Cambio de estrategia: Petición

abril 14, 2012 § Deja un comentario

Bueno, como dije en el anterior artículo, comencé a preparar la respuesta al Defensor del Pueblo, la Institución posiblemente más inútil del Estado, más incluso que el Senado. Es una institución que teóricamente tiene la función de que el ciudadano pueda acceder directamente a la defensa de sus derechos, sin pasar por las estructuras del Estado. Está facultado para poner no sólo recursos de amparo, sino también recursos de inconstitucionalidad, algo que sólo pueden hacer:

-50 diputadxs

-50 senadorxs

-el Presidente del Gobierno

-los presidentes de las comunidades autónomas

Es decir, que está (debería estar) al margen de los partidos, es el único que lo está, para evitar precisamente presiones de intereses. Puede ser cualquier persona, con formación o sin ella, mayor de edad. El único requisito (con la Iglesia hemos topado) es que lo tienen que aprobar las Cortes Generales ( o el Parlamento, ahora no recuerdo). Y así resulta que siempre son defensores del Pueblo militantes del PSOE o del PP. Viva la imparcialidad.

Vuelvo al hilo, que me pierdo. A pesar de la inutilidad, comencé a buscar la documentación necesaria para sostener mi línea argumental. Hasta que me encontré a mi amigo Dioni, abogado de pro, comprometido y que dedica parte de su tiempo ( y dinero) a luchar contra la injusticia. Hablamos del tema, lo que estaba haciendo yo ( también de lo que estaba haciendo él, que es una historia no menos interesante, pero que no me corresponde a mi explicarla, básicamente por que no la conozco entera) y en un momento dado me dijo: “esto que haces, lo tienes que hacer por la vía de petición” “¿Y eso que demonios es?” “es un derecho constitucional, igual que el derecho a voto o el de libertad de expresión, y lo puedes dirigir a cualquier institución. Me facilitó la ley correspondiente y me puse a trabajar en esa línea. No le veía yo la ventaja al asunto ( y eso que me lo había explicado), hasta que me di cuenta de que ERA LA VÍA IDÓNEA. Os explico (ya se que me estoy alargando mucho, pero creo que vale la pena): Las sentencias del Tribunal Constitucional son inapelables y de obligado cumplimiento, creo que ya lo he explicado. Por tanto por muchas demandas que ponga, siempre me encontraré con el mismo obstáculo, la SENTENCIA 75/1985 del Tribunal Constitucional. Todos tienen que cumplirla, el DP, los jueces, todos… Y si pongo recurso de amparo directamente al TC, me responderán “¡¡Ah!! se siente, no se puede hacer nada, ¡¡ya hay una sentencia!!” claro, una sentencia que es en si inconstitucional, pero que no se puede hacer nada…excepto preguntar vía petición por la misma. Entonces, era cuestión de hacer las preguntas corectas. La primera petición, no me salió demasiado bien, pero por suerte…Vaya, ya me estoy adelantando otra vez a los acontecimientos, veamos primero dicha petición:

XXXXXXX, con DNI XXXXXXX, nacido en xxxx y con domicilio en xxxxxxx, Telf  xxxxxxxx, acogiéndome a mi constitucional Derecho de Petición según está expuesto en el Artículo 29.1 dela CE y desarrollado en la LO4/2001 del 12 de Noviembre de 2001, expongo al Tribunal Constitucional (en adelante TC) mi PETICIÓN.

Aún tratándose de un problema único, ya que se refiere a la vulneración de mis derechos fundamentales tal y como están expresados en la Constitución Española y a la resolución de dicha vulneración, dicho problema ha derivado en varias cuestiones que son las que PIDO al TC resuelva.

ANTECEDENTES

Cabe decir que, como la mayor parte de los ciudadanos, hasta la fecha en que comencé a plantear la resolución de la vulneración de mis derechos fundamentales, mi desconocimiento de la Ley era prácticamente total, hecho este que se traduce en que mis primeras demandas adolezcan de un déficit en la estructuración de las mismas y en la concreción de las peticiones, todo ello basado en la falsa creencia de que los organismos del Estado encargados de velar por la constitucionalidad de la Ley pondrían toda la voluntad que implica su mandato constitucional en servir a la ciudadanía. Nada más lejos de la realidad, estos organismos parecen más interesados en perpetuar el status quo de la injusticia y de la situación de inconstitucionalidad, que en la resolución de los problemas reales de la ciudadanía. Todo esto se traduce en que una cosa que inicialmente debería ser un simple trámite para un ciudadano que quiere defender sus derechos, se convierta en una auténtica odisea, de carácter kafkiano, en que el absurdo llega a tal cota, que obliga al ciudadano a estudiarse toda la legislación vigente para poder siquiera llegar a realizar el planteamiento de algo tan fundamental como es la defensa de sus derechos constitucionales.

Los hechos relacionados cronológicamente, son los siguientes:

  • En 27/06/08, el Gobierno anterior solicita un estudio a su máximo órgano asesor, el Consejo de Estado, para evaluarla LOREG y entre otras cosas, las posibles mejoras de la proporcionalidad en la distribución de los representantes, para ser más acordes con la letra de la Constitución, ya que es una demanda creciente en la sociedad española.
  • En 24/02/09, el Consejo de Estado emite su informe, reconociendo el déficit de proporcionalidad y realizando algunas propuestas para mejorar dicho déficit.
  • En 29/01/11, se realiza una reforma de la LOREG, pero contrariamente a los esperado, no sólo no mejora la proporcionalidad, si no que además empeora la pluralidad defendida en la Constitución.
  • En fecha 26/09/11, mediante RD 1329/2011, el Presidente del Gobierno Disuelve el Parlamento y convoca Elecciones Generales a celebrar en fecha 20 de Noviembre de 2011, según dicta la Constitución, pero sin resolver los aspectos arbitrarios de la LOREG, suponiendo dicha convocatoria en si misma una vulneración real de mis derechos expresados en los artículos 14, 16 y 23.1 dela CE, vulneración que hasta la fecha estaba establecida sólo en el plano teórico en el período entre elecciones, transformándose mediante el RD en vulneración efectiva.
  • En fecha 4 de Octubre presento una queja al Defensor del Pueblo (en adelante DP) solicitando ante tales hechos, la interposición de un recurso de amparo ante el TC para que se restituyan mis derechos.
  • En fecha 3 de Noviembre recibo la respuesta de la oficina del DP en la que se me informa de que se me deniega mi solicitud en base a una doctrina establecida por el Tribunal Constitucional sobre los derechos a los cuales hago referencia, doctrina establecida principalmente en la sentencia 75/1985 del TC.
  • En fecha 14/11/11, ante la inminencia de la realización de las Elecciones Generales, realizo una nueva petición al DP de interposición de recurso de amparo ante el TC, alegando que la referida doctrina no se ajusta a mi caso y que además dicha doctrina puede suponer una vulneración de la constitucionalidad por los argumentos que explico en mi demanda y apunto en este mismo escrito.
  • Paralelamente, en fecha 15/11/11, interpongo una demanda ante el Juzgado de instrucción nº 1 de XXXXXpor los mismos hechos, aun no teniendo claro que sea el cauce adecuado para la resolución de mi problema, pero debido a la urgencia de la situación y ante la falta de información facilitada por el DP sobre cual puede ser la vía correcta para demandar la restitución de mis derechos.
  • En fecha 20 de Noviembre de 2011, presento una queja ante el Presidente de la mesa electoral donde me corresponde ejercer mi derecho al voto, por un motivo diferente pero relacionado con los hechos planteados en mi demanda del 15/11/11 y en mi petición al DP de 14/11/11, tratándose en esta ocasión de la vulneración del Artículo 93 de la LOREG donde se prohíbe la realización de cualquier tipo de propaganda electoral en los colegios electorales y aledaños.
  • En fecha 30/11/11 interpongo una demanda en el Juzgado de instrucción nº 3 de XXXXX contra la Junta Electoral Central por los hechos referidos en mi queja del 20 de Noviembre
  • En fecha 5/12/11, recibo respuesta del DP denegándome nuevamente mi petición de amparo, en esta ocasión basándose en que mi petición no se ajusta a la casuística establecida en la LOTC, Artículos 42 a 44, para solicitar el amparo.
  • A fecha de hoy, ejerzo mi derecho de petición al TC a la vista de todos los hechos anteriormente expuestos.

MOTIVOS

Como expuse en mi solicitud de amparo a la DP, soy votante habitual de partidos minoritarios y hasta marginales, estando en pleno derecho de realizar tal elección en virtud de la libertad ideológica y de pensamiento establecida en el Artículo 16 de la Constitución Española (en adelante CE) y en el Artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (en adelante DUDH). Pero por el simple hecho de pertenecer a un colectivo ideológico minoritario, el Estado Español en su totalidad, incumpliendo su mandato Constitucional expresado en los Artículos 9.1, 9.2 y 9.3, me margina y discrimina, vulnerando mis derechos fundamentales establecidos en los artículos 23.1, 16 y 14 de la CE. Dicha vulneración se inicia en las Cortes Generales, continúa en el Gobierno del Estado y finaliza en quienes deberían ser garantes de dichos derechos, el Tribunal Constitucional (ustedes) y el Defensor del Pueblo.

Dicha vulneración se produce en el momento en que se elabora y aprueba la LOREG y se establecen mecanismos en sus artículos 162 y 163 (y otros indirectamente), que DESIGUALAN el valor de mi voto respecto al de otros ciudadanos, favoreciéndoles a ellos por el hecho de que votan a partidos mayoritarios o residen en determinadas circunscripciones y discriminándome a mi por el simple hecho de no pertenecer a una mayoría de corriente ideológica. Los mecanismos que establece dicha Ley para discriminarme, son el establecimiento de un límite del 3%, el reparto por la denominada Ley de D’Hont y un reparto de representantes que privilegia determinadas circunscripciones por el hecho de ser poco pobladas, en detrimento de las más pobladas como la que yo resido. Si por separado, dicho mecanismos suponen una discriminación muy importante, la aplicación en conjunto de los mismos, elimina completamente mi posibilidad de participar en el gobierno de la Nación. Por otro lado, estos mecanismos discriminatorios, coartan mi libertad de elección, al intentar conducirme por mecanismo agregativo descrito en la doctrina del TC emanada de la sentencia 75/1985 y ampliamente analizada en el informe del Consejo de Estado, a elegir representantes de partidos mayoritarios.

Por poner sólo un ejemplo ilustrativo de las muchas maneras en que me discriminala LOREG, tal y como expuse en mi demanda al Juzgado de Instrucción nº1 de XXXXX en 15/11/11, la combinación del límite del 3% con un reparto desigual de representantes en función de las circunscripciones produce una discriminación comparativa:

“Finalmente, la existencia del límite del 3% supone una discriminación comparativa. Recordemos que el Artículo 139.1 dice “TODOS los españoles tienen los MISMOS DERECHOS y obligaciones EN CUALQUIER PARTE de territorio del Estado.” Es decir que mi derecho a representación es igual independientemente de la circunscripción en que resida. En segundo lugar el artículo 68.1, explicita: “El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por SUFRAGIO UNIVERSAL, LIBRE, IGUAL, directo y secreto, en los términos que establezca la ley.” Entonces y dado que mi derecho a representación es igual independientemente de la circunscripción, mi voto habrá de ser también IGUAL, según también explicita dicho artículo 68.1. La aplicación del límite del 3%, ahora independientemente del reparto de diputados por cincunscripciones, que también alego como discriminatorio, también tiene un efecto discriminatorio dependiendo donde resida. Recordemos que el porcentaje matemático, es una operación que pone en relación un número constante respecto de una cantidad determinada y que si variamos la cantidad, también variará el número. Esto tiene como consecuencia que si aplico el 3% en mi circunscripción (Barcelona, censo 4.027.998), resulta que el número de electores que resultan sin representación en la candidatura A es de 120.840. Si contrastamos este número con el censo total de, por ejemplo la circunscripción de Teruel, que es de 112.296. Es decir que con un número de votantes superior al censo total de la circunscripción de Teruel, la candidatura A no obtendría representación. Recordemos que no hablamos de objetos diferentes, si no del mismo objeto, el derecho de representación frente a VOTOS IGUALES y de igual derecho independientemente del lugar del Estado. Esto además se agrava por el reparto de diputados por circunscripción, ya que a Teruel le corresponden 3 diputados. Recordemos que el único límite que establece la Constitución a la igualdad, son las circunscripciones electorales. Este límite de por si ya es restrictivo, pero no claramente discriminatorio, mientras que la introducción de la barrera del 3% lo transforma en discriminatorio.” (Párrafo extraído de dicha demanda). De ello se deduce, no ya una discriminación a mi participación en el Gobierno dela Nación, si no una PROHIBICIÓN a dicha participación

La situación de discriminación se perpetúa por los intereses de los partidos mayoritarios, los cuales mantienen dicha injusta LOREG sin modificar en lo referido a los aspectos discriminatorios en su propio beneficio, creándome a mi un importante daño al eliminar mi representación o siquiera, la posibilidad de que la obtenga, atribuyéndose ellos mismos mi representación. Este hecho ya es más que evidente cuando el anterior Gobierno solicitó un informe al Consejo de Estado consultándole, entre otras, por esta misma cuestión, informe que en sus conclusiones expuso la conveniencia de solventar los aspectos discriminatorios a que me refiero, puesto que existen diferencias del valor de los votos importantísimas, hecho éste considerado factor determinante para ser considerado discriminatorio en la sentencia del TC 45/1992: “…por lo que no parecen existir la situación de manifiesta y arbitraria desproporción en el ejercicio del derecho de sufragio entre los ciudadanos de ambas islas que legitimaría la intervención del Tribunal en uno de los aspectos centrales del sistema electoral que compete definir al legislador…”.En el caso que expongo (sólo uno de muchos) es patente el incumplimiento del Artículo 139, del 68.1, del 9.2, del 9.3, del 14, del 23.1 y del 53.1 de la CE.

Pero lo más grave sucede cuando los órganos que deberían defender mis derechos, avalan la discriminación. En su sentencia 75/1985, el TC establece una doctrina en que justifica dicha discriminación en dos supuestos mandatos constitucionales, la Gobernabilidad y la Función agregativa de los Partidos Políticos y equiparando dichos supuestos mandatos a los valores supremos constitucionales, establecidos en el Artículo 1.1. Dicha doctrina, además, se establece referida al Artículo 23.2 y la transponen al derecho establecido en el Artículo 23.1, cuando es evidente que existen notables diferencias entre ambos derechos. Pero no sólo eso, sino que la doctrina se realiza, vulnerando el Artículo 10.2 dela CE, no de acorde conla DUDH, obviando que la IGUALDAD de los votos establecida en el Artículo 68.1 dela CE se encuentra también definida en el artículo 21.3 de la DUDH.

Haciendo un inciso, si el tema no fuera tan grave pues se trata de la vulneración de los derechos fundamentales de muchos ciudadanos (aunque yo sólo alego la vulneración de los míos propios), resultaría gracioso que los mismos argumentos que pone el TC como excusa para realizar la vulneración de los derechos (función agregativa de los partidos, que permitan mayorías amplias que faciliten la gobernabilidad), sea la causa de que el propio TC se encuentre desde hace años en una situación de manifiesta ilegalidad por no poder renovar sus componentes como exigela CE y la LOTC.Según el argumento de la Doctrina del TC entonces requeriríamos que la Pluralidad Política se limitase a UN SOLO partido para evitar situaciones como la que se produce, ya que la existencia de DOS partidos conlleva situaciones de excesiva fragmentación que impide la gobernabilidad y el cumplimiento dela Ley por los más altos estamentos del Estado (Cortes Generales, TC). Antes al contrario de lo que predica en su doctrina el TC, es probable que si hubiera habido un sistema de representación proporcional como el que establece realmente la Constitución, se hubiera podido llegar a acuerdos más fácilmente entre las diversas fuerzas, que lo que está sucediendo entre sólo dos fuerzas mayoritarias a las que conduce el sistema desproporcional que inconstitucionalmente se ha impuesto.

El establecimiento de dicha doctrina, con la aparición de valores no establecidos  en la CE (Gobernabilidad y Función Agregativa), así como su equiparación a los valores superiores de la Constitución, supone por el Artículo 164.1 de la Constitución una modificación del Título preliminar, así como de los títulos Primero y Segundo, modificación que supone una reforma de la Constituciónque no es acorde con lo que establecen los Artículos 166 y 168.1 de la CE. Es decir, que el establecimiento de la doctrina del TC referida al derecho establecido en el Artículo 23.2 de la CE, es inconstitucional “per se”, ya que dejaría el Artículo 1.1 de la Constitución establecido de la siguiente manera: “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como VALORES SUPERIORES de su ordenamiento jurídico la LIBERTAD, la JUSTICIA, la GOBERNABILIDAD, la IGUALDAD, la AGREGATIVIDAD POLÍTICA y el PLURALISMO POLÍTICO”.

La existencia de esta reforma constitucional, impide además mi derecho a la defensa de mis derechos ante los tribunales, puesto que, por un lado según el Artículo 5.1 de la LOPJ, “La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico, y vincula a todos los Jueces y Tribunales, quienes interpretarán y aplicarán las leyes y los Reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos.”, y por otro lado, el Defensor del Pueblo no quiere hacerse cargo de dicha defensa, alegando también la existencia de la doctrina del TC  además de establecer que mi caso no se ajusta a ninguno de los supuestos previstos enla LOTC, Arts.42 a 44, quedando pues en una situación de indefensión total, contrariamente a lo que establece el Artículo 24.1 de la CE en relación con los Artículos 7, 8 y 10 de la DUDH. Supongo que el TC sería el órgano en última instancia que podría solventar dicha situación, pero viendo el espíritu que mueve el dictado de las Sentencias sobre el tema, y de la Doctrina que de ellas emana, y conociendo el parecer que sobre dicho tema tiene el DP, parece que la sólo existencia de dicha doctrina inhabilita mi derecho a ser escuchado por un tribunal, según establece 24.1 y en consecuencia no puedo defender la restauración de mis derechos vulnerados.

Como consecuencia, de todo lo anteriormente dicho, EXPONGO LA SIGUIENTE PETICIÓN, referida por separado a cada uno de los aspectos singulares de mi caso.

1.- PREGUNTO al TC en que lugar de la legislación vigente,la CE,la LOTC o cualquier otra ley, se encuentra definida la capacidad legislativa y su potestad para realizar reformas constitucionales. Mi pregunta deriva del hecho de que una interpretación de un derecho Constitucional no puede suponer en ningún caso en una MODIFICACIÓN de la legislación, en este caso de la propia Constitución, ya que en la doctrina expresada en su sentencia 75/1985 expresa valores que no se encuentran explícitamente en la CE (gobernabilidad y excesiva fragmentación), y los equipara a los valores superiores de la LIBERTAD, JUSTICIA, IGUALDAD y PLURALISMO POLÍTICO. El hecho, demostrado por la respuesta del DP de fecha 3 de Noviembre, donde se deduce que no se puede interpretarla Constitución sin hacer referencia a dicha doctrina, hecho que confirma dicha MODIFICACIÓN.

2.- En el caso de que el TC realmente no tenga capacidad legislativa ni potestad para realizar reformas de la constitución, PIDO que EXPLIQUE cuales son las causas de haber realizado dicha reforma constitucional de los Títulos Preliminar y Primero incumpliendo los artículos 166 y 168.1 dela CE y PIDO que en caso de no existir una justificación dentro de lo que marca la CE, sobre dicha reforma constitucional, inhabilite dicha doctrina para poder acceder a mi derecho fundamental a la defensa según el artículo 24.1 dela CE, de mis derechos fundamentales establecidos en los artículos 14, 16, y 23.1 dela CE.

3.- PREGUNTO al TC si es lícito, ya independientemente de que la doctrina sea una reforma ilegal dela CE, que se aplique a mi petición de amparo constitucional, la Doctrina emanada de la sentencia del TC 75/1985 y referida a los derechos fundamentales expuestos en el Artículo 23.2 dela CE, cuando mi petición de amparo se refiere a mi derecho fundamental expuesto en el Artículo 23.1 en referencia al Artículo 14 de la Constitución, utilizando dicha Doctrina no referida a mi petición para denegarme la petición. El motivo de mi pregunta es que, si bien es cierto que ambos derechos están ligados entre si, existe una diferencia fundamental, ya que si bien el derecho expuesto en 23.2 puede (y repito, puede) ser interpretado como una igualdad ante las condiciones quela Ley prevé para el desarrollo del proceso electoral, el derecho expresado en el Artículo 23.1 se refiere al derecho a participar en los asuntos públicos, en mi caso mediante representantes, y que dicho derecho interpretado, según expresa la Constitución en su Artículo 10.2, según los Artículos 21.1, 21.2 y 21.3 de la DUDH, exige que el valor de mi voto sea IGUAL al del resto de la ciudadanía, según establece el artículo 68.1 de la CE, , siendo evidente, según expone el Informe del Consejo de Estado y las propias sentencias del TC 45/1992 y 75/1985, que es absolutamente infravalorado e incluso vetado, respecto al de otros ciudadanos, privándoseme de mi derecho a participar en el GOBIERNO de la Nación.

4.- Finalmente, PIDO al TC que me informe de cual es la vía para poder ejercer mi derecho a una defensa efectiva, establecido en el Artículo 24.1 dela CE, ya que la existencia de dicha doctrina me priva de realizar la defensa de mis derechos, tanto por la vía dela Justicia ordinaria, como por las vías del Defensor del Pueblo y del propio Tribunal Constitucional.

Por lo que según lo establecido en la LO4/2001 que regula el Derecho de Petición que ejerzo en la presente, quedo a la espera de su respuesta en los términos y plazos que establece dicha Ley.

XXXXXX, 26 de Enero de 2012.

XXXXXXX

DNI XXXXXXXX”

Anuncios

Etiquetado:,

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

¿Qué es esto?

Actualmente estás leyendo Cambio de estrategia: Petición en El Estado sin Derecho.

Meta

A %d blogueros les gusta esto: