos 9º en adelante del Fundamento 5?
  7. En el caso de que en el punto 5 no existan atribuciones por parte del Tribunal para realizar reformas constitucionales o en caso de que la respuesta a la cuestión 6 no exista justificación constitucional para tal prevalencia de unos valores inferiores sobre los valores supremos, ¿Considera el Tribunal Constitucional que debería suspenderse la sentencia 75/1985 y la doctrina jurídica que de ella emana, por no ajustarse a lo establecido en la propia Constitución Española?

Como pueden ver, he reformulado las preguntas de tal manera que no les pueden quedar dudas (aunque ya hemos visto que no había motivos para tales dudas) sobre cual es el objeto de mi petición y para facilitarles la respuesta, tampoco quiero que una simple petición entorpezca el buen quehacer de tan alta institución con cuestiones tan baladíes como son los valores supremos sobre los cuales se sustenta todo el Estado de Derecho, quitándoles el tiempo del cual andan tan escasos, que ni tan siquiera pueden cumplir su propia Ley Órgánica y renovar sus miembros en los plazos y maneras establecidos a tal efecto, a pesar de que gracias a su sentencia 75/1985 han evitado la Excesiva Fragmentación, lo cual a permitido una buena Gobernabilidad, no siendo en tal caso la falta de Gobernabilidad el hecho que les impide renovarse en cumplimiento de la LOTC que les regula.

Por último, decir que en mi PETICIÓN, sólo espero respuesta a las cuestiones planteadas en la misma. No obstante, si ustedes de oficio, tal y como les faculta su propia LOTC en su Artículo 7 y como les exige el mandato emanado de la CE de defender a propia Constitución y los derechos fundamentales de la ciudadanía , y si de verdad tuvieran algún interés en llevar a cabo dicho mandato, cosa que es más que dudosa a la vista de su anterior respuesta y de la propia sentencia 75/1985, quieren actuar en defensa de tales derechos y de los fundamentos constitucionales, tan gravemente vulnerados desde hace décadas, quiero que sepan que por parte mía no existirá ningún impedimento en la ampliación del objeto de esta petición, aunque ya se que se trata de un tema de escaso interés, ya que sólo se trata de los CIMIENTOS de todo el Estado, habiendo temas mucho más trascendentes a los cuales deben atender.

Con lo cual, les quedo agradecido de antemano por dedicar un poco del precioso tiempo que requieren para proseguir con su inacabable proceso de renovación, que recordemos no puede ser fruto de una excesiva fragmentación parlamentaria, gracias a la perspicacia con que conjuraron tal posibilidad en su sentencia 75/1985, y cumplir, esta vez si, con la legalidad vigente y con su mandato constitucional de respetar, atender y defender los derechos de los simples ciudadanos como el que a ustedes se dirige.

XXXXXXX, 7 de Marzo de 2012.”

¡¡¡Ah, que a gusto me quedé!!!

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