PRIMERA RESPUESTA: lo que era de esperar

abril 1, 2012 § Deja un comentario

A primeros de Noviembre, recibí la respuesta de mi primera solicitud de recurso de amparo al Defensor del Pueblo, sólo un mes más tarde, no está mal. Como era de esperar, denegación rotunda ( con muy buenas maneras), papel estupendo carísimo y membrete casi alegórico. Un auténtico despilfarro para la respuesta que da. Sin embargo, me fue muy útil, comencé a ver como funcionaba la cosa y obtuve información muy buena, además de comenzar a aprender como buscar esa información, como redactar y todas esas cosas que se nos escapan al común de los mortales.

En esta respuesta, se cita la sentencia que es la madre de toda la vulneración constitucional, la 75/1985. Además, en este escrito, encontramos el primer error de sistema: yo pido amparo sobre mi derecho explicitado en el Artículo 23.1 y ellos me contestan con el 23.2, que se parece pero no es el mismo. Finalmente, a remarcar también que me dejan sin otro derecho constitucional, el derecho a defender mis derechos.

Bueno, no me enrollo más y aquí os escribo la transcripción de esa respuesta:

“Estimado Sr.:

Es de referencia su escrito de fecha 4 de Octubre último que, como ya sabe, ha quedado inscrito en el registro de esta Institución con el número arriba indicado.

En su comunicación cuestiona la constitucionalidad de preceptos de la ley electoral desde el punto de vista de los principios de igualdad y de proporcionalidad, definidos en nuestro texto constitucional.

La cuestión que usted plantea ha sido objeto de estudio y valoración por esta Institución a la luz de pronunciamientos del Tribunal Constitucional en los que el alto Tribunal ha examinado distintos preceptos de la legislación electoral desde el punto de vista de su adecuación a los principios constitucionales de igualdad y proporcionalidad.

Se ha podido así determinar que, en la consideración del Tribunal Constitucional, una de las características del artículo 23.2 de la Constitución española, en el que se define el derecho de los ciudadanos a acceder, en condiciones de igualdad, a las funciones y cargos públicos, es el “muy amplio margen de libertad que confiere al legislador para regular el ejercicio del derecho, esto es, para configurar el sistema mediante el que se produce en la práctica el acceso a tales cargos y funciones públicas y, más concretamente, al tratarse de cargos directamente elegidos por los ciudadanos, para configurar el correspondiente sistema electoral”.

Resulta, en efecto, del artículo 23.2 de la Constitución española, que el derecho a acceder a las funciones y cargos públicos se adquiere de acuerdo “con los requisitos que señalen las leyes” de maneraque no puede afirmarse, según entiende el alto Tribunal, que del citado precepto, en si sólo considerado, derive la exigencia de un determinado sistema electoral, o de un determinado mecanismo para la atribución de los cargos representativos objeto de elección, en función de los votos que en la misma se emitan.

Entiende, por el contrario, el Tribunal Constitucional que “el principio democrático de la igualdad se encuentra abierto a las fórmulas electorales más diversas, y elloporque se trata de una igualdad en la ley o, como el mismo artículo 23.2 de la Constitución establece, de una igualdad referida a las “condiciones” legales en que el conjunto de un proceso electoral se desarrolla, por lo que la igualdad, por lo tanto, no prefigura un sistema electoral y excluye otros, sino que ha de verificarse dentro del sistema electoral que sea libremente determinado por el legislador, impidiendo diferencias discriminatorias pero a partir de las reglas de tal sistema y no por referencia a cualquier otro”.

No obstante, según también puntualiza el Tribunal Constitucional, el legislador, al que expresamente se remitela tarea de configurar el régimen de acceso a las funciones y cargos públicos, se encuentra sometido, en materia electoral, a otros mandatos que se contienen en la Constitución. Uno de tales mandatos es el de que las elecciones se verifiquen en cada circunscripción “atendiendo a criterios de representación proporcional”, según afirma la Constitución respecto a las elecciones al Congreso de los Diputados (artículo 68.3).

Sin embargo, la citada previsión no remite, a juicio del Tribunal Constitucional, “a un sistema de escrutinio proporcional como algo perfectamente delimitable, de manera unívoca en todos sus contornos, pues todo lo más que puede apreciarse en la simple afirmación de tal sistema es una voluntad de procurar, en esencia, una cierta adecuación entre votos recibidos y obtención de escaños”.

La Constitución no ha pretendido establecer, según continúa señalando el Tribunal Constitucional, “un sistema puro de proporcionalidad…,si con tal expresión se entiende que la única opción constitucionalmente válida sería la que atribuyese, sin desviaciones, los escaños de modo proporcional al porcentaje de lo votos conseguidos”. La proporcionalidad, por el contrario, es más bien, a juicio del citado Tribunal, “una orientación o criterio tendencial porque siempre, mediante su puesta en práctica, quedará modulada o corregida por múltiples factores del sistema electoral, hasta el punto que puede afirmarse que cualquier concreción o desarrollo normativo del criterio, para hacer viable su aplicación, implica necesariamente un recorte respecto de esa “pureza” de la proporcionalidad abstractamente considerada”.

Se entiende, en definitiva, por el Tribunal Constitucional que la proporcionalidad en un sistema electoral no puede ser absoluta y precisa algunas correcciones, pues de su aplicación sin ningún tipo de modulación pueden derivarse resultados excesivamente fragmentarios de la representación política y, así, que resultarían admisibles ciertas restricciones a la proporcionalidad dirigidas a “favorecer la gobernabilidad, evitar la fragmentación de la representación, facilitar la capacidad de trabajo de las comisiones, o asegurar una opción razonable (de entre varias posibles) en cuanto a representación parlamentaria de las fuerzas políticas”. (Sentencias del Tribunal Constitucional núms. 40/1981, 75/1985 y 193/1989).

Agradeciéndole la confianza demostrada en esta Institución, y lamentando no poder prestarle, en este caso, una ayuda directa, le saluda cordialmente,

 

Manuel Ángel Aguilar Belda

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