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Final del Asunto: El Mal triunfa de nuevo

mayo 22, 2019 § Deja un comentario

Pues eso, no cabe explicar nada más. Un acólito de la Fiscala General del Estado (no sé si el encargado de que la Ilustrísima Señora no se ensucie las manos) un Tte Fiscal cuyo nombre no recuerdo, me comunicó el archivo de la denuncia en una exibición de desvergüenza solo comparable a la de Dolores de Cospedal explicando el despido en simulado y diferido. No sé donde tengo el escrito de la FGE, así que no os lo puedo colgar en este post.

Finalizar nuevamente con el reconocimiento al Sr. Josep Asensio por su perseverancia, buen hacer y honestidad. Espero, de todo corazón, que su trabajo dé los frutos que las personas de bien se merecen.

Salut i llibertat.

El Estado Sin Derecho: La impunidad de Juezxs, Fiscalxs y demás.

mayo 22, 2019 § Deja un comentario

Naturalmente el anterior escrito no quedó sin respuesta. Esta denuncia, a diferencia de la primera de la serie, está más meditada y hago uso por igual de ironía y sarcasmo. Pero la valoración final es vuestra:

“Fiscal General del Estado

Fiscalía del Tribunal Supremo

 

 

XXXXXXXXXX con DNI XXXXXXXXXX, con domicilio en la XXXXXXXX de XXXXXXXXX, Barcelona, que se designa a efectos de notificaciones, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 264 de la LeCrim, notifico que he tenido constancia por medio de misiva a mi remitida, de la comisión de hechos delictivos los cuales, debido al estatus jurídico del denunciado, pongo en conocimiento de ese Fiscal General del Estado a quien corresponde el conocimiento de los mismos.

 

Con carácter previo a la exposición de los hechos, le notifico que debido a la condición de aforado del denunciado y a lo establecido en el art. 406 de la LOPJ a que nos remite el art. 60 de la Ley 50/1981, tiene usted OBLIGACIÓN de presentar QUERELLA contra el denunciado según lo establecido en el art.. 271 en relación con el art. 105, ambos de la LeCrim. Se lo digo en primer lugar para ahorrarle trabajo, que sé que están ustedes muy ocupados persiguiendo malandrines tuiteros, titiriteros, indepes, sindicalistas, anarquistas, raperos y otras gentes de mal vivir, amén de que al parecer en la fiscalía los puestos se adquieren por un proceso similar al de los másters de la URJC, puesto que el desconocimiento de la ley de que hacen gala algunos de sus subordinados de alto rango no puede ser explicada de otra manera.

 

Pero vayamos al grano, dado que a mí, a diferencia de usted, no me pagan por este tiempo y a usted, a diferencia de mí, nadie me apremia para que encarcele disidentes, además de ser los hechos evidentes y notorios. La persona denunciada es el Teniente Fiscal del Tribunal Supreno, el presunto señor D. Luis Navajas, el cual ha cometido no uno ni dos, si no tres delitos de prevaricación. A continuación expongo los

 

HECHOS

 

PRIMERO: En fecha 20 de diciembre de 2017, un día antes de las elecciones autonómicas catalanas (por aquello de que nadie diga nada sobre la intencionalidad de la denuncia), envié escrito a la Fiscalía Territorial de Sant Feliu de Llobregat (Documento 1). Dicho escrito contenía TRES DENUNCIAS, amén de una petición de interposición de recurso de amparo. Dichas denuncias se referían a 3 grupos de personas diferentes y sobre delitos diferentes en cada grupo, aunque relacionados entre sí, a saber:

  1. Todos los miembros del Gobierno (anterior presidido por M. Rajoy) y todos aquellos miembros del Senado que votaron favorablemente a la aplicación de las medidas propuestas por el Gobierno al amparo del artículo 155 CE. Además se denuncia a los letrados del Gobierno y el Senado
  2. Los Jueces-Magistrados Sra. Lamela, de la Audiencia Nacional y Sr. Llarena del Tribunal Supremo.
  3. El Juez del Tribunal Supremo Sr. Llarena de manera individual.

 

No me extenderé sobre los motivos de la denuncia los cuales están expuestos en el Documento adjunto nº 1, excepto en el último caso, Sr. Llarena, donde acontecimientos recientes han dado la razón a este denunciante.

 

SEGUNDO: Hacia finales de Febrero, no puedo aportar la fecha exacta, recibí notificación de la Fiscalía Provincial de Barcelona con fecha de registro de 8 de Febrero y Referencia R.S. D. DE INVESTIGACIÓN Nº 157/18, donde se me informaba de la tramitación de la denuncia al órgano competente sobre la misma, esto es, la Fiscalía del Tribunal Supremo que usted preside. Cabe hacer notar que, ni la Fiscalía Territorial de Sant Feliu de Llobregat, ni la Fiscalía Provincial de Barcelona archivaron la denuncia, cosa que podían haber hecho tal y como establece el art. 5.1 de la Ley 50/1981 caso de que los hechos denunciados no fueran manifiestamente constitutivos de delito alguno.

En dicho escrito queda claramente reflejado que existen 3 denuncias. Por el contrario, no se hace referencia alguna a dar trámite a la solicitud de recurso de amparo ante el T.C. Dicha notificación se adjunta como Documento nº 2.

 

TERCERO: Hacia mitad o final de marzo, este denunciante recibió misiva de la Fiscalía del Tribunal Supremo sobre las Diligencias de investigación Penal Nº 8/2018 referida a la anterior R.S. D. de Investigación 157/18, fechada en 7 de marzo de 2018 y firmada por  Luis Navajas Ramos, Teniente Fiscal del Tribunal Supremo. Cabe decir que la comprensión lectora del Sr. Navajas deja mucho que desear, ya que mezcla en un batiburrillo imposible de digerir, todos los delitos denunciados atribuyéndoselos únicamente al Sr. Llarena y a la Sra. Lamela. En consecuencia, decreta el archivo de la denuncia al faltar “el imprescindible instrumento de la “querella” tal y como exige el art. 406 de la LOPJ””. Y se queda tan ancho, el excelentísimo tío. Llama la atención en dicho escrito, que inicialmente la investigación fue abierta por otra fiscal del Tribunal Supremo, la fiscal Sra. Dª Julia del Rosal Alonso, quien tampoco la archivó al igual que sucedió con las primeras fiscalías, siendo la investigación reclamada a posteriori por su jefe, el Sr. Navajas, con el único objeto de perpetrar un archivo tan chapucero como el que expone su Decreto.

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO.

 

El archivo de la denuncia realizado por el Sr. Navajas, supone la comisión de, POR LO MENOS, 3 delitos de prevaricación, para que cometer uno o dos pudiendo cometer 3, las ofertas no están para desaprovecharlas. Estos delitos se describen a continuación:

 

1.- Prevaricación por violación de los artículos 5.1, 5.2 y 5.3 de la Ley 50/1981, al realizar el archivo total de las 3 denuncias, cuando la “causa de archivo” sólo afecta a 2 de ellas. En efecto, el “imprescindible instrumento de la querella” establecido en el art. 406 LOPJ, no es aplicable más que a jueces y magistrados, no a las personas que no ostentan dichos cargos, como pudieran ser los miembros del Gobierno o del Senado que cometieron la usurpación de funciones al modificar una Ley orgánica o de rebelión al alterar el orden constitucional mediante el uso de la violencia. Nos encontraríamos además ante un delito de omisión de persecución del delito al archivar la denuncia sin investigar los hechos denunciados que atañen a esas personas.

2.- Delito de prevaricación al violar el artículo 25 de la Ley 50/1981, al realizar una actuación sobre una denuncia que afecta a miembros del Gobierno sin previamente realizar las preceptivas consultas ante la Junta de Fiscales de Sala. El Sr. Navajas estaba actuando por delegación (art. 17 Ley 50/1981) de usted, Sr. Fiscal General, tal y como establece su Ley reguladora, por lo tanto tenía la obligación de cumplimentar los procedimientos establecidos en el artículo mencionado antes de proceder al archivo de la denuncia.

3.- Prevaricación al violar los artículos 264, 271 y 105 de la LeCrim expuestos al principio de esta denuncia, así como el artículo 5.2 y 5.3 de la Ley 50/1981. En efecto, tal y como establece la LOPJ en su artículo 406, para poder incoar procedimiento contra el Sr. Llarena o la Sra. Lamela, es necesaria la interposición de una querella. Ahora bien, la ley es muy clara en cuanto a QUIEN DEBE INTERPONER DICHA QUERELLA, y no es este denunciante (art. 264), sino esa Fiscalía del TS (arts. 271 y 105 LeCrim).

 

Anticipándome a su respuesta, dado que ya sé el pie que calzan, les diré que si me van a citar la doctrina del TS sobre la interposición de querellas en virtud del artículo 406 LOPJ, no hace falta que se molesten ya que:

  1. Ya la conozco
  2. La existencia de dicha doctrina no les exime a ustedes de la OBLIGACIÓN del cumplimiento de la Ley y, por lo tanto, del cumplimiento de los arts. 271 y 105 LeCrim.
  3. La existencia de dicha doctrina no es aplicable de manera taxativa a todas las denuncias.

De hecho, como conocedor de esa doctrina, remití precisamente la denuncia a la Fiscalía por saber que ustedes tienen esa obligación, mientras que si la presento ante cualquier Tribunal (competente, por supuesto), la obligación se traslada a mi persona a pesar de que el art. 264 LeCrim es meridianamente claro en que no existe obligación por mi parte. Es decir, yo tengo obligación de denunciar, que no querellarme, pero el Tribunal tiene obligación de inadmitir si sólo denuncio. En cambio, en el caso de remitirla a la Fiscalía, yo no tengo obligación de querellarme y en cambio USTEDES SÍ, por lo están obligados presentar dicha querella ante el Tribunal competente dando cumplimiento al art. 406 LeCrim. Porque, por si no lo sabían (por lo menos su subordinado pareciera no saberlo, lo cual es preocupante en un fiscal de tan alto rango), las querellas no se presentan ante la fiscalía, sino ante Juzgados y Tribunales (art. 272 LeCrim).

 

Que la querella no es taxativa en todos los casos, es muy evidente: Si la guardia urbana caza a un magistrado borracho y sin casco, no está obligada a querellarse contra dicho magistrado para imponerle la sanción correspondiente ¿verdad? Al caso del Sr Enrique López me remito.

 

Resumiendo: Yo tengo OBLIGACIÓN de denunciar, pero no de querellarme (art 264 Lecrim). Esa obligación debe ser muy importante ya que existe apercibimiento de imposición de multa de no cumplirse. Pero no tengo obligación de querellarme, cosa lógica ya que no es posible que para evitar una multa de 25 pesetas (pastón), tenga que gastarme 3000 euros. Oiga, que si me dan a elegir, pago las 25 pesetas y encima no me transformo en un chivato. Para cumplir con mi obligación, puedo presentar la denuncia “al Ministerio Fiscal, al Tribunal competente o al Juez de instrucción o municipal, o funcionario de policía, sin que se entienda obligado por esto a probar los hechos denunciados ni a formalizar querella.”. (art. 264 LeCrim). Si presento denuncia ante el tribunal o juez, por el art. 406 LOPJ estoy obligado a querellarme a pesar de lo dicho anteriormente, pero si la presento ante la fiscalía no tengo dicha obligación, ya que las querellas se formalizan ante “el juez de instrucción competente” (art. 272 LeCrim.). Por el contrario, sus excelencias sí que tienen la obligación de a) Recibir la denuncia y b) formalizar querella ante “el juez de instrucción competente” (ya no reitero más citas de artículos, que aburre). ¿Ven que fácil?

 

Finalizo la presente denuncia reiterando la denuncia realizada el 20 de diciembre de 2017 contra los miembros del (anterior) Gobierno, del Senado que votaron favorablemente a las medidas inconstitucionales tomadas al amparo del art. 155 CE, contra el Sr. Llarena y la Sra. Lamela por desconocimiento manifiesto e inexcusable de la ley y contra el Sr. Llarena por omisión del deber de persecución del delito, hecho este último que además podría ser ampliado con un delito de prevaricación por desconocimiento manifiesto e inexcusable de la Ley, al emitir posteriormente de nuevo la Euroorden cual si de los ojos del Guadiana se tratase, pero tan mal hecha que los Tribunales belgas dijeron algo así como “pero eto, ¿qué é lo qué é?”.

 

Me despido atentamente de Ve., no sin antes comentarle así, como de pasada, que remito copia de esta denuncia a diversos medios de comunicación, personas interesadas en diversos procesos judiciales, partidos políticos y grupos parlamentarios e instituciones públicas, por aquello de que es importante que la ciudadanía tenga conocimiento de los enormes sacrificios que realizan algunos de ustedes en su encomiable labor de perseguir el Mal y su buen quehacer en tan ardua empresa, aunque con ello me arriesgue a una venganza en forma de querella por injurias y calumnias con publicidad.

 

Dios guarde a Ve. muchos años.

8 de junio de 2018

El Afinador: Excmo Sr. Prevaricador Don Luis Navajas Ramos

mayo 22, 2019 § Deja un comentario

Y bien, la respuesta de la fiscalía del T.S. era la esperable: El archivo de la denuncia. Y en la siguiente entrada veremos las prevaricaciones cometidas por este Excmo Sr. Afinador:

“Diligencias de Investigación Penal

NO de Fiscalía 8/2018

Decreto del Excmo. Sr. Fiscal

ANTECEDENTES

Con fecha 22 de Febrero de 2018 se procedió a la apertura de las presentes Diligencias de Investigación Penal como consecuencia de la remisión por la Fiscalía Provincial de Barcelona, del contenido de sus Diligencias de Investigación 157/2018, abiertas el 25 de Enero del año corriente a partir de la DENUNCIA formulada por D. XXXXXXXXXXX contra el Excmo. sr. D. Pablo Llarena Conde, Magistrado del Tribunal Supremo y la Illtma Sra. Carmen Lamela Díaz, Magistrada-Juez Central de Instrucción, aduciendo como fundamento de la misma la presunta comisión por dichos Magistrados de los delitos previstos en los arts. 402 (usurpación de funciones públicas), 404, 446, 447, 448 y 449 (prevaricación), 472 (rebelión), 511 (contra derechos fundamentales) y  544 y 545 (sedición).

La tramitación de las presentes Diligencias de Investigación, si bien fue en principio turnada a la Iltma. Sra. Dº Julia del Rosal Alonso, Fiscal del Tribunal Supremo, fue asumida con posterioridad, por el teniente Fiscal del Tribunal Supremo, a la vista de la identidad de las personas

CONSIDERACIONES

Previamente, y sin entrar a considerar la fundamentación que sustenta la denuncia, y advertido que por el denunciante no se ha acudido al imprescindible instrumento de la “querella”, tal y como exige el art 406 de la LO del Poder Judicial, para exigir responsabilidad penal contra Magistrado, procede sin más trámite, acordar el siguiente.

DECRETO

El ARCHIVO de las Diligencias de Investigación Penal, al amparo de la misma normativa en que se apoyó para su apertura, lo que se comunicará oportunamente al denunciante.

 

 

Madrid, a 7 de Marzo de 2018

EL TENIENTE FISCAL DEL TRIBUNAL SUPREMO

Luis NAVAJAS RAMOS

La Fiscalía te lo afina. La tramitación

mayo 22, 2019 § Deja un comentario

Esta entrada corresponde a la tramitación de la denuncia efectuada por la Fiscalía Territorial de Sant Feliu de Llobregat y la Fiscalía Provincial de Barcelona. En el primer caso no tenía dudas en cuanto a que la denuncia sería correctamente tramitada, en el segundo esperaba cualquier cosa. La grata sorpresa es que también fue correctamente tramitada. Es decir, trasladada a la Fiscalía del Tribunal Supremo. A continuación el (los) escrito(s):

“FISCALIA PROVINCIAL DE BARCELONA

Ref. R.S. D. DE INVESTIGACIÓN NO 157/18

(Cítese al contestar)

SR.

En relación con las Diligencias de Investigación no 157/18, incoadas en esta Fiscalía Provincial a raíz de la denuncia presentada ante esta sede, por D. XXXXXXXXXX remito a Vd el presente a fin de comunicarle que las mismas han sido remitidas a la Fiscalía del Tribunal Supremo por estimar esta competente para el conocimiento de los hechos denunciados.

Barcelona, 7 de febrero de 2018

LA FISCAL COORDINADORA DEL SERVICIO DE DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN

FDO.. Dª Mª ÁNGELES NEGRE MOR

FISCALÍA PROVINCIAL DE BARCELONA UNIDAD DE APOYO A LA JEFATURA

Gran Via Corts Catalanes 111. EDIFICIO F, PLANTA

Tel. 93.554.93£9

BARCELONA

Administració de Justícia a Catalunya

Administración de Justicia en Cataluña

 

FISCALÍA PROVINCIAL DE BARCELONA

SERVICIO DE DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN

Diligencias de INVESTIGACIÓN no 157/18 Fiscal: Ma. Ángeles Negre Mor

DECRETO

Barcelona, a 2 de febrero de 2018.

ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO.- Las presentes actuaciones se incoaron tras recibirse en esta Fiscalía, procedente de la Sección Territorial de Sant Feliu de Llobregat, denuncia interpuesta por D.XXXXXXXX contra el Excmo. Sr. Magistrado D Pablo LLarena Conde, contra la Ilma. Sra. Magistrada Dña. Carmen Lamela Díaz, contra los Letrados del Gobierno y Senado y contra todas aquellas personás que han participado en la elaboración, aprobación y aplicación en Cataluña de las medidas aprobadas al amparo del art. 155 de la C.E., por la presunta comisión de delitos de prevaricación, contra los derechos y libertades fundamentales y rebelión.

A estos efectos, D.XXXXXXXXXXXXXX denuncia:

La indirecta derogación de los artículos 55, 56, 67 y 75 del Estatuto de Autonomía de Cataluña a través de las medidas aprobadas al amparo del art. 155 de la CE. que sostiene realizada contrariando las disposiciones del ordenamiento jurídico con la consiguiente disolución del Parlamento y del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cataluña

La improcedente tramitación de procedimientos judiciales contra los miembros del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cataluña seguidos por el Excmo. Sr. Magistrado D. Pablo LLarena Conde y la Ilma. Sra. Magistrada Dña. Carmen Lamela Díaz para los que, a juicio del denunciante, carecen de competencia.

La indebida retirada de la euroorden dirigida contra D. Carles Puigdemont i Casamajó acordada por el Excmo. Sr. Magistrado D. Pablo LLarena Conde

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO.- De conformidad a lo previsto en el art. 21.1 del E.O.M.F. en relación con el art. 57.1.20 y 30 de la L.O.P.J. y el art. 5 del E.O.M.F., es de reputar que no corresponde a esta Fiscalía Provincial competencia objetiva para el conocimiento de los hechos denunciados por D XXXXXXXXX siendo que, sin perjuicio de la ulterior valoración jurídica de los mismos que cumpla efectuar y de otros comportamientos que el denunciante atribuye a unos innominados -“letrados del Gobierno y del Senado”-, en la denuncia recibida se sostiene la presunta comisión de delitos por los miembros del Senado y del Gobierno de España así como por el Excmo. Sr. Magistrado D- Pablo LLarena Conde y la Ilma. Sra. Magistrada Dña. Carmen Lamela Díaz, todos ellos por actos perpetrados en ejercicio de sus cargos, delitos de cuya instrucción y enjuiciamiento, llegado el caso, correspondería conocer a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por lo que, en concordancia, cualquier pronunciamiento sobre la denuncia interpuesta al respecto ante el Ministerio Público habrá de corresponder también a la Fiscalía del Tribunal Supremo.

Atendido cuanto antecede, se acuerda PROPONER a la Ilma. Sra. Teniente Fiscal en funciones de Fiscal Jefe Provincial de esta Fiscalía

1º.- Que las presentes Diligencias de Investigación sean remitidas a la Fiscalía del Tribunal Supremo por estimar a aquella competente para el conocimiento de los hechos objeto de -la denuncia interpuesta por D

 

2º Que esta resolución sea notificada a D. XXXXXXX, haciéndole saber que contra la misma, no cabe interponer recurso alguno.

La Fiscal

c CONFORME con la anterior Propuesta, procédase a remitir las presentes Diligencias de Investigación no 157/18 a la Fiscalía del Tribunal Supremo.

Barcelona, a 2 de febrero de 2018.  
Ilma Sra. Lucía Ferrer Baró  
TTE. FISCAL EN FUNCIONES DE FISCAL JEFE PROVINCIAL  

La Fiscalía te lo Afina. 1ª Parte

mayo 19, 2019 § Deja un comentario

La verdad es que tenía abandonado este blog por agotamiento y falta de tiempo. Pero las circunstancias hacen que vuelva a colgar algunas entradas sobre el tema de la institución mal denominada “Justicia”. Y es que el Letrado JOSEP ASENSIO ha interpuesto con éxito (me refiero en su admisión a trámite, que no es poco) una demanda ante el TEDH por el tema del Procés. Curiosamente en este primer escrito que cuelgo me preguntaba, retóricamente, “¿No existe ni un solo juez, fiscal, letrado del Congreso, del Senado, abogado del Estado o ciudadano con carrera jurídica honesto?”.

Pues bien, ya tenemos la respuesta: Sí, y se llama Josep Asensio. Por ello, desde aquí, le intentaré prestar el poco apoyo que le pueda dar, aunque sea anímicamente. Y para comenzar expondré el proceso de denuncia que interpuse ante la Fiscalía por la violación de la Constitución en la aplicación del Artículo 155CE, por si en algo le pudiera ser de utilidad.

Este primer texto está bastante mal redactado, escrito en una sola noche justo antes de las elecciones para el Parlament del 22 D, convocadas ilegalmente por el Gobierno de España. Fue una decisión de última hora y el resultado es patente. Ahí va eso:

“FISCALÍA. SECCIÓN TERRITORIAL de Sant Feliu de Llobregat

C/ Joan Batllori, 2-4, Sant Feliu de Llobregat 08980

 

 

A LA FISCALÍA

 

 

XXXXXXXXX, con DNI XXXXXXXX y domicilio en XXXXXXXXXX, que se designa a efectos de notificaciones, XXXXXXXX, realizo el presente escrito para denunciar los siguientes hechos, como constitutivos de delitos de prevaricación, contra los derechos y libertades fundamentales y contra el orden constitucional establecido.

Ante todo, disculpen si el tono del escrito adquiere en algún momento un tono irónico, irreverente e incluso sarcástico, es mi manera de escribir y de obligarme a realizar un escrito que conozco con certeza inútil a pesar de la claridad de las violaciones de la ley denunciadas.

¿Y por qué les escribo entonces si sé que es inútil? Estoy en plena jornada de reflexión ante las elecciones que se realizarán mañana en Catalunya, elecciones convocadas a todas luces de manera ilegal según los fundamentos jurídicos que se expondrán y que ustedes conocen de sobras. Y mi reflexión no versa sobre a quien votar o no, que me da igual, sino sobre como es posible que siendo tan evidente la flagrante violación de la ley, ni una sola institución del Estado haya planteado ni la más mínima duda sobre dicha ilegalidad. ¿No existe ni un solo juez, fiscal, letrado del Congreso, del Senado, abogado del Estado o ciudadano con carrera jurídica honesto? La respuesta es aparentemente NO, pero siempre me quedará la duda. Y es para despejar dichas dudas que escribo la presente denuncia y petición de amparo constitucional.

Pero aún más allá: QUIERO QUE SEPAN QUE YO SÉ. La independencia o la unidad me importan un pimiento, las elecciones y su resultado no me restan un segundo de sueño, Su Constitución y sus leyes no me vinculan por no considerarlas legítimas. No me vinculan, pero las acato “por imperativo legal”. Ahora bien, demuéstrenme que realmente a ustedes sí les vinculan, que las acatan y cumplen, para luego exigirme a mi que las acate y cumpla. De lo contrario, no me pidan que cumpla algo que no reconozco, porque no lo haré, al contrario, haré todo lo que esté en mi mano y más para que nadie lo haga.

La segunda cuestión que se puede plantear es, ¿por qué les escribo a ustedes y no a la Fiscalía del Tribunal Supremo o la ante el Tribunal Constitucional? En primer lugar porque ustedes me han dado indicios de honestidad, habiendo tramitado legalmente una anterior denuncia presentada por quien suscribe. En segundo lugar porque otras fiscalías “superiores” me han dado indicios de lo contrario en los numerosos procesos que he promovido ante dichas instancias y otras. Y en tercer lugar porque nada en el ordenamiento jurídico me obliga a presentar mi denuncia ante esas fiscalías. Y ya puestos, nada en el ordenamiento jurídico establece que un recurso de amparo constitucional deba ser interpuesto por la Fiscalía ante el Constitucional. Nada.

Finalmente, sobre la cuestión que se pueda suscitar sobre el porque no interpone quien suscribe directamente el recurso de amparo ante el Constitucional, debo alegar que la violación que se ha producido no es de MI derecho constitucional, sino del de la totalidad del cuerpo electoral catalán, así como la violación de la totalidad del ordenamiento constitucional y de la Ley Orgánica denominada Estatut de Catalunya. Por otro lado, sabiendo de la inutilidad de promover un proceso constitucional o una denuncia ante el Supremo, no estoy dispuesto a gastar un dinero del que no dispongo y un tiempo del que ando más bien escaso. En cambio ustedes cobran por esto y para eso les pago (aunque sea vía impuestos).

Aclarados estos puntos paso a la denuncia:

HECHOS DENUNCIADOS

Resolución de 27 de octubre de 2017, de la Presidencia del Senado, por la que se publica el Acuerdo del Pleno del Senado, por el que se aprueban las medidas requeridas por el Gobierno, al amparo del artículo 155 de la Constitución.”. Publicado en BOE 260 de viernes 27 de octubre de 2017.

Orden PRA/1034/2017, de 27 de octubre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de octubre de 2017, por el que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 155 de la Constitución, se tiene por no atendido el requerimiento planteado al M. H. Sr. Presidente de la Generalitat de Cataluña, para que la Generalitat de Cataluña proceda al cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y a la cesación de sus actuaciones gravemente contrarias al interés general, y se proponen al Senado para su aprobación las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y para la protección del mencionado interés general.” Publicado en el BOE 260 de viernes 27 de octubre de 2017.

LEGISLACIÓN APLICABLE

SOBRE LAS VIOLACIONES DENUNCIADAS

Constitución Española

Artículo 9.

  1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
  2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.
  3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Artículo 23.

  1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.
  2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.

Artículo 55.

  1. Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1, a) y d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. Se exceptúa de lo establecido anterior-mente el apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de declaración de estado de excepción.
  2. Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en los artículos 17, apartado 2, y 18, apartados 2 y 3, pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas.

La utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica producirá responsabilidad penal, como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes.

Artículo 81.

  1. Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución.
  2. 2. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.

Artículo 86.

  1. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general.

Artículo 168.

  1. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título Preliminar, al Capítulo Segundo, Sección 1.ª del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes.
  2. Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras.
  3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación.

Estatut de Catalunya

Artículo 55. Disposiciones generales

  1. El Parlamento representa al pueblo de Cataluña.
  2. El Parlamento ejerce la potestad legislativa, aprueba los presupuestos de la Generalitat y controla e impulsa la acción política y de gobierno. Es la sede donde se expresa preferentemente el pluralismo y se hace público el debate político.
  3. El Parlamento es inviolable.

Artículo 56. Composición y régimen electoral

  1. El Parlamento se compone de un mínimo de cien Diputados y un máximo de ciento cincuenta, elegidos para un plazo de cuatro años mediante sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, de acuerdo con el presente Estatuto y la legislación electoral.
  2. 4. El Presidente o Presidenta de la Generalitat, quince días antes de la finalización de la legislatura, debe convocar las elecciones, que deben tener lugar entre cuarenta y sesenta días después de la convocatoria.

Artículo 67. Elección, nombramiento, estatuto personal, cese y competencias

  1. El Presidente o Presidenta de la Generalitat cesa por renovación del Parlamento a consecuencia de unas elecciones, por aprobación de una moción de censura o denegación de una cuestión de confianza, por defunción, por dimisión, por incapacidad permanente, física o mental, reconocida por el Parlamento, que lo inhabilite para el ejercicio del cargo, y por condena penal firme que comporte la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.

Artículo 75. Disolución anticipada del Parlamento

El Presidente o Presidenta de la Generalitat, previa deliberación del Gobierno y bajo su exclusiva responsabilidad, puede disolver el Parlamento. Esta facultad no puede ser ejercida cuando esté en trámite una moción de censura y tampoco si no ha transcurrido un año como mínimo desde la última disolución por este procedimiento. El Decreto de disolución debe establecer la convocatoria de nuevas elecciones, que deben tener lugar entre los cuarenta y los sesenta días siguientes a la fecha de publicación del decreto en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

SOBRE LOS DELITOS COMETIDOS

Código Penal

Artículo 402.

El que ilegítimamente ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario público atribuyéndose carácter oficial, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años.

Artículo 404.

A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años.

Artículo 446.

El juez o magistrado que, a sabiendas, dictare sentencia o resolución injusta será castigado:

1.º Con la pena de prisión de uno a cuatro años si se trata de sentencia injusta contra el reo en causa criminal por delito grave o menos grave y la sentencia no hubiera llegado a ejecutarse, y con la misma pena en su mitad superior y multa de doce a veinticuatro meses si se ha ejecutado. En ambos casos se impondrá, además, la pena de inhabilitación absoluta por tiempo de diez a veinte años.

2.º Con la pena de multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a diez años, si se tratara de una sentencia injusta contra el reo dictada en proceso por delito leve.

3.º Con la pena de multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de diez a veinte años, cuando dictara cualquier otra sentencia o resolución injustas.

Artículo 447.

El Juez o Magistrado que por imprudencia grave o ignorancia inexcusable dictara sentencia o resolución manifiestamente injusta incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a seis años.

Artículo 448.

El Juez o Magistrado que se negase a juzgar, sin alegar causa legal, o so pretexto de oscuridad, insuficiencia o silencio de la Ley, será castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a cuatro años.

Artículo 449.

  1. En la misma pena señalada en el artículo anterior incurrirá el Juez, Magistrado o Secretario Judicial culpable de retardo malicioso en la Administración de Justicia. Se entenderá por malicioso el retardo provocado para conseguir cualquier finalidad ilegítima.
  2. Cuando el retardo sea imputable a funcionario distinto de los mencionados en el apartado anterior, se le impondrá la pena indicada, en su mitad inferior.

Artículo 472.

Son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes:

1.º Derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución.

4º Disolver las Cortes Generales, el Congreso de los Diputados, el Senado o cualquier Asamblea Legislativa de una Comunidad Autónoma, impedir que se reúnan, deliberen o resuelvan, arrancarles alguna resolución o sustraerles alguna de sus atribuciones o competencias.

6º Sustituir por otro el Gobierno de la Nación o el Consejo de Gobierno de una Comunidad Autónoma, o usar o ejercer por sí o despojar al Gobierno o Consejo de Gobierno de una Comunidad Autónoma, o a cualquiera de sus miembros de sus facultades, o impedirles o coartarles su libre ejercicio, u obligar a cualquiera de ellos a ejecutar actos contrarios a su voluntad.

Artículo 511.

  1. Incurrirá en la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años el particular encargado de un servicio público que deniegue a una persona una prestación a la que tenga derecho por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, situación familiar, por razones de género, enfermedad o discapacidad.
  2. Las mismas penas serán aplicables cuando los hechos se cometan contra una asociación, fundación, sociedad o corporación o contra sus miembros por razón de su ideología, religión o creencias, la pertenencia de sus miembros o de alguno de ellos a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, situación familiar, por razones de género, enfermedad o discapacidad.
  3. Los funcionarios públicos que cometan alguno de los hechos previstos en este artículo, incurrirán en las mismas penas en su mitad superior y en la de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a cuatro años.

Artículo 544.

Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales.

Artículo 545.

  1. Los que hubieren inducido, sostenido o dirigido la sedición o aparecieren en ella como sus principales autores, serán castigados con la pena de prisión de ocho a diez años, y con la de diez a quince años, si fueran personas constituidas en autoridad. En ambos casos se impondrá, además, la inhabilitación absoluta por el mismo tiempo.
  2. Fuera de estos casos, se impondrá la pena de cuatro a ocho años de prisión, y la de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de cuatro a ocho años.

SOBRE EL AMPARO CONSTITUCIONAL

Constitución española

Artículo 53.

  1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo Segundo del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161, 1, a).
  2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección 1.ª del Capítulo Segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30.
  3. El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo Tercero informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen.

Ley Orgánica del Tribunal Constitucional

Artículo cuarenta y dos.

Las decisiones o actos sin valor de Ley, emanados de las Cortes o de cualquiera de sus órganos, o de las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas, o de sus órganos, que violen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, podrán ser recurridos dentro del plazo de tres meses desde que, con arreglo a las normas internas de las Cámaras o Asambleas, sean firmes.

Artículo cuarenta y seis.

Uno. Están legitimados para interponer el recurso de amparo constitucional:

  1. a) En los casos de los artículos cuarenta y dos y cuarenta y cinco, la persona directamente afectada, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.
  2. b) En los casos de los artículos cuarenta y tres y cuarenta y cuatro, quienes hayan sido parte en el proceso judicial correspondiente, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.

Dos. Si el recurso se promueve por el Defensor del Pueblo o el Ministerio Fiscal, la Sala competente para conocer del amparo constitucional lo comunicara a los posibles agraviados que fueran conocidos y ordenará anunciar la interposición del recurso en el «Boletín Oficial del Estado» a efectos de comparecencia de otros posibles interesados. Dicha publicación tendrá carácter preferente.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

El Estatut es una Ley orgánica (art. 81.1 CE) y como tal sólo es modificable o derogable por los procedimientos constitucionalmente previstos (art. 81.2 CE). El art. 155 CE no es uno de los procedimientos previstos, ni avala o autoriza la modificación del referido art. 81, puesto que no encaja en el procedimiento establecido en el art. 168 CE de modificación de la Constitución. Tampoco avala se encuentra el art. 155 entre aquellos supuestos constitucionales que permiten la suspensión de derechos y libertades (art. 55 CE).

Las medidas aprobadas al amparo del art. 155 CE, derogan los referidos artículos 55, 56, 67, y 75 del Estatut, fuera de los cauces constitucionalmente previstos para ello. Constituyen pues un delito de prevaricación por parte de quienes propusieron las medidas, las aprobaron y las aplican, así como un delito de rebelión al subvertir el orden constitucional (art. 472.1º CP), disolver ilegalmente el Parlament (art. 472.4º CP) y despojar ilegalmente al Govern y Parlament de sus facultades coartando su libre ejercicio (art. 472.6º CP). Sobre el uso de la violencia no cabe duda, puesto que se envió a efectivos de las Fuerzas de Seguridad del Estado a tal efecto.

No cabe aducir la excepcionalidad de la situación, ya que la alteración de la legalidad “normal” en situaciones de excepcionalidad, también está prevista en la Constitución (art.55 CE) y no existe ningún procedimiento extraconstitucional avalado por la Constitución, y así lo garantiza la propia Constitución (art. 9 CE).

Respecto a quienes enjuiciaron a miembros del Govern (jueza Lamela y juez Llarena, cometieron prevaricación al no interponer la preceptiva cuestión de inconstitucionalidad ante la claridad de lo anteriormente expuesto. Asumieron además competencias que no les correspondían por el aforamiento de los encarcelados, aforamiento que no podía revocarse sino por los cauces legalmente previstos y, en el caso del juez Llarena, un posible delito de omisión de persecución del delito al retirar la Euroorden contra el President Puigdemont (al cual yo no reconozco como tal, y sin embargo aún legalmente lo es según lo expuesto). De facto, ha desterrado a dicha persona al retirar la Euroorden, pero no retirar la acusación en territorio nacional, cosa totalmente prohibida como ustedes saben.

Respecto a los letrados del Gobierno y Senado, existe un delito claro de prevaricación si no advirtieron de lo antedicho a quienes debían proponer, aprobar y aplicar las medidas al amparo del art. 155 CE.

Referente a la violación de derechos fundamentales, el artículo 23.1 establece que tengo (tenemos) derecho a participar en los asuntos del Estado directamente o a través de representantes. Mi participación en la elaboración de la Ley Orgánica denominada “Estatut de Catalunya”, se realizó a través de representantes en su elaboración y aprobación, y directamente en su refrendo. Eso es lo que ustedes me venden. Por tanto, su modificación fuera de los cauces previstos (que no lo hagan mis representantes según los cauces que establece la ley que APROBÉ), viola mi derecho establecido en el art. 23.1 CE. Lo mismo puede decirse del hecho de la destitución de mis representantes en el Parlament, los cuales son INVIOLABLES según establece la ley que aprobé.

Y también existe una clara violación del art. 23.2 CE en el caso de la disolución del Parlament, la cual viene avalada por abundantísima jurisprudencia del Tribunal Constitucional (lo mismo puede decirse del 23.1 CE).

Así pues, existe claramente un delito contra los derechos y libertades públicas, cometido por todas aquellas personas que han participado en la elaboración, aprobación y aplicación de las medidas aprobadas al amparo del art. 155 CE.

Referente al recurso de amparo que solicito, decir que se trata con claridad de una Disposición General sin rango de Ley, puesto que no encaja en ninguno de los supuestos previstos para ser considerada como ley, y elaborada por órganos (Senado y Gobierno) que no tienen capacidad legislativa, al menos en lo que se refiere a modificar o derogar leyes orgánicas, como es el caso.

Como colofón, decir que para acabar con ETA no se puede montar un GAL. Para acabar con el proceso secesionista no es posible aprobar el fusilamiento del President Puigdemont, por atentar claramente contra la Constitución. Pues lo otro tampoco se puede aprobar por el mismo motivo.

Por todo ello SOLICITO:

1.- Se presente recurso de amparo (arts 42 y 46 LOTC) en defensa de la legalidad y de los derechos fundamentales de toda la ciudadanía de Catalunya. Se pida la revocación de las medidas aprobadas y se cancelen todos los actos de ellas derivados.

2.- Se persiga penalmente a quienes han violado la Ley en el caso de la aprobación y aplicación de las medidas aprobadas al amparo del art. 155 CE.

3.- Se me dé cuenta de todo lo actuado.

 

XXXXXXXX, 20 de diciembre de 2017.”

RAJOY NO DIMITIRÁ, PERO TÚ PUEDES ECHARLO (Por favor, lee esto detenidamente, vale la pena)

diciembre 6, 2014 § 2 comentarios

Pequeño recordatorio: Hemos presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional porque creemos que es inconstitucional que se mienta deliberadamente en los programas electorales, en éste caso el de Rajoy y el PP. Ahora tú puedes formar parte de ese recurso si crees que ningúnx políticx tiene derecho a engañar al/la ciudadanx. Para que esta estafa se parezca siquiera un poquito  a una democracia. Nuestro abogado es DIONISIO MORENO, conocido por haber llevado a Europa el tema de las hipotecas y haber ganado, demostrando que la Ley Hipotecaria era ilegal (aún lo es).

En efecto, como decíamos en el anterior comentario, no nos hemos estado parados: Hemos entrado un escrito en el TC denunciando una cosa que se llama “dilaciones indebidas”, de manera que ahora están obligadxs por ley a resolver YA sobre la admisión o inadmisión del recurso. Pero antes que eso tienen que resolver sobre la recusación que hemos formulado contra lxs TRES MAGISTRADXS de la Sala Segunda Sección Tercera. Y dirás “vale, todo eso está muy bien, pero ¿CÓMO PUEDO YO ECHAR A RAJOY?” Pues muy simple, queridx lectorx, simplemente solicitando que se te incluya como parte afectada en el recurso que hemos interpuesto. La Ley lo permite en determinados casos, aunque no explícitamente en éste, tampoco lo prohíbe, pero es igual, si no os lo permitiese estarían incurriendo en una vulneración del artículo 14 que afectaría gravemente a tus derechos, y eso lo haríamos notar.

Así, en estos días mientras se resuelve la recusación y la admisión o inamisión del recurso, tú puedes presentarte como parte afectada si crees que las mentiras del programa electoral de Rajoy han afectado a tus derechos e intereses, vamos, que has sido electoralmente estafadx.

Si somos sólo lxs que hemos presentado el recurso, simplemente lo inadmitirán y tendremos que esperar mucho tiempo antes de que el TEDH se pronuncie (porque volveremos a enviarlo si lo inadmiten). Rajoy, el TC y toda la corruptocracia se habrán salido con la suya, al menos durante un tiempo. Pero si por el contrario somos miles y miles pidiendo lo mismo, no podrán simplemente ignorarlo, el escándalo sería de órdago. Ya lo sabéis, la unión hace la fuerza. Tanto da cual sea tu ideología, el partido al que votas o si votas o no votas. Nos han estafado a TODXS y dañado los intereses de TODXS. Algunxs incluso han muerto, para ellxs llegamos tarde, pero podemos evitar más muertes, más miseria y sobretodo, que en las próximas elecciones los partidos se presenten con programas VERDADEROS Y LOS TENGAN QUE CUMPLIR. O por lo menos que no nos puedan engañar tan impunemente. Es igual tu ideología, es igual si votas a un partido, a otro o a ninguno, es interés de todxs, al menos mientras no exista una democracia real, que los programas electorales representen la voluntad de lxs electorxs, que no nos la puedan meter doblada.

 

Sin más, aquí te pongo el formulario que enviaremos al TC para solicitar que  te admitan como parte afectada en el proceso que está en marcha. Rellénalo con tus datos y nosotrxs nos encargaremos de reenviarlo:

IMPORTANTE: Los correos serán enviados al Tribunal Constitucional y una copia al administrador de ésta página. Los datos puestos en el formulario no serán utilizados para ningún otro fin que sea el de interponer esa demanda, serán guardados provisionalmente para evitar duplicidades y serán destruídos una vez de obtenga respuesta definitiva del Tribunal Constitucional. El texto que se debe poner en el campo “comentario” es el siguiente:

“A la Att/Sala 2ª Sección 3ª

D/Dña. (Nombre y apellidos) con DNI (Número y letra) DIGO:

Que habiéndome enterado de la existencia del recurso nº 3938/2013-J interpuesto en esa Sala 2ª Sección 3ª, solicito de ese Tribunal Constitucional que me tenga por personado como parte en dicho proceso, al considerar que mis derechos fundamentales establecidos en los artículos 20.1.d) y 23.1 han sido vulnerados por el Partido Popular y el actual Gobierno de España presidido por Mariano Rajoy, tal y como expone el recurso en cuestión.”

IMPORTANTE: Copiar el texto anterior y pegarlo en un Word u otro editor de texto, poner el nombre, apellidos y DNI, volverlo a copiar y pegarlo en el campo “Comentario”. No olvides poner en el texto tu nombre y número de DNI, puesto que de otra manera no tendrá validez legal la solicitud. Darle a “Enviar”.

Naturalmente, puedes modificar el texto y colocar el que creas conveniente, manteniendo siempre las referencias al número de recurso y a la Sala 2ª Sección 3ª.

Dos últimos comentarios:Para quien le interese conocer exactamente el contenido del recurso (y el escrito posterior), son los posts anteriores que comienzan con “Texto íntegro”. Y la segunda es que veréis que esta vez hemos reclamado pasta, primero porque nos cobraron unas costas que no nos tenían que haber cobrado y segundo porque la ley lo permite y realmente los daños que nos ha causado Rajoy son muy grandes. Realmente no es al TC a quien hay que reclamarle el dinero, pero si existe reconocimiento de dilaciones indebidas, os explicaré el proceso para que cada unx de lxs que ha participado en esta demanda, pueda reclamar también su indemnización, cada cual tendrá que hacer una valoración y presentarla. Si corresponde, también explicaré por qué conceptos se puede reclamar, las cuantías que las fije cada cual 😉 Lo que es de Ley, es de Ley.

Y último: Si nos ayudáis a hacer correr esto, tenemos más posibilidades de que prospere. Agradecido de antemano.

El mundo se puede cambiar si nos lo proponemos.

GRACIAS A TODXS.

vichuemir

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