Segunda demanda y cambio de Tercio: La Junta Electoral Central

abril 6, 2012 § Deja un comentario

Bien, y llegaron las elecciones Generales del 20-N y yo todavía sin saber por donde ir. Había mucho movimiento después del 15-O y salían iniciativas interesantes, como el DoRiYaKitú, del cual me descargué los impresos. Leyéndolos, habían artículos sobre la condición de funcionarios de los presidentes y tal, y recordé que a mi ya me había tocado serlo una vez. Me vino a la mente que hubo discusión entre los interventores por un cartel electoral delante del colegio donde me tocaba y que ordené (fijaté tu, como un político profesional, como si hubiera sido un corrupto toda mi vida!!) a la Guardia Urbana que lo retirasen. Me puse a buscar el artículo en la LOREG y lo encontré, el de que se prohibe hacer propaganda electoral de cualquier clase. Y me acordé que en el colegio electoral todos iban forrados de pegatinas de sus partidos, ¿como no me di cuenta entonces? Nos engañan con tanta naturalidad que ni nos damos cuenta que somos engañados.

Así que el 20N me presenté en el colegio donde me correspondía votar y al ver las pegatinas de los interventores, puse una queja al Presidente de la Mesa. Se armó bastante revuelo, ¡¡ellxs no estaban haciendo nada malo!! Mientras estaba allí me puse a hablar con una amiga, interventora también (la única que no llevaba pegatinas) y me dijo que era lo normal, que los del PP (cosa que pude comprobar iban con carpetas del PP como si llevaran las banderas en un desfile. Otros interventores me dijeron que no era ilegal, ya que era la propia Junta Electoral Central la que les facilitaba las acreditaciones con la propaganda. ¿Ah, si? ¿La Junta Electoral Central? Pues, demanda al canto:

“XXXXXX 

DENUNCIO

 

A la Junta Electoral Central por, no sólo permitir el incumplimiento de la LOREG, si no además fomentar el incumplimiento de dicha Ley.

 

Este hecho se suma a la vulneración de mis derechos fundamentales expuesto en mi denuncia presentada ante este Juzgado en fecha 15 de Noviembre de 2011, suponiendo una grave alteración de todo el proceso de las votaciones efectuadas en las Elecciones Generales de fecha 20 de Noviembre de 2011, yendo la totalidad de los hechos en contra de mis intereses.

 

HECHOS

 

En fecha 20 de Noviembre de 2011, cuando a pesar de tener mis derechos disminuidos hasta su práctica desaparición, sin que la justicia me ampare, fui a ejercer mi derecho a elegir mis representantes para participar en el Gobierno de la Nación según establece el Artículo 23.1 de la CE en referencia al Artículo 21.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en condiciones de total desigualdad según explicito en mi denuncia interpuesta ante este juzgado en fecha 15 de Noviembre de 2011, observé con total asombro la existencia de propaganda electoral, en la forma de logotipos portados por los interventores en sus acreditaciones, de un tamaño respetable, así como carpetas con dichos logotipos, que muchos de los interventores portaban ostentosamente.

 

Este hecho lo había observado por la mañana a las puertas de otro colegio electoral de mi localidad, y por la tarde, antes de ir a ejercer mi “derecho”, a las puertas de un segundo colegio. Por tanto deduje que se trataba de un hecho generalizado y así lo hice constar al presentar la correspondiente queja ante el Presidente de la Mesa que me correspondía, queja de la cual presento una copia. En dicha queja solicité la impugnación de la totalidad del proceso electoral por incumplimiento generalizado del Artículo 93 de la LOREG.

 

Artículo 93

Ni en los locales de las Secciones ni en las inmediaciones de los mismos se podrá realizar propaganda electoral de ningún género. Tampoco podrán formarse grupos susceptibles de entorpecer, de cualquier manera que sea, el acceso a los locales, ni se admitirá la presencia en las proximidades de quien o quienes puedan dificultar o coaccionar el libre ejercicio del derecho de voto. El Presidente de la Mesa tomará a este respecto todas las medidas que estime convenientes.

 

Más grande fue mi sorpresa, todavía cuando los interventores que se acercaron a ver que sucedía, al referirles el motivo de mi queja, me explicaron que no se trataba de propaganda electoral, pues en ella no se solicitaba el voto, es más no podía haber ningún tipo de ilegalidad CUANDO LA PROPIA JUNTA ELECTORAL ERA QUIEN LES FACILITABA LAS ACREDITACIONES.

 

En estas circunstancias comencé a dudar de mi correcto conocimiento de la lengua española, contrariamente a lo que siempre había creído, por lo que consulté el Diccionario de la Real Academia Española, encontrando en dicho diccionario las siguientes definiciones:

propaganda.

(Del lat. propaganda, que ha de ser propagada).

1. f. Acción o efecto de dar a conocer algo con el fin de atraer adeptos o compradores.

2. f. Textos, trabajos y medios empleados para este fin.

electoral.

2. adj. Perteneciente o relativo a electores o a elecciones. Derechos electorales. Distrito electoral.

elección.

2. f. Designación, que regularmente se hace por votos, para algún cargo, comisión, etc.

4. f. pl. Emisión de votos para designar cargos políticos o de otra naturaleza.

logotipo.

(Del gr. λόγος, palabra, y tipo).

1. m. Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoración, marca o producto.

género.

(Del lat. genus, genĕris).

2. m. Clase o tipo a que pertenecen personas o cosas. Ese género de bromas no me gusta

 

Es decir que la interpretación de la primera frase del Artículo 93 según el significado de la RAE, sería:

 

Ni en los locales de las Secciones ni en las inmediaciones de los mismos se podrá usar medios de cualquier tipo o clase para dar a conocer a formaciones políticas, con el fin de atraer el voto para designar cargos políticos.

 

Bien, vistas las definiciones que da la RAE a las palabras que componen la primera frase del Artículo 93, veo que mi conocimiento del idioma español no es tan malo como daba a entender la interpretación que realiza la Junta Electoral Central de que es propaganda y que deja de serlo. Parece ser que, o bien las leyes, incluida la Constitución, están redactadas en un idioma que no es español, por lo cual el significado de las palabras es totalmente diferente del usual en español, o bien existe una variante dialectal jurídica del español, en la cual las palabras tienen un significado totalmente opuesto al usual. En cualquier caso, en el preámbulo de las leyes o en un anexo correspondiente, debería figurar el significado de tales palabras, para que los ciudadanos que usamos habitualmente el español y desconocemos el idioma o jerga utilizados en la redacción de las leyes, no seamos llevados a delinquir por un simple desconocimiento etimológico.

 

Ironías aparte, ya es el segundo caso que me encuentro en que el organismo designado para velar por el cumplimiento de la legalidad, infringe dicha legalidad mediante interpretaciones totalmente alejadas de los significados reales que se deducen de un uso normal del idioma. En este caso, si cabe, el hecho es más grave, ya que no sólo salvaguarda la ilegalidad mediante una interpretación torticera, sino que además induce a la ilegalidad mediante el suministro de parte de los materiales (las acreditaciones con los anagramas bien visibles de los partidos) para cometer dicha ilegalidad.

 

Esta ilegalidad supone, tal y como expuse en mi anterior denuncia, una nueva discriminación a la igualdad y libertad de elección, presentando propaganda de los partidos mayoritarios, que ya tienen todas las facilidades debido a una injusta discriminación de los partidos minoritarios a los que habitualmente voto, pero si bien las anteriores se producían ANTES Y DESPUÉS del proceso electoral, esta se produce DURANTE el mismo. Supone una coacción a los votantes al recordarles (una vez más y justo en el momento en que han de decidir de manera definitiva e irreversible su elección) que debido a la Ley Electoral, únicamente los partidos que tienen la etiquetita presentan opciones reales por efecto discriminatorio de conseguir representantes, pudiendo condicionar en última instancia votos a partidos minoritarios que favorecerían mis posibilidades de obtener representación para participar en el Gobierno de la Nación, y redirigiéndolos nuevamente y de manera discriminatoria y coercitiva hacia los partidos mayoritarios.

 

Debo decir además, que me resulta absolutamente extraño que la JEC prohíba en su resolución del 20-11-2011 el uso de unas camisetas verdes con un determinado lema reivindicativo, pero que no portaban petición de voto ni logotipos de ninguna formación, por considerarlas propaganda electoral, y en cambio los logotipos de los partidos que concurren en las elecciones no sean considerados propaganda electoral.

 

No, se, comienzo a creer que el principio superior de la JUSTICIA, considerado por la Constitución como uno de los pilares básicos del Estado de Derecho en su Artículo 1.1, simplemente no existe, es una mera entelequia. Aunque aún me resisto a creer tal cosa y por tanto, invocando el Artículo 10.2 de la Constitución,

 

2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.

 

y por tanto, interpretando el Artículo 23.1 de la Constitución,

 

Artículo 23

1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.

 

en base al Artículo 21.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos

 

Artículo 21

  1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.

 

que además debido a la existencia de los artículos 21.2 y 21.3,

 

  1. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.
  2. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.

 

presenta ligámenes indisolubles con los Artículos 1.2, 23.2 y 68.1 de la Constitución Española, invocando los valores supremos constitucionales de la  LIBERTAD, JUSTICIA, IGUALDAD Y PLURALISMO POLÍTICO inscritos en el en el Artículo 1.1, y exigiendo la no discriminación y mi derecho a la igualdad expresados en el Artículo 14 de la CE en referencia a los Artículos 1, 2 y 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, exijo el cumplimiento del artículo 9.2 de la Constitución y que se eliminen las trabas para disfrutar de mi derecho a participar en el Gobierno de la Nación sin ser discriminado por mis ideas políticas y lugar de residencia y en igualdad de condiciones que el resto de votantes, así como que faciliten dicha participación en dicho Gobierno y no limiten o dificulten la misma, y por tanto, por los hechos anteriormente expuestos, así como los presentados en mi denuncia en este Juzgado en fecha 15 de Noviembre,

 

SOLICITO

 

la ANULACIÓN de la totalidad del proceso electoral por incumplimiento de la Legislación por parte de los poderes públicos de manera generalizada, y además favorecedora a determinadas formaciones políticas, así la vulneración de mis derechos fundamentales Constitucionales enunciados en el Artículo 14 y 23.1, así como la vulneración del artículo 68.1 de la C.E.

 

XXXX, 29 de Noviembre de 2011

 

XXXXXXX”

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